Universidades al límite: radiografía del desfinanciamiento

“Yo no concibo un universitario sin compromiso social”, decía René Favaloro. Hoy, esa consigna reluce en una bandera de los alumnos autoorganizados de la Universidad Nacional de Córdoba. A más de dos años de la primera Marcha Federal Universitaria, las universidades vuelven a las calles. En aulas, pasillos y asambleas, el conflicto por el financiamiento dejó de ser solamente una discusión presupuestaria: puso en cuestión qué significa una universidad y cómo puede sostenerse cuando los recursos no alcanzan.

El 23 de abril de 2024, la disputa entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales salió de los claustros y ocupó la calle. La primera Marcha Federal Universitaria reunió a cientos de miles de personas entre el Congreso y Plaza de Mayo. El diario La Nación estimó unas 430.000 y la UBA calculó más de un millón en todo el país. Desde entonces, el Congreso sancionó dos leyes de financiamiento universitario y Milei vetó las dos, pero con la segunda, la Ley 27.795, el Congreso insistió por mayoría de dos tercios.

La Justicia ordenó aplicar sus artículos centrales; en septiembre, el juez Martín Cormick concluyó que el Estado no había respetado por completo esa orden y, el 6 de octubre, ordenó cumplir la ley de inmediato. El Gobierno apeló, pero la cautelar sigue vigente y lo obliga a someterse a derecho. Hoy, 15 de octubre, las universidades marchan por quinta vez para exigir su cumplimiento.

Blanca Osuna, diputada de Unión por la Patria y vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación de la Cámara, es tajante sobre el incumplimiento: “No hay vuelta: esta ley hay que cumplirla”. Y agrega: “El último fallo del juez Cormick es muy interesante porque plantea que hay un veto encubierto. De algún modo, el Ejecutivo fue ensayando distintas gambetas para justificar el incumplimiento”. El fallo apunta al Decreto 759/2025, con el que el Gobierno promulgó la ley pero condicionó su ejecución a que se determinen las fuentes de financiamiento.

Dos años y medio después de aquella primera marcha, la disputa presupuestaria ya se refleja en el funcionamiento cotidiano de las universidades. Las dificultades de los estudiantes para sostener sus carreras, el deterioro de las condiciones docentes y las desigualdades entre instituciones muestran un sistema que continúa funcionando, pero cada vez a mayor costo. Consultadas por este punto, fuentes de la Secretaría de Educación respondieron a este medio que las universidades continuaron funcionando y que ninguna institución nacional tuvo que interrumpir sus actividades.

El conflicto se ve en los números. Según un informe de Argentinos por la Educación con datos oficiales, el gasto universitario pasó de 0,71% del PBI en 2023 a 0,52% en 2025. Con el proyecto de Presupuesto 2027 quedaría en 0,53%: sus recursos crecerían apenas 0,3% en términos reales respecto de 2026, descontada la inflación de 20,5% que proyecta el propio Gobierno. Aplicar plenamente la ley exigiría, según estimaciones que el informe no detalla, una ampliación real de alrededor de 30% respecto de 2026: unas cien veces lo que prevé el proyecto.

Funciona, pero ¿a qué costo?

En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, seguir funcionando implicó redefinir lo imprescindible. Carlos Venancio, decano de la facultad, cuenta que tuvieron que postergar el mantenimiento, dar clases con las luces apagadas y buscar nuevas fuentes privadas de financiamiento para sostener actividades que el presupuesto ya no cubre.

Pero sostener las clases no significa necesariamente sostener todas las funciones de una universidad. Para Claudia D’Amico, profesora de la UBA y la UNLP e investigadora del CONICET, el desfinanciamiento amenaza la relación entre docencia e investigación. Si los salarios obligan a los profesores a multiplicar trabajos y la investigación pierde recursos, advierte, la transformación puede ser más silenciosa. “Vamos a terminar siendo un enseñadero, una máquina que solo reproduce el mismo contenido”.

Para Diego Golombek, investigador del CONICET, el efecto más grave aparece entre quienes empiezan. “Es muy difícil conseguir jóvenes que se quieran dedicar a la investigación”, explica. Las becas son pocas y la dedicación exclusiva dificulta complementar los ingresos con otros trabajos. Y el daño no se ve de inmediato: “Perder una generación en ciencia tiene consecuencias a mediano plazo que todavía no las estamos viendo, se desestructura una sociedad”.

La generación de la que habla Golombek ya está, en buena parte, dentro de las aulas, y antes de preguntarse si vale la pena dedicarse a la investigación, tiene que resolver cómo sostener la carrera. En un video del Ministerio de Capital Humano difundido en la víspera de la marcha federal universitaria de mayo de este año, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, planteó que Argentina tiene una de las tasas de egreso más bajas de la región. Según un análisis de Chequeado, con 63,9 graduados cada 10 mil habitantes Argentina queda en el puesto 8 entre 16 (datos de 2022): a mitad de tabla, pero con menos de la mitad de graduados que Chile.

Lo que cuestiona el Gobierno es cuántos de los que ingresan terminan. Este medio pidió a la Secretaría de Educación los datos oficiales de egreso y, hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta. Lo que está en discusión es qué explica que muchos estudiantes no terminen sus carreras.

Un problema federal

El debate sobre la universidad pública suele leerse desde y para Buenos Aires. De las 61 universidades nacionales, 26 tienen sede en la Ciudad o en la Provincia, y solo la UBA concentra 17,8% de los créditos universitarios del proyecto de Presupuesto 2025. Para mirar lo que pasa en el país, elegimos dos casos: la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En la UNC, más del 60% de los estudiantes no son de la ciudad de Córdoba y, en la UNT, al menos el 40% proviene de fuera de San Miguel de Tucumán. No son, entonces, universidades que atienden solamente a sus ciudades sede: concentran estudiantes de distintas localidades y provincias. Cumplen una función que excede ampliamente sus fronteras urbanas. De esta manera, el deterioro de sus capacidades refleja un problema que también es sistémico y federal.

Diego Nicolás Ale cursa Ciencias de la Comunicación en la UNT, es docente auxiliar, milita en el Frente de Izquierda y hace las cuentas de cada día. El boleto estudiantil cubre solo dos viajes diarios, así que cuando tiene una clase a las 10 y otra a las 16 no le queda otra que quedarse en la facultad: “Volver a mi casa es imposible en cuanto al gasto”. Entre sus compañeros del interior de la provincia, agrega, hay quienes gastan entre 10.000 y 20.000 pesos por día para llegar desde localidades como Simoca o Lules, y por eso juntan todas las materias en una sola jornada. Casi todos, cuenta, tuvieron que dejar alguna por el trabajo.

El rector de la UNT, Sergio Mohamed, marca una caída nominal de 4 mil millones de pesos en la última distribución presupuestaria. Lo que más le preocupa es la pérdida salarial: “Desde mi punto de vista este es el mayor problema” y describe una gran fuga: “docentes con doctorado que reducen sus dedicaciones o se van al sector privado o al exterior, jóvenes que mueven horas a la secundaria provincial. No docentes especializados, como informáticos, profesionales de la salud y especialistas de la construcción, que dejan la universidad”.

En Córdoba, el Consejo Superior de la UNC, con representantes de todos los claustros, advierte sobre “actitudes conducentes a un colapso estructural y funcional del sistema universitario” y reclama que el Presupuesto 2027 tome como referencia la propuesta del CIN, que calcula en 11 billones de pesos lo necesario para que el sistema funcione. Según autoridades de la universidad, el personal perdió 34,2% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y abril de 2026. En julio de 2025, el rector Jhon Boretto explicó que los salarios son el 90% del presupuesto y solo queda el 10% para funcionamiento, becas, investigación y obras. La comisión de alumnos autoorganizados de la UNC declara que la complejidad reside en un problema doble: la falta de becas viene de la mano de una situación económica que exige más de un empleo, imposibilitando en muchos casos la cursada.

El sistema en crisis

La crisis, sin embargo, no empieza en la universidad. Según Daniel Filmus, ministro de Educación con Néstor Kirchner y de Ciencia con Alberto Fernández, el deterioro de la educación obligatoria es aún mayor: “La universidad tiene mucha mayor capacidad de demanda, te corta las calles, hace movilizaciones, tiene una capacidad enorme de exigir”, dice. “Está siendo golpeada fuertemente, pero logró recuperar una parte de lo que el gobierno le había sacado”. En cambio, sostiene, “el resto de la educación cayó el 80%”.

El dirigente se refiere al gasto del Estado nacional, que en los niveles obligatorios financia sobre todo programas de apoyo a las provincias, que sostienen cerca del 75% del gasto educativo. El informe de Argentinos por la Educación indica que el presupuesto para la educación obligatoria pasó de 0,32% del PBI en 2023 a 0,08% en 2025, una caída proporcionalmente casi tres veces mayor que la del sistema universitario. Filmus señala que nadie presentó un proyecto para recuperar el fondo de incentivo docente ni la enseñanza técnica. Pero no reduce el problema a la plata: “El presupuesto es imprescindible, pero no suficiente. Se debe blindar mejor el sistema educativo contra la lógica pendular de la política. Hay que unir las luchas de la educación superior y la obligatoria”. 

La universidad en la plaza

Luca Bonfante, estudiante de Historia en la UBA y candidato del PTS en las últimas elecciones porteñas, coincide con Filmus en la necesidad de ampliar las consignas: “Es importante que llevemos a la plaza todos los reclamos de la sociedad. Hoy tuvimos la suerte de coincidir con el reclamo por el DNU 70/2023, pero hay que organizarnos para dar todas las batallas juntas”. 

Desde lugares distintos, Filmus y Golombek vinculan el financiamiento universitario con las capacidades de un país. Golombek advierte que reducir el conocimiento estratégico a lo que tiene una aplicación económica inmediata puede comprometer las innovaciones futuras; Filmus relaciona la producción científica y tecnológica con la capacidad soberana del país. El financiamiento puede expresarse en porcentajes del PBI, pero detrás de esos números se define qué capacidades se sostienen y cuáles se pierden. La discusión no es solo cuánto cuesta una universidad, sino cuánto le cuesta al país dejar de producir conocimiento. Hoy, esa discusión vuelve a la calle.