Reforma laboral: ¿el problema es el costo salarial o la economía estancada?

Las discusiones acerca de una reforma laboral resurgieron en las últimas semanas, de la mano de la inminente propuesta que el gobierno va a presentar en el Congreso (de la cual se sabe poco por ahora) y la contrapropuesta del peronismo (de la que también, por ahora, solo tenemos trascendidos). Al margen de lo anterior, el objetivo de esta nota es darle un poco de contexto a las discusiones, mostrando para qué puede servir –y para qué no– una reforma laboral.

Houston, tenemos dos problemas

El mercado laboral argentino tiene hoy dos grandes problemas, que obviamente están vinculados entre sí, pero que eso no significa que tengan por detrás las mismas causas: por un lado, la falta de creación de empleo registrado en el sector privado (Argentina hoy tiene prácticamente la misma cantidad de puestos que 10 años atrás) y, por otro, una informalidad que ha venido creciendo sistemáticamente y que en la actualidad se ubica en su nivel más alto de su historia reciente. Suenan parecido, pero no son lo mismo. Y entender sus causas resulta fundamental para ver cómo una reforma laboral podría solucionar estos problemas.

Lo primero que hay que advertir es que el motivo principal por el cual una empresa contrata trabajadores es para aumentar su producción. Dicho de otra manera, la causa fundamental que está por detrás de la falta de creación de empleo registrado es el estancamiento de la economía, tal como se desprende del gráfico debajo.

Evolución del PIB y del empleo privado registrado

Este hecho, que a primera vista resulta evidente, es clave para refutar uno de los argumentos que siempre está asociado con la reforma laboral, que es la idea de que sirve para “generar empleo” (como, por ejemplo, recientemente acaba de afirmar el secretario de Trabajo, Julio Cordero). Para generar empleo la economía tiene que crecer de manera sostenida. Una reforma laboral puede hacer poco y nada en ese sentido.

También nos sirve para refutar otro de los argumentos que se suelen escuchar, que el problema es que el costo salarial es muy elevado. Al examinar su comportamiento en los últimos 20 años vemos que a lo largo de todo el período de expansión del empleo (una primera fase vigorosa entre 2004 y 2010 y otra más tenue entre 2010 y 2017), el salario mejoró. Para explicar este comportamiento tenemos que volver a mirar el gráfico anterior. En el largo plazo, la producción, el empleo y los salarios se mueven de manera conjunta. Las empresas aumentan su producción solo si consideran que hay demanda en el mercado para eso (lo que requiere salarios más elevados) y, para hacerlo, necesitan contratar más trabajadores.

Evolución del empleo y el salario privado registrado

El otro dato interesante que muestra el gráfico es que entre 2017 y 2025 hay un desacople marcado entre el empleo y los salarios, lo que refuerza el punto anterior. O sea, parece difícil de argumentar que el problema sea el costo salarial cuando entre 2017 y 2025 el salario se redujo 11% (mientras que el empleo se mantuvo prácticamente en los mismos niveles).

Es cierto que a veces en las discusiones y en los medios se asocia costo salarial con costo laboral y esto se presta a confusión. Para la cuestión que vamos a analizar a continuación, me parece más apropiado hablar de salario neto o “de bolsillo” (el monto que recibe el trabajador), mientras que la carga laboral está compuesta por todos los costos que incurre una empresa a la hora de contratar a un trabajador registrado. Estos costos incluyen al salario de bolsillo, sumado a las cargas sociales (aportes y contribuciones para las jubilaciones), PAMI, Asignaciones Familiares, Obra Social y ART, entre otras.

Como se desprende del cuadro a continuación, que sale de este gran trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la carga total representa el 44% por sobre el salario bruto (la carga del impuesto a las ganancias es nula porque el salario promedio se encuentra por debajo del mínimo no imponible).

Conceptos que inciden sobre las remuneraciones a nivel nacional

¿Esto es mucho o poco? En el trabajo citado hacen una comparación mundial y muestran que al tomar solo los aportes y contribuciones a la seguridad social como porcentaje del costo laboral total Argentina (34,6%) se ubica tercero, muy por encima del promedio de los países de la OCDE (21,6%). Sin embargo, al incorporar el impuesto a las ganancias (que, como dijimos, en el caso de un sueldo promedio argentino sería nulo), ahí Argentina quedaría en la mitad inferior de la tabla y por debajo del promedio de la OCDE (34,9%).

La distinción entre el salario de bolsillo y la carga salarial total es crucial para entender la gran diferencia entre contratar a un trabajador registrado (en blanco) o no registrado (en negro). Al no registrarlo, la empresa solo paga el salario de bolsillo (en realidad, en la mayoría de los casos todavía menos, dado que el salario promedio de los no registrados es más bajo que el de los registrados).

Quiénes son los evasores

¿Cuál es el principal motivo por el que las empresas evaden los impuestos y los contratan en negro? Uno estaría tentado a responder que es por la avaricia de los empresarios, sin embargo, no es (tan) así. Lo primero que hay que analizar es quiénes son las empresas que evaden. Como surge de este trabajo de Fundar, el 90% del empleo no registrado es realizado por microempresas (se denominan así porque tienen entre 1 y 5 trabajadores) y por pequeñas empresas (que tienen entre 6 y 25 trabajadores). El principal motivo es la muy baja productividad de estas empresas, que lleva a que no puedan formalizar a los trabajadores porque, si no, no podrían producir.

En muchos de estos casos la palabra “empresa” es engañosa, porque nos da la idea literal de una empresa cuando, en realidad, es más probable que sea un emprendimiento individual o de muy pocas personas (un jardinero, una costurera, una cooperativa muy pequeña, recolectores de residuos reciclables, entre otros).

La evasión no parece ser un gran problema para las medianas empresas (26 a 200 trabajadores) y para las grandes empresas (+200), donde la tasa de no registro es del 13% y del 6%, respectivamente. Esto se explica principalmente por el hecho de que se hace bastante difícil para empresas de esa envergadura la evasión (y en las que efectivamente lo hacen ahí lo que falla es la fiscalización del Estado).

A partir de lo anterior, una medida podría ser la reducción de las contribuciones patronales pero solo a las micro y pequeñas empresas. Esto permitiría compensar parte de esa menor productividad, logrando que una parte de esos emprendimientos pase a la formalidad (como muestra el trabajo citado de Fundar, una medida similar se aplicó en 2014 con resultados significativos, pero luego fue dada de baja en la reforma de Mauricio Macri de 2017). No sería aconsejable –por lo menos, en esta coyuntura– la reducción de las contribuciones a todas las empresas, porque como vimos la informalidad no es un problema en las medianas y grandes empresas. Ahí lo más probable es que eso genere un desfinanciamiento importante de la seguridad social (como ya pasó, por ejemplo, en los años 90).

La cuestión de la seguridad social

¿Pero no me dijiste que Argentina tiene cargas patronales elevadas? Sí, pero eso es justamente porque, al tener mucha informalidad, el financiamiento de la seguridad social recae casi exclusivamente en las medianas y grandes empresas. Las cargas a esas empresas se podrían reducir en la medida en que se reduzca la informalidad.

Otro componente que destaca el trabajo de Fundar para bajar la carga laboral en las microempresas es el elevado e inequitativo costo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que pagan frente al resto. Como muestra el trabajo, estas empresas pagan en promedio el doble (llegando hasta cuatro veces más) que las grandes empresas. Sin embargo, esto sucede a pesar de que en las microempresas ocurre una minoría de los siniestros (representan el 71% del total de empresas aseguradas, pero solo explican el 25% de los siniestros ocurridos). Por tales motivos, lo que proponen es poner un tope a la prima que pagan las microempresas por persona asegurada, tal como figuraba en la ley laboral hasta que fue eliminado en la reforma que implementó Macri en 2017.

No sabemos aún qué forma concreta tendrá la reforma laboral que el Gobierno enviará ni cuál será la contrapropuesta del peronismo. Pero sí sabemos qué problemas están en juego y qué dice la evidencia disponible. El desafío es que, por una vez, el debate político tome nota de estos datos. Porque sin un diagnóstico honesto, cualquier reforma corre el riesgo de ser un ejercicio ideológico más en un mercado laboral que ya no resiste improvisaciones.

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