En una crisis todos tienen razón

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El escenario para Cristina Kirchner es, en sus términos, muy difícil: no tiene funcionarios propios que le respondan en las áreas sobre las cuales deposita un interés particular -Economía, Producción y BCRA-, la sociedad decodifica que sí y, por lo tanto, un tercero -al que ella eligió- le consume su capital político. A la vez, no puede romper -como especularon algunos los días posteriores a las PASO- por un sentido de la responsabilidad y “porque no es radical” como sentenciaron ante #OffTheRecord desde su entorno frente a esa consulta la semana pasada. Según la última encuesta de la consultora Fixer, el 65% de los argentinos creen que quien gobierna en la argentina es ella. Dicho de otro modo, Cristina debe sentir que está secuestrada.

Sin embargo, sería una visión incompleta. Nada indica que otros funcionarios, con estas mismas condiciones, lograrían un resultado sensiblemente diferente. Un Estado con pocos instrumentos, una moneda débil, necesidades sociales heredadas del macrismo y profundizadas por la pandemia son los trazos que concluyen una pintura de una política fiscal que no le alcanza a la sociedad y a la vez tensiona la macro al borde del estallido cambiario. Este es el marco de la carta de CFK: la impotencia frente a una situación que anunció, pero de la cual no se ve la salida. En algún momento, Alberto Fernández dijo que “con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede». Hoy se podría decir lo mismo, con otro destinatario: “Sin el Estado no se puede, pero (solo) con el Estado no alcanza”. Esta obviedad, -al igual que demandar un crecimiento de la inversión privada- es más fácil emitirla que lograrla, porque lo que no da certidumbre en Argentina es la política, no la economía. Sin reacción desde ahí, en la coalición permanecen las mismas incógnitas. Ya no solo por qué perdió en las PASO sino por qué y para qué ganó las generales de 2019. La necesidad de una instancia de deliberación de los socios fundadores ya no es necesaria sino imprescindible. Y esto no aplica solamente al oficialismo sino también a los jóvenes emprendedores que nunca se rindieron ante la adversidad y lucharon hasta nacer en familias ricas de la gestión que precedió a los Fernández. La modificación de hecho del decreto 929 fue uno de los atentados contra la mentada seguridad jurídica más gravitantes de los últimos años, por citar solo un ejemplo.

Entre las oportunidades para el país, justamente, Vaca Muerta -la más promisoria en el corto plazo- enfrenta también las mayores urgencias legislativas para su desarrollo. Las proyecciones para la fecha de vencimiento de la explotación de hidrocarburos varían según el observador -país, organismo internacional, agencia o empresa-, pero la coincidencia sobre el horizonte es unánime. Cada barril de petróleo que no se explote hoy se perderá para siempre. A pesar del énfasis en el paso a generación de energías renovables y fuentes de cero emisiones, no hay ningún modelo -ni siquiera los más audaces- que no prevea un rol relevante para el gas natural en la transición energética y Vaca Muerta es la segunda reserva de gas natural no convencional a nivel mundial. Con lo encomiables que resultan los esfuerzos para desarrollar la energía solar y eólica, el grueso de la reducción de emisiones en los Estados Unidos -que lograron desenganchar el crecimiento de las emisiones del crecimiento económico- proviene del reemplazo del carbón por gas natural en la generación eléctrica. China anunció esta semana que dejará de financiar plantas a carbón en el extranjero en el marco de su asistencia a proyectos de infraestructura. 

La reconversión de plantas de carbón a gas natural es una de las formas más rápidas, baratas y efectivas de reducir emisiones a nivel global y Vaca Muerta, de movilizar las inversiones necesarias, puede proveer a la enorme demanda asiática. Entre los países vecinos, el mercado brasileño, aun con sus propios intereses en el desarrollo de sus hidrocarburos offshore, ofrece oportunidades ante un probable declive de la producción de gas boliviano, mientras la posibilidad de consolidar una provisión estable durante todo el año a Chile aparece también cercana. El acuerdo para un régimen de promoción de la exportación de hidrocarburos promete, de lograrse, sumar miles -quizás decenas de miles- de millones de dólares a nuestras exportaciones.

En una situación que es de crisis, Argentina mantiene ajustados al máximo los controles sobre la actividad. Los despidos están prohibidos desde el comienzo de la pandemia y la doble indemnización rige desde diciembre de 2019. La contracara es un amplio mercado informal, ubicado por definición fuera de los controles, que contiene sobre todo a los más pobres. En cuanto al control de precios, los tres básicos de la economía están sujetos a una fuerte disciplina. Los salarios registran dos años de caída real. El dólar y los regulados -tarifas- son respectivamente objeto de controles y congelamiento lo que, en el primer caso, presiona sobre las reservas, lo que obtura muchas operaciones, que a su vez se realizan al paralelo, aumentando la brecha y quitando relevancia al dólar oficial en la fijación de precios. Cualquier endurecimiento de los controles en este rubro tiene un costo. La necesidad de que los salarios vuelvan a crecer por encima de la inflación no necesita ser explicada y sabemos de sobra los impactos de la cuenta de subsidios para las tarifas domiciliarias. 

Las experiencias exitosas de distribución del ingreso son casi siempre, a su vez, de crecimiento económico. Lo contrario, un juego de suma cero, aparece inviable en un marco de escasez de divisas que operan como combustible indispensable para recomponer el poder adquisitivo. Incluso en países ricos, sin problemas macroeconómicos, los mapas de reconstrucción aparecen complejos. Las tensiones entre el ala izquierda y el ala moderada demócrata tienen en cuestión la agenda de Joseph Biden que hace apenas unos meses aparecía transformadora. La reciente elección alemana, en la que una muy popular Angela Merkel no pudo imponer a su sucesor y ningún partido obtuvo el 30% de los votos, otorga otra señal sobre el tamaño del desconcierto. Aprovechar cada oportunidad, ampliar cada margen es, entonces, más que una muestra de habilidad política, un deber de supervivencia.

Además de noviembre, una parte importante del futuro próximo del país se juega en Washington, donde la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, enfrenta acusaciones de haber favorecido a China en la elaboración del índice Doing Business durante su paso previo por el Banco Mundial. Una auditoría del bufete de abogados WilmerHale acusa a Georgieva y a su anterior jefe, Jim Yong Kim, de haber sido sensible a los pedidos chinos de mejorar su posición en el indicador, tenido como una referencia sobre facilidades para invertir. El señalamiento fue acompañado por el economista Paul Romer y ha obligado a discontinuar, al menos durante este año, la publicación del índice que ha sido, durante años, objeto de múltiples cuestionamientos y muchos países intentaron en distintos momentos manipular algunas normas internas para mejorar su ranking. Más allá del mérito de fondo de las acusaciones, son muchos los que ven la mano de parte de la crema del sector financiero global en una disputa por más de cien mil millones de Derechos Especiales de Giro que estarían en juego junto a la cabeza de Georgieva. La excusa china, especialmente sensible para el mayor accionista del Fondo, los Estados Unidos, permite poner en juego a una directora gerente que se había alineado con las prioridades más progresivas de la agenda financiera de occidente. Economistas como Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz, estandartes del progresismo académico estadounidense, pusieron su peso detrás de Georgieva mientras los cuestionamientos encuentran un altavoz en ex funcionarios de la administración Trump. Para Argentina, la disputa no es menor. Georgieva se convirtió en directora gerente superando en la última votación al neerlandés Jeroen Dijsselbloem, el ex ministro de finanzas que, al frente del eurogrupo atormentó a Grecia y prolongó innecesariamente su crisis, imponiendo medidas de austeridad que, cada una de las veces, equivocaron las proyecciones de crecimiento económico y subestimaron las consecuencias en materia de pobreza y desempleo.

Mientras tanto, en nuestro país se corporizó en los medios más importantes una iniciativa comandada por organizaciones vinculadas a la oposición bajo el lema #BoletaÚnicaEsMejor, un reclamo para reemplazar las boletas partidarias como instrumento de votación. En este caso a la demanda -si creemos en que haberla presentado en medio de la campaña electoral fue un acto de ingenuidad- la animan las mismas preocupaciones y creencias que en otro momento impulsaron la propuesta del voto electrónico, una modalidad que sobrevive en pocos países y que el Congreso argentino rechazó en 2016. La intensidad y la insistencia del reclamo tiene, hasta el momento, una relación esquiva con los datos. La iniciativa se apoya en dos ideas madre: la presunta igualdad de condiciones de competencia entre los partidos y el ahorro en el gasto de impresión de boletas. La discusión sobre el gasto es secundaria. Nadie elegiría un instrumento de votación defectuoso solo porque es más barato. 

Lo que lleva a que valga más la pena considerar el efecto potencial de la boleta única sobre las condiciones de competencia. La idea de que este sistema promovería una competencia más igualitaria se apoya en un sentido común con escaso sustento comparativo y en un modo, de mínima, incompleto de entender qué cosas habría que igualar en el cuarto oscuro para que todos los partidos tengan la misma chance de ser elegidos. Desde que Elisa Carrió la puso de moda a mediados de la primera década de este siglo, la idea que las boletas de algunos partidos se roban, se deforman o se destruyen de manera sistemática, coordinada y en todo el territorio, forma parte del maletín de excusas de quienes tienen que explicar por qué no ayudan a ganar las elecciones. 

El problema de equidad entre los partidos el día de la elección no está en aparecer en el cuarto oscuro -cosa que todas las agrupaciones en competencia consiguen hacer, según todos los datos disponibles- sino en la capacidad que cada agrupación tiene de captar la atención de los votantes. Ese problema se decide mucho antes de la elección y el momento mismo de emitir un voto tiene bastante más que ver con el orden y la claridad con la que se presenta la información que con el instrumento que se use para presentarla.

Por otro lado, la «boleta única en papel», la «boleta única electrónica» o el «voto electrónico» no son descripciones fieles de sistemas de votación en particular sino nombres genéricos -y a veces de fantasía acuñados por intereses de marketing, políticos o de ambas cosas- que admiten procedimientos de votación muy distintos. La «boleta única en papel» que se usa en las elecciones provinciales de Córdoba -una sola con los nombres de todos los partidos y principales candidatos para todos los cargos en juego- no tiene nada que ver con la que se usa en Santa Fe -donde se elige en un papel separado los cargos legislativos y la gobernación. En este asunto, el diablo está en los detalles: cómo se vota por boleta completa, cómo se registra el voto en blanco, cómo se marcan las opciones, cómo se decide el orden en que aparecen las listas en la boleta, qué imágenes identifican a las agrupaciones y a las candidatas y candidatos. Cada uno de estos aspectos de revoque fino influye mucho más en cómo se reparten los votos y el poder político el día de la elección. Hagamos el ejercicio de pensar en la boleta única de la Provincia de Buenos Aires donde en la última PASO compitieron 25 partidos y alianzas en un total de 28 listas, cada una con 35 precandidaturas titulares y otras tantas de suplentes. Esos detalles también pueden generar inequidad de competencia. 

Cualquier cambio que se decida hacer en la administración electoral argentina debe considerar que luego de casi 40 años de elecciones para cargos de todos los niveles -sin ningún tipo de proscripción, violencia y con alternancia muy frecuente- sobran los dedos de una mano para contar los escrutinios con cuestionamientos serios. Para valorar este dato recordemos que a principios de este año seguidores del candidato que perdió las elecciones presidenciales en Estados Unidos invadieron el Palacio Legislativo alentados por sospechas de fraude infundadas. En la misma línea se inscribe ahora Jair Bolsonaro, en su tensa disputa con toda la justicia electoral brasileña. Ambos países incluyen, uno en algunos Estados y otro en su totalidad, mecanismos de votación electrónicos. No es solo una cuestión de papel vs. tecnología sino de confianza del sistema político en el instrumento.

Las reformas políticas integrales, cuando abordan cuestiones electorales, a veces diseñan un caballo, pero termina saliendo un camello. Cualquier solicitud de cambio tiene que incorporar otras cuestiones colaterales y complementarias, para que después no haya que administrar jorobas no solicitadas.

Bonus track 

• La orden de presentación en la obra social del Poder Judicial fue leída en la Corte como una maniobra de Ricardo Lorenzetti contra Juan Carlos Maqueda. La causa está a cargo de María Eugenia Capuchetti a quien le sindican una relación política muy estrecha con Cristian Ritondo. Fue Ritondo quien presentó hace algunas semanas un proyecto de ley para regular que el titular del máximo tribunal sea el magistrado más antiguo con una duración de tres años, algo que beneficiaba indirectamente al propio Lorenzetti.

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Iván