La “Doctrina Donroe” y la política exterior de Milei: una alianza llena de contradicciones

La intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero en Venezuela inauguró la aplicación plena del denominado “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, formalizado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. Popularizada por el propio Donald Trump como “Doctrina Donroe”, esta actualización redefine lo que Estados Unidos denomina el Hemisferio Occidental como un espacio incuestionable de primacía norteamericana, habilitando el uso unilateral de la fuerza para asegurar los intereses de Washington y repeler la presencia estratégica de potencias extrahemisféricas, particularmente de China.

Las declaraciones de altos funcionarios refuerzan esta interpretación. El secretario de Estado, Marco Rubio, fue explícito al afirmar que “este es el hemisferio occidental, donde vivimos, y no vamos a permitir que sea una base de operaciones para adversarios o competidores de Estados Unidos”, mientras que el Departamento de Estado sintetizó esta visión en un mensaje inequívoco: “Este es nuestro hemisferio”.

En ese contexto, el gobierno de Javier Milei respaldó abiertamente la acción estadounidense. Este apoyo se inscribe en una estrategia más amplia de alineamiento incondicional con Washington que, vale subrayar, no comenzó con el regreso de Trump a la Casa Blanca, sino que ya se había consolidado cuando Joe Biden aún ocupaba la presidencia y una segunda administración trumpista era un proyecto en construcción.

Desde la narrativa oficial, este posicionamiento no solo implicaría “estar del lado correcto de la historia”, como suelen repetir algunos referentes libertarios, sino que además habría sido visionario frente al escenario regional que terminó por consolidarse. En un hemisferio atravesado por una política estadounidense crecientemente intolerante con la ambigüedad estratégica —tal como expresa el “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe—, el alineamiento temprano y sin matices de la Argentina aparece, retrospectivamente, como una apuesta acertada. No sorprende, en este sentido, que desde el oficialismo se reivindique ese giro como una muestra de anticipación política, en lo que sería una versión sofisticada del tan repetido “no la ven”.

Desde una perspectiva de corto plazo, el gobierno cuenta con argumentos para “sacar pecho”. La Argentina se presenta como un socio confiable para Washington en un contexto hemisférico más coercitivo, lo que se tradujo en respaldo político y, sobre todo, en apoyo financiero en un momento de marcada vulnerabilidad macroeconómica.

No obstante, cuando el análisis se desplaza hacia el mediano plazo, el alineamiento incondicional plantea interrogantes más complejos. La renuncia a márgenes de autonomía y a capacidad de decisión en cuestiones estratégicas —precisamente aquellas que distinguen a los países centrales de los periféricos— puede implicar costos estructurales que exceden largamente los beneficios coyunturales. Es desde este marco que emergen tres contradicciones de fondo.

Argentina “potencia” y la resistencia a la hegemonía estadounidense

La primera contradicción del actual alineamiento argentino con la Doctrina Monroe emerge del propio pasado histórico que el gobierno de Javier Milei suele reivindicar. De manera reiterada, el oficialismo sostiene que la Argentina “supo ser una potencia” hasta comienzos del siglo XX y plantea, como parte de un proyecto refundacional, la necesidad de retomar los principios que habrían hecho “grande” al país para volver a ser una potencia.

Ahora bien, lo paradójico es que la Argentina de la segunda parte del siglo XIX y principios del XX no fue un actor subordinado al poder estadounidense emergente, sino uno de los países latinoamericanos que marcó con mayor claridad límites políticos y diplomáticos a las pretensiones de liderazgo hemisférico de Estados Unidos. Esta resistencia fue producto de una combinación de tres factores que definieron la inserción internacional argentina de la época.

En primer lugar, la oposición a la Doctrina Monroe se apoyó en una relación privilegiada con Europa y en un marcado espíritu europeísta de la elite argentina, que se concebía a sí misma como cultural, política y civilizatoriamente vinculada al Viejo Continente. Gran Bretaña, en particular, ocupó un lugar central como socio comercial, financiero y de referencia internacional. 

En ese marco, la subordinación a un liderazgo hemisférico estadounidense resultaba incompatible con el proyecto de inserción global que imaginaban las clases dirigentes argentinas. Según la percepción de Juan Bautista Alberdi, uno de los intelectuales más relevantes de la etapa de Organización Nacional (1853-1862), mientras Europa era la fuente de poder y progreso para América Latina, Estados Unidos era un foco de amenaza para las naciones hispanoamericanas.

En segundo lugar, esta orientación europeísta se encontraba estrechamente ligada a una elevada autoestima política y cultural. Como señaló José Paradiso, el crecimiento económico y la modernización reforzaron entre las clases dirigentes latinoamericanas, particularmente en la argentina, la convicción de que podían construir un proyecto nacional con cierta autonomía y desempeñar un rol relevante en el sistema internacional. La participación en foros como las Conferencias de La Haya reforzó esa autopercepción. En palabras del presidente José Figueroa Alcorta (1906-1910), estos espacios permitían “revelar el estado de nuestra cultura y prosperidad y de nuestra influencia en los destinos humanos”.

En tercer lugar, y en estrecha conexión con esa autopercepción, la dirigencia argentina desarrolló tempranamente una lectura económica crítica de Estados Unidos. Ambas economías se apoyaban en exportaciones agropecuarias y compartían mercados, lo que reforzaba la percepción de competencia más que de complementariedad. Esta asimetría económica —lejos de ser un rasgo del pasado— permanece vigente como un elemento disonante a la hora de evaluar la conveniencia de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

La posición argentina en la Primera Conferencia Panamericana de 1889–1890 sintetiza con claridad estos tres elementos. Allí, la diplomacia argentina se opuso a los proyectos impulsados por Estados Unidos de conformar una unión económica continental y un mecanismo interamericano de arbitraje bajo su liderazgo. “Sea América para la humanidad” fue la frase que proclamó Roque Sáenz Peña –delegado argentino en la Conferencia Panamericana– en respuesta al “América para los (norte)americanos” que sintetizaba el espíritu de la Doctrina Monroe.

Algo similar ocurrió en 1902, cuando Gran Bretaña, Alemania e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela para forzar el cobro de deudas impagas. Aunque la intervención constituía un claro desafío a la Doctrina Monroe, Estados Unidos optó por no confrontar a las potencias europeas y terminó avalando el accionar militar al considerar que las reclamaciones estaban justificadas.

La reacción de la elite argentina fue contundente. Luis María Drago, canciller durante la presidencia de Julio Argentino Roca, formuló su célebre doctrina, según la cual las deudas soberanas no pueden ser invocadas como justificación para intervenciones militares. La prensa argentina acompañó esta posición con firmeza. El diario La Nación, entonces dirigido por Bartolomé Mitre, condenó tanto el accionar europeo como la pasividad estadounidense. En la misma línea, el periódico El País, vinculado a Carlos Pellegrini, calificó a la Doctrina Monroe como una “ficción” y acusó a Estados Unidos de intentar “crear un protectorado en América Latina”.

En suma, lejos de aceptar pasivamente la Doctrina Monroe como un principio protector, la dirigencia argentina —en particular la Generación del ’80— la interpretó con cautela y, en su aplicación concreta, con abierta desconfianza. Durante la expansión del poder estadounidense, los sucesivos gobiernos nacionales sostuvieron una política exterior orientada a preservar márgenes de autonomía, combinando una relación privilegiada con Gran Bretaña y una lectura de la economía norteamericana como estructuralmente competitiva.

América Latina, multilateralismo y orden liberal

La segunda contradicción se inscribe en la tradición diplomática latinoamericana como promotora de los principios centrales del orden liberal internacional. Un orden basado en reglas que el propio Estados Unidos impulsó tras la Segunda Guerra Mundial y que hoy, paradójicamente, está erosionando desde adentro.

Lo cierto es que fueron los países latinoamericanos los que, tempranamente, promovieron desde el siglo XIX principios como el multilateralismo, el derecho internacional, la igualdad soberana y la no intervención. Se trató de una práctica diplomática orientada a moderar la asimetría de poder y a hacer que las relaciones internacionales fueran más estables, previsibles y cooperativas, anticipando ideas que luego se volverían dominantes en Europa y en Estados Unidos.

La Argentina ocupó un lugar destacado en la conformación de esta tradición. Las doctrinas Calvo (1868) y Drago (1902) buscaron limitar el uso de la fuerza por parte de las grandes potencias y afirmar la primacía del derecho internacional y la diplomacia frente a la coerción. A lo largo del siglo XX, América Latina recurrió de manera sistemática a los foros multilaterales para procesar conflictos y ejercer formas de soft balancing destinadas a mitigar la asimetría de poder con los países del Norte.

En términos normativos, este giro resulta significativo. En nombre de Occidente y del liberalismo, la política exterior mileísta termina apartándose de una tradición liberal que, durante buena parte de los siglos XIX y XX, concibió al derecho internacional, al multilateralismo y a la igualdad soberana como principios constitutivos del sistema interamericano. El respaldo a la Doctrina Monroe contemporánea tensiona ese legado y redefine el lugar de la Argentina al avalar una lógica de poder que contradice los valores liberales que el país defendió históricamente.

Derecho internacional y Causa Malvinas

La tercera contradicción remite directamente a la causa Malvinas. El respaldo del gobierno argentino a una intervención militar unilateral no es un gesto neutral, sino una decisión que afecta uno de los pilares del reclamo soberano argentino: la centralidad del derecho internacional.

Apoyar una acción sin mandato multilateral ni legítima defensa implica erosionar los principios que la Argentina ha invocado sistemáticamente para sostener su posición sobre las Islas Malvinas. Desde el uti possidetis iuris (según el cual las naciones americanas heredaron las fronteras de las antiguas divisiones coloniales españolas, incluyendo las Malvinas), pasando por el principio de integridad territorial (consagrado en la Resolución 1514 de Naciones Unidas de 1960), hasta las diferentes resoluciones de la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de la ONU que llaman a una solución negociada con el Reino Unido.

La Argentina no puede sostener con credibilidad la primacía del derecho internacional en el Atlántico Sur y relativizarla en otro país de América del Sur. Cada excepción avalada debilita el marco normativo que hace posible la internacionalización de la causa Malvinas. La contradicción se agrava si se considera que el alineamiento con el “Corolario Trump” no ofrece garantías recíprocas, dado que nada indica que Estados Unidos esté dispuesto a priorizar el derecho internacional frente a los intereses de una potencia aliada como el Reino Unido.

La propia historia argentina lo demuestra con claridad. La Doctrina Monroe no se implementó cuando el Reino Unido invadió y se apropió por la fuerza de las Islas Malvinas en 1833, ni durante la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845, cuando una flota anglo-francesa penetró el río Paraná para forzar la navegación interior y garantizar intereses comerciales. Durante la Guerra de Malvinas en 1982 tampoco se activó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un instrumento concebido precisamente para repeler agresiones extracontinentales contra países de la región. En todos estos casos, Estados Unidos optó por la inacción o por alinearse con la potencia europea, dejando en evidencia que tanto la Doctrina Monroe como los mecanismos interamericanos de seguridad han funcionado históricamente de manera selectiva y subordinada a los intereses estratégicos de Washington y no como garantías efectivas de soberanía para América Latina.

En definitiva, en nombre de una Argentina que “supo ser potencia”, el Gobierno termina avalando una doctrina que históricamente consagró la subordinación hemisférica y el uso selectivo de la fuerza. El alineamiento incondicional con el “Corolario Trump” erosiona los principios jurídicos y diplomáticos que le permitieron a la Argentina proyectar influencia, defender sus intereses y sostener reclamos estratégicos como el de Malvinas. No se trata de un regreso al pasado glorioso ni de un camino hacia la “Argentina potencia”, sino de un paso más en la configuración de lo que Juan Gabriel Tokatlian definió en Cenital como un Estado “suzerano”: una entidad formalmente soberana, pero carente de autoridad plena y de márgenes reales de autonomía.

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