20 años de ESI: una herramienta en la mira ideológica y presupuestaria

A 20 años de haber sido sancionada, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) llega al 2026 con un presupuesto casi inexistente, 30 millones de pesos; una cifra cien veces menor a lo asignado en 2022 cuando alcanzó su mayor financiamiento. Un mapeo de las organizaciones docentes muestra que diez provincias desarticularon los equipos destinados a implementar en las aulas una ley que, aunque con escasos recursos, técnicamente es de cumplimiento obligatorio. 

Pese al desfinanciamiento feroz desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, el ataque golpea en mayor o menor medida de acuerdo al nivel de implementación alcanzado en cada provincia, todas ellas con la obligación de promover acceso a información sobre el derecho a la ESI, garantizar el diseño de propuestas educativas y pedagógica, y sostener a los equipos docentes. 

Aun con esas obligaciones establecidas, la ESI nunca fue implementada de manera equivalente en todo el territorio nacional. Desde su sanción e implementación de núcleos básicos de contenidos obligatorios, el escenario en las provincias es desigual: algunas alcanzaron una legislación propia, como es el caso de provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Cruz, otras adhirieron a la normativa nacional a través de resoluciones ministeriales y aún quedan jurisdicciones sin legislación. 

Pero incluso con aplicación dispar, quienes la impulsaron desde el inicio consideran que estas dos décadas en las aulas lograron cambios sustantivos y difíciles de retrotraer a punto muerto. “Es un derecho de los y las estudiantes, una obligación del Estado aplicarla y de todos los estamentos educativos implementarla”, afirma Celeste Mac Dougall, docente, feminista, especialista en ESI y Educación Inclusiva.

A 20 años de la sanción, señala que “no hay ningún docente que pueda decir que no sabe qué contenidos dar en el aula” y define el escenario actual: “La batalla es de sentidos. Por eso, para que siga habiendo ESI en las aulas tiene que seguir habiendo construcción de sentidos”.

Un derecho con impactos medibles

La ley garantiza el derecho de las infancias y adolescencias a acceder a educación sexual integral para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre sus cuerpos y proyectos de vida. Logró la prevención de abusos, brindó contextos adecuados para que niños, niñas y adolescentes denuncien violencias, y disminuyó los embarazos no intencionales en esas poblaciones

En números, el Ministerio Público Tutelar (MPT) del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires reveló en 2021 que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes que pasaron por Sala de Entrevistas Especializada del organismo comprendieron que habían sido víctimas de un abuso tras recibir contenidos de ESI. Y el informe de 2024 del mismo MPT mostró la centralidad de la escuela: 1 de cada 4 casos fueron identificados en las aulas.

En Santa Fe, durante el ciclo lectivo 2019, el Ministerio de Educación informó 493 denuncias de abuso y otras 507 de violencia familiar a partir de la ESI. Sin embargo, es una de las provincias que sigue sin tener normativa propia: ninguno de los dos proyectos de ley que entre 2018 y 2021 tuvieron media sanción en la Legislatura llegaron a tratarse en el Senado, ante la presión de los grupos católicos y evangelistas que ya tenían en las bancas votos propios: Amalia Granata, el pastor evangelista Walter Ghione y el hoy libertario Nicolás Mayoraz. 

La ESI estaba presente también en el Plan de Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) que se aplicó entre 2017 y 2022 en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires. Uno de sus pilares fue llevar contenidos de educación sexual integral a 265.664 estudiantes y más de 2.300 docentes, y permitió reducir la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años en un 49%. Otra política modelo en la región que LLA desmanteló.

Una demanda real

En las aulas, la demanda de más y mejor ESI creció . El proceso fue de la mano de la irrupción en la calle de movimiento feminista que exigió la implementación de la ley y tuvo su curva ascendente entre 2015 con la aparición de Ni Una Menos y el 2018 con el primer debate en el Congreso de la Nación por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Ya en 2021, la Guía Informativa sobre Educación Sexual Integral publicada por Amnistía Internacional Argentina (AIAR), revelaba la demanda docente: el 70% planteaba la necesidad de más capacitación en violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual, de identidad y expresión de género. 

Entre los estudiantes, en 2025, un sondeo de la organización mostraba que  el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años estaban “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con la ESI. Y ese mismo año, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también le dio voz las y los estudiantes: el 86% dijo que la ESI es importante, el 80% la consideró relevante para prevenir violencias y el 71% para evitar discriminación.

Pero la política pública no avanzó en ese sentido. 

Desarticulada y desfinanciada

Frente al inicio de la gestión Javier Milei, docentes, investigadores, activistas y organizaciones sociales conformaron el Movimiento Federal X Más ESI que en 2024 relevó el escenario de cada provincia: diez jurisdicciones habían dejado de tener profesionales asignados al cumplimiento de la ley. 

En cuatro, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y Río Negro, los equipos quedaron desarticulados y en otras seis, Chaco, Chubut, Neuquén, Misiones, Santa Cruz y  CABA, los profesionales fueron derivados a otras funciones. 

El mapeo confirmó que Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego había continuidad en los contenidos, pero sólo PBA y Formosa tenían presupuesto específico. Catamarca no aportó datos. 

En los números, la ESI llega al 2026 en las peores condiciones de financiamiento desde que comenzó a aplicarse en 2008, cuando el Consejo Federal de Educación aprobó en su resolución 45 los Lineamientos Curriculares. 

Julieta Izcurdia, integrante del equipo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que junto al Equipo Argentino de Justicia y Género (ELA) realizaron un análisis detallado de las partidas 2026, afirmó: “Los 30 millones de pesos asignados se condice con la desaparición de las metas físicas para esta política, que es la forma más clara de medir su impacto”. 

Es decir, desaparecen del presupuesto las dos variables usadas hasta el momento para medir la implementación desde la Nación: capacitaciones docentes y asistencia a las provincias. “Hablar de 30 millones de pesos es insignificante”, agrega. 

Antecedentes económicos

Los rastreos presupuestarios para la ESI están disponibles desde 2018, cuando se destinaron algo menos de 1.000 millones de pesos (a precios actualizados por inflación) 

Desde entonces hubo variaciones. En 2019 y 2020 la asignaciones crecieron por encima de los 2 mil millones de pesos, tras la pandemia hubo una caída y en 2022 alcanzó el pico de 3 mil millones de pesos. 

El 2024, primero de la gestión Milei, significó el desplome de las dos variables clave: de 65 mil docentes capacitados se pasó a apenas 900 y de 24 provincias asistidas por la Nación solo se mantuvo el alcance a 6. En 2025 no se planificaron ni capacitaciones ni asistencia alguna, y en 2026 los ítems desaparecieron del proyecto.

Izcurdia explica que incluso en los períodos de mayor asignación de recursos, la ESI “no dejó de ser una política chiquita con un gasto marginal”. Por eso, el análisis de ACIJ y ELA afirma: “El desmantelamiento no responde a una necesidad de austeridad fiscal, sino a una decisión política deliberada”.

Esa decisión va contra las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de octubre de 2024 que reclamó al Estado argentino “la continuidad y el fortalecimiento del Plan Enia” y “la aplicación efectiva de la ley 26.150”.  

Sucede que dejar de hacerlo, además, cuesta más caro. Según datos del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, solo el Plan Enia permitió a la Argentina ahorrar 140 millones de dólares al año si se contabilizan los costos de atención de una gestación y parto de embarazos no intencionales en niñas y adolescentes.

Una ley que emerge de las bases

Graciela Morgade, pedagoga, docente, investigadora y activista del Movimiento Federal Más ESI, analiza el escenario actual dentro del recorrido histórico de la ley y lo describe como “un río de llanura: avanza más rápido, se ameseta, lo hace lento después, pero no se detiene”.

“La ESI logró una movilización y una vitalidad por debajo de las estructuras que es el sueño de toda política educativa”, afirma. Y profundiza: “La ESI nunca fue implementada de manera equivalente en todo el territorio, pero aun donde no había ley desde arriba, había equipos técnicos que alojaban materiales. Hubo momentos de mayor financiamiento para programas provinciales e incluso financiamiento internacional, pero también los sindicatos docentes armaron capacitaciones y las universidades nacionales incorporaron la ESI como proyecto. Una suma de actores que hacen que la ESI argentina sea hoy una referencia latinoamericana”. 

Silvia Augsburger integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, y era diputada nacional por el socialismo santafesino cuando la ley fue aprobada. Señala el proceso desde entonces como “un cambio en la subjetividad”. Un cambio que, está convencida, es el contrapeso que evita un retroceso definitivo en este contexto político adverso a la ley. 

Los antecedentes

Su sanción fue luego del debate por la Ley de Educación Nacional 26.206. “Habíamos perdido la discusión respecto de la laicidad y, en ese contexto, el kirchnerismo abrió el debate por la educación sexual integral y comenzó un camino donde todas las voces se escuchaban”, explica Augsburger.

Mac Dougall señala lo que fue el prólogo de ese escenario, cuando en 2004 la Legislatura porteña discutió un proyecto de educación sexual integral donde los actores, a favor y en contra, mostraron sus cartas. “Ese proyecto, que no se aprobó, pero fue la punta de lanza que permitió después sancionar la ley”, dice. 

De ese momento en CABA quedaron varios hitos: grandes movilizaciones de la Iglesia Católica, incluso con participación de estudiantes de escuelas confesionales, los ataques a la muestra de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta y los dichos del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio (luego papa Francisco), que había calificado la iniciativa como “más fascista que la podría hacer Goebbels”, en referencia al secretario de Propaganda del nazismo. 

Esa crispación empujó negociaciones que se dieron en la arena del Congreso, donde un eje fuerte del debate fue el alcance de la ley. “La disputa era sobre si alcanzaría a todas las escuelas o sólo a las escuelas de gestión pública, una tensión que en el texto definitivo se saldó a través del artículo 5 que establece el respeto por el ideario de cada uno de los establecimientos”, recuerda Augsburger. Un argumento que luego usaron para esquivar los contenidos. “Con la ley recién aprobada, sacaron «Manual para el amor»”, rememora Mac Dougall y agrega: “Educar sexualmente, educamos todos, el tema es bajo qué perspectiva y con qué contenidos”. 

De la defensa de “La familia” a “Con mis hijos no”

Pilar Escalante es politóloga, especialista en ESI por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), docente, y una activista convencida de que la ESI democratiza frente al poder y lleva a la vida cotidiana la discusión de las injusticias más estructurales. 

“Por esa potencia liberadora la que es atacada con tanta crudeza por las nuevas derechas”, dice. Sin embargo, en 20 años esa oposición no fue siempre la misma ni se expresó del mismo modo. 

“En 2006 la resistencia se basaba en la defensa de las instituciones tradicionales y la familia frente a una educación sexual que reclamaba ser científica, laica e igualitaria –recuerda–. Incluso en el inicio estuvo muy centrada en una perspectiva sanitaria de prevención de embarazos y abusos”. 

Aún no aparecía la consigna “Con mis hijos no te metas” con carteles celestes y rosas, y la Iglesia en la voz de los obispos encabezaba el discurso opositor con la consigna de “Educación para el amor” que reforzaba la lógica heterosexual y reproductiva en el matrimonio.

Según Escalante, la ESI “rompía con la barrera que hacía que esos temas estuvieran relegados al ámbito privado, lo que históricamente dejó a las infancias y adolescencias desprotegidas frente a las violencias”. Las estadísticas oficiales muestran en la última década que el 80% de los casos de abuso hacia niñas, niños y adolescentes suceden en el ámbito familiar y en el 90% de las situaciones, el agresor es un varón. 

En 2018, con el debate de la IVE en el Congreso, la oposición estaba integrada por conservadores católicos, pero se sumaron las iglesias de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina y los ultraconservadores “Con mis hijos no te metas”, un movimiento de origen peruano que se expandió en Latinoamérica en oposición a los derechos de mujeres y colectivo LGBTTIQ. Ya hablaban de la ESI como “ideología de género” e insistían: “educar en valores” y “educar en el amor”.  

“Frente al debate del aborto, los conservadores comenzaron a hablar nuevamente de ESI, pero disputando sentido una vez más a través del reclamo del respeto del ideario institucional que está previsto en el artículo 5”, marca Escalante. 

En respuesta, un proyecto de 2018 buscó declarar la ESI de orden público, incluir en sus contenidos las ampliaciones de derechos logradas desde 2006 y obligar a las provincias a su implementación. Pero  la presión del movimiento “Con mis hijos no te metas” y las iglesias, frustró la iniciativa. 

Un proyecto “educativo”

Según Escalante, el proceso contra la ESI está fuertemente vinculado a la idea del Consejo de Mayo de derogar la Ley de Educación Nacional y del proyecto de “libertad educativa”, que establece en sus principios el “rol preferente a la familia como agente natural” y deja al Estado como “subsidiario». 

“Esto regresaría a la Argentina a un modelo previo a la llamada Ley Sarmiento, previo a la educación laica y universal; un escenario de grandes desigualdades y un profundo desprecio por la tarea de los docentes”, señala. Un avance que “una vez más deja desprotegidas a las infancias y adolescencias”. 

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro – un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.

Foto de portada: Tomás Ramírez Labrousse