El peronismo, entre votos y vetos

Si las encuestas están en lo cierto, cuando se abran las urnas en los Estados Unidos hoy por la noche, Donald Trump va a ser un político más débil que en este momento. Las previsiones de una ola demócrata a lo largo y a lo ancho del país significa que, llegado el miércoles, el progresismo estadounidense va a almorzarse la cena y empezar el debate sobre las narrativas. El ejemplo de “lo que hay que hacer” que también será, como de costumbre, exportado. Una batalla de interpretaciones sobre cómo se ganan las elecciones presidenciales –a la postre, las que importan– a lo largo y a lo ancho del mundo.

El establishment partidario encontrará argumentos para sostener que la recuperación llegó de la mano de candidatos moderados, capaces de conversar con votantes conservadores y de poner distancia respecto de las posiciones más impopulares de las bases. La izquierda mostrará sus propios ganadores para argumentar que la salida de la crisis exige enfrentar al poder económico y ofrecer algo más que una buena administración del malestar. Si la noche es suficientemente buena, probablemente sobren ejemplos a mano.

Brasil acaba de ofrecer una advertencia sobre los problemas de precipitar análisis. Después de la primera vuelta, la candidatura de Flávio Bolsonaro destacaba una decisión polémica de su padre como una genialidad. Una chapa pura, sin intermediación de la derecha más convencional y la apuesta a que la polarización ordene al electorado detrás del apellido. La estrategia infalible pasó a ser caracterizada como un error evidente tres semanas después. El ganador siempre parece haber entendido la época y el derrotado no saber interpretarla. Es más complejo.

Una buena noche demócrata podría dar argumentos a todos y mostrar los problemas de las fórmulas universales. En Kansas, el pastor metodista Adam Hamilton amenaza con terminar con una racha de 94 años sin que los demócratas ganen una elección al Senado. Su candidatura combina una identidad religiosa reconocible, inserción comunitaria y un esfuerzo explícito por diferenciarse de la izquierda partidaria. Además de un candidato a tono con un estado conservador, aparece un malestar muy concreto entre productores y votantes de este distrito rural por los costos de los fertilizantes y los combustibles. En Carolina del Norte, Roy Cooper, exgobernador, centrista, con una larga trayectoria de victorias a nivel estatal, llega con una ventaja de alrededor de diez puntos en las encuestas. Trump ganó ese territorio en sus tres elecciones presidenciales. Ambos serán cartas fuertes para quienes sostienen que la reconstrucción demócrata necesita dirigentes ligados a sus localidades y aceptables para personas que no comparten la identidad más progresistas del partido.

Para el ala izquierda, la propuesta más atractiva es la de Abdul El-Sayed en Michigan. Médico, musulmán y exfuncionario de salud pública, aliado de Bernie Sanders, ganó su primaria por menos de un punto proponiendo cobertura sanitaria universal, reforma del financiamiento político y rechazo a la relación con Israel. Si gana, demostraría que una figura situada claramente a la izquierda puede ganar en un estado competitivo, que Trump conquistó en 2024. Con todo el relato –justificado– sobre el establishment partidario, hay que señalar que El-Sayed logró movilizar los apoyos del jefe del bloque demócrata del Senado, Chuck Schumer, y compartió un acto con el mismísimo Barack Obama, quien le dio su apoyo a pesar de las críticas del candidato izquierdista. La dirigencia demócrata aparece, más allá de todo, enfocada en ganar.

Los dirigentes van a ganar por su trayectoria de gestión, lazos con la comunidad,  organización militante o conexión con las sensibilidades culturales locales. También van a ganar porque el de enfrente va a ser peor y porque el oficialismo desgastado amplía las posibilidades de candidaturas que, en otras circunstancias, encontrarían límites más obvios.

El mejor termómetro de las características de la elección va a ser Texas. James Talarico llega con una ventaja constante pero estrecha en las encuestas, de entre dos y tres puntos. Enfrente tiene a Ken Paxton, un candidato republicano especialmente vulnerable por su acumulación de violaciones a la ética y problemas legales. Una victoria demócrata rompería más de tres décadas de derrotas en el segundo estado del país por población y mostraría que el desgaste republicano alcanzó el centro de la derecha estadounidense. Sería un cimbronazo comparable al de una victoria del peronismo nacional en Córdoba. 

Talarico, además, asoma como un talento generacional para los demócratas, que ofrece una respuesta propia al debate sobre moderación o radicalidad. Su discurso se para por encima de la grieta, particularmente en temas culturales y en el reconocimiento amable del adversario, sin vaciarse de contenido. Del conflicto entre demócratas y republicanos hacia la concentración de la riqueza y del poder. Su adversario discursivo son los milmillonarios que pueden comprar una influencia política inaccesible para los votantes. Elon Musk le dio a esa denuncia un nombre, una cara y una intervención concreta en la campaña, con contribuciones por decenas de millones de dólares contra su candidatura. Talarico, un ex seminarista, respondió con la historia bíblica de David y Goliat, y prometió ser “el Senador de todos los que no pueden pagar uno”. Si gana en Texas, podría ser, él mismo, una narrativa.

Salvo una sorpresa, Trump será más débil el miércoles, sin control legislativo. Las sorpresas, por supuesto, acontecen. Lula acaba de ganar una elección en la que las principales encuestadoras y las casas de apuestas le daban pocas chances. Los sondeos se equivocan, pero todo parece dirigido a que no sea así. Para el presidente estadounidense, una derrota administrable sería perder la Cámara de Representantes, sufrir un castigo nacional y conservar el Senado gracias a alguna combinación de resultados estatales. Allí sólo se eligen 35 de los cien escaños y los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro para alcanzar la mayoría. El mapa los obliga a ganar en estados que votaron por Trump en 2024, por márgenes amplios. 

Incluso si conservara el Senado, Trump enfrentará una segunda mitad del mandato incómoda. Una Cámara de Representantes opositora podría bloquear iniciativas y, sobre todo, investigar. Los demócratas preparan iniciativas sobre los negocios de la familia presidencial, sus emprendimientos en criptomonedas, las inversiones de sus hijos y los vínculos entre aportantes privados y decisiones públicas. La Cámara tiene recursos, audiencias y poder para exigir documentos y testimonios bajo penas de arresto.

El contexto también cambia la capacidad de esas denuncias para hacer daño al presidente. Trump llega con un diferencial de aprobación negativo de más de veinte puntos. El costo de vida es la principal preocupación del electorado y la guerra en Irán alimenta el descontento. En ese marco, la exposición de negocios familiares favorecidos por la cercanía al poder podría integrarse a una explicación más amplia del fracaso presidencial. “A vos te va mal porque a ellos les va bien” suele ser una mala explicación, pero capaz de despertar indignaciones justificadas.

El control personal de Trump sobre el partido también deberá abrir mano a la sucesión. El presidente no tiene reelección y cualquier aspirante republicano a 2028 tendrá que construir una candidatura propia. Una mala elección aceleraría el proceso de distanciamiento. Trump conserva una adhesión abrumadora entre los votantes que se identifican con MAGA, por lo que sus herederos deberán encontrar una forma de retener a esa base y recuperar a quienes se alejaron, pero las dosis de uno y otro podrían ser muy dañinas para el tipo de lealtad que exige el presidente. 

Malas noticias para Javier Milei, aunque su alianza con Trump –y Scott Bessent– pueda sobrevivir al resultado. El secretario del Tesoro reivindicó en septiembre el uso del poder financiero estadounidense como herramienta de política exterior y presentó el apoyo a la Argentina como un ejemplo de esa estrategia. Sin embargo, un presidente debilitado y un Congreso con poderes de control e investigación podrían elevar el costo de nuevas intervenciones en favor de un país extranjero. El respaldo financiero necesita conservar la misma disponibilidad, velocidad y margen de discrecionalidad para asistir a una administración que hizo del vínculo con Washington el equivalente a los dólares del colchón ante cualquier contingencia.

La elección estadounidense llega, además, en un momento especialmente malo para los activos argentinos. El lunes, el riesgo país cerró en 805 puntos básicos y algunas acciones locales perdieron hasta un 12% en Wall Street. El castigo es consistente con una reducción de la exposición al riesgo argentino en el año previo a la elección presidencial. Aunque la incertidumbre internacional también interviene, la que pesa sobre la continuidad del oficialismo determina un aumento del riesgo argentino. El temor a un regreso del peronismo es un miedo evidente de esa entidad insondable conocida como “los mercados”, pero ese temor se alimenta de los resultados económicos que vuelven electoralmente viable a una oposición que, hasta ahora, sólo exhibe sus grietas internas.

Los últimos datos del INDEC muestran que, en agosto, la actividad cayó un 1,7% interanual y apenas creció un 0,1% frente a julio en términos desestacionalizados. En el mismo mes, la producción minera aumentó un 8,4% interanual, mientras que la industria manufacturera retrocedió un 3,2% y la construcción, un 4,4%. Las ventas reales de los supermercados bajaron un 3,7%. El dinamismo de las actividades extractivas convive con la caída de los sectores ligados al consumo y al empleo. Es obvio cuál de las dos realidades se sienten en el bolsillo de la mayoría de los argentinos que deberán votar el año próximo.

Una paradoja para el Gobierno y los capitales que lo acompañan. La perspectiva de una alternancia encarece el financiamiento y vuelve todavía más difícil una recuperación que necesita recursos y perspectivas más heterodoxas. Una eventual derrota de Trump dificultaría aún más la continuidad de un programa económico que, como todos, depende de la capacidad para reunir los votos de quienes viven bajo sus efectos. En el Gobierno, con todo, esperan todavía capear los próximos meses y lograr alguna recuperación el año próximo. Mientras tanto, confían en que las noticias sean absorbidas por la visita del papa León XIV, que promete una movilización popular de escasos precedentes. 

La esperanza es compleja. El papa, más allá de que el contenido de su mensaje es espiritual y no político coyuntural, hasta ahora centró su mensaje, en línea con su predecesor  Francisco, en la importancia del ser humano y el riesgo de que la maquinaria del capitalismo contemporáneo termine corriendo su centralidad. Apoyó a las comunidades migrantes, advirtió sobre las formas de las tecnologías de inteligencia artificial, mantuvo un discurso social potente sobre la pobreza y se convirtió en referente de quienes tienen una visión progresista de la relación con Dios y la religión. Talarico, protestante, lo citó como uno de sus héroes. El papa destaca a menudo la diferencia entre su rol como representante de la divinidad de acuerdo al culto católico, como León XIV y su condición de ser humano. Robert Prevost, estadounidense, nativo del estado de Illinois, pidió una boleta y votó por correo en las elecciones estadounidenses. Difícilmente lo haya hecho por Trump.

Gobernar se convirtió en una actividad de alto riesgo para quienes la ejercen. El último informe del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires muestra que de los catorce presidentes que pudieron ser comparados entre el primer cuatrimestre de 2026 y el período mayo-octubre, doce perdieron aprobación, uno se mantuvo estable y apenas uno mejoró. La excepción fue Lula da Silva, con un avance de un punto, pero la regularidad tóxica atraviesa geografías, ideologías y programas económicos. 

El desgaste alcanza incluso a los gobiernos que todavía pueden exhibir una relación relativamente confortable con sus sociedades. Claudia Sheinbaum encabeza el ranking con un 62% de aprobación promedio, pero perdió siete puntos respecto del primer cuatrimestre; el canadiense Mark Carney conserva un 58%, después de retroceder tres. Más abajo, las diferencias entre las promesas y las posibilidades producen movimientos bastante más violentos. Rodrigo Paz pasó en Bolivia del 63% al 32% entre ambos períodos. José Antonio Kast cayó nueve puntos en Chile y Yamandú Orsi, siete en Uruguay. El recambio permite inaugurar una expectativa, pero ofrece cada vez menos garantías sobre su duración. La ansiedad, la impaciencia o el disconformismo parece ser uno de los pocos consensos de la época.

Milei figura en ese mapa con un 37% de aprobación promedio entre mayo y octubre, apenas por debajo de Trump, con 38%, y de Giorgia Meloni, con 39%. La comparación admite dos lecturas para la Casa Rosada. La primera, tranquilizadora, es que el presidente participa de un desgaste extendido ya que las dificultades para sostener el respaldo exceden largamente a la experiencia libertaria. La segunda resulta menos confortable: que otros gobiernos pierdan apoyo ayuda a describir el problema, pero difícilmente sirva para resolverlo. Los ciudadanos argentinos no votarán en 2027 para decidir si Milei administró mejor el malhumor que sus colegas europeos.

El informe introduce, además, una precaución para quienes buscan convertir cada encuesta en un anticipo del escrutinio. La pérdida de popularidad no tiene una traducción electoral automática. Justin Trudeau, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez consiguieron continuar al frente de sus gobiernos después de perder más de veinte puntos de aprobación. Trump, en cambio, perdió en 2020 con un respaldo apenas inferior al que tenía al comenzar su primera presidencia. Los sistemas electorales y las circunstancias son diferentes, como advierten los investigadores, pero los antecedentes permiten discutir una superstición bastante difundida entre políticos, consultores y financistas, y es la existencia de un número que garantice la continuidad o certifique la derrota.

La distinción tiene consecuencias para el oficialismo y para sus adversarios. Una sociedad puede desaprobar a un gobierno y, aun así, preferirlo frente a la alternativa disponible. También puede reconocer algunos resultados de una gestión y decidir que es hora de reemplazarla. Entre la evaluación de un presidente y la elección de su sucesor intervienen los candidatos, los temores, las alianzas y las expectativas. Para la oposición argentina, el deterioro de Milei puede ampliar una oportunidad, pero no sustituye la construcción de una oferta. Para el Gobierno, las dificultades de sus competidores pueden facilitar la supervivencia, aunque sería arriesgado confundir esa ventaja con una recuperación del entusiasmo.

Europa agrega una dimensión más incómoda. Los bajos niveles de aprobación de Macron y Friedrich Merz conviven, según el relevamiento, con el avance de fuerzas que cuestionan a los partidos tradicionales. El malestar puede desgastar a una gestión y, también, a quienes deberían reemplazarla. Es una advertencia para cualquier oposición que imagine que alcanza con esperar el fracaso del experimento en curso. Cuando la frustración se vuelve persistente, los electores pueden buscar una novedad antes que una reparación. 

El dato merece atención porque expone las dificultades del peronismo durante estos últimos años. La base electoral de Cristina Fernández de Kirchner prefiere a Axel Kicillof, después de casi dos años de desgaste promovido desde sectores de su propio espacio. Sergio Massa, con toda su capacidad de negociación, su conocimiento del Estado y su dominio de las relaciones del sistema, aparece muy lejos del gobernador en una eventual interna, incluso con el respaldo de la expresidenta. Hay una distancia entre la autoridad que ambos conservan sobre la dirigencia y su capacidad para ordenar las preferencias de los votantes.

Durante mucho tiempo, ganar elecciones y tener votos fueron condiciones centrales para conducir o validarse como dirigente en el peronismo. Resultaba difícil reclamar una posición decisiva sin respaldo electoral. Ese fue, sin ir más lejos, el argumento central —y con justicia— de la defensa de la conducción de Cristina. Entonces, si su situación judicial no le permite competir, ¿quién reúne las credenciales para ser una alternativa? Tal vez el peronismo deba recuperar algo de aquel criterio que solía constituirlo como mayoría.

Ahora bien, de esa observación no se desprende que Cristina vaya a facilitar el trámite. La expresidenta nunca entendió la conducción como una responsabilidad de la que hubiera que retirarse porque otro dirigente empezara a reunir mejores condiciones. ¿Por qué lo haría ahora? Esperar que reconozca los números de una eventual interna en la que ella no puede competir, ordene a sus seguidores y despeje el camino de Kicillof supone atribuirle una concepción de la política que difícilmente pueda encontrarse en su trayectoria.

Además, buena parte de las disputas decisivas del peronismo de las últimas décadas se resolvieron mediante una suerte de protointernas: enfrentamientos que, ante la imposibilidad de procesarse dentro de una misma estructura, se trasladaron a la elección general. En 2003, Eduardo Duhalde promovió la candidatura de Néstor Kirchner y un esquema de competencia con tres postulantes peronistas para impedir que Carlos Menem se quedara con la representación del conjunto. En 2005, Cristina enfrentó a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires. En 2017, compitió contra Florencio Randazzo y Sergio Massa desde otro sello. Las diferencias se resolvieron a los golpes, con listas separadas y votos que después permitieron establecer quién conducía.

Las PASO podrían modificar esa dinámica. Si se mantienen, sería difícil para Kicillof o para Cristina eludir una instancia de competencia que ofrece un procedimiento para resolver la disputa sin romper antes de la elección general. Si se suspenden o se eliminan, en cambio, vuelve a cobrar centralidad la capacidad de reunir dirigentes, controlar estructuras y presentar los acuerdos de cúpula como expresión de la voluntad del conjunto. Allí se entiende la apuesta de Cristina que consiste en acumular suficiente volumen político para aislar al gobernador y conseguir que la candidatura del dirigente con más votos aparezca como poco menos que un capricho personal. El principal desafío de Kicillof es que eso no ocurra.

La continuidad de las primarias depende, a su vez, de una negociación ajena al peronismo, aunque sus consecuencias puedan ordenarle o desordenarle la vida. El Gobierno necesita votos y los gobernadores quieren garantías sobre su futuro electoral. La discusión sobre las PASO incluye, por eso, candidaturas, sucesiones provinciales y representación parlamentaria. Si la Casa Rosada no quiere entregar Córdoba, Mendoza ni otros distritos en los que debería defaultear las expectativas de sus propios candidatos a cambio de apoyos, tendrá que ofrecer recursos. Cuánto está dispuesta a gastar, en plata y en acuerdos políticos, sigue siendo una incógnita. Santilli asegura que lo conseguirá, aunque su palabra no sea precisamente el activo más confiable del mercado de valores de la política argentina.

Last but not least, hay una variable que puede alterar toda la conversación y es el escenario que se abriría si el Comité de Derechos Humanos de la ONU concediera la cautelar que pide Cristina. Una decisión favorable abriría una disputa sobre su aplicación en la Argentina. No equivaldría, por sí sola, a una habilitación electoral automática, pero su efecto político podría ser inmediato. Cristina recuperaría una herramienta para colocar su situación en el centro de la discusión y condicionar los tiempos de los demás.

Kicillof tiene, entonces, una ventaja electoral que todavía debe convertir en autoridad política. Cristina conserva una autoridad política que busca preservar aun cuando los votos empiezan a preferir a otro y sus condiciones están limitadas. Entre ambas cosas se juega quién conduce, con qué legitimidad y mediante qué procedimiento se resuelve cuando esas respuestas dejan de coincidir. Los votos pueden ofrecer una respuesta bastante clara; conseguir que la dirigencia acepte la competencia interna, después de más de 20 años de no hacerlo, es un desafío más opaco.