Una crisis de alcances desconocidos 

De acuerdo a su costumbre de copiar con un entusiasmo literal las ideas de Murray Rothbard en el contexto argentino, un Javier Milei en el pico de su frenesí podría haber parafraseado de forma textual al economista estadounidense nacido en el Bronx para explicar la proliferación de casos de corrupción vinculados a la salud que se conocieron en su gobierno. Es que en su Ética de la Libertad, uno de los máximos referentes intelectuales del presidente hizo una defensa abierta del soborno, del que dice que “cumple una función social importante en varios lugares del mundo”, ya que es el lubricante que permite el funcionamiento de muchos negocios que, si no, estarían sujetos a regulaciones y prohibiciones. En esos casos, dice Rothbard, un gobierno corrupto es preferible a uno incorruptible, ya que permite que proliferen las transacciones voluntarias en la sociedad.

Aunque la preferencia de funcionarios como Federico Sturzenegger sea, en línea con el autor, simplemente eliminar los controles y regulaciones estatales, quizás el argumento podría proveer cobertura a que un organismo –por ejemplo la ANMAT– no controle una actividad –por ejemplo, la producción de fentanilo. Tal vez Rothbard estaría contento. Pero, ni siquiera en sus escritos, el economista –siempre preocupado porque nimiedades como la salubridad general no intervengan en la realización de “transacciones voluntarias entre individuos”– podía justificar el cobro de comisiones para direccionar compras estatales excluyendo a la competencia. Rothbard lo dice expresamente. Distingue la corrupción “defensiva” para saltear regulaciones –que incentiva y promueve– de la “agresiva”, para excluir a otros oferentes –que le resulta intolerable.

Si hubiera que dar crédito al contenido de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ni Karina Milei ni sus principales espadas políticas podrían anotarse en el listado de seguidores del referente de la escuela austríaca al que el presidente homenajeó nombrando a uno de sus perros. Los primeros elementos conocidos de la causa iniciada a raíz de la grabación clandestina de Spagnuolo permiten sospechas fundadas sobre la existencia de delitos graves vinculados a los fondos de la Agencia. El fiscal Franco Picardi, con la investigación delegada por el juez Sebastián Casanello, ordenó una serie de allanamientos cuyos primeros resultados abonaron fuertemente los elementos de sospecha. Como reveló el diario La Nación, las operaciones del Estado con la droguería Suizo Argentina, que los audios vinculan a Martín y Eduardo “Lule” Menem, pasaron de 3.900 a 108 mil millones de pesos entre 2024 y 2025.

En Nordelta, la policía encontró a uno de los responsables de la empresa, Emmanuel Kovalivker, intentando salir con 266.000 dólares en sobres de papel madera. Su hermano Jonathan logró escaparse y sólo ayer se presentó para entregar el que dice que es su celular. El encargado de seguridad de la república separatista de Nordelta, Ariel de Vicentis, fue indagado ayer y, en estos días, Casanello –que postergó una conferencia en el exterior por el impacto de la causa– resolverá su situación procesal. De Vicentis no tiene motivos para ser optimista.

Otro allanado es Daniel Garbellini, un hombre que supo ser de máxima pureza PRO. Subordinado en los papeles a Spagnuolo, es mencionado en los audios como el encargado de los recursos y el responsable directo de las ilegalidades que habrían proliferado. Casanello pidió los ingresos a la casa de Kovalivker. Hay una versión que indica que existe un audio en el que Spagnuolo cuenta reuniones en la casa del dueño de la droguería con los Menem. Al margen del rumor, existe una causa previa en la fiscalía de Carlos Rívolo que señalaba esa hipótesis. Otra de las certezas en el mundo de la Salud –abordada por ahora tangencialmente– es que detrás de la Suizo está el expresidente Mauricio Macri.

Una de las versiones que surgió durante el fin de semana era que el gobierno pretendía que Santiago Viola diseñara la estrategia judicial de Spagnuolo, algo que el ex funcionario con logorrea rechazó. Aún en la desdicha, Spagnuolo parece ser el más lúcido en La Libertad Avanza. Viola es el apoderado del partido, pero, además, está denunciado por Sebastián Casanello –juez de la causa– como autor intelectual de la operación en su contra sobre su visita imaginaria a la Quinta de Olivos. La búsqueda, sin embargo, es otra. En el Gobierno creen que la presencia de Viola habilitaría un posible apartamiento de Casanello de la causa por esos antecedentes. Además de no tener rigor jurídico, esa hipótesis esconde un temor a una posible revancha y desconoce los antecedentes del juez más probo de Comodoro Py.

El escándalo pega en la línea de flotación del gobierno por varios motivos. Por un lado se acumula con el caso de la cripto $LIBRA y horada –acaso mortalmente– los intentos de Milei de mostrarse como un actor diferente de los dirigentes políticos tradicionales y lo señala de la peor manera posible como un representante más de una normalidad que se repudia. Por otro lado, entre los señalados, Spagnuolo era uno de sus abogados personales. No hay manera de desentenderse de él como un simple funcionario díscolo ni modo de saber qué tiene para decir hacia adelante. La lapidación pública de Spagnuolo no alcanza como fusible. Si Milei quiere evitar que esto, como ocurrió con $LIBRA (pero infinitamente más dañino porque es mucho más fácil de entender) no gangrene a su hermana tiene que elegir un cortafuego. Excluido momentáneamente Martín Menem, su primo “Lule” aparece en todos los manuales como el candidato a absorber el costo. Decirlo es más sencillo que hacerlo, máxime cuando –de confirmarse las sospechas– era un mecanismo validado por su jefa política.

Una vez más, como en el cripto escándalo, aparece con un lugar protagónico la hermana y sostén del presidente. La única figura indispensable en la cabeza de Javier Milei, Karina fue rápidamente mostrada en los canales oficiales en redes como protagonista de la campaña para las elecciones que ocurrirán en tres semanas en la provincia de Buenos Aires. Cualquier avance de la causa en este sentido sería una herida casi letal sobre la viabilidad del gobierno.

Karina y Lule también aparecen en otro expediente judicial, paralelo, que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuán y se vincula también a negocios vinculados a la salud. Se trata de la investigación derivada de una denuncia presentada por el secretario general de la UATRE, José Voytenco, contra la intervención oficialista en la obra social de los peones rurales.

El dictamen cita el contenido de una serie de chats extraídos del teléfono del interventor Marcelo Petroni. En ellos aparecían frases como “nosotros somos Lule y Karina” en medio del avance del control político sobre los recursos de una obra social sindical. Todo esto en un contexto en el que el Congreso debatía el otorgamiento de recursos vetados por el presidente, en el que salud y discapacidad ocupan un lugar protagónico. Sin importar la relevancia fiscal de los recursos, es muy difícil sostener que no hay plata para el Hospital Garrahan y las prestaciones por discapacidad mientras se desvían fondos para la política de esos mismos sectores. El dinero siempre es fungible, pero los impactos no son simétricos.

Estos escándalos recaen sobre un gobierno que, después de haber construido fortaleza parlamentaria con una eficacia política notoria, dada su condición hiperminoritaria, decidió antes del cierre de listas que, ante la posibilidad de una victoria electoral contundente en las legislativas de octubre, su prioridad sería la construcción de fuerzas propias a lo largo y ancho del país. Una decisión de la responsable política Karina y de los Menem, que chocaba con las preferencias más acuerdistas de Santiago Caputo y Guillermo Francos, que priorizan el sostenimiento de acuerdos de gobernabilidad que minimizaran los inevitables enfrentamientos que traería la coyuntura electoral.

La ruptura de relaciones con gobernadores y bloques políticamente huérfanos que en su momento acompañaban al oficialismo en el Congreso –como el del tucumano Osvaldo Jaldo– explican la sucesión de derrotas del gobierno en el Congreso, que se agrava por el enfrentamiento sin cuartel con la vicepresidenta, una elección sumamente dañina ante cualquier coyuntura crítica. La salida de cuatro diputados libertarios profundizó aún más la crisis. Marcela Pagano, cara visible de la rebelión, es señalada en el oficialismo como responsable de la filtración de los audios. Si fuera cierto, también allí se atribuye a los Menem y a su jefa una enorme porción de responsabilidad en las decisiones que llevaron a la ruptura con la diputada electa por el oficialismo en 2023.

En el Gobierno, de todos modos, esperan que la elección acomode las capacidades de veto y otorgue al oficialismo un tercio funcional que le permita gobernar sin grandes triunfos legislativos, pero sin inconvenientes. El proyecto tiene dos problemas. Por un lado, con los escándalos en boca de la conversación pública, el plazo hasta diciembre es casi una eternidad y la acción legislativa es un terreno fértil para mantener el protagonismo de los cuestionamientos al gobierno en primer plano. Por otro lado, sin una mejora clara en la posición oficial, cuán confiables son los acuerdos y alianzas alcanzados con el PRO, en condiciones de imposición y humillación para los amarillos. Las venganzas en política suelen ser tentadoras y dependiendo el resultado, los números van a estar finos.

La tolerancia a la corrupción tampoco es un fenómeno social indemne al contexto. La permeabilidad de los escándalos acompaña en general el contexto económico y social y contribuye a aumentar o atenuar el impacto de las denuncias. Aquel “roba pero hace” es casi una verdad de perogrullo cuando las cosas marchan bien, pero se vuelve intolerable cuando la situación económica se torna incierta o negativa. En este sentido, las luces de alarma para el gobierno son marcadas. Según un informe de la consultora Empiria, el ingreso disponible de los hogares cayó 0,4% real en junio, lo que lo deja apenas 1% por encima de diciembre de 2024, y 7% por debajo de noviembre de 2023. La explicación está en el aumento de los gastos fijos (+2%), que superaron al muy escaso crecimiento de los ingresos (+0,2%).

Por el lado del consumo, tampoco aparecen buenas noticias. De acuerdo al mismo informe, un 36% de los hogares recurrió a sus ahorros para afrontar gastos en el primer trimestre de 2025, pero eso no evitó que el consumo en supermercados y mayoristas siguiera la caída del ingreso disponible. El uso de tarjetas es el principal vehículo de consumo, pero la morosidad en el crédito de las familias –aún en niveles absolutos relativamente bajos– viene creciendo en forma sostenida de acuerdo a todos los informes disponibles. El aumento de las tasas de interés sólo acentúa esta tendencia.

No sorprende entonces que el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella, que miran los agentes del mercado como un predictor electoral, haya mostrado una caída de 13,6% en agosto, antes de captar el impacto de la difusión de los audios. El indicador se ubicó en 2,12 puntos sobre 5, el nivel más bajo desde el inicio del mandato del presidente, con retrocesos en todos sus componentes: percepción de honestidad, capacidad de resolver problemas, eficiencia en el gasto, evaluación general del gobierno y preocupación por el interés común. Los indicadores del mercado, dólar, bonos y acciones muestran que la confianza en el gobierno de quienes ponen en juego su dinero en el resultado electoral es muchísimo menor de lo que era hace apenas unas semanas, con un agravante.

El problema ya no es sólo una eventual victoria opositora que dispare la conocida alergia del establishment económico a un posible regreso del peronismo sino el desconcierto frente a un gobierno que, desde la medida que terminó con las LEFI, no parece haber logrado reacomodar su relación con el sector financiero, ni otorgar previsibilidad a su estrategia monetaria y cambiaria. Apenas espasmos dirigidos a mantener, de cualquier forma y a cualquier costo, la inflación controlada, el único activo político nítido que el gobierno conserva de cara a octubre, que se deteriora al calor del enfriamiento de la economía y las denuncias sobre el entorno más próximo del presidente.

El oficialismo todavía conserva posibilidades de salir vencedor en esa elección, y obtener aire para barajar y dar de nuevo. La orfandad de ideas y atractivo en el peronismo, el recuerdo de la última gestión de gobierno y sus disfuncionalidades, y la irrelevancia de los actores alternativos hacen que casi ningún escenario sea suficientemente malo como para garantizar una derrota en dos meses. No sería un premio menor ante la alternativa posible, que pondría serias dudas sobre su viabilidad durante los siguientes dos años. Pero el oficialismo ha dejado definitivamente de lado su pretensión de representar algo diferente a la clase política que la ciudadanía repudió masivamente en 2023.

Milei no es ya la oposición a “la casta”, sino el vehículo de un antiperonismo al que le caben los mismos cuestionamientos a nivel social que al peronismo. En el mejor de los casos, estará llamado a repetir una trayectoria similar a la de Jair Bolsonaro, que emergió en medio de una crisis brutal de la política brasileña, atravesada por lo económico y las investigaciones por corrupción, que hirió severamente al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva, pero que borró prácticamente del mapa a las expresiones partidarias tradicionales de la centroderecha. Bolsonaro apareció como un outsider, cuya marginalidad parlamentaria lo había mantenido lejos de las prebendas del toma y daca de la política del país vecino.

En su gobierno proliferaron los escándalos de corrupción, los pactos inconfesables con los sectores más espurios de la política tradicional y la disfunción en la gestión. Debió dejar colaboradores cercanos en el camino y enfrentó crisis que en más de una ocasión, parecían terminales. El drenaje en los apoyos, a pesar de la caída en su valoración en las encuestas, fue modesto. La población decidió que la corrupción es endémica y abrazó la política del rechazo. Puesto cara a cara con el PT, recibió el acompañamiento de casi la mitad de los brasileños.

El espejo es agradable para un Milei que se percibe como un líder de alcance global, parte de un cambio duradero en la política nacional. Convendría mirar un poco más a fondo. Con todo, Lula es otra vez presidente, y Bolsonaro pasa sus días en su casa, bajo arresto domiciliario, mientras espera a ser condenado por el Supremo Tribunal de Justicia.

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