No hay plata: el esquema de baja de tributos que ahoga a los municipios
Mientras el Gobierno intenta bajar impuestos, tasas y contribuciones, los intendentes tienen que hacer frente a los gastos locales con un desplome en los ingresos. Las opciones para ganar competitividad en el exterior y el mapa de un sistema descoordinado.
Esta semana, el Gobierno a través del ministerio de Economía emitió la resolución 267/2024 en la que dispone que “las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”. Es decir, que los municipios no podrán cobrar tasas en las tarifas de agua, luz y gas. La medida se ampara en que el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece que los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información fehaciente y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos.
Si bien esto no limita la posibilidad de que los municipios creen nuevas tasas, es una batalla que continuará en distintas formas. El Gobierno tiene en mente la idea de ganar competitividad a través de la desregulación y la baja del “costo” y no a través de una nueva devaluación.
Vamos a ponerlo con un ejemplo: el aceite de una botella que se exporta a Estados Unidos. Si se vende al exterior a $10.000, a un tipo de cambio de $/US$1.000, entonces el comprador estadounidense que adquiera la botella deberá abonar 10 dólares. Supongamos que en Brasil le costara lo mismo. En este caso, la elección del comprador de aceite sería indiferente.
Ahora supongamos que Argentina quisiera ganar competitividad para que el estadounidense nos comprara a nosotros en lugar de a Brasil y lo hiciera a través de una devaluación. Mi tipo de cambio en vez de ser $/US$1.000 subiría hasta $/US$2.000, un aumento del tipo de cambio del 100%. Ese día, el aceite seguiría teniendo un precio de $10.000, pero ahora el estadounidense, poniendo esos 10 dólares obtendría $20.000 por la suba del tipo de cambio, lo que le permitiría llevarse dos aceites, no uno. Ganamos competitividad, nos compra a nosotros antes que a Brasil, y exportamos más. ¿Cuál es el problema? El aceite no sigue costando $10.000 cuando hay una devaluación, sino que más temprano que tarde su valor empieza a aumentar en línea con la inflación.
Pero hay otro escenario hipotético: en el que no hay ninguna devaluación, pero se quiere ganar competitividad para que el estadounidense nos elija a nosotros como vendedores, pero por la eliminación de costos. El Gobierno dispone sacarle las retenciones al aceite, reduce los impuestos de débitos y créditos, coordina con las provincias que bajen ingresos brutos y les pide a los municipios que reduzcan la tasa de seguridad e higiene. Además, abre las importaciones de algún insumo fitosanitario que abarata el costo de producir el aceite.
Ahora el tipo de cambio no se mueve, sigue siendo de $/US$1.000, pero el precio del aceite en lugar de ser $10.000 por la carga tributaria que tenía, ahora vale tan solo $5.000. Entonces, nuestro comprador americano vendrá con sus 10 dólares, los cambiará a pesos por $10.000, pero podrá adquirir dos aceites y todo esto sin devaluar. Nuevamente, nos comprará a nosotros por sobre nuestro competidor. Exportaremos más, pero, ¿cuál es el problema? En mercados poco competitivos, se pueden reducir impuestos y que no necesariamente se traslade a una baja de precios, sino a un aumento del margen de ganancia de las empresas.
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SumateLo que ocurre en la mente del Gobierno es la opción 2 sin la última parte. Por eso, cuando las empresas alimenticias no reducían sus precios, las amenazó con abrir la importación de mercadería para que ingresen nuevos productos y los obliguen a bajar sus costos. Ahora la advertencia recae en los municipios.
Resulta que para un empresario es indiferente a quién se le paguen los impuestos -aunque tienen tiempos y algunos cambios burocráticos-. Desde el ministerio de Economía la preocupación viene por empezar a bajar ciertos tributos -algunos subidos por el propio Gobierno como es el caso del impuesto PAIS-, pero que esa baja sea captada por los municipios y que aumenten tasas para poder financiar sus gastos. Si se cortan las transferencias a las provincias, los municipios responderán que de algún lado hay que recaudar.
El mapa del sistema tributario
Nuestro país tiene las potestades tributarias distribuidas entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, nacional, provincial y municipal. En efecto, cada uno de estos establece, dentro de su marco legal, distintos tipos que determinan el financiamiento de sus funciones. Los tributos pueden clasificarse como impuestos, tasas y contribuciones. La diferencia fundamental entre un impuesto y una tasa o contribución específica es que en los primeros se grava una manifestación de capacidad contributiva que no precisa ser acompañada de una contraprestación específica por parte del Estado. En el caso de las tasas y las contribuciones, la obligación de pago se origina en la prestación estatal de un bien, obra o servicio que beneficia de manera focalizada al contribuyente.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizó el vademécum de este año, en el que identificó 155 tipos de tributos a lo largo del país, lo que significa que hay siete más respecto del año 2023. Se trata de uno más a nivel nacional -relacionado a las telecomunicaciones-, pero seis tasas nuevas correspondientes a los municipios. La tasa de combustibles, la tasa por servicio y monitoreo de seguridad, la tasa por habilitación de puestos fijos en vigilancia, el derecho por transferencia de inmuebles, la contribución por el mantenimiento de la red de tránsito pesado y otro relacionado a la libreta sanitaria por actividad económica.
Sin embargo, los más relevantes son los nacionales. Considerando la recaudación de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, sumado a uno provincial (y el más relevante), que es Ingresos Brutos, se obtiene el 83% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina. Es decir, seis impuestos recaudan el 83%, mientras que 149 tributos y tasas restantes, solamente el 17%. Esto nos deja algunos mensajes: la burocracia concentrada en tantos impuestos de baja recaudación es muy elevada, pero el mayor impacto de las medidas sigue estando en Nación. Y, por otro lado, que sin coordinación con las provincias -por el impacto en cadena de ingresos brutos- ninguna estrategia de baja de costos tributarios será de gran impacto.
Tan relevante es este último punto que, al cierre de esta semana, el Banco Nación decidió demandar a La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de la aprobación del proyecto de incremento presupuestario en la Legislatura provincial que elevó desde el primero de septiembre la alícuota de ingresos brutos a las actividades financieras de la provincia de un 7% al 15,47%. El propio Daniel Tillard, presidente de la entidad, anunció el posible cierre de sus sucursales en la provincia.
Al mismo tiempo, Luis Toto Caputo, ministro de Economía, subió una foto a sus redes con Ramón Lanús, intendente de San Isidro, quien eliminó la tasa del impuesto a los combustibles (de $6 por litro).
El fondo del porqué de esta guerra es la baja de la coparticipación. En el acumulado del año, las transferencias automáticas por coparticipación cayeron 13% por la baja en la recaudación total. En gran parte se debe a los bajos niveles de actividad económica y otro tanto por la previa eliminación del impuesto a las ganancias. A su vez, las transferencias corrientes a las provincias, que van por fuera de la coparticipación, caen 75% en términos reales. Esto es un problema, ya que es de donde los municipios reciben fondos. Se vieron comprometidos todo este año y se las ingenian con nuevas tasas.
El ejecutivo tiene razón en la necesidad de bajar la burocracia de los tributos y sus alícuotas, pero los intendentes deben poner la cara frente a reclamos cotidianos que resultan inevitables frente a una notable caída de sus ingresos. Sin coordinación no hay éxito.