Estados Unidos, ¿frente a una crisis de deuda estilo argentino?

El martes pasado, la deuda bruta del gobierno de los Estados Unidos de América superó por primera vez la barrera de los 40 billones de dólares. 40 millones de millones de dólares. Un número de importancia simbólica. No es que el Tesoro fuera solvente con 39 billones y pico y haya dejado de serlo con 40, pero el número condensa una transformación real. 

La deuda pública se duplicó en menos de una década, y aumentó en tres billones sólo durante el último año, el mayor ritmo registrado fuera de la pandemia. El impacto es evidente. La deuda bruta equivale aproximadamente al 124% del PBI, un valor impensable hace algunas décadas en tiempos de paz relativa. Si tomamos la deuda efectiva –es decir, descontando la deuda del Tesoro con otros organismos del Estado y contando sólo la que se encuentra en manos del público–- el valor asciende a algo más de 32 billones. 

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, eso significa que este año superó el valor del PBI estadounidense. Estados Unidos tiene además un déficit federal anual cercano al 6% del producto –1,9 billones de dólares– lo que significa que el endeudamiento crece por encima de la economía, y por lo tanto, es de esperar que la deuda siga creciendo.

Para ilustrar la dimensión del problema, una medida interesante es comparar la deuda y el déficit de los Estados Unidos con los de Argentina, eterno ejemplo del mal alumno en la gestión macroeconómica y de problemas de endeudamiento. El FMI estima para Argentina una deuda bruta del 70,4% del PBI, y el programa argentino proyecta un superávit primario federal del 1,4%. Incluso en los momentos más intervencionistas del kirchnerismo, fuera de la pandemia, difícilmente superó el 4% del producto. Las consecuencias, sin embargo, son diferentes. Para Estados Unidos, cuyos bonos son el principal activo financiero considerado seguro en el mundo, no hay una crisis de solvencia en el horizonte, los problemas son otros.

¿El déficit importa?

El déficit no causa mecánicamente inflación, siempre que haya maneras de financiarlo. El gasto público, sin embargo, puede empujar la demanda por encima de la capacidad productiva. En un país con casi pleno empleo –la tasa de desocupación ronda el 4%— la  capacidad del gasto de dinamizar la actividad sin generar inflación aparece escasa. A la vez, el gasto público suele incrementar el déficit comercial en la medida en que no es compensado por mayores niveles de ahorro privado, aumentando la vulnerabilidad estadounidense, su dependencia de las importaciones y del financiamiento de capitales del extranjero. Alrededor del 30% de los tenedores de bonos estadounidenses residen fuera de los Estados Unidos.

El segundo canal por el que el déficit resulta relevante son los intereses de deuda. En 2025, el costo neto del servicio de la deuda llegó a 970 mil millones de dólares. Superó al gasto en defensa del país que sostiene las principales fuerzas armadas del mundo. Como porcentaje del PBI, es más del doble que en 2021, y es el segundo componente más caro del presupuesto después del pago de jubilaciones. 

El riesgo es una espiralización, que haga imposible resolver el déficit por el costo de los intereses, y lo vuelva difícilmente sustentable en el largo plazo. El bono a treinta años tocó el 5,327%, máximo desde 2007, mientras la tasa de crecimiento de la economía está debajo de los tres puntos. El Estado seguirá gastando más de lo que recauda, pero mucho del trabajo estadounidense se destinará al pago de intereses. El resultado puede ser menor inversión, crédito más caro y menos espacio para responder a una recesión o una guerra, dos posibilidades ciertas en estos tiempos.

Una compañía de seguros con un ejército

En este marco, uno esperaría que el Partido Republicano –tradicionalmente el del Estado limitado– estuviera demandando un ajuste o que los demócratas, que presidieron consolidaciones fiscales con Bill Clinton y Barak Obama, demandaran a Donald Trump mantener el resultado fiscal bajo control. Sin embargo, nada de eso parece ocupar el tope de las prioridades. Ajustar el gasto es difícil e impopular.  

El Nobel de economía Paul Krugman popularizó una descripción del Estado federal como “una compañía de seguros con un ejército”. Las fantasías que buscan resolver los problemas del Estado eliminando ministerios o burocracia chocan con la composición real del presupuesto. De los 7,4 billones que gastará el gobierno este año, casi el 80% corresponden a programas obligatorios y pago de intereses. Seguridad Social (jubilaciones), Medicare y Medicaid (cobertura médica para los mayores de 65 años y ciudadanos de bajos recursos) y Defensa explican la mayor parte del gasto.

Lejos de reducirse, las fuerzas estructurales apuntan a un crecimiento del gasto que excede el problema de los intereses. El envejecimiento de la población reducirá la relación entre trabajadores y jubilados y elevará el gasto previsional y sanitario. Al ritmo actual, el fondo destinado a pagar jubilaciones agotará las reservas a fines de 2032, y el envejecimiento de la población también aumentará la presión sobre Medicare. Los más viejos se enferman más y requieren en general, más atención médica. 

Esos beneficios, además, no dependen de una asignación anual del Congreso, y son inmensamente populares. Trump, mejor que nadie, entendió su popularidad. Cuando ganó, lo hizo rompiendo con el discurso republicano tradicional, y se llevó una buena cantidad de votos de clase trabajadora prometiendo no recortar Social Security ni Medicare.

El presupuesto de Defensa se encuentra en  mínimos, en el marco de la reducción posterior a la Guerra Fría. Ese “dividendo de paz” no luce sustentable. La Guerra en Irán expuso el rápido vaciamiento de los principales arsenales, una base industrial inadecuada para reponer misiles, buques y municiones en un contexto de guerra prolongada contra un adversario par o cuasi par. En el contexto de la competencia estratégica con China, esta situación difícilmente sea permisible. La Casa Blanca propone llevar el gasto de alrededor de un billón a 1,5 billones en 2027, el mayor aumento anual desde la Segunda Guerra Mundial. El Congreso podrá reducirlo, pero la tendencia parece irreversible hacia un mayor gasto militar.

Los ingresos: privilegiar a los ricos

El déficit se puede explicar desde el gasto, pero también desde los ingresos públicos. La situación es imposible de entender sin los recortes de impuestos llevados adelante por las últimas administraciones republicanas. George W. Bush heredó de Clinton una economía con superávits, que utilizó para activar un fuerte recorte impositivo; Trump siguió el mismo camino: la reforma de 2017 agregó, según la CBO, 1,9 billones de déficit en once años, aun incorporando sus efectos sobre inversión y crecimiento. En 2025, Trump hizo permanentes muchas de aquellas rebajas impositivas y sumó otras.

La estimación inicial calculó 4,5 billones de pérdida de ingresos de gasto durante una década. Apenas los aranceles, cuyo efecto económico es muy dañino, compensan parte de la última rebaja impositiva. Jared Bernstein calcula que sin las rebajas de Bush y Trump, la deuda podría estabilizarse. El efecto de los recortes benefició desproporcionadamente a los más ricos, y los pocos recortes que se articularon recayeron sobre Medicaid y la asistencia alimentaria, dirigida a los sectores más pobres de la población.

La política en sus trampas

La última gran consolidación fiscal se hizo de la mano de Clinton, en 1993. Incluyó un aumento de impuestos, una profunda reforma del gasto social, una reducción gradual del gasto en Defensa y un fuerte crecimiento económico. Terminó con un superávit de 2,4% del PBI en 2000. Lo siguió Bush, que recortó impuestos. Con Obama, el déficit cayó desde el pico de la crisis de 2008 a 2,4% en 2015 de la mano de la recuperación económica, nuevos ingresos y una restricción del gasto acordada –y en parte impuesta– con el Congreso republicano. Lo siguió Trump, que volvió a recortar impuestos.

La lección para los demócratas fue que lejos de premiar la responsabilidad fiscal, asumir el costo de ordenar las cuentas, el efecto recesivo puede dañar electoralmente la marca, y le da a los republicanos margen para desordenarlas. En una sociedad polarizada, cuya principal preocupación es el costo de vida, es difícil imaginar otro paquete como el de 1993. Joe Biden apostó a sostener y ampliar el gasto público en un Congreso donde no tenía margen para aumentar impuestos. Los progresistas que vienen triunfando en las primarias empujan programas sociales expansivos como Medicare for All, para universalizar la cobertura médica, y políticas de cuidado universal a la niñez. Aunque también acompañen sus propuestas con otras de impuestos más altos a corporaciones y multimillonarios, no considera que reducir el déficit sea prioritario, y ampliar la protección social es más fácil que obtener mayorías legislativas para subir impuestos.

Desde la derecha, las rebajas impositivas se incorporaron como parte del manual de gobernabilidad republicano. Trump sumó a esa receta tradicional basada en la teoría del derrame la negativa a recortar jubilaciones y gastos médicos, y buscó elevar el gasto en defensa, seguridad y control de fronteras. Ninguna coalición parece interesada en llevar adelante aumentos de la recaudación con alguna reformulación de las prestaciones y soportar la reacción inmediata de una población insatisfecha por beneficios que, en el mejor de los casos, se sentirán en el mediano plazo. 

La cuenta del mercado

Esa impotencia parece haber sido asumida esta semana por los mercados. La deuda a treinta años subió en Estados Unidos, Japón y Europa hasta el máximo. El problema era conocido, pero sumó otra arista. Luego de años de dinero barato, con un sector privado lleno de liquidez, los últimos meses dieron lugar a un frenesí financiero. Las empresas tecnológicas emiten deuda para construir con la mayor aceleración posible la infraestructura para el despliegue de la inteligencia artificial. La mayor demanda de capital encareció el costo del dinero no sólo para el sector privado, sino también para los gobiernos. La IA compite con los mercados de deuda soberana. 

El 2001 que no será

En este marco, ¿podemos esperar una crisis de deuda como las latinoamericanas? La respuesta corta es que no. Para que Estados Unidos entre en insolvencia, debería tomar la decisión política de no emitir los dólares que debe. Algo impensable en un contexto en que el dólar es la moneda con mayor demanda a nivel global. Si los inversores venden los bonos, su precio cae; si venden dólares, la moneda se deprecia y es más fácil de hacer frente a las obligaciones. Ningún escenario realista ubica a los Estados Unidos en default sin una extrema disfunción política.

Sin una corrección fiscal, el mercado puede ajustar gradualmente mediante tasas reales más altas, menor inversión, y pérdida del valor del dólar. En el extremo, un pequeño susto financiero –¿ante un eventual gobierno demócrata dispuesto a gastar?– podría motivar un cambio de rumbo. La inflación reduce el valor real de la deuda ya emitida, por lo que algún salto podría también comprar algo de tiempo. Pero todo supone un problema de largo plazo para la estabilidad de la superpotencia.

Rezar a los profetas de Silicon Valley

Queda una hipótesis optimista. El efecto de la inteligencia artificial y la automatización en la economía es todavía impredecible. Bien podrían elevar la productividad, y hacer crecer la economía a un ritmo más rápido que la deuda. La cantidad de capital invertido en su desarrollo y algunos signos tempranos indican que no es pura propaganda. La inversión vinculada con la IA es la locomotora actual del crecimiento estadounidense. Si la ciencia aplicada, la energía y la robótica crecen al ritmo que lo está haciendo la resolución de problemas matemáticos gracias a la IA, sus efectos podrían ser enormes.

Pero todo esto es especulativo. La proyección de la Oficina de Presupuesto ya incorpora un aporte y, aún así, proyecta que la deuda subirá veinte puntos del PBI en una década. Los datos disponibles no muestran un despegue exponencial, y el costo en materia de financiamiento, energía, chips y construcción de data centers, ya presiona sobre la relación del sector con las comunidades.

Estados Unidos no está por convertirse en Argentina. Si bien su deuda y su déficit son mayores, también lo son su capacidad tributaria, su credibilidad y, sobre todo, el privilegio de emitir la moneda que el mundo utiliza para ahorrar y comerciar. Ese privilegio vuelve improbable un default estilo latinoamericano y permite postergar las decisiones más complejas. Pero no resuelve ningún problema. Y si la esperanza es poner el futuro y la posibilidad de evitar un largo declive en los profetas de Silicon Valley, el camino de incertidumbre, y los costos asociados, como en todas las promesas religiosas, pueden ser enormes.

Qué más estoy leyendo:

• Israel bombardeó una base militar en Siria, para prevenir una posible presencia militar turca. La acción escala el conflicto entre la principal fuerza armada de Oriente Medio y el segundo ejército de la OTAN. Estados Unidos intentó reducir tensiones.

• Comenzó oficialmente la campaña electoral en Brasil. Lula abrió con un acto en San Bernardo do Campo, donde comenzó su carrera sindical, y Flavio Bolsonaro, una marcha por Copacabana. Las encuestas auguran una elección polarizada.