Perú y una nueva destitución presidencial: la rutina de lo extraordinario

Perú es un extraño caso, ¿cómo puede un país que crece, con una economía estable, tener una crisis política de esta escala? Desde 2021 ya pasaron cuatro presidentes, cada uno destituido. Ahora se va José Jerí y será José María Balcázar quien ocupará la presidencia.

¿Cómo sucedió? Jerí llegó a la Casa de Pizarro el 10 de octubre de 2025, tras la destitución exprés —por declaración de vacancia— de Dina Boluarte, en virtud de su lugar en la línea sucesoria como presidente del Congreso de la República. Ejerció el cargo durante poco más de cuatro meses, hasta ser destituido el martes 17 de febrero pasado. Boluarte, su antecesora, tampoco había accedido por el voto popular, sino que había sucedido, en su condición de vicepresidenta, a Pedro Castillo, removido por el Congreso tras un absurdo y grotesco intento de autogolpe que culminó con su detención. El sucesor de Jerí, Balcázar será así la cuarta persona en ocupar la presidencia durante el período iniciado en 2021.

La destitución de Jerí es apenas el último episodio de una historia que Perú viene escribiendo desde hace al menos una década. Sus raíces se encuentran aún más atrás, en la transición democrática posterior a la caída de Alberto Fujimori, acompañada del debilitamiento progresivo del sistema de partidos y un esquema de estabilidad económica que no ha redundado en estabilidad política, a veces por motivos que hacen a los propios fundamentos de aquella estabilidad. Jeri es, también, una excusa para pensar un país en el que los presidentes de la nación duran meses, mientras el titular del Banco Central está a punto de cumplir dos décadas en el cargo.

De la huida de Fujimori a la consolidación democrática fallida

Parte de la raigambre del instituto de la vacancia presidencial tiene su origen en la salida de Fujimori, quien luego de su muy cuestionada segunda reelección en el año 2000 –tanto por la interpretación constitucional como por la condiciones de su realización– terminó huyendo del país luego de que su puja con Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia de facto de su gobierno, revelara la extensión de la corrupción del régimen que había encabezado durante la década anterior. El enfrentamiento derribó al régimen, y Fujimori hizo uso de su doble nacionalidad para refugiarse en Japón, desde donde envió su renuncia vía fax. El Congreso no aceptó la renuncia y siguió el proceso para decretar la vacancia presidencial, que debía abrir el camino a una transición y renovación democrática.

Luego de una transición encabezada por Valentín Paniagua como presidente del Congreso, Alejandro Toledo, principal opositor a Fujimori en las presidenciales del 2000, resultaría electo presidente en julio de 2001. Con todo, gran parte del legado del fujimorismo permaneció. Los partidarios de quien fuera dictador de su país, responsable de la implementación del modelo neoliberal en Perú, y de masivas violaciones a los derechos humanos por las que fue juzgado y encarcelado, lo veneran como responsable de la recuperación de la estabilidad económica tras la hiperinflación heredada de Alan García, y de la mal llamada pacificación del país, tras la derrota de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru a manos de la represión estatal, legal e ilegal. 

Esa base, que le permitió un acompañamiento resiliente –aunque no mayoritario— de una parte de la sociedad, convirtió su posible regreso, a través de sus hijos, en un fantasma constante sobre la política peruana. Si bien el crecimiento económico fue relativamente modesto bajo su mandato, la estabilización volvió perdurables sus fundamentos, ya que la idea de cambios progresivos remitía al primer mandato de García, de impronta antiimperialista e intervencionista, que culminó con una inflación que para 1990 alcanzó el 7.000% anual y una crisis de deuda. Junto a ello, la cuestión de la corrupción que, mucho más que la desigualdad económica o las violaciones a los derechos humanos, terminó por sellar la suerte de Fujimori. Se convirtió en una cuestión de agenda constante para la política peruana.

Toledo construyó, con algunas muy tímidas reformas, sobre el modelo fujimorista. Su mandato se caracterizó por la firma de acuerdos de libre comercio y la puesta en valor, a partir de regímenes muy favorables a la inversión extranjera, de la riqueza minera del país que, como toda América del Sur, se benefició de un ciclo sumamente favorable de precios internacionales.

Las exportaciones se triplicaron entre 2000 y 2006, dando inicio a un ciclo ascendente que se mantuvo, pero que, en ese momento inicial, no tuvo grandes repercusiones en términos de baja de la pobreza, ni siquiera de la pobreza extrema. La corrupción se volvió un fantasma que ensombreció su mandato, con acusaciones hacia su entorno político y familiar. Toledo terminó así un ciclo exitoso en materia de crecimiento, en el que se realizaron obras de infraestructura y se mantuvo la inflación baja, con resultados sociales pobres y una popularidad que no llegaba al 8%. 

García, Humala, y la constante

El siguiente ciclo presidencial estaría marcado por el regreso de Alan García, con apenas un cuarto de los apoyos de primera vuelta. Su vencido en el ballotage sería Ollanta Humala, que aparecía como una versión de tinte muy nacionalista y militarista de la izquierda latinoamericana entonces en boga, con el apoyo explícito de Hugo Chávez. Lejos de su encarnación ochentosa, García cortejó apoyos en el establishment peruano y se impuso por menos de cinco puntos. Su presidencia continuaría, a grandes rasgos, el legado de Toledo. Se ratificaría el acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, y se concluirían acuerdos con países latinoamericanos y asiáticos.

Junto al impulso exportador, serían años de altísimo crecimiento y de mejora de indicadores sociales, incluso el Coeficiente de Gini daría cuenta de una mejora de cinco puntos, de un elevadísimo 0,5 a un 0,45, más en línea con el resto de América Latina. Su mandato se caracterizó, también, por la multiplicación de los conflictos entre comunidades locales e intereses del cada vez más poderoso sector extractivo, principal motor del crecimiento peruano y, como en su primer mandato, fue señalado por vinculaciones a actos de corrupción. Sin reelección, su partido, el hisitórico APRA, no presentó candidatos en las presidenciales de 2011.

Humala sucedería a García, pero lo haría despojado del estigma del chavismo, que había acompañada su elección anterior. Tras obtener menos de un tercio de los votos, apoyado y asesorado por figuras vinculadas al PT de Brasil, presentó una “hoja de ruta 2011” que operó como plataforma de moderación, económica y política. Si bien prometía un modesto aumento del gasto social, se comprometía a mantener, a grandes rasgos, el modelo económico.

Como novedad, Humala enfrentaría en segunda vuelta a Keiko Fujimori, hija de Alberto, que se convertiría en elenco estable de los ballotages en las siguientes elecciones, y factor aglutinador de rechazo del antifujimorismo, en torno de candidatos poco carismáticos. Se repetiría también la fragmentación del Congreso, lo que obligaría a Humala a aliarse a sectores liberales, de centro y centroderecha. Su mandato terminó marcado por las esquirlas de la Operación Lava Jato en Brasil, su relación con el PT, y con las firmas OAS y Odebrecht, señaladas como aportantes irregulares de su campaña.  

Humala sería el tercero de un patrón constante. El último en completar su mandato. Presidentes elegidos democráticamente, limitados por los temores vinculados a la preservación de la estabilidad macroeconómica, pero incapaces de construir legitimidad social, en el marco de un sistema cada vez más fragmentado, erosionado por la preeminencia de las acusaciones de corrupción y asediado por el fantasma del pasado.

Kuczynski, Castillo, y el punto de quiebre

La elección de 2016, en la que el liberal Pedro Pablo Kuczynski –anterior primer ministro de Alejandro Toledo– se impuso en segunda vuelta a una nueva candidatura de Keiko Fujimori marcó una línea divisoria. Kuczynski obtuvo apenas el 21% de los apoyos de primera vuelta y el fujimorismo, con un 36% de los votos, se benefició del carácter distrital de la elección parlamentaria, que le dio una mayoría de 73 de los 130 parlamentarios, contra apenas 18 del sector del presidente. La segunda fuerza en la Asamblea unicameral sería la izquierda, con 20 escaños. Perú entró en un ciclo de confrontación abierta entre Ejecutivo y Legislativo, que se montó sobre las acusaciones de corrupción contra la empresa Odebrecht, que ya habían excedido a Humala para manchar a todo el sistema político, para acusar a Kuczynski por lo actuado durante su paso por el gabinete de Toledo. 

Kuczynski gobernó bajo el fantasma del juicio político, sobreviviendo por poco a una primera acusación, que lo llevó a negociar un “indulto humanitario” para Alberto Fujimori, criticado por instituciones de derechos humanos dentro y fuera del Perú, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La corrupción en las negociaciones con sectores del fujimorismo para evitar la destitución llevaron a un segundo proceso de vacancia que motivó a la renuncia presidencial en 2018 ante la inminencia de una destitución. La crisis política alcanzaría a todos los sectores en disputa.

Su sucesor fue Martín Vizcarra, como vicepresidente primero, que intentó capitalizar el discurso anticorrupción a partir del enfrentamiento con el Congreso, como representante de la clase política. En el marco de una disputa por el gabinete y la designación de autoridades judiciales, decretó de acuerdo al proceso constitucional la disolución del Congreso, y la convocatoria a nuevos comicios. La elección legislativa dio como resultado un Congreso fragmentado, marcado por la apatía y el descontento ciudadano. Nueve espacios obtuvieron representación parlamentaria, y el más votado no alcanzó el 11% de los votos. 

Este nuevo Congreso, sin legitimidad política terminaría actuando más como una plataforma para los intereses de los parlamentarios, capaces de ofrecer sus votos a conveniencia sin partidos o lealtades consolidadas que los limiten, que como el ámbito de corporización de la democracia. En ese marco, el Congreso vacaría también a Vizcarra, con acusaciones bastante débiles, y pondría en la presidencia a Manuel Merino, desatando un ciclo de protestas que llevarían a su renuncia cinco días más tarde. Francisco Sagasti, un moderado, sería electo presidente del Congreso, y ejercería la presidencia hasta diciembre de 2021.

La elección presidencial de 2021 expresó un malestar incluso más profundo. Como en la anterior parlamentaria, ninguna fuerza superó el 15% de los votos en una contienda en la que proliferaron fuerzas de derecha y ultraderecha, y ninguna presidencial superó los 20 puntos en la primera vuelta. En esta ocasión se evidenció también la fractura entre Lima y el interior, entre élites urbanas y sectores rurales, entre quienes priorizaban el crecimiento macroeconómico y la percepción de exclusión en varios sectores del país. Pedro Castillo, maestro en un distrito rural, con una candidatura de izquierda en lo económico y muy reaccionaria en lo social, enfrentó en la segunda vuelta a Keiko Fujimori a quien derrotó por un margen muy estrecho.

Castillo gobernó bajo un asedio parlamentario constante, con alianzas cambiantes, y con ninguna capacidad de liderar reformas. En diciembre de 2022, ante la perspectiva de juicio político y su propia vacancia, anunció la disolución del Congreso, un autogolpe que no observaba los procedimientos constitucionales, aún sin apoyos sociales o militares significativos. Fue detenido ese mismo día y vacado en un procedimiento abreviado. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, pactó su asunción en medio de protestas intensas lideradas por una ruralidad que conservaba identificación con Castilo. La represión causó decenas de muertos.

Boluarte resistió al frente del gobierno durante casi tres años a pesar de su nulo apoyo y legitimidad social hasta que la oportunidad y las conveniencias circunstanciales de los legisladores determinaron un nuevo proceso de juicio político. Jerí asumió, como presidente del Congreso, de acuerdo a la línea sucesoria. El patrón de la política peruana terminó de consolidarse. Presidentes débiles, congresos fragmentados pero capaces de articular mayorías circunstanciales para removerlos, y una ciudadanía cada vez más distante de ambos poderes.

La paradoja de la estabilidad económica

El notable deterioro institucional peruano no acompaña un colapso económico, sino un ciclo largo de estabilidad y crecimiento. El PBI per cápita se duplicó desde el año 2000, y las exportaciones se multiplicaron más de diez veces de la mano del boom minero. El presidente del Banco Central, Julio Velarde, fue designado por García y confirmado por Humala, Kuczynski y hasta Castillo. Mientras los presidentes pasan, Velarde queda. El valor del Sol peruano, que hoy se negocia a cerca de 3,36 por dólar, con un pico de 4 en 2021 es una moneda que no oscila por los cambios políticos. La pobreza extrema pasó del 25% al 5% de los peruanos, y el país sostuvo una razonable disciplina fiscal.

¿Cómo se explica entonces que un país que crece, que reduce pobreza y que sostiene estabilidad macroeconómica viva en permanente crisis política? Una parte es la debilidad partidaria, pero el hecho de que no sea un factor histórico, sino parte de un proceso de deterioro gradual, muestra que es también consecuencia de un modelo cuyas fallas a veces aparecen ocultas tras sus éxitos visibles. 

A pesar del crecimiento, Perú mantiene un estado con muy bajas capacidades para satisfacer demandas sociales, y una estructura social y de empleo sumamente precaria. Hasta la pandemia, el Estado peruano se mantuvo en niveles de gasto público en torno al 20% del PIB, que no se incrementaron significativamente en los ciclos favorables de commodities, ni se modificó con los cambios en la presidencia, aunque las procedencias ideológicas fueran de lo más diversas. 

Una muestra de impotencia democrática que, además, tiene por resultado –por el propio tamaño del aparato estatal–, una capacidad limitada para transformar el crecimiento en servicios públicos de calidad: salud, educación, infraestructura territorial. Por otra parte, la disminución de la pobreza en términos agregados convive con una muy alta desigualdad, tanto territorial como social. Si bien el Gini arroja niveles en consonancia con el promedio latinoamericano, los ingresos del 1% más rico se encuentran por encima incluso de los de Brasil, el país más desigual de la región. El crecimiento estuvo fuertemente apalancado en sectores extractivos, sin encadenamientos productivos amplios ni empleo de calidad distribuido territorialmente. La informalidad del empleo se mantiene en torno al 70% desde el 2012, un fenómeno especialmente marcado en el sur andino y las zonas rurales, que encontraron expresión política en la elección de Castillo y protagonizaron los conflictos tras su destitución. 

La democracia y su resiliencia

Si la democracia peruana no parece ofrecer respuestas para un conjunto de demandas ciudadanas por miedo a sus eventuales costos macroeconómicos, la Constitución fujimorista de 1993 establece un presidencialismo con mecanismos que facilitan la confrontación entre poderes. La posibilidad de disolución del Congreso, la vacancia por “incapacidad moral” sin una causal más firme que la discrecionalidad legislativa. En un contexto de fragmentación, esa herramienta se convierte en incentivo para la confrontación constante.

José María Balcázar, un catedrático marxista, que citó a Mao en su primer discurso, pero que se caracteriza por sus vínculos con los peores exponentes del sistema político peruano, deberá conducir al país hasta las presidenciales y parlamentarias de abril, un momento en el que podrían cambiar liderazgos y dar una chance a la renovación de la política peruana. El único dato confiable que surge de las encuestas es la perpetuación del estado de fragmentación extrema, aunque nuevamente, proliferan candidaturas de derecha y ultraderecha, con Keiko Fujimori como una de las figuras con posibilidades de acceder a segunda vuelta.

Perú no atraviesa una ruptura autoritaria clásica, cada presidente que cae debilita un poco más la autoridad del cargo. Cada Congreso que destituye a un mandatario acumula poder, pero pierde credibilidad social. Encuestas reiteradas muestran niveles de desaprobación altísimos tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Sin embargo, una ciudadanía observa el conflicto como espectadora escéptica es el caldo de cultivo para una reformulación autoritaria. Apenas hace falta una figura carismática que, como Fujimori, sea capaz de mostrar algún resultado y convenza a los peruanos de que para la reconstrucción es necesario barrer no sólo con la clase política, sino con las instituciones que la sostienen, reformulándolas a su imagen y semejanza.