Israel y los consensos que esconde la grieta

En las primeras elecciones después de la masacre del 7 de octubre de 2023, para un Estado que enfrenta acusaciones de genocidio por la destrucción de Gaza, un aislamiento internacional creciente, incluso respecto de sus aliado históricos en occidente, y que, cada vez más, es señalado por un régimen de apartheid en Cisjordania cuya violencia creciente alimenta, cada vez más, acusaciones sobre un intento de limpieza étnica de ese territorio, habría sido esperable que la elección del 27 de octubre girara en torno a la política respecto de Palestina y los palestinos. 

Quien no estuviera demasiado familiarizado con la actual coyuntura política israeli, y buscara el viejo campo de la izquierda sionista favorable a un acuerdo de paz, se sorprendería por la marginalidad del espacio. 

Las diferencias entre la conducción de los dos bloques mayoritarios respecto de los palestinos son de matices y valores –algunos de ellos muy importantes–, pero no estratégicos. La ocupación, la invasión de Gaza, las intervenciones israelíes en una región donde Irán ha alimentado un abanico amplio de enemigos, y la propia guerra con Irán, son puntos de consenso transversales entre la casi totalidad de los partidos sionistas actuales. Benjamin Netanyahu y su principal rival, Gadi Eizenkot, coinciden en oponerse a la creación de un Estado palestino y sostener un solo Estado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

La grieta

Que la grieta israelí esté disociada de las discusiones sobre Israel que interesan al resto del mundo no la vuelve menos profunda. La sociedad israelí discutió la relación entre el gobierno y la Justicia, la autonomía de las instituciones, la distribución de las cargas ciudadanas, el lugar de la religión y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Debates que dividieron al país en segmentos difícilmente reconciliables y que atraviesan transversalmente distintas posiciones políticas. 

Los bloques pro-Netanyahu y anti-Netanyahu expresan esas disputas, aunque de una forma lineal que no alcanza a reflejar la complejidad de las dinámicas y los límites de cada sector de la sociedad. Las identificaciones en cada una de las grandes discusiones pueden ser cambiantes entre diversos componentes de cada bloque.

Una minoría con vocación –y capacidad– de permanencia

El Likud, de Netanyahu, fue el partido más votado. Obtuvo el 20,5% de los votos y 27 de las 120 bancas de la Knesset, el parlamento israelí. Quedó por delante de Yashar, el partido de Eizenkot, que consiguió 21, pero también quedó lejos de una mayoría. Si se agregan las listas más extremistas, la del provocador fascista Itamar Ben Gvir y de los supremacistas judíos Bezalel Smotrich y su aliado, Moshe Feiglin, el núcleo de la extrema derecha sionista reúne 40 diputados y supera, apenas, el 30% de los sufragios. Los trece representantes de los partidos ultraortodoxos, que no son sionistas, y sus trece representantes, completan las 53 bancas del bloque oficialista, ocho menos que las necesarias para asegurar una mayoría capaz de formar gobierno. 

Si la elección se lee como un referendo sobre Netanyahu, perdió. Pero el primer ministro que más tiempo gobernó Israel sigue al frente del partido más grande del país, conduce el bloque más numeroso y permanece en funciones mientras se negocian coaliciones posibles. 

Del otro lado aparecen los 48 diputados de la oposición sionista. Los 21 de Eizenkot, un exjefe de las fuerzas armadas cuyo posicionamiento es el de derecha tradicional, doce de la alianza entre el derechista religioso Naftali Bennett y el centrista –en términos israelíes– Yair Lapid, ocho de Los Demócratas, encabezados por Yair Golan, también un exgeneral, que encarna la izquierda sionista tradicional, y siete de Israel Beitenu, el partido de Avigdor Lieberman, de derecha fuertemente secularista, cuya base de apoyo son los emigrantes de la ex Unión Soviética. 

La mayoría opositora la determinan dos listas de mayoría árabe, que suman diecinueve votos.  Once de la llamada “Lista Conjunta” que reúne al Partido Comunista de Israel con dos partidos nacionalistas palestinos, y ocho de Ra’am, un partido de origen islamista sumamente puagmático. Si el rechazo a Netanyahu alcanzara para formar gobierno, habría una mayoría contundente, de 67 legisladores. Pero ni siquiera la ofensiva de su gobierno sobre el sistema judicial que inició en 2023 convirtió los límites del poder en un conflicto sostenido, ni las postergaciones del sector árabe de la ciudadanía alcanzaron para saldar las diferencias profundas.

Los ciudadanos que faltan

Muchos de quienes en Israel son defensores de los contrapesos liberales viven sin embargo bajo la contradicción de que millones de palestinos vivan bajo un poder sobre el que no pueden votar o decidir de ninguna manera. Mientras quieren una democracia liberal para los ciudadanos, toleran una dictadura y ocupación militar sobre millones de personas. 

La mayoría de los ciudadanos de Israel son judíos, pero hay una porción sustancial de ciudadanos árabes de origen palestino y, en su mayoría, también en su identidad. Son una quinta parte de la población, que tiene derechos plenos en materia de voto, aunque no hacen el servicio militar, y arrastran desigualdades presupuestarias, territoriales y de acceso a los servicios. En los últimos años, las localidades y ciudades de mayoría árabe sufren una crisis de crimen organizado que la gestión de Ben Gvir en seguridad agravó y desatendió. La falta de protección estatal se traduce en una realidad de miedo, extorsiones y crímenes sobre los que la policía no interviene de manera sustancial. 

Esta realidad, sumada a la escala inédita de la violencia del gobierno de Netanyahu en los territorios, generó una movilización electoral que dio a las listas árabes una representación sin precedentes. Diecinueve bancas y cerca del 15% de los votos. La participación de este segmento de la sociedad, muchas veces debilitada por la abstención, fue una respuesta al gobierno que profundizó su marginación. El resultado de la elección dejó de manifiesto que el voto árabe, utilizado estratégicamente, puede influir fuertemente en la formación de los gobiernos israelíes. Una comprobación que difícilmente tenga vuelta atrás y que seguramente genere cambios hacia el futuro.

Las listas, con todo, tienen diferencias. Ra’am, conducido por Mansour Abbas, expresa una apuesta extremadamente pragmática. Surgido del movimiento islamista, Abbas busca convertir su peso parlamentario en recursos para vivienda, servicios y seguridad para la población árabe. Ya integró un gobierno de coalición con Bennett y Lapid entre 2021 y 2022, un antecedente que probó que la cooperación con fuerzas judías era posible sin esperar a que se resuelva el conflicto nacional, negociando mejoras para sus votantes dentro de las instituciones existentes. Una decisión que, por supuesto, le ganó críticas en el seno de la política árabe.

Para esta elección, Abbas incorporó a Yoav Segalovitz, un antiguo alto jefe policial judío,  exdirigente del partido de Lapid, reconocido por su trabajo contra el crimen organizado en las localidades árabes durante el gobierno anterior. Su candidatura combina una fuerte señal política: Ra’am quiere trascender las fronteras de la gobernabilidad israelí y mostrarse como un interlocutor legítimo para el mainstream sionista, aún proviniendo de un partido cuyas raíces islamistas abrevaron –con resultados nítidamente diferentes– en las mismas fuentes que Hamas. 

La Lista Conjunta reúne a Hadash, de raíz comunista y composición binacional, y a las formaciones nacionalistas palestinas Taal y Balad. A diferencia de Abbas, sus cuestionamientos al sionismo son más radicales y constitutivos. Aún así, los partidos de la Lista Conjunta plantearon estar listos para la formación de un gobierno de oposición a Netanyahu, entendido como una prioridad. El problema aparece en la oposición sionista. 

Los principales dirigentes opositores hicieron campaña por un gobierno sionista y casi todos –con excepción de Golan– cerraron la puerta a un gobierno que dependiera de los partidos árabes. La justificación, que incluyó los ataques del 7 de octubre, fue especialmente oprobiosa, dado el comportamiento de este segmento de la ciudadanía, que tuvo numerosas víctimas de Hamas y que no alimentó conflictos con el Estado. Los 48 diputados del bloque sionista opositor, incluso sumados a los ocho de Abbas, apenas llegan a 56. Para asegurarse una mayoría deberían entenderse con la Lista Conjunta, atraer partidos oficialistas o conseguir abstenciones. 

Sumar a los ultraortodoxos abriría otra vía numérica, pero chocaría con la promesa de terminar con las exenciones militares. Con todos los límites de la oposición, la reacción del Likud mostró la profundidad del resultado. Denunció, sin ningún otro sustento que el racismo abierto, que las listas árabes habían robado la elección. Las autoridades electorales rechazaron que las investigaciones abiertas pudieran cambiar el reparto de bancas, pero la operación es obvia. Tratar la participación de una minoría como una anomalía. Un argumento curioso cuando esa misma participación es un argumento que se opone a las cada vez más extendidas denuncias de apartheid.

Los que pagan y los que van a la guerra

Para todos los argumentos sobre “el sionismo”, la alianza del gobierno de Netanyahu con los partidos ultraortodoxos muestra los límites del planteo. El grupo Judaísmo Unido de la Torá representa a los judíos ashkenazíes; mientras Shas nació de la población religiosa mizrají. Su cooperación con Netanyahu es más pragmática que ideológica. Las prioridades de ambos grupos son los fondos que reciben de los presupuestos educativos, la preservación de formas religiosas en la organización social y los privilegios en materia de enlistamiento militar. Shas integró los gobiernos laboristas de Yitzhak Rabin y Ehud Barak. Su histórico líder espiritual, Ovadia Yosef, admitía concesiones territoriales a los palestinos, y sus ministros se abstuvieron para facilitar la aprobación gubernamental del primer acuerdo de Oslo. Los acuerdos sobre recursos, educación y autonomía comunitaria podían pesar más que las posiciones sobre los territorios ocupados. 

Netanyahu fue durante la última década garante del status quo para las instituciones religiosas, y la protección de las exenciones militares. El pacto se volvió cada vez más costoso después del 7 de octubre de 2023 y la extensión y cotidianización de la guerra. Para quienes atravesaron sucesivas movilizaciones, perdieron ingresos por servir como reservistas o vieron morir a familiares, los privilegios de los estudiantes religiosos redundan en una desigualdad irónicamente intolerable.

En junio de 2024, la Corte Suprema resolvió por unanimidad que, vencido el marco legal de las exenciones militares, el Estado debía reclutar a los estudiantes religiosos. En 2026, el tribunal volvió a exigir medidas para hacer efectivo el reclutamiento. La disputa militar se superpuso con la pelea por la autoridad de los jueces. Eizenkot hizo del alistamiento una promesa central. Su propuesta comprende excepciones limitadas en lugar de una dispensa colectiva. Esa formulación reúne desde votantes de la centroizquierda hasta el grupo de Lieberman, cuya hostilidad hacia los ultraortodoxos no implica moderación respecto de los palestinos. 

La vanguardia armada

La grieta israelí se completa con las divisiones de clase y origen. La vieja élite ashkenazí, de ascendencia europea, que tuvo un papel central en la fundación del Estado y conserva peso en las instituciones profesionales, cuyas prioridades chocan con las de muchos judíos de otra clase social, de origen misrají –que hoy son mayoría entre la población judía– provenientes de Oriente Medio y el norte de África, que encontraron en el Likud un vehículo de insubordinación contra el predominio laborista. La derecha convirtió el resentimiento en una identidad duradera. Los bloques, por supuesto, no son homogéneos, pero las identidades aparecen claras. 

Sin embargo, probablemente sea una minoría la que explica mejor que nadie la actualidad política israelí y la negación de cualquier alternativa de acuerdo con los palestinos. El triunfo del movimiento colono es probablemente el dato más importante de la elección y de las elecciones a lo largo de la última década. Más de medio millón de israelíes viven en asentamientos de Cisjordania, sin contar Jerusalén Oriental. Un informe de Naciones Unidas de 2025 ubicó el total, incluyendo esa parte de Jerusalén, en casi 750 mil personas. Los asentamientos constituyen una realidad demográfica que determina la realidad de la ocupación incluso más que las decisiones ideológicas. 

Es cierto que Netanyahu llevó ese estado de cosas a niveles particularmente agresivos de expansión y sometimiento. Sus ministros más extremistas tuvieron roles protagónicos en la relación con los asentamientos. Smotrich combinó la cartera de Finanzas con un cargo que le dio cierto control sobre la administración de Cisjordania; Ben Gvir, que hizo de la reivindicación de los colonos más violentos su identidad política, fue puesto a cargo de Seguridad Interior. La expansión territorial, la regularización de puestos no autorizados y el hostigamiento a comunidades palestinas se reforzaron con auspicio estatal. El avance no necesitó de anexión formal. En junio de 2026, el secretario general de Naciones Unidas señaló que la violencia de los colonos estaba en sus mayores niveles registrados. En agosto, la coordinación de la ONU para el proceso de paz informó más de 1.430 incidentes con víctimas o daños materiales durante el año. 

Pero es tan injusto como falso reducir el aumento de la actividad de ocupación sólo a Netanyahu y sus socios extremistas. Los colonos también son protagonistas de la oposición. Lieberman vive en Nokdim, un asentamiento de Cisjordania. Bennett, uno de los principales dirigentes del bloque opositor, fue director general del Consejo Yesha, la organización que representa a los asentamientos. Sus trayectorias, y su llegada a la política, están directamente vinculadas a ese movimiento.

Los matices son relevantes. Bennett dice que desmontaría puestos no autorizados y rechaza construir sobre tierras privadas palestinas; Eizenkot promete frenar la violencia de los colonos sobre los civiles palestinos. Pero Bennett propone anexar formalmente a Israel el Área C, alrededor del 60% de Cisjordania, haciendo imposible cualquier Estado palestino. Moderar los métodos dice poco sobre la realidad de la ocupación. 

La Corte Internacional de Justicia sostuvo en 2024 que Israel debía cesar las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a los colonos. Nada de eso está en los planes. Incluso, la prensa israelí documentó el traslado de dos compañías de comandos hacia Cisjordania pocos días antes del 7 de octubre; el Ejército sostuvo que eran refuerzos y que el dispositivo regular de la frontera con Gaza no había cambiado, pero el episodio muestra como la prioridad puesta en la ocupación puede haber influido en la prevención de la mayor matanza sufrida en la historia israelí. Ese mismo cambio de prioridades es el que hace cada vez más difícil una normalización de la relación de Israel con la legalidad internacional.

El futuro ya llegó

La grieta israelí, que no contiene diferencias profundas programáticas para los palestinos bajo ocupación, podría sin embargo encontrarse con diferencias relevantes en el terreno entre un Netanyahu –cuya radicalización es la fuente de alimentación de su sobrevida– y un gobierno opositor preocupado por la pérdida de legitimidad internacional israelí. Sin embargo, los factores de novedad más importantes están en los actores que históricamente se movieron en los márgenes de la política israelí. Del triunfo del movimiento colono, a la capacidad de condicionar cualquier gobierno por parte de los ultraortodoxos, con su enorme capacidad  de veto. 

La ironía aún mayor, en un momento de negación histórica de los derechos de los palestinos, en el nuevo peso de los ciudadanos árabes de Israel, un segmento de la población palestina que podría tener la llave para formar, o vetar, el próximo gobierno, o derribar las paredes de la grieta entre los partidos sionistas.