Poca plata y para amigos: Milei prioriza a gobernadores aliados en el reparto de ATN
El Gobierno aplicó un drástico ajuste en los fondos discrecionales a las provincias, de un 77% en términos reales, pero no afectó a todas por igual. Los nueve distritos beneficiados por Casa Rosada.
En lo que va de 2024, el Gobierno giró apenas 40.800 millones de pesos a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La cifra contrasta con los $128.525 millones que envió la administración de Alberto Fernández en su último año de gestión y muestra una parte del fuerte ajuste de las cuentas públicas que encaró Javier Milei. Los ATN son envíos discrecionales. Solo nueve provincias recibieron este tipo de recursos. Las nueve se alinearon con la gestión libertaria.
En los primeros 10 días de noviembre, se devengaron ATN por $11.500 millones, o 28% del total de lo comprometido en lo que va de 2024. Fueron tres desembolsos a Catamarca, Misiones y Tucumán, tres provincias cuyos diputados facilitaron, esta semana, que no avance el paquete anti DNU que impulsaban la mayoría de los diputados de Unión por la Patria, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal. La información surge de planillas oficiales que relevó la consultora Analytica, una de las que sigue la ejecución del gasto con mayor nivel de detalle.
Según transmitieron fuentes de Jefatura de Gabinete a Cenital, “todos los ATN que se mandaron a cada una de las provincias fueron por algún tipo de emergencia climática, por incendio, hídrica, inundaciones, etcétera”. En esa línea, consignaron que los ATN se envían cuando una provincia declara “algún tipo de emergencia”, como surge del artículo 5 de la ley de Coparticipación. “Catamarca declaró la emergencia económica, financiera, administrativa y educativa; Misiones tiene emergencia hídrica y Tucumán tiene emergencia hídrica y social”.
Misiones fue la provincia que más dinero recibió por ATN: $13.000 millones en lo que va del año. La gestión de Hugo Passalacqua obtuvo $1500 millones en abril, en medio de un conflicto con la policía local por cuestiones salariales, $7500 millones en junio (el desembolso más alto de la serie a nivel nacional) y $4000 millones este mes, en el que los cuatro diputados misioneros del bloque Innovación Federal evitaron sumar quórum para el intento de votación de ley de DNU y -más sensible- el de rechazo al decreto con le permite al ministro de Economía Luis Caputo renegociar deuda sin cumplir con los requisitos de mejorar condiciones de la Ley de Administración Financiera.
Misiones es la única provincia que recibió este año más plata por ATN que en 2023, en pesos corrientes (sin descontar la inflación). En lo que va de 2024, obtuvo 165% más que los $4904 millones que giró la gestión de Alberto Fernández en sus últimos 12 meses.
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Catamarca contribuyó con la ausencia de sus cuatro diputados que, al menos formalmente, integran Unión por la Patria, para frenar ambas iniciativas. Este mes, Raúl Jalil también firmó la cesión del dominio “ARCA” al gobierno nacional para rebrandear a la AFIP y dispuso que su Agencia de Recaudación de Catamarca pase a llamarse “ARCAT”. Este mes, la administración central le envió $3000 millones de ATN. Fue la primera partida en todo el año. En 2023, recibió casi el triple: $7980 millones. De esa cifra, hubo $5942 millones despachados en diciembre, antes del cambio de gobierno.
Jalil negocia con la gestión libertaria desde la primera versión de la Ley Bases y fue uno de los promotores peronistas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En las últimas semanas, el gobernador manifestó su descontento con la conducción de Cristina Kirchner.
También hubo, en noviembre, un envío de $4500 millones a Tucumán, la provincia peronista que primero firmó su alianza con Milei. Osvaldo Jaldo había recibido $2000 millones en febrero. Los $6500 millones de ATN enviados a la provincia del noroeste se comparan con los $8500 millones de 2023, de los cuales $5656 millones se giraron en diciembre.
Las otras cinco provincias que recibieron ATN en lo que va del año también son aliadas: Entre Ríos ($6800 millones, segunda en el ránking detrás de Misiones), Chubut ($4500 millones), Santa Cruz ($3000 millones), Santa Fe ($1500 millones), Jujuy ($1500 millones) y Corrientes ($1000 millones). Chubut obtuvo $1500 millones en febrero, como ayuda para combatir los incendios forestales, y $3000 millones adicionales en junio.
Los ATN son parte de las transferencias no automáticas de la Nación hacia las provincias. La ley de Coparticipación de fines de los 80 dispuso que se financien con el 1% de la recaudación y se destinen a paliar emergencias presupuestarias. Es decir, es dinero de los impuestos que tiene un fin específico: ayudar a las provincias.
El recorte en las transferencias no automáticas representó el 2,5% del ajuste del gasto en lo que va del año, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los envíos de fondos por fuera de la coparticipación se redujeron 77% en términos reales, descontada la inflación. Cayeron casi tanto como los gastos de capital, que se contrajeron 77,5% interanual hasta octubre inclusive. Buena parte de esa caída abrupta la explica la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, que pagaba una parte de los salarios de los educadores con recursos nacionales. También hubo recortes significativos en el fondeo a cajas previsionales provinciales, que los gobernadores aliados todavía discuten.
Si bien todas las provincias padecieron el ajuste, el impacto fue disímil. Los envíos de fondos a Formosa cayeron 93% anual, según Analytica. La siguen La Pampa (-91%) y La Rioja (-90%). Santa Fe y Córdoba sufrieron caídas de 89% y 87%, respectivamente. La provincia de Buenos Aires padeció un recorte del 80%. La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, obtuvo recursos por el acuerdo para saldar el fallo de la Corte Suprema que ordenó aumentar el envío de dinero para financiar las fuerzas de seguridad.
Los gobernadores aliados intentan sumar recursos en la ley de Presupuesto 2025. Buscan incluir en la discusión el financiamiento de las cajas previsionales y la cesión a las provincias de recursos subejecutados, como una parte del impuesto a las Combustibles y los propios ATN, que podrían distribuirse por coparticipación. Dicen que la cuenta no afectaría el equilibrio fiscal que promueve Milei, pero el gobierno central no cede en el reparto de la torta y hay quienes sostienen que busca tensar para volver a gobernar sin nueva ley y con la extensión del Presupuesto 2023 y el consiguiente reparto discrecional de los recursos excedentes.
Las provincias padecen, en sus cuentas, la caída de la parte coparticipable de la recaudación nacional (Ganancias, IVA e impuesto al Cheque, sobre todo). La caída de estos ingresos fue mayor a la de otros impuestos que no se reparten, como las retenciones y el ahora menguante impuesto PAIS, que Caputo subió 10 puntos y generalizó a casi todas las importaciones al asumir. También se le reducen impuestos provinciales por la recesión, como Ingresos Brutos. Y pujan, en lo discursivo, con la motosierra de Milei, que las obliga a hacerse cargo de más gastos (obras, comedores, etcétera) y les reclama recortar impuestos y tasas.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los ingresos de las cinco provincias más grandes ( Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) cayeron 11,4% anual en términos reales en el primer semestre. La recaudación provincial moderó la caída, porque se redujo 8,6% contra el 15,4% que cayó la masa coparticipable de los impuestos nacionales.
La gestión de Axel Kicillof, por ejemplo, dispuso un adelanto extraordinario de Ingresos Brutos a grandes contribuyentes que le permitió llegar a septiembre sin mayores sobresaltos y ahora confirmó que no adherirá al blanqueo nacional, por lo que podrá reclamar el pago de Ingresos Brutos por hasta cinco años a los contribuyentes a los que encuentre en situación irregular. No la tendrá fácil, porque la ARCA ex AFIP no comparte la información de quiénes exteriorizaron y las cuentas CERA que se crearon para blanquear dólares están exentas de Ingresos Brutos por disposición de la comisión arbitral que integran las provincias para resolver diferencias en la percepción de impuestos.