La cartuchera de Harry el Sucio

Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. La agenda de la semana se vio alterada por la filtración de unos diálogos entre empresarios de medios, hombres del Poder Judicial, un agente de inteligencia y un funcionario político de Horacio Rodríguez Larreta. #OffTheRecord decidió tratar el tema circunscribiéndose a los aspectos que son de interés público sin replicar el contenido de las conversaciones.

Para sorpresa de nadie

La filtración de los diálogos que incluye a dos directivos del principal grupo mediático de la Argentina, un ex jerárquico de la agencia estatal de inteligencia, cuatro jueces federales, el procurador de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Seguridad porteño guarda -con algunas diferencias relevantes a nivel jurídico- enormes similitudes políticas con las revelaciones sobre Sergio Moro. La existencia de una confluencia ubicada en los bordes de la legalidad y, en este caso, para encubrir la existencia un viaje del que los esfuerzos en disimular dicen mucho en relación a su contenido, confirma varios de los relatos más cuestionados del kirchnerismo, muchas veces percibidos y descartados como una mera victimización.

La cercanía revelada entre los integrantes del chat de Telegram, la confianza personal y política, la disposición de los magistrados a cometer algunos delitos e infracciones sugeridos en los diálogos, explicita el modus operandi que envuelve el funcionamiento del esquema encargado de juzgar a la vicepresidenta. Así como los bolsos de José López disiparon cualquier duda sobre la corrupción en la obra pública, las filtraciones cumplen la función de confirmar de un modo grotesco aquello que, durante mucho tiempo, se expresó como una sospecha.

Es temprano para saber si las revelaciones tendrán consecuencias políticas en nuestro país. En Brasil, medios como Folha de Sao Paulo entendieron que el origen ilegal de las filtraciones no debía ser un obstáculo para la revelación de elementos que informan el debate público y la búsqueda de la verdad, que como principio guía la tarea periodística. En los Estados Unidos, filtraciones de secretos militares informaron algunas de las mayores investigaciones de la historia para medios como el New York Times y algo similar puede señalarse respecto de otros como el británico The Guardian. En la cuna occidental de la libertad de expresión, la filtración de documentos secretos -muchas veces un delito en sí mismo- ha informado algunas de las investigaciones de mayor impacto en la historia del periodismo. En noviembre de 2010, un consorcio integrado por los diarios The New York Times, El País, Le Monde, Der Spiegel y The Guardian curó, autenticó y publicó el contenido de cientos de documentos diplomáticos, clasificados como confidenciales, con información de relevancia pública obtenida por la organización WikiLeaks.

En privado, algunos de los huemules desconfían que, lejos de haber sido un hackeo, la información haya surgido desde uno de los integrantes. El señalado es Leonardo Bergroth, un abogado del fuero contencioso administrativo que se desempeñó como director de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia. Otrora parte de la escudería de Antonio Stiuso, Bergroth podría -para este episodio- volver sobre sus pasos para hacer docencia sobre Julián Ercolini: en el 2000, Bergroth escribió para la Revista argentina del régimen de la administración pública un artículo titulado Facturación apócrifa. Determinación de oficio del impuesto a las ganancias. Esta versión que apunta a Bergroth, sin embargo, podría perder valor: en la deep web se está comercializando material del teléfono de Marcelo D’Alessandro que excede el grupo Hidden Lake, entre los que se encuentra una conversación con Daniel Angelici.

Cuando en junio de 2019 Moro quedó expuesto por una filtración de sus conversaciones privadas con fiscales e investigadores de la operación Lava Jato -obtenida a partir de una acción ilegal de espionaje y entregadas al medio The Intercept- Luiz Inácio Lula Da Silva estaba preso. Los diálogos confirmaron todos los juicios y prejuicios que sobre la investigación contra el ex-presidente brasileño recogieron tanto críticos partidarios como imparciales, ya que revelaron intercambios que no dejaban dudas sobre la parcialidad del juez, la colusión con los fiscales y la promiscuidad con medios y políticos. Todo aquello estaba ahí, escondido a la vista de todos. Bastaba una lectura de la prensa y una mirada atenta sobre las relaciones y comportamientos de quien ya se había transferido de juez a ministro de Justicia y Seguridad en el gabinete de Jair Bolsonaro para inferir motivaciones y mecánica de lo que fue una verdadera persecución política con un fuerte componente de resonancia mediática.

Las filtraciones, sin embargo, tenían la potencia de confirmar cada inferencia desde la voz de los protagonistas. Por haber sido obtenidos ilegalmente, el rol de los mensajes en la causa judicial fue brumoso. Sin embargo, se trató de un escándalo político de enorme magnitud que cambió el sentido de las opiniones sobre la operación Lava Jato. Varios de los medios tradicionales de Brasil, incluyendo al más tradicional Folha, se asociaron a The Intercept para analizar y relevar los mensajes que -a excepción de Globo y algunos medios de fundación más reciente y abiertamente de derecha- fueron tratados como prueba de una actuación escandalosa. Pocos meses después de la publicación de los mensajes en la prensa, Lula recuperaba su libertad e iniciaba el camino que lo llevaría al sobreseimiento y, finalmente, a recuperar la presidencia.

A nivel jurídico, de confirmarse que las filtraciones fueron producto de un hackeo -que no es otra cosa que una intromisión ilegal en el teléfono personal del ministro de Seguridad de la Ciudad- supondría unas cuantas cosas. En primer lugar, que D’Alessandro, en ese aspecto, es víctima y no victimario. La pregunta, que abordaremos más adelante, es de quién. Reafirma, además, el estado calamitoso de la ciberseguridad en el país, donde los funcionarios de alto nivel se asumen, en general, pasibles de ser espiados y los organismos son víctimas habituales de vulneraciones de información sensible. Las ocurridas en las bases de la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Salud son apenas algunos ejemplos, pero la situación es extendida. Las investigaciones deberían, en paralelo a las repercusiones políticas, acercarse a los responsables de las filtraciones y trabajar para volver menos relevante esta práctica que llegó a impulsarse, durante el anterior gobierno, desde la cúpula misma del aparato de inteligencia estatal. Desarticular la vigilancia ilegal sobre la ciudadanía y proteger sus datos es una tarea de primerísimo orden.

Por último, si bien la prueba obtenida ilegalmente no serviría para informar sanciones o condenas -como sí ocurrió con el audio, también ilegal, que abrió la causa del Memorándum y fue reproducido transversalmente sin debate en aquel momento-, ¿podría acaso beneficiar a la vicepresidenta? Tiene distinta naturaleza la limitación de utilizar pruebas para perseguir que para beneficiar a un ciudadano, particularmente cuando lo que se busca evitar son excesos autoritarios en el accionar estatal. Ercolini, cada vez más encorvado de tanto decirle que sí a Jorge Rendo, fue quien elevó a juicio la causa vialidad. A diferencia de Brasil, donde Sergio Moro hizo de instructor y juzgador, el sistema argentino -con buen criterio y en línea con las mejores prácticas internacionales- divide al juez que instruye del tribunal que juzga. De todos modos, cualquier sospecha sobre la parcialidad del juez, incluso de instrucción, reviste la gravedad que supone el enorme poder que el magistrado ejerce sobre el proceso, mucho más con un sistema que, como el argentino, no es acusatorio. A diferencia del caso de Moro, las filtraciones aquí no contienen revelaciones directamente relacionadas con la causa de vialidad o con la persona de la vicepresidenta. El evidente ensañamiento, del cual sobran indicios, difícilmente sea reconocido judicialmente a partir de este nuevo episodio. Más allá de la inocencia o culpabilidad, queda patente la enésima prueba del gravísimo estado de las garantías constitucionales en la Argentina.

Es importante recordar que, cuando el hecho del viaje se conoció y mucho antes de la filtración, Marcelo Hertzriken Velasco, un abogado de Bariloche, formuló una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de esa ciudad de Río Negro -a cargo de María Cándida Etchepare-, en la que identificó la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales, admisión de dádivas y violación de los deberes de funcionario público. En ese orden, no se requiere de los mensajes dudosamente obtenidos para profundizar una investigación en marcha y que, por otras vías de prueba válidas, se podría llegar a idénticas conclusiones. La causa preexiste a la filtración y, por lo tanto, será deber de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Bariloche continuar en la pesquisa de los elementos que fueron aportados en la denuncia de Hertzriken Velasco para reunir material probatorio sobre los presuntos hechos delictivos.

Ercolini es una víctima de sí mismo: en la condena al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime indicó que el delito de dádivas se comete con “la aceptación de viajes aéreos, en diferentes aeronaves privadas, sin justificación ni vínculo alguno con actos oficiales”. Especialmente problemático es el caso del propio Ercolini, que tuvo a cargo Papel Prensa, o Pablo Cayssials que emitió resoluciones en favor del Grupo Clarín. Que no podamos valorar la propuesta de falsificar facturas para intentar dar cobertura a presuntos gastos por parte de los jueces federales, entre otras estrategias que proponen, le da la razón a Borges cuando decía que “el común de los mortales es insensible, sólo se siente a sí mismo, siente su angustia, lo que le impide advertir la belleza del mundo”.

Sin embargo, la X a despejar es la trama detrás de las filtraciones. El teléfono intervenido es el del ministro de Seguridad porteño, un lugar que muchos quisieron capturar ante la salida de Diego Santilli. ¿Quién tiene los recursos millonarios en dólares para, en caso de haber sido un hackeo, financiar una operación de esta naturaleza? ¿Quién conoce, además, los pocos proveedores que podrían hacerlo? No hay, hasta el momento, ninguna evidencia ni indicio de que provenga de ningún área ligada al Estado nacional o al actual oficialismo en ninguno de sus matices. Si nos vamos a guiar por la evidencia reciente, los intentos del kirchnerismo de intervenir en las internas judiciales, de inteligencia o de las fuerzas de seguridad se caracterizaron más por su torpeza que por su inspiración maquiavélica. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿El propio D’Alessandro, debilitar a Rodríguez Larreta o el Ministerio de Seguridad de la Ciudad? ¿Una interna partidaria o del submundo de la inteligencia y las fuerzas? ¿Todas las anteriores?

#OffTheRecord se comunicó con cinco de los protagonistas del viaje y las respuestas fueron diversas. Algunos reconocieron la autenticidad de los chats aunque aseguraron que estaban “editados”, otros afirmaron que el grupo nunca existió sino que fueron conversaciones individuales armadas con posterioridad para hacerlas pasar por colectivas e incluso que los audios estaban adulterados y uno negó la existencia de todo el material aunque hubo una coincidencia general: todos dijeron que pagaron sus pasajes.

Tiempos interesantes

De aquella Dilma Rousseff, que enfrentó con dureza el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad a varios jefes de Estado y de gobiernos incluso aliados, a la Cristina Fernández de Kirchner de tono asertivo contra el gobierno de Obama en Naciones Unidas pasaron años y miradas. La repetición sobre el teórico alineamiento “anti-occidental” argentino que repiten algunos medios y casi la totalidad de los referentes opositores es falsa no sólo a nivel nacional sino regional. Alberto Fernández, en acuerdo con CFK, eligió a Israel -gobernada por Benjamin Netanyahu- como destino de su primer viaje al extranjero.

Desde entonces, la relación ha sido siempre armónica. El saldo comercial, fuertemente superavitario para la Argentina -principal exportador de carne kosher para el mercado israelí- mientras que a nivel político se sucedieron visitas de altísimo nivel entre las que se incluyen la que recientemente encabezó el ministro del Interior, Wado de Pedro. La confirmación por el Senado de la ex interventora de la AFI es impostergable. En el evento anual de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí ocurrió un hecho que pasó desapercibido: un prudente Mario Montoto le agradeció la presencia a “la doctora Cristina Caamaño” al no estar confirmada por el Senado -por la demora del envío del pliego por parte del Poder Ejecutivo. Según pudo averiguar #OffTheRecord, la aprobación de Caamaño ocurrirá en la próxima sesión de la Cámara alta.

La presentación del acuerdo FATCA de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos, en una ceremonia conjunta en el CCK con presencia de Sergio Massa y el embajador Marc Stanley, no puede ser entendida sino como un gesto contundente y más que simbólico de apoyo del gobierno estadounidense al ministro argentino. Una entente que no tiene sólo el acuerdo de Massa, sino que también se expresó en las reuniones que mantuvo la vicepresidenta con el embajador Stanley y con la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson. El intento de acercarse a Occidente -aunque no implica en modo alguno una confrontación o abandono de otros polos como China- es parte de un movimiento regional.

En el día de ayer, visitó la Argentina la viceministra de Relaciones Exteriores de Alemania, de extracción Verde. En su actividad junto con la secretaria de Ambiente, Cecilia Nicolini, se deshizo en elogios hacia Lula da Silva, favorito también de los jefes de Estado y gobierno español, francés y portugués. Mientras aquello sucedía, el líder del PT brasileño anunciaba, junto al Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, su próxima visita a Washington para un encuentro bilateral con Joseph Biden. El electo presidente de Brasil fue vocal en responsabilizar parcialmente a los Estados Unidos de la persecución arbitraria -acreditada judicialmente- de la que fue víctima y por la que estuvo preso. Aquello quedó atrás y hoy se imponen las coincidencias y los acuerdos. La designación de Ilan Goldfajn al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la venia del gobierno brasileño entrante y el apoyo de Estados Unidos, es apenas un comienzo de lo que promete ser un acercamiento intenso que excede del mero contraste con el aislamiento del gobierno de Bolsonaro.

Para terminar te cuento que el próximo lunes Cenital realizará el primer encuentro del equipo con sus miembros. Será una oportunidad para vernos las caras entre las personas que construimos este medio: quienes escribimos y quienes permiten que exista con su apoyo. Hoy las lectoras y los lectores de Cenital constituyen nuestra fuente de ingresos más importante y por eso queremos encontrarnos para agradecerles, escucharlos y conversar juntos sobre lo que viene en 2023. Si ya sos miembro, revisá tu casilla de entrada porque seguro recibiste la invitación. Si todavía no lo sos, aún estás a tiempo de asociarte para participar. Espero verte ahí.

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Iván