Mañana es mejor

Hola, ¿cómo estás? Espero que bien

Cuando Alberto Fernández regrese a Buenos Aires, donde lo espera en lo inmediato una elección de mal pronóstico, podrá repetirse aquello de que mañana es mejor. La cumbre del G-20 en Roma y el encuentro de líderes mundiales en Glasgow -en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- trajeron importantes novedades que impactarán luego de la elección.

La inclusión expresa de los sobrecargos que cobra el Fondo Monetario Internacional en el décimo párrafo de la declaración de líderes del grupo de los veinte, la principal instancia de encuentro a nivel global en materia financiera, es un triunfo concreto -y nada fácil- para la República Argentina. En el mismo párrafo, la declaración acompañó explícitamente a herramientas de apoyo a países vulnerables, que en el marco de la renegociación podrían ser de utilidad, como la emisión de Derechos Especiales de Giro y un eventual fondo de resiliencia a crearse, que utilizaría la misma herramienta.

La inclusión del punto sobre las sobretasas es un mérito del embajador y sherpa Jorge Argüello que, como negociador argentino, debió enfrentar la posición contraria de Canadá, Australia, Alemania y los Estados Unidos; incluso debió amenazar con vetar la declaración de consenso. La vehemencia es comprensible y saludable. En adelante, las patas «financieras» de los gobiernos representados en el board del Fondo deberán contradecir la posición suscrita por los líderes de sus países para oponerse al punto impulsado por Argentina. Esto, que parece singular, podría ocurrir perfectamente: el panorama, en este punto, no es amable con Argentina.

La disquisición es importante. La reciente ofensiva contra Kristalina Georgieva fue impulsada por el área del Tesoro estadounidense más ligada al sector financiero, aun cuando la búlgara se ha mostrado alineada con la agenda de Joseph Biden. En el gobierno argentino están convencidos que la división entre las autoridades políticas y económicas muchas veces perjudica a nuestro país y ejemplifican la relativa flexibilidad de Angela Merkel y la absoluta rigidez del Bundesbank -un esquema que seguramente se repita de confirmarse el próximo liderazgo socialdemócrata, con un Ministerio de Finanzas controlado por el partido liberal. En los Estados Unidos, a pesar de la buena sintonía política que construyó el gobierno a través de Argüello con varias de las principales figuras políticas claves en la agenda internacional y latinoamericana de Joseph Biden, el principal interlocutor sobre la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional es David Lipton, que mantiene una posición relativamente hostil a las pretensiones del país.

Para Argentina, las idas y vueltas de la política estadounidense muchas veces excederán las cuestiones estrictamente de la relación bilateral. Las declaraciones del casi con certeza futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, que causaron cierto revuelo, deberían interpretarse de ese modo: “La deuda del FMI, 45 mil millones de dólares, es enorme. El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un ‘plan macro’ para devolverla, y aún no lo han hecho. Dicen que ya pronto viene uno”. El momento en que Mark Stanley hizo esta mención importa posiblemente más que la cita. Ocurrió en la audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que debería confirmarlo para posibilitar su designación definitiva. Si bien se leyó como un mensaje a la Argentina, el destinatario del testimonio de Stanley estaba delante suyo. 

Lejos de ser un misil dirigido a Balcarce 50, el planteo de Stanley respondía a la inquietud del senador republicano Ted Cruz. Ambos son de Texas y se han enfrentado fuertemente al punto de que, como operador demócrata en el estado, Stanley fue autor de un pack para hacer campaña negativa en contra del luego senador. Y, según la normativa norteamericana, ningún embajador puede tomar el cargo sin la confirmación del Senado. La interna demócrata primero, y la grieta con los republicanos luego, dificultan definiciones. Hoy habrá una instancia en la elección municipal de Nueva York que elegirá a su alcalde. El casi seguro ganador es Eric Adams, afroamericano y ex policía, de origen trabajador, que transita la avenida del medio entre las alas progresista y conservadora del partido.

La otra noticia relevante para el gobierno de Fernández, y para el país, fue el anuncio del inicio de la inversión en producción de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro que realizará la firma Fortescue. Andrew Forrest, presidente de la compañía, es un jugador importante en la discusión de la transición ecológica a nivel internacional, donde es casi un evangelista de las posibilidades del hidrógeno verde como vehículo de la descarbonización de actividades contaminantes como el transporte, especialmente el pesado, y la producción siderúrgica. No hay dudas sobre el potencial del hidrógeno como uno de los combustibles del futuro. Alemania, Japón y los Estados Unidos, entre muchos otros, tienen estrategias nacionales de desarrollo del hidrógeno. Y países como Chile y Colombia entre otros a nivel de la región, apuestan a producirlo masivamente, hasta ahora con proyectos piloto. La apuesta de Forrest es obtener ventajas de first player e imponer, además, la producción «verde», ya que el 96% del hidrógeno que se produce actualmente se hace a partir de combustibles fósiles. La principal discusión a futuro no es si será posible producir hidrógeno sino si se priorizará realizarlo con fuentes renovables o hay lugar para los hidrocarburos y la captura de carbono. En clave de ese enfrentamiento debería leerse el escepticismo de los pesados del sector energético argentino. La respuesta a la disyuntiva está abierta y el gobierno argentino no debería cerrar la puerta a ninguna fuente.

La inversión fue presentada como la más importante en lo que va del siglo. A diferencia de los proyectos anunciados en países vecinos, este no será un piloto sino escalable por etapas. Las primeras inversiones se materializarán en 2022 y hasta 2024 ingresarían entre mil doscientos y cuatro mil millones de dólares. Hasta 2028 se completaría el monto restante hasta cubrir los anunciados 8.400 que podrían seguir multiplicándose en función de la disponibilidad de recursos. Hay una ventaja adicional. Un día antes de anunciar la inversión en Argentina, Fortescue cerró un acuerdo con la británica JCB para proveer al sector de hidrógeno verde del Reino Unido. Las ventas comprometidas, equivalentes a quince gigawatts de energía, casi duplican lo que se producirá en el país cuando se complete la inversión.

La elección de Argentina como uno de los dos destinos principales para producir fuera de Australia es mérito de un trabajo discreto llevado adelante por Matías Kulfas y el equipo técnico que encabezó el ingeniero Marcelo Kloster. Por el lado de la compañía, es imposible minimizar el rol de su director para América Latina, el ex capitán puma Agustín Pichot. Pichot llamó a Kulfas en plena pandemia y convenció a Forrest de las posibilidades de desarrollar un proyecto en el país a pesar de las dificultades macroeconómicas e impulsó el proyecto entre los montones que fueron presentados a la compañía en la gira que Forrest emprendió por el mundo.

Que Argentina pueda recibir una inversión industrial, de los volúmenes comprometidos en el anuncio, aun con las dificultades coyunturales, habla de un panorama alentador para el país en la próxima década en caso de aprovechar el potencial que sus recursos ofrecen de cara a la transición ecológica. La cooperación entre el Estado y los privados ofrece oportunidades, también para el desarrollo de tecnologías novedosas. El ejemplo australiano, aquí también, es relevante. La tecnología para dar estabilidad al hidrógeno, haciendo viable su desarrollo verde a gran escala, proviene en gran parte del instituto público CSIRO. La firma, luego, adoptó esa tecnología para viabilizar su desarrollo comercial.

Mientras tanto, la agenda local está enfocada en un acuerdo, todavía incipiente, con el Fondo Monetario Internacional. Si fuera la voluntad de ambas partes llegar a un entendimiento, el plan que Argentina pueda negociar con el FMI debería enfocarse en optimizar el gasto público, modificando algunos incentivos y beneficios. Un reciente trabajo para el instituto CEQ que dirige Nora Lustig analiza la estructura tributaria argentina en 2017 y muestra dos cosas. Una de ellas, alentadora: Argentina es un país donde el gasto público es efectivo para reducir la pobreza extrema y las desigualdades. El efecto calculado en el estudio para 2017 fue una reducción de la desigualdad de 0.16 puntos del Gini después del pago de impuestos y una reducción de la pobreza extrema de 12 a 6 puntos, casi un 50%. La otra, sin embargo, es preocupante. Argentina logra este efecto con un Estado mucho más exigente que sus vecinos en cuanto a su tamaño: gasta un 42,9% del PIB, mucho más que el de países comparables y similar a otros con grandes Estados de bienestar. Se detectan en el camino enormes ineficiencias, con algunos impuestos regresivos y -junto con programas progresivos y hasta pro-pobre dirigidos a los sectores más postergados- conviven muchos programas de subsidios y transferencias que no son progresivas. El resultado es que el alto nivel de imposición afecta la competitividad del sector privado, a veces de forma innecesaria.

Además de las dificultades económicas que esto genera, no deberían despreciarse las consecuencias políticas. Se ha vuelto habitual la alarma sobre el avance de Javier Milei y José Luis Espert, pero la penetración de muchas de sus ideas en la principal fuerza opositora excede la lista de Ricardo López Murphy y Sandra Pitta. En una entrevista reciente, el economista Martín Tetaz señaló que, en cuanto dependiera de él, impulsaría la privatización de cualquier empresa pública que provea bienes que puedan serlo por el sector privado. De materializarse, Argentina debería deshacerse de empresas estratégicas como YPF, ARSAT o la provincial INVAP. La idea, dada la importancia de cualquiera de estos sectores -y el ecosistema de empresas privadas que son sus proveedores- para las posibilidades de desarrollo del país, equivale a dispararse en una mano.

No es la única idea fuerza que propugna el candidato a diputado de Juntos por el Cambio, que en la misma entrevista propuso eliminar cualquier medida de protección arancelaria o paraarancelaria de la producción nacional y, como ya es habitual, reducir costos laborales. La imagen ya lejana de los noventa tempranos debería servir de alerta. La deslegitimación del estado no distingue entre cuestionamientos atendibles y extremistas. Evitar que este tipo de discursos recuperen una hegemonía que se suponía superada y proteger lo alcanzado en el combate a las desigualdades y en el desarrollo de sectores estratégicos y productivos requiere también corregir las ineficiencias y lastres que se muestran, demasiado frecuentemente, encima de esos logros.

Bonus track

• Llamó la atención a propios y extraños el nivel de virulencia de algunos de los acompañantes de Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta por su ausencia en Dolores, motivado, seguramente, por el cumplimiento del aforo en la convocatoria. Si bien las asistencias no definen elecciones, sí moldean -aunque sea coyunturalmente- los ánimos de los socios de la coalición. Macri, cada vez más decidido a participar activamente en 2023.

Empieza la recta final de este largo y atípico proceso electoral que, como ya es costumbre, estará teñido de incertidumbre. No sabemos cuál será el desenlace y las encuestas ayudan poco, pero sí sabemos algunas cosas: que nuevamente el FdT y JxC serán las dos fuerzas políticas más votadas, que ambas coaliciones concentrarán aproximadamente el 75% de las preferencias electorales de los argentinos y argentinas. Además de su carácter dicotomizado, también sabemos algo más del paisaje electoral: que las novedades no estarán en el medio de las dos grandes fuerzas sino en sus extremos exteriores. Sobre este fenómeno reflexionó la vicepresidenta en su última intervención pública. Se trata de un ciclo de polarización y, oportunamente, Capital Intelectual publicará esta semana un libro enteramente dedicado a entender esta clave central de la política contemporánea. El libro se llama Polarizados y tiene a Ignacio Ramírez y Luis Alberto Quevedo como autores y coordinadores de un equipo en el que participan conocidos de la casa como María Esperanza Casullo y Facu Cruz, en compañía de destacados especialistas en sus campos como Emmanuel Álvarez Agis o Natalia Aruguete. Bienvenido un libro que aborda «la grieta» pero no desde la indagación moral o normativa sino sencillamente con la intención de comprender la raíz y los efectos de esta –así la llaman Ramirez y Quevedo– «ley de gravedad de la política contemporánea» que ni siquiera la pandemia pudo desactivar.

Te quiero contar, también, que lanzamos #PrimeraMañana, nuestro podcast diario al que podés empezar a seguir acá. Es de las cosas más útiles con las que te vas a encontrar.

Ojalá hayas disfrutado de este correo tanto como yo. Estoy muy agradecido por tu amistad que, aunque sea espectral, para mí no tiene precio.

Iván