La economía peronista en el clima de época: el documento del PJ

El plano económico –el lugar en donde el gobierno pretende que se materialice el grueso del juzgamiento de los méritos y deméritos de su gestión– aparece marcado por las dudas sobre la capacidad que tendrá Argentina de aprovechar la etapa de euforia que acompaña en este momento la ciclotimia de los mercados. La victoria oficialista en las elecciones legislativas –junto al apoyo estadounidense– son el argumento que mueve la ambición oficial en este sentido. En este marco, el gobierno debió atender, con alguna preocupación, un informe producido por Reuters que anunciaba el encajonamiento de los planes para una asistencia privada al país de 20 mil millones de dólares, a través de una operación liderada por el sector financiero estadounidense.

La posibilidad de una asistencia extraordinaria para el país había sido puesta originariamente sobre la mesa durante el frenesí del acuerdo con el Tesoro por el propio Scott Bessent. En un momento en que la comunicación extraordinaria sobre la intervención estadounidense en el mercado de pesos aportó una novedad, el secretario del Tesoro le indicó a los agentes del mercado que “miren a la Argentina”. A partir de ahí –y más explícitamente a mediados de octubre– se barajó la posibilidad de un desembolso extra de 20 mil millones de dólares del sector privado que se sumarían al compromiso oficial que se materializó en el anuncio de 20 mil millones de dólares del swap.

En aquel momento, con el resultado electoral y el acuerdo con el Tesoro estadounidense transitando en lugares inciertos, la recompra de una porción sustancial de la deuda por parte de un grupo de bancos podía verse como un bálsamo de confianza en un contexto de altísima incertidumbre. Ese escenario no tiene una correspondencia obvia con la situación actual; de allí la desmentida de Luis Caputo, que busca evitar cualquier impacto sobre el mercado financiero, cuyo ánimo respecto de la Argentina de Javier Milei es, de momento, sumamente positivo.

El comportamiento del indicador del riesgo país, que cerró el lunes con una baja que lo ubicó en 634 puntos, pareciera en línea con el discurso de Toto. Con todo, podría haber novedades en los próximos días. Si bien el paquete de 20 mil millones se enfrió por un pedido de garantías por parte de las entidades financieras que el Gobierno de Donald Trump no estuvo dispuesto a atender, la prensa estadounidense habla de un anuncio probablemente cercano a los cinco mil millones. Una cifra que no deja de ser significativa y que no debería descartarse alguna nueva sorpresa en este frente. El paquete, del tamaño que fuera, se articula con una situación en la que el gobierno espera que el shock de confianza posterior al triunfo electoral, y una serie de victorias en el Congreso –aún inciertas– que se adivinan posibles, continúen profundizando la baja del riesgo país y permitan a Caputo rollear los compromisos de deuda y devolver a la Argentina a los mercados voluntarios. Sería una novedad de primer orden, dado el estado objetivo de la economía argentina en materia de reservas y sector externo, pero la evolución de las variables principales pareciera dar la razón a las intenciones oficiales. Habrá que ver cuánto de ese ánimo se extiende en el tiempo.

Las posibilidades reales de acceso de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda aparecen en el centro del debate sobre el diagnóstico económico hacia el que podría evolucionar el peronismo. En el documento que presentó, en nombre del Partido Justicialista, el equipo de economistas próximo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cuestión de la deuda aparece como el área de mayor controversia en lo que, de ser tomado como un programa, marcaría un giro hacia una política económica menos hostil a las miradas que prevalecen en los mercados. El texto pone eje en la productividad de la economía argentina –como limitante tanto del crecimiento como la generación genuina de divisas y la mejora salarial–, por lo que asume un enfoque que mira no sólo al mercado interno, sino a los vaivenes del sector externo. Plantea además la necesidad de sostener una regla de superávit fiscal primario –que excluiría el financiamiento monetario del déficit fiscal– y un cambio de perspectiva a nivel cambiario, que debería garantizar la competitividad externa en un contexto en que Argentina tiene muchísimas dificultades de financiamiento.

Para el equipo de economistas, gran parte de los compromisos financieros externos deberían poder garantizarse a partir del resultado comercial, con superávit de cuenta corriente. Sin embargo, el documento reconoce la necesidad de obtener parte del equilibrio externo del ingreso de capitales para inversión, algo que difícilmente es compatible con herramientas como el cepo, que marcó a las dos últimas administraciones peronistas. El punto que presenta mayor complejidad en el diagnóstico del peronismo es el que se refiere al endeudamiento. Allí, si bien se reconoce que la relación entre la deuda argentina y el producto bruto no es inasumible, prima el escepticismo sobre la voluntad de los mercados de prestarle a nuestro país –algo que para el peronismo muchas veces ha sido una profecía autocumplida– y, dada la composición de la deuda, donde pesan mucho los actores institucionales, como organismos de crédito y Estados como China y, ahora, los Estados Unidos, tienden a favorecer una negociación política. Una mirada opuesta a la del equipo de Caputo que, de todos modos, probablemente pueda saldarse, al menos en parte, antes de 2027.

Lejos del planteo sobre el modelo económico, tanto en el oficialismo como en el peronismo hay otras deliberaciones relevantes, que son miradas de reojo. Javier Milei tiene como única preocupación, dentro del mundo judicial, las vacantes en la Corte y en la procuración. Y cree que eso puede esperar. Hay otro factor de orden práctico. La prioridad del oficialismo es el presupuesto y sus adyacencias. Difícil que todo prospere antes de fin de año y den los tiempos para discutir con el peronismo la repartija judicial. Ahí se abre una incógnita: cuántos interlocutores tendrá la Casa Rosada. Las dudas sobre la cantidad de senadores que responden a Cristina son alentadas por los mismos sectores del peronismo no K.

La semana también consolidó algunas novedades en términos de rupturas del gobierno con la cultura política argentina posterior a la recuperación democrática. La designación del Teniente General Carlos Alberto Presti como futuro ministro de Defensa. En primer lugar, Presti se encuentra aún en actividad, es decir que se anunció su designación antes de su pase a retiro, una formalidad que seguramente será saldada cuando se oficialice su cargo con la asunción del nuevo Congreso. De momento, no se ha producido, lo que significa que el teniente general fue públicamente reservado para un cargo político en un momento en que todavía se encuentra al frente de militares en actividad.

Argentina, a diferencia de países como Estados Unidos o Israel –donde es común que los militares se involucren en política una vez retirados–, no tiene reglas de transcurso de un plazo entre el retiro y la asunción de este tipo de responsabilidades. Lejos de estos países que dice mirar el presidente, los antecedentes inmediatos de militares que pasan rápidamente, y sin necesidad de waivers del Congreso del mando de tropa a cargos ejecutivos, hay que buscarlos en el Brasil de Michel Temer y Jair Bolsonaro. Las consecuencias no fueron ni para la vida civil ni para la militar brasileñas.

Por último, la distancia entre los uniformados y los cargos de responsabilidad político partidaria contribuyó al reposicionamiento de las Fuerzas Armadas por fuera de las grietas coyunturales y la recuperación de su valoración transversal en la sociedad como institución nacional. El nombramiento de un teniente general aparece como un intento de politización de la relación con las fuerzas por parte de un gobierno que compensa los incumplimientos materiales, particularmente en términos de salario, con aspectos simbólicos y discursivos. Los antecedentes de intentos de politización de las Fuerzas –entre los que se cuenta el nombramiento y la gestualidad de César Milani al frente del Ejército–, hasta el momento, no resultaron.

El alineamiento del gobierno con los discursos más reaccionarios sobre el pasado dictatorial, sin embargo, vuelve al nombramiento más peligroso que lo que la actuación irreprochablemente profesional podría sugerir. Aún peor, incluso si el comportamiento del ministro designado fuera a ser, en este sentido, ejemplar, la tentación de la oposición de utilizar estas debilidades de origen para cuestionar al funcionario podría, de todos modos, volver a poner el rol de las fuerzas y su relación con la política en el marco de la grieta coyuntural político partidaria.

En política exterior, el alineamiento automático con Estados Unidos volvió a horadar una construcción paciente de la democracia, como fue la referencia del país en materias de derechos humanos. Argentina votó esta semana en la Asamblea General de la ONU contra la práctica unanimidad de los países del mundo, sobre una resolución para condenar y prevenir la tortura. Los únicos otros votos contrarios fueron los Estados Unidos e Israel. Acaso más extraño para un gobierno aperturista y que en términos económicos dice querer una mayor integración con el mundo.

De acuerdo a trascendidos, Argentina –igual que Paraguay– estaría boicoteando la realización de la cumbre del Mercosur en Brasil el 20 de diciembre, objetando un cambio de la fecha original de principios de mes. El cambio obedece a la probable aprobación en Bruselas del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que consagraría la mayor área de libre comercio a nivel mundial. Entre los motivos parecen pesar tanto la intención de privar a Lula de una victoria política, como la postergación de la UE por los Estados Unidos en la mirada oficialista.

Incomprensible desde los fundamentos –se trata de un verdadero tratado, con bajas generalizadas de aranceles, mucho más ambicioso que lo firmado con la administración Trump– el movimiento se entiende desde lo ideológico. Para el gobierno de Milei el Mercosur es un objetivo a destruir, y este acuerdo lo fortalece, y la Unión Europea no es la tercera gran economía global –junto a EE.UU. y China– sino el centro global del socialismo woke y un lugar de enfrentamiento con la mirada global del trumpismo. Paradojas del ideologismo, en su versión anarcocapitalista, es posible enojarse también con la apertura de mercados.

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