Entre la escuela y el hospital: cómo deciden las adolescentes embarazadas

El novio la acompañó hasta el hospital, pero se quedó afuera. Ella atravesó la puerta de entrada y buscó a la médica, la que va a la escuela, la que les da charlas de salud sexual. Un tiempo atrás, la administrativa seguro le hubiese preguntado:

—¿Estás solita, no te acompaña tu mamá? ¿Sabe que viniste? ¿Cuál es el motivo de la consulta?

Esta vez sólo anotó su nombre y le dijo que esperase. En el consultorio la atendió la profesional que estaba buscando.

—Estoy embarazada y no lo puedo tener —dijo, así, sin vueltas, la adolescente de 14 años.

Y dijo, también, que su novio estaba de acuerdo. Fueron juntos, la esperaba en la calle. La profesional le preguntó si no lo quería invitar a pasar así charlaban los tres. Cuando él se sumó a la ronda hizo la pregunta que le quitaba el sueño:

—¿Le va a doler? 

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En diciembre de 2020 el Congreso de la Nación legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Antes de eso las menores de 15 años podían acceder a una interrupción legal (ILE) por causales de salud integral: cuando el embarazo ponía en riesgo a la persona gestante. 

Lo que cambió para las adolescentes con la implementación de la Ley 27.610 es que el Estado sumó políticas públicas que habilitaron la conversación sobre el aborto en las aulas y estableció lineamientos para que se acceda a la práctica en todos los centros de salud, sin importar en qué ciudad grande o en qué pueblo de provincia viva una. Reforzó también lo que ya decía la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como la Ley de Derechos del Paciente y potenció el principio de autonomía progresiva planteado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015, según el cual a partir de los 13 años, ellas y ellos pueden ir solos al médico y tomar decisiones sobre sus propios cuerpos sin que un adulto las deba autorizar.

En La Pampa, donde transcurren todas las historias que sobrevuelan esta nota –y de las que no se dan datos precisos para preservar el secreto profesional y la integridad de sus protagonistas–, a contramano de lo que pasa en las provincias del norte donde el Plan ENIA (Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) fue desfinanciado y desmantelado, el programa de Adolescencia perteneciente al Ministerio de Salud ya tiene 10 años de trabajo sostenido. Las estadísticas de esta provincia, en este tiempo, en cuanto a embarazo adolescente se modificaron ampliamente: de 815 nacidos de madres menores de 19 años en 2014 se pasó a 229 en 2024, según datos de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

En materia de salud sexual y reproductiva, legalizar el aborto dio un marco normativo para seguir eliminado las barreras de acceso con las que se topaban las adolescentes en el sistema de salud y respaldó a los profesionales que estaban dispuestos a acompañar cualquier decisión que ellas tomaran ante un embarazo.

Cuando en aquel consultorio el adolescente le preguntó a la médica cuánto le dolería atravesar un aborto a su novia, los fantasmas que fueron propios de los tiempos de la clandestinidad –cuando se usaron métodos tan informales, en lugares no seguros, y murieron tantas mujeres– se congelaron en el aire. 

La profesional desarmó en segundos esa oscura y vieja fantasía. Les explicó que la interrupción del embarazo, antes de las semana 12 de gestación, es ambulatoria: basta tomar una medicación y regresar para realizar los controles. De todas maneras, si necesitaban sentirse más tranquilos, más cuidados, podían planificarlo y quedarse una noche en el hospital para que la adolescente atravesara el proceso allí. También les consultó si no deseaban avisar a algún familiar, aunque no era obligación.

Ahora llegan puntuales: es el día de la intervención. La mamá de la adolescente los acompaña, cuando ve a la médica le dice:

—Mire doctora, la verdad es que yo podría criar a este bebé, pero si ésta es la decisión de ellos la voy a respetar.

En la escuela

Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias es el nombre de una de las primeras líneas de trabajo del programa de Adolescencia del Ministerio de Salud de la Pampa. Los y las profesionales visitan una vez por semana o cada quince días las escuelas. Comparten recreos con los alumnos y las alumnas, proponen charlas, y tienen conversaciones privadas con quienes lo requieran. Hacia 2019 este espacio se daba en 12 colegios de la provincia.

A mediados de 2020, una médica que realiza Asesorías, dio una charla de ESI en una escuela a la que visitaba con frecuencia y surgieron muchas consultas del alumnado vinculadas al tema del momento: aborto. La ley se estaba debatiendo en el Congreso de la Nación. Una adolescente se ofuscó mucho. Decía que era un crimen, que había que salvar las dos vidas, que no hacía falta interrumpir un embarazo porque si no querías tener un hijo, te podías cuidar. Tenía entonces 15 años.

Ahora ya tiene 19. Y va al único centro médico de su localidad y es atendida por la única médica no objetora y es la misma que le había dado aquella charla. Quiere abortar.

La joven le cuenta que la habían echado de su casa, que se llevaba mal con su madre, que su novio era violento, que no se cuidó. Se siente culpable, pero no puede tener esa criatura. 

La médica la detiene, amorosamente. No hace falta dar explicaciones, tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

—Estoy acá para acompañarte porque así lo dice la ley —le dice.

En este momento, más de 40 establecimientos educativos de La Pampa tienen Asesorías, lo que representa una cobertura del 25% en toda la provincia. Ese crecimiento fue posible porque en 2022 Salud y Educación firmaron un acuerdo y el espacio se institucionalizó.

Noelia Davini, psicóloga, referente del programa de Adolescencia, dice que “las Asesorías en las escuelas son una de las líneas fundamentales del trabajo y se vuelven una estrategia de atención primaria de la salud. Generan instancias de prevención. Son un espacio que se construye lento porque se tiene que generar un vínculo entre los profesionales y los adolescentes, pero cuando se alcanza se traduce en resultados concretos, por ejemplo una caída de embarazos adolescentes”. 

El valor de este espacio dialoga con una política pública anterior, revolucionaria: la sanción en 2006 de la Ley de Educación Sexual Integral.

Por fuera de estas instancias, los adolescentes y las adolescentes de La Pampa también tienen otro canal para hacer sus consultas de manera confidencial y anónima: enviar un mensaje de Whatsapp al número 2954-595392. Es la línea provincial de Asesoramiento en Salud Sexual, Reproductiva y Adolescencia. Fue lanzada durante la pandemia y se sigue sosteniendo. De lunes a sábado de 8 a 20, alguien capacitado está para responder cualquier duda.

Alerta

Amalia León es licenciada en obstetricia. Vivía en Córdoba, pero hace cinco años se mudó al sur de La Pampa y se sumó al equipo de trabajo del hospital de General San Martín. Alguna vez estuvo más cerca del pañuelo celeste que del verde, y de todo lo que hace en el marco de su profesión, lo que menos le gusta es interrumpir un embarazo. Por eso insiste tanto en la prevención y está tan comprometida con las Asesorías escolares en la zona: visita escuelas de la localidad donde vive como de Jacinto Arauz, Bernasconi, Abramo y Unanue. Pero cuando pasa, cuando a su consultorio llega una adolescente embarazada, Amalia León no se adelanta: no ve a una futura mamá. Ve una persona que puede elegir de qué manera continuar su vida.

—Hoy nosotros podemos trabajar libremente porque tenemos una ley. Entonces mi primera pregunta es qué quiere hacer. Y ante la posibilidad de abortar no hablo de perder un embarazo, hablo de interrumpir. Pero hay médicos a los que no se les ocurre dar opciones y dan por hecho la continuidad y las adolescentes, muchas mujeres adultas también, tienen tanta vergüenza que callan. Sin poder elegir.

Desde la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, luego de años de trabajo, encontraron un camino para intentar evitar que esto último pase. En 2019 desarrollaron, junto al área de Sistemas del gobierno provincial, un programa informático de Alerta automática que permite la detección temprana de posibles embarazos en niñas y adolescentes. Funciona así: La Pampa tiene digitalizado el sistema de salud público. Cuando un profesional de cualquier localidad de la provincia atiende a una paciente de hasta 15 años y carga en su historia clínica ciertos síntomas o diagnósticos o pedidos de estudios o informes de resultados compatibles con embarazo, se dispara un mail a la casilla del programa de Adolescencia.

Noelia Davini, la referente del área, suele ser la que está del otro lado de la pantalla, leyendo ese correo electrónico. Y comienza a seguir el caso con la intención  de garantizar la atención adecuada a la adolescente. Lo primero que hace es asegurarse de que haya recibido una Consejería en opciones. Si el centro médico desde el que se disparó la alerta es de un pueblo donde todos los médicos son objetores, se interviene para que la adolescente pueda ir a otra localidad.

—La Consejería en opciones es un espacio donde se la asesora para que pueda tomar una decisión de manera voluntaria y autónoma, estando bien informada. Se le habla de la posibilidad de continuar con el embarazo como de interrumpirlo bajo los marcos que da la ley. En este caso también se le explica un poco en qué consiste ese proceso: hasta la semana 12 de gestación, el procedimiento puede ser ambulatorio; después de ese tiempo, la sugerencia es hacerlo en un contexto institucional. Es una instancia entendida como parte de un proceso. A veces la adolescente se va del consultorio manifestando querer interrumpir, pero algo pasa en su casa y días después regresa al centro médico y refiere que quiere continuar con el embarazo. La autonomía en la decisión se vuelve relativa.

Tutelaje

Ahora otra adolecente se acerca al centro médico de su barrio. Tiene 14 años, quiere un turno con la profesional que les da las Asesorías en la escuela. 

Cuando entra al consultorio le dice a la médica que se quiere cuidar, que ya tiene relaciones sexuales. Un chip, pide. Habla del implante anticonceptivo subdérmico, un método hormonal que se coloca debajo de la piel del brazo y tiene una efectividad de hasta cinco años. Prefiere esa opción porque es muy colgada, seguro se va a olvidar de tomar las pastillas. La profesional la escucha, conversa con ella acerca de su salud sexual y reproductiva, de los cuidados necesarios y del consentimiento. Le pregunta si quiere compartir esto con un adulto. Ella dice que lo va a pensar. Y acuerdan otro turno para realizar la práctica.

Unos días después, la que regresa es la madre. Su hija le contó y está enfurecida. Busca a la médica a los gritos:

—¿Quién es usted para meterse? Mi hija no se va a poner nada.

Pilar Galende, presidenta saliente de la Federación Argentina de Médicos Generalistas e integrante la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, dice que puede entender las preocupaciones de las madres, que muchas de ellas acompañan a sus hijas amorosamente o lo mejor que pueden, y que sigue siendo difícil poder romper con el paradigma de tutelaje: “Que un adolescente pueda tomar decisiones sin el consentimiento de un adulto, sin necesitar de una autorización expresa, o sin incluir a su padres, genera tensión”, asegura. Tensión que también se da dentro de los equipos de salud.

Con dieciocho años de experiencia en el sistema de salud público, Galende cree que “las leyes no resuelven todo: se requiere un proceso de trabajo tanto en los centro de salud, como a nivel social: que las adultas y los adultos, y esto nos incluye a todos, comprendamos que las vidas de nuestros hijos son las vidas de nuestros hijos y que nosotros estamos ahí cumpliendo otro rol”.

Antes del año, aquella madre que le había gritado a la médica, vuelve con su hija. La adolescente está embarazada. Cuando se sienta frente a la profesional, la madre dice:

—No me diga nada. Ya sé, ya sé. Pero no lo va a tener.

La médica mira a la adolescente, pregunta:

—Vos, ¿qué querés hacer?

Secreto no es clandestinidad

Luisa Cardoza es médica especialista en medicina general, realizó un posgrado en salud comunitaria y tiene una diplomatura en adolescencia. Trabaja en el hospital de Victorica, al noroeste de La Pampa. Desde hace 10 años realiza Asesorías escolares. Dice que ni bien arrancó a visitar los colegios quería darle todos los consejos a los adolescentes, después entendió: ellos quieren que los escuchen. Entonces es todo oídos primero, y luego trata de acercarles algunos conocimientos, desmontar  falsas creencias, animarlos a discutir temas para pensar juntos. 

Los adolescentes y las adolescentes ya se acostumbraron a contar con ella. La esperan.  Sienten que están en un lugar seguro.

—La confianza tiene que ver con la confidencialidad —asegura Cardoza.

Ese pacto de respeto, ese código de ética, se traslada al consultorio, cuando llega alguna adolescente y le cuenta que está embarazada y que no lo puede tener. “Así suelen decir ‘no puedo’, más que ‘no quiero’, manifestando de esta forma todo lo que está detrás de traer un hijo al mundo, la responsabilidad que eso significa y los cuidados que demanda”, dice la médica. Lo que también suelen expresar las adolescentes es que les da terror que la gente se entere.  

Si bien en La Pampa desde 2018 estaba aprobado un Protocolo de ILE y las adolescentes se enmarcaban en causales legales, para Cardoza la gran diferencia en estos últimos cinco años es la legitimidad que dio la ley para trabajar. Nada hay que justificar. Con la palabra de la adolescente alcanza. Y que gracias a eso ella pude responderles: 

—Cualquier consulta está protegida por el secreto médico. Esto no es clandestino, no nos estamos ocultando de nada ni de nadie porque tenemos la ley. 

La médica Pilar Galende dice que esa legitimación también es social. La Ley 27.610 modificó los circuitos de acceso. Antes había que encontrar a las o los profesionales dispuestos a llevar adelante una interrupción. “Llegaban a nosotras a través de las redes feministas, de la amiga de una amiga, googleaban, las que vivían en localidades alejadas debían trasladarse a Santa Rosa o a General Pico, hoy las adolescentes van por su cuenta al centro médico más cercano y quien los recibe tiene la obligación de garantizar la práctica”. 

También puede pasar al revés.

Una adolescente de 15 años llega al consultorio con dos amigas. De un bolsillo saca el test de embarazo: las rayitas indican que es positivo. Sus amigas le insisten para que aborte, pero ella quiere tenerlo. 

La obstetra que la atiende le dice que es su cuerpo, su decisión. Conversan, evalúan las opciones.

Ella dice que sí: se imagina con ese bebé. El problema es otro:

—Me da miedo la reacción de mi papá. 

Con su madre sabe que puede hablar, que aunque se amargue un poco, va  a entender. Pero él… él tiene reacciones violentas, y problemas de corazón. Le pide ayuda a la profesional. Y acuerdan una cita con el padre y la madre, unos días después.

—Está enferma— es lo primero que dice el hombre, aterrorizado, cuando entra al consultorio y ve que además de la doctora están la trabajadora social y la psicóloga.

—No. Está embarazada. Y decidió tenerlo. La tenemos que acompañar.

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro – un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.