Un “blanqueo popular de mercado” en busca de los “canutos improductivos”

No está claro si Karina Milei y Santiago Caputo leyeron a Karl Marx, pero es probable que, puestos bajo los efectos de la hipnosis, afirmen que lo material condiciona la existencia. No hace falta ser marxista para reconocerlo. Como no hace falta ser ni Karina ni Santiago para coincidir con una mirada que tienen dos de las tres patas del triángulo de hierro: lo que ocurra el 18 de mayo en las elecciones porteñas determina lo que ocurrirá entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a octubre en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia.

Las encuestas difieren: algunas muestran paridad entre Leandro Santoro y Manuel Adorni y otras lo ven despegado al candidato de Es Ahora Buenos Aires y al vocero presidencial y a Silvia Lospennato en una paridad técnica. La diferencia no es menor. Si el resultado separara a la LLA y al PRO por más de cinco puntos, la negociación entre ambos frente a las elecciones nacionales sería muy distinta de la que ocurriría si el margen fuera más ajustado. “Si Manuel le gana cómodamente a Lospennato vamos a convocar al PRO a ir juntos con el instrumento electoral que la gente eligió”, dicen en Casa Rosada. El formato con el que sueñan la hermanísima y Caputo es el del Frente Renovador en 2013: un solo espacio con candidatos del otro en la lista. Nada de fusión táctica ni estratégica. La novedad es que el oficialismo también quiere ese formato para la CABA. Ahí se abre un interrogante. Hoy, la candidata a senadora por los libertarios sería Patricia Bullrich. ¿Aceptaría Mauricio Macri esa condición en caso que se dé lo que quieren los violetas? ¿Importa lo que quiera Macri si Adorni le saca entre 5 y 10 puntos a Lospennato? Esta última pregunta es la que se hace Caputo. Se agrega una complejidad: Bullrich se afiliará hoy a LLA. “Era necesario, sincera las cosas”, dicen cerca de Macri.

Esta semana habrá otra instancia, en este caso en el Congreso, atravesada por la inminencia electoral. Victoria Villarruel tiene en su potestad convocar a la sesión de Ficha limpia prevista para el miércoles 7 de mayo. LLA se anticipó a la discusión y emitió un comunicado manifestándose a favor del proyecto para tabicar la estrategia macrista de exponer el perpetuo-presunto acuerdo entre el oficialismo y el peronismo kirchnerista. En paralelo, Villarruel quiere a Emilio Viramonte en la Secretaría Administrativa del Senado, cargo que precisa de los dos tercios del cuerpo para ser aprobado. Hay maledicencias que afirman que podría haber una negociación subterránea para postergar el llamado a sesión a cambio del acompañamiento a Viramonte. Otro dato, no menor, es que Casa Rosada no interviene en contra de la vice como en episodios previos. ¿Como un gesto hacia ella o una desaprobación tácita a la ley que impulsa de manera infatigable Lospennato? Otro de los temas que orbitará la sesión, en caso de hacerse, tiene que ver con los sueldos de los senadores. La norma que congelaba los haberes se cayó la semana pasada y el oficialismo impulsará un nuevo freezer a través de un proyecto de Ezequiel Atauche. Un incentivo más para alguna ausencia heroica.

En el plano económico conviene empezar por un recuerdo. El 19 de abril de 2024, en el cierre del Foro Llao Llao, el entonces flamante presidente de la Nación calificó a una buena parte de su auditorio de “héroes” porque lograron “escapar de las garras del Estado”. Casi actuando de asesor financiero, promocionaba –o difundía–: “Me pongo el traje de economista: comprá dólares. Eso después figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor, porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay, todo para financiar a los que levantan la manito y al que lo hace de queruza, para financiar a esos inútiles”. En un episodio bastante insólito –que sería el primero de muchos–, el presidente argentino encomiaba evadir impuestos y apostar a la moneda extranjera por sobre la propia.

Al hablar recomendaba un comportamiento cuya versión menos sofisticada –la que describió, a pesar de estar ante un auditorio de grandes hombres de negocios que como regla prefieren operar con bonos o realizar transacciones más o menos legítimas de comercio exterior– es llevada adelante en la práctica por la totalidad de los sectores representativos de la población con capacidad de hacerlo. Convertir cada peso ahorrado en divisa estadounidense. Casi siempre, por fuera de un sistema bancario que no lo permitía y bien lejos de las declaraciones impositivas. Kiosqueros, nutricionistas, mecánicos, incluso albañiles o trabajadoras de casas particulares, si alguna vez les sobraron unos pesos, que no alcanzaron para una propiedad, casi seguro tienen un “canuto improductivo” –en palabras del economista Gustavo Lázzari– de la moneda estadounidense guardado entre la ropa interior más vieja o el calzado en desuso.

La medida que anticipó Luis Caputo aparece dirigida a esos sectores poco sofisticados financieramente, que tienen dólares guardados y pocos modos de utilizarlos en el circuito formal, al menos en cantidades, por la dificultad para justificarlos ante el sistema. La modificación normativa, que se analiza entre Economía, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central, sería de índole administrativa, en base a resoluciones y decretos, “sin pasar por el Congreso” y, en el mejor de los casos, al borde de la legalidad. El Gobierno elevará el umbral a partir del cuál los bancos y otras instituciones deben pedir explicaciones sobre el origen de fondos de sus clientes: que la gente pueda usarlos sin dar explicaciones y sin “que les rompan los cocos”, en palabras del ministro. Si en ARCA se hablaba de 100 mil dólares de tope para esta suerte de nuevo blanqueo minorista, algunos funcionarios con mayor jerarquía estudiaban ubicar el límite más cerca de los 200 mil dólares, sin tener que pasar por el Congreso.

Será motivo de festejo para comerciantes, profesionales y, también, un gran número de sujetos que se ganan la vida en actividades ilícitas y con alta circulación de efectivo, como el narcomenudeo; un “blanqueo popular de mercado” en palabras, por ahora en off, del Gobierno. Por eso mismo, la medida podría a la vez, ser bien recibida por la población en general y cuestionada por el cumplimiento de las normas antilavado vigentes a nivel nacional e internacional, donde el año pasado el país salió airoso en el último minuto de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que amenazaba incluir a la Argentina en la lista gris de jurisdicciones que incumplen sus recomendaciones. Será tarea de la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, la hábil ministra de leyes María Ibarzábal Murphy, darle forma a una norma que sea apta para carpinteros y no para vendedores minoristas de cocaína. Ibarzábal Murphy ancla sus antecedentes en el estudio Cassagne, especializado en Derecho Administrativo, de los más reputados en el manejo de las relaciones entre los privados y el Estado. Su tarea será compleja, pues deberá conciliar las obligaciones internacionales del país con los instintos de un presidente que supo reivindicar rasgos heroicos en Al Capone.

Más allá de las cuestiones legales, el Gobierno espera movilizar una parte de las decenas de miles de millones de dólares –el cálculo del monto exacto es esquivo– que los argentinos mantienen sin declarar, debajo del colchón, en cantidades relativamente pequeñas. Una fracción de esa cifra permitiría movilizar la actividad económica en montos que muy difícilmente provea la inversión extranjera directa, y ahuyentaría temores sobre la sustentabilidad de corto plazo del actual tipo de cambio. Música para el oficialismo en año electoral.

Con todo, parece improbable que el esfuerzo funcione. Los argentinos guardan sus dólares, antes que nada, como un seguro de valor de su patrimonio y su poder adquisitivo. Si perciben que el dólar está barato, es razonable esperar que compren o, al menos, que no vendan ese activo por un precio a priori menor que el que le va a costar recuperarlo. En tiempos de expansión de la actividad económica –y las previsiones son que la Argentina crezca este año a niveles muy altos, tras dos años de caída y deterioro acumulados– tampoco habrá apuro generalizado entre sectores con capacidad de ahorro que justifiquen desprenderse de la seguridad que, como identificó el presidente, los argentinos buscan encontrar en la moneda estadounidense. Malvender lo que se quiere es el equivalente a romper el vidrio en caso de emergencia.

Esta nueva alquimia del gobierno para intentar mantener el peso fuerte en vez de aprovechar su relativa fortaleza para intervenir en el mercado comprando reservas –lo que, con atípica creatividad para un economista, Guido Zack llamó “plan caquita”–, probablemente termine en un fracaso, pero aún en caso de éxito temporario, sólo habrá pospuesto el momento para llevar adelante la tarea que casi todos nuestros vecinos ya hicieron hace décadas: acumular reservas, recuperar la moneda y, desde esa base, resolver la inflación de forma sostenible, aunque lleve más tiempo.

Del lado de las inversiones genuinas, en los últimos días aparecieron novedades de relevancia, vinculadas a los recursos del país y el contexto geopolítico. Una delegación de altísimo nivel de empresas chinas visitará la Argentina acompañando a un grupo de funcionarios de primera línea. La comitiva incluye a compañías estatales con participación en sectores como soja y granos, energía, logística, financiamiento –incluyendo los grandes bancos– y las responsables de grandes proyectos como el parque solar Caucharí, en Jujuy, o la reforma del Belgrano Cargas. La visita se da ante un interés chino en la región –que crece en el marco del enfrentamiento con Donald Trump– luego de años en retirada desde el pico de 2017/18. Sectores como agro y minería aparecen como probables ganadores en un contexto en que la inversión de empresas chinas es mirada con sospecha y desalentada expresamente por las autoridades estadounidenses.

Aunque las reuniones más importantes en agenda sean “entre privados”, el Gobierno reafirma su comprensión del carácter ineludible de China como actor en el país: es el segundo socio comercial, el primer origen de sus importaciones y un inversor importante, con un stock creciente. El informe de ICLAC con el respaldo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile sobre presencia china en la región señala a Brasil, Argentina y Chile como los destinos principales de inversiones del gigante asiático. Se repite en estos países una dinámica en que las empresas asiáticas adquieren o capitalizan y pasan a controlar compañías ya establecidas en los países, de acuerdo a sus decisiones estratégicas. El informe de ICLAC señala como sectores claves al energético, seguido por la infraestructura, la agroindustria, la manufactura y los desarrollos tecnológicos. Empresas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE serán de la partida en la visita.

Con todo, los mayores intereses aparecen en sectores clave de las disputas, vinculados a recursos primarios. Alimentos –donde China es un gran importador tanto de la región como de los Estados Unidos– y minerales críticos aparecen en primer lugar. En estos momentos, se negocia una inversión del grupo Funfeng para procesar maíz en el país, que supondría abrir una planta de más de 400 millones de dólares. En litio aparece otro proyecto importante. La adquisición de los activos de la minera Zangee por parte de la también china Zijin. Zijin es una empresa internacional de mucho mayor tamaño que Zangee y ya opera en el país con el proyecto Tres Quebradas, en Catamarca, que está por empezar su segunda fase bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Zangee es dueña del 65% de Laguna Verde, en la misma provincia. La adquisición de activos por parte de empresas más grandes suele ser un marcador importante para la operación y ampliación de los proyectos de compañías más pequeñas, cuya capacidad operativa es menor.

Con empresas occidentales, el sector minero tuvo una novedad de primer orden, luego de la adquisición por BHP de la mitad del proyecto de la canadiense Lundin en la provincia de San Juan. El complejo que componen los yacimientos Filo del Sol y Josemaría presentó sus estudios consolidados y podría ser uno de los hallazgos más importantes de los últimos treinta años a nivel mundial en cobre -un metal clave en el marco de la transición energética-, oro y plata. Se podrían inferir hasta 28 millones de toneladas de cobre y el proyecto podría significar que el país no sólo vuelva a exportarlo sino que lo haga en grandes cantidades que pasarían de 0 a 1.500 millones antes de concluido el actual período. El desarrollo, bajo el RIGI, podría colocar a Argentina en un mapa minero que en Chile y Perú explica exportaciones por decenas de miles de millones de dólares, de las cuales hoy Argentina no participa. Los minerales complementarían los desarrollos de hidrocarburos, donde Vaca Muerta avanza en proyectos de exportación de gas en forma de GNL, ya no con una planta –que hubiera significado inversiones por cerca de 20 mil millones de dólares en el país– sino por barcos.

Los proyectos, sin embargo, encuentran riesgos. La política trumpista, con una guerra comercial y una retracción de las exportaciones globales, podría causar una recesión global que afecte los precios de las materias primas. La caída del petróleo sostenida desde los primeros anuncios de Trump evidencia los temores de los mercados en este sentido. Un desplome que los países productores de petróleo convencionales esperan utilizar para aumentar la producción, bajar los precios y poner presión sobre los costos de los no convencionales en Texas y en Neuquén. En un contexto que debería ser favorable al desarrollo de los recursos naturales, una recesión global sería la peor noticia para las oportunidades de Argentina y las pretensiones de sostenibilidad del Gobierno.

Todo este artículo se pudo escribir sin mencionar a Javier Milei.