Ajuste ortodoxo y política salarial: el eterno retorno

La cuestión salarial en Argentina pasó a primer plano. El jueves pasado el diario Clarín tituló con un lapidario “Pondrán techo a las paritarias”. Hace pocos días el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, buscó anular la paritaria de Comercio —un convenio que regula el ingreso de 1,3 millones de trabajadores— apelando al instrumento de no homologación. Si bien el Gobierno había insinuado repetidamente durante el último año su voluntad de controlar la negociación salarial, “anunciando” topes de aumento para las paritarias, nunca había realizado una intervención tan directa para revocar un acuerdo alcanzado por las partes, tanto empresarios como trabajadores. En los hechos, de persistir y extenderse el método, se terminaría con las paritarias libres reinstauradas en 2004/2005 y vigentes por 20 años.

El intento del Gobierno, en esta y otras paritarias sectoriales, es muy significativo por dos razones centrales. En primer lugar, porque desnuda el dogma ideológico del partido libertario. Si se proclama hasta el fanatismo que “la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario”, es notable que se procure intervenir para que un acuerdo salarial, después del pico inflacionario de marzo y la devaluación inicial fruto de la salida del cepo, no atice el aumento de precios. Esta iniciativa acerca por un momento al Gobierno a una visión de la inflación heterodoxa, donde los costos empresarios (moldeados por los salarios, el tipo de cambio o las tarifas) y la inercia (en este caso de las paritarias) parecen incidir tanto como la política monetaria y fiscal. 

Pero las inconsistencias entre ideología y práctica son lo de menos: cualquier gobierno, una vez frente al timón, se ve obligado a recurrir a instrumentos ajenos a su caja de herramientas tradicional. El episodio denota, más bien, el punto de inflexión crucial en el que se encuentra el intento de estabilización libertario. El manual del Gobierno tanto económico (ortodoxia monetaria-fiscal) como político (creciente autoritarismo en diferentes ámbitos) apunta desde luego a un intento de estabilización unilateral. Aun después del acuerdo con el FMI y cierta estabilización cambiaria, la inflación es el desafío más importante del gobierno de Milei, especialmente de cara a las elecciones de octubre. El Gobierno intenta mostrar como principal victoria llegar a una inflación en torno al 1% utilizando todas las herramientas disponibles, aun forzando las anclas cambiaria y salarial.  

¿Qué dice lo ocurrido sobre la situación del sindicalismo en la era Milei? Por un lado, más allá de importantes huelgas generales, parece haber acuerdo en que no se ha registrado un nivel de conflictividad sindical importante ante la magnitud del ajuste libertario. Sin embargo, diversos conflictos y disputas salariales (UTA, UOM, Comercio, Alimentación) dan cuenta de la dinámica sectorial de defensa de intereses de los trabajadores en el ajuste. ¿Cuál es la perspectiva de que la reacción sindical escale? ¿Se puede estabilizar la economía argentina con paritarias libres funcionando y sin algún tipo de acuerdo con los actores sociales? 

Cambios en la negociación salarial

Durante el segundo semestre de 2024 las paritarias mostraron una dinámica singular: las negociaciones fueron acordando aumentos nominales decrecientes (acordes a la pauta salarial del gobierno) y, al mismo tiempo, dada la baja de la inflación, recuperaron poder adquisitivo. Es decir, la política salarial conseguía, al mismo tiempo, ayudar a combatir la inflación y mostrar aumentos del salario real.

El estancamiento del proceso desinflacionario desde octubre de 2024 y la suba del IPC de marzo y abril pusieron una piedra en el zapato a la estrategia. Las cifras de salario real así lo confirman: en enero y febrero los salarios reales en el sector registrado se estancaron y en marzo comenzaron a disminuir. La conflictividad que resurge en las paritarias es reflejo de esta situación.

Lo que dejó la paritaria de Comercio

La paritaria más importante del país, la de Comercio, fue la primera en renegociar un acuerdo que había convalidado la caída de salario real. Frente a eso, los actores privados eligieron establecer un incremento en teoría acorde a la pauta salarial de gobierno (aumentos entre 1,9 y 1,7% mensual), complementado con una suma fija que permitía recuperar el 3% de pérdida de la paritaria anterior. El gobierno reaccionó argumentando que sobrepasaba la pauta establecida, bajo la amenaza de no homologar el acuerdo.

Luego, el Ministerio de Economía presionó a los supermercados para que no pagaran los aumentos. Días después, los empresarios finalmente cumplieron con lo firmado, contra la estrategia del Gobierno. Pura racionalidad de los actores sociales: los empresarios sostienen rentabilidad —la pauta sigue debajo de la inflación— y paz social, el sindicato logra recuperar algo de lo perdido mediante la suma fija. Para el Gobierno, sin embargo, esa pérdida de salario real no es suficiente para sus objetivos desinflacionarios. 

En suma, episodios de las últimas semanas mostraron: 

• 1) el cambio de contexto de las paritarias y las dificultades para imponer una pauta salarial cuando el salario real se contrae; 
• 2) los problemas de las políticas de ingreso o salariales unilaterales en un país como Argentina con paritarias y sindicatos de sector; 
• 3) la novedad, pero también las dificultades, de la “no homologación” como instrumento de disciplinamiento.

El modelo de paritarias argentino y la homologación

Las paritarias navegaron desde su restauración en 2004 entre etapas de crecimiento y de crisis económicas, de aumentos del salario real y de reducción. En teoría, la ley sólo permite el rechazo de los acuerdos vía no homologación cuando no se cumplan los requisitos legales básicos. Desde el año pasado el Gobierno demora la firma de la homologación con observaciones menores, y así evita que un eventual rechazo sea apelado, mientras retrasa los pagos –la extensión del aumento de salarios a nivel sector no es obligatoria para la parte empresaria hasta la homologación. 

En los papeles, la no homologación de los acuerdos paritarios debería ser un instrumento inocuo: ante la amenaza de un paro o de una acción judicial, si hay acuerdo privado los firmantes lograrían ratificarlo en apenas unos días. Pero hoy, al menos en ciertos casos, la no homologación parece ser suficiente para acomodar la pauta salarial y que los actores sociales se adapten sin dar mucha batalla –algo ya insinuado en el gobierno de Macri.

En el pasado, semejante intervención estatal para congelar salarios hubiera empezado por provocar paros instantáneos, luego en una pléyade de causas judiciales para dar con la homologación judicial. Sin embargo, la magnitud del ajuste y la retracción sindical, el crecimiento de la precarización laboral y el pico de poder político libertario transformaron la no homologación en un instrumento de intervención en la paritarias más efectivo que en el pasado –aun cuando, como en el caso de Comercio, lo sea parcialmente.

Sindicalismo y ajuste ortodoxo libertario

En este punto conviene dar un paso atrás y mirar la película. ¿Qué quiere y puede cada actor en la disputa? Sabemos que el gobierno, especialmente su ala más ideológica simbolizada en Federico Sturzenneger, prefiere un mercado laboral totalmente desregulado, de negociación salarial individual. Se trata de un mundo sin sindicatos, como el que existe en Perú o Chile. La situación en la que a lo sumo seis o siete personas se sientan en una mesa y pactan un aumento “instantáneo” para 1,3 millones de personas, pasible de ser trasladado a precios en 24 horas en todo el país, no está en los manuales ortodoxos. Creen que está mal la realidad, no su teoría. 

Probablemente muchos empresarios también prefieran idealmente un mundo sin sindicatos. Pero no necesariamente tienen la agenda ideológica del gobierno: la racionalidad les indica que ello no es posible al menos en el corto plazo. Eligen en los hechos convalidar las paritarias de sector, especialmente si permiten a la vez rentabilidad y gobernabilidad de sus empresas. Por otro lado, el episodio Comercio muestra que, en los sindicatos argentinos, si bien abunda la reelección permanente, ello no implica ausencia total de control desde abajo. El sindicato de Comercio no tiene precisamente un liderazgo combativo. Pero los trabajadores se juntan, los delegados hacen planteos y presionan. Ningún líder puede quedarse sentado.

Dos escenarios

Volviendo a la pregunta original, ¿es posible combinar ajuste ortodoxo y paritarias libres para una desinflación definitiva en Argentina? Existen aquí dos escenarios posibles. El primero es que la creciente intervención en paritarias y el ajuste de mercado originen una reacción intersindical fuerte, “de clase”, liderada por los sindicatos privados (por ejemplos, el ubaldinismo contra el Plan Austral en los años 80) o por los gremios públicos (las masivas movilizaciones contra el gobierno de Macri en 2017). Ambos movimientos fueron centrales para horadar los intentos de estabilización económica en esos gobiernos. 

Sin embargo, un segundo escenario es posible. El mercado laboral no es el mismo que el de los años 80. El sector informal, hoy la mitad del trabajo y más de un tercio de los asalariados, está fuera de los circuitos sindicales, lo que hace la movilización menos efectiva. El sindicalismo carece de liderazgo unificado y el peronismo, su aliado natural, se muestra muy dividido. El Gobierno libertario asedia, amenaza represión y juega al límite de la democracia. En ese contexto, un repliegue sindical a la “corporativización de las demandas” que se concentre sólo en “perder menos” a nivel sectorial (más algunas compensaciones y pagos organizacionales según el caso), sin estrategia “de clase”, pueden hacer el ajuste ortodoxo y la desinflación (regresiva) más factible. 

En definitiva, las visiones dominantes de la política salarial en Argentina siguen en una encerrona: la derecha política y empresarial se resiste a entender la dificultad de la estabilización unilateral en un marco de paritarias libres y en democracia. Por su lado, el espacio nacional-popular no termina de internalizar que la coordinación de paritarias con una estrategia macroeconómica antiinflacionaria consistente es fundamental para la distribución del ingreso, la defensa del salario real y la supervivencia política.

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