Río y el megaoperativo que modifica el escenario preelectoral

Lula volaba desde Kuala Lumpur, capital de Malasia, hacia Brasilia cuando la zona norte de Río de Janeiro amaneció bajo fuego: humo, drones, balas y fusiles decomisados en un megaoperativo de la Policía Militar para detener a cien personas. La operación más letal contra el crimen organizado en la historia de Brasil fue ejecutada por el gobernador Claudio Castro, del Partido Liberal (PL), el de Valdemar Costa Neto al cual se sumó Jair Bolsonaro en 2021 antes de su intento (fallido) de reelección.

“Era para tener un trabajo de integración mucho mayor. Estamos solos en esta guerra y es muy fácil criticar al gobernador”, dijo durante la primera jornada Castro, algo que fue visto como un reclamo directo al gobierno nacional. Luego volvió sobre sus pasos: llamó a Gleisi Hoffman, quien maneja las relaciones institucionales de Planalto, y le dijo que no había tenido intención de criticar a la administración Lula. A esa hora, centenares de piquetes simultáneos tenían lugar en la Cidade Maravilhosa: el Comando Vermelho paralizaba la circulación con micros cortando importantes arterias, buscando reagruparse y mostrar fuerza ante la acción estatal. 

Durante esa tarde los cuestionamientos periodísticos recayeron sobre el accionar del gobernador. “Claudio Castro estuvo en contra de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad del Gobierno Federal. Ahora él quiere al gobierno federal”, explicó Octavio Guedes en Globo News, refiriéndose a una propuesta que integra a las fuerzas federales, estaduales y municipales contra milicias y facciones del crimen organizado. “Esa PEC está en el Congreso Nacional, más específicamente en la Cámara de Diputados, desde abril. Nosotros estamos en octubre, casi noviembre. Le pregunto a los diputados, porque acá vienen diputados todos los días, todas las semanas, ¿esto no es urgente? ¿La PEC de la seguridad pública no es urgente?”, dijo por su parte la presentadora Andreia Sadi.  

La militancia silvestre del lulismo se sumó a una primera impugnación al gobernador: “Claudio Castro comandó una acción desastrosa que mató diversos inocentes y policías. PEC de la seguridad ya”, decía un flyer sin firma que se viralizó en redes sociales como respuesta inicial. La mañana siguiente se conocieron las imágenes que dieron vuelta al mundo: aquellas de los cadáveres apilados, encontrados por las mujeres de la comunidad, que lloraban frente a corresponsales de diversos medios internacionales. 

Los debates del oficialismo nacional

Dentro del PT y las organizaciones afines al gobierno se fueron dando diversos posicionamientos al calor de los acontecimientos, en tiempo real. Durante su juramentación como nuevo secretario general de la Presidencia, el combativo Guilherme Boulos (PSOL, aliado al PT) agregó solemnidad. “Yo quería pedir que todos nosotros hiciéramos acá en el Palacio de Planalto un minuto de silencio por todas las víctimas de esta operación. Policías, habitantes, por todos ellos”, dijo el también fundador del Movimiento de Trabajadores Sin Techo con Lula mirándolo de cerca, apenas horas después del operativo, cuando la cifra de muertos daba 64.

En ese mismo momento apareció un video de Washington Quaquá, alcalde de Maricá, ciudad lindera a Río y que es parte del mismo estado. “Ninguém enfrenta fuzil com beijinhos”, expresó allí, algo que podría traducirse como “nadie se enfrenta a un rifle con besos”. “Vi a un padre diciendo que le dio varios consejos al hijo, y que este continuó con los bandidos y que terminó muerto en la operación”, contó, destacando igualmente el problema de la soledad con la que Castro actuó. La posición de Quaquá, vicepresidente del PT a nivel nacional, era diferente de la de Macaé Evaristo, ministra de Derechos Humanos a nivel federal, que caracterizó los hechos de “fracaso y tragedia”. El PT, partido de numerosas tendencias, estaba mostrando una coralidad de posiciones. 

Quien sintetizó los diversos pareceres, casi a modo de cierre del plenario, fue el propio Lula. Es una de las tareas de los dirigentes políticos: tomar los diferentes aportes y buscar un equilibrio. A través de un comunicado en redes que se conoció 24 hs después de su arribo a Brasilia, escribió: “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo moradores y distribuyendo drogas y violencia por las ciudades”. También pidió por un trabajo coordinado «sin poner en riesgo a policías, niños y familias inocentes». Ya en ese entonces se contaban más de 120 muertos. Más tarde promulgó la ley 15.245, que incrementa la protección de agentes públicos que combaten al crimen organizado y endurece las penas para quienes intenten obstruir las investigaciones. 

El contexto político de la operación

Lula venía recuperando popularidad: el alza de precios de los alimentos había amainado desde 2024 –el año de la sequía–, lo que se traduce en un mejor fin de mes para las mayorías. Además, el presidente había pulseado con dignidad contra Donald Trump en la puja arancelaria que el republicano comenzó durante el juicio a Bolsonaro. “Brasil es de los brasileños”, fue el slogan que parecía responder al Make America Great Again con el que desfiló el bolsonarismo. Probablemente por ello, y también por el interés en las tierras raras de Brasil, el propio Trump reformuló su discurso público sobre el dirigente petista, a quien elogió públicamente en la última Asamblea General de la ONU. Luego vino la foto de ambos en Malasia: Lula aparece relajado, conversando de igual a igual con el presidente de la principal potencia mundial. 

El megaoperativo carioca dio vuelta la página: Brasil volvió a discutir como tema central la seguridad pública y el accionar de grupos paraestatales que dominan vastos sectores de la geografía local. La encuestadora Atlas Intel realizó una primera pesquisa para conocer la opinión pública, con resultados expresivos: la aprobación del megaoperativo marcó un 55% en Brasil y un 62% en Río de Janeiro. Por su parte Genial/Quaest mostró que siete de cada diez habitantes del estado defienden encuadrar a las organizaciones de crimen organizado como organizaciones terroristas. También que el 94% aprueba la creación de un Escritorio de Emergencia, anunciado por el gobierno federal y el del estado. 

Muros, redes y misas

“Fue una operación eminentemente política desarrollada por el gobierno (estadual) para retomar la iniciativa política en el área de seguridad de la manera más brutal posible”, explicó el criminólogo Ignacio Cano al streaming uruguayo La Diaria. “Normalmente estas operaciones empezaban en la parte baja de la favela, había enfrentamientos armados y algunos muertos, y parte de los contingentes de los grupos criminales se escapaban al matagal, al bosque. Esta es la primera vez en que la policía se situó en el bosque, el matagal, esperando para fusilarlos a todos”, continuó. La prensa brasileña le puso un nombre a esa explicación: el muro de BOPE, la fuerza de élite de la Policía Militar. 

“Esto es un intento de proyectar poder y buscar popularidad entre el grupo más de derecha o de ultraderecha en el estado”, comentó sobre los objetivos de Castro y el bolsonarismo carioca el politólogo Thiago Rodriguez, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Otra docente de la UFF crítica de la operación, Jacqueline Muniz, pidió ingresar al Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos de ese ministerio federal tras sufrir una serie de ataques y amenazas en las redes sociales. Entre sus haters había dos diputados federales que mueven el avispero del algoritmo: Nikolas Ferreira y Gustavo Gayer, ambos del PL. Por su parte, el gobernador Castro fue ovacionado en la parroquia Santa Rosa de Lima de Barra de Tijuca el domingo posterior al operativo, cuando se dirigía a misa. 

El allanamiento a Faria Lima y lo que viene

Un antecedente interesante para comparar fue el megaoperativo realizado en la Avenida Brigadeiro Faria Lima de San Pablo durante agosto pasado: allí la Policía Federal hizo allanamientos relacionados a sofisticados esquemas de lavado de dinero por parte del Primer Comando de la Capital (PCC), relacionados con la cadena de suministro de combustibles. De acuerdo a la fiscalía paulista, las fintech operaban con sistemas de contabilidad paralelos, permitiendo transferencias entre empresas y particulares sin identificar a los beneficiarios finales. En la operación de agosto en Faria Lima, conocida como la Wall Street brasileña, no se disparó un solo tiro. “El gobierno de Río no hizo prácticamente nada en relación al contrabando de combustibles, que es como se irriga al crimen organizado”, dijo el ministro de Economía, Fernando Haddad. “Hay que controlar por lo alto, asfixiar al crimen. Ellos, sin dinero, tienen poca capacidad de acción”, pidió. 

El pasado domingo 2 de noviembre, Alexandre de Moraes, poderoso ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, determinó que el gobierno estadual de Rio preserve “todos los elementos materiales” relacionados a la operación policial en las comunidades Penha y Alemão, tales como “informes periciales y sus respectivas cadenas de custodia”. ¿El objetivo? Posibilitar el ejercicio de control y averiguación de la actuación policial por parte del Ministerio Público. Luego se reunió con Castro, quien afirmó que hubo uso de fuerza “proporcional”. Lula endureció el tono este martes: calificó de matanza a la operación y pidió esclarecer las condiciones en las que se dio. El Senado por su parte abrió una Comisión Parlamentaria de Investigación, con foco en la actuación de milicias y facciones. En síntesis, la política brasileña volvió a girar en torno a la seguridad pública cuando la cuenta regresiva indica que faltan apenas once meses para la primera vuelta de las presidenciales 2026.

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