El alquiler llegó para quedarse: que alguien haga algo

Las experiencias internacionales muestran que es posible (y deseable) tener una oferta estable, asequible y variada.

El ascenso del alquiler como forma de acceso a la vivienda es un fenómeno global que impacta en muchas de las grandes ciudades del mundo, aunque siempre adquiere matices locales. En Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, las dificultades para acceder a la vivienda en propiedad y los vaivenes económicos ayudan a explicar esta tendencia. Pero aún allí donde hubo crédito y estabilidad, el alquiler también creció. Esto puede apreciarse en ciudades europeas o estadounidenses y también en nuestra región. En la comuna de Santiago de Chile, 7 de cada 10 viviendas son alquiladas. En Bogotá, casi 6 de cada 10 hogares alquilan. En nuestro caso, Buenos Aires, casi 4 de cada 10 hogares son inquilinos. En CDMX y Montevideo ya son casi 3 de cada 10. 

Pero estos datos por sí solos no alcanzan para describir las condiciones de acceso a la vivienda. La cuestión no se reduce a la cantidad de hogares inquilinos. Por el contrario, la definición pasa por las condiciones de seguridad y asequibilidad de los alquileres. En Viena, casi tres cuartos de los hogares son inquilinos. No obstante, la ciudad dispone de una oferta pública o subvencionada que alcanza a cerca de la mitad de las viviendas, lo que permite a sus habitantes acceder a alquileres mucho más bajos que en otras capitales europeas, además de garantizarles estabilidad residencial. Esa diferencia lo cambia todo.

A medida que crece la proporción de inquilinos, cobra cada vez más relevancia contar con una oferta de alquileres estable, asequible a distintos perfiles socioeconómicos, bien distribuida geográficamente y susceptible de albergar diversas conformaciones de hogares. Pero las tendencias de mercado suelen ir por otro camino y conducen a la homogeneidad tipológica (ahora en torno a unidades más pequeñas) y a la concentración espacial y en cuanto a su orientación (los segmentos de mayor poder adquisitivo). 

Asimismo, la mayor dependencia del alquiler incrementa la exposición a variaciones del mercado, como el aumento de precios relativos o la caída de la oferta (que puede pasar a la venta, al alquiler temporario o quedar vacante). En poco tiempo, muchos de esos hogares pueden ver su acceso a una vivienda fuertemente restringido y quedan sujetos a estrés e inestabilidad habitacional.

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La planificación es fundamental para generar las condiciones que permitan desarrollar ese parque habitacional diverso, capaz de albergar la diversidad de hogares que describimos anteriormente, siempre que se articule con mecanismos que aseguren que las unidades se vuelquen a alquileres en el mismo sentido. 

Pero para asegurar el acceso a la vivienda a través del alquiler, el Estado debe asumir un rol activo que le permita actuar en términos concretos. Para poder hacerlo, es indispensable (y estratégico) contar con capacidades suficientes. Construirlas necesita tiempo, así que deben desarrollarse progresivamente. En situaciones de crisis, el margen es escaso. Muchas ciudades ya vienen trabajando en sus políticas de alquileres, con distintas trayectorias y profundidades, en las que conviven los enfoques de política de oferta y de demanda.

Algunos casos de éxito

En ese sentido, al caso paradigmático de Viena se suma otro histórico. Desde 1914, París Hábitat ofrece vivienda en alquiler asequible por fuera del mercado privado. Actualmente gestiona 126.000 departamentos donde residen casi 1 de cada 9 parisinos. Por su parte, Nueva York constituye un verdadero laboratorio de políticas de alquiler desde hace décadas. Cerca de 350.000 personas viven en 180.000 viviendas públicas. La ciudad tiene además distintas formas de articulación público-privada que le permitieron sumar oferta adicional de vivienda asequible en alquiler mediante exenciones impositivas o incentivos normativos. Desde 2023, allí rige también la obligación de planificar la oferta de vivienda con objetivos que contemplan no solo cantidades sino también los perfiles socioeconómicos de los futuros habitantes y su destino.

Pero la mayoría del ruido político de estos últimos años fue alrededor del régimen de renta estabilizada. Iniciado durante la década del ‘70, abarca un millón de departamentos privados destinados al alquiler, cuyas actualizaciones dependen de una comisión especial. El actual alcalde, Zohran Mamdani, prometió congelarlas si resultaba electo.

Recientemente se han sumado otras experiencias que no necesariamente cuentan con una tradición de políticas de oferta de alquiler. Irlanda desarrolla desde 2021 una política de vivienda asequible que contempla la creación de un parque de viviendas de alquiler al costo, cuyos cánones se determinan por los costos de construcción y mantenimiento. Ofrece una tenencia a largo plazo, con alquileres vitalicios que no superan el 35% de los ingresos de los hogares, y se promueve como una alternativa para quienes no pueden comprar una vivienda. El programa integra múltiples líneas de financiamiento públicas y, para 2025, se habían entregado aproximadamente 4.500 viviendas bajo esta modalidad. 

En Recife (Brasil) se lanzó en 2023 el programa Morar No Centro, una asociación público-privada para la construcción de 1.120 viviendas de alquiler social en el centro de la ciudad. El esquema consiste en siete proyectos enfocados en los sectores de menores ingresos y con distintos niveles de alquiler según los ingresos de los beneficiarios. La Ciudad de México presentó en 2024 el Proyecto Piloto de Vivienda Social en Renta para jóvenes de entre 18 y 35 años. En 2025, anunció la ampliación del Proyecto Piloto a personas vulnerables sin vivienda propia con la meta declarada de construir 20.000 viviendas para 2030.

Sumar al privado

Sin embargo, muchas ciudades también implementan políticas orientadas a la demanda que dependen del mercado privado, lo que da cuenta del carácter multifocal de sus abordajes. Para determinados grupos, París ofrece subsidios por un año si dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler. A esto se suma el programa Visale, desarrollado por Action Logement, una asociación sin fines de lucro de escala nacional, que ofrece garantías gratuitas para inquilinos e intermediación con los propietarios. Además, el gobierno municipal parisino anunció recientemente un programa propio de garantías inmobiliarias y un observatorio del parque privado de alquiler. 

Lisboa, que además de otros programas cuenta con una empresa pública que administra alrededor de 20.000 unidades, también implementó el Subsidio Municipal de Arriendo Accesible, dirigido a familias de bajos ingresos. Recife aparece nuevamente con el programa Tô em Casa, que otorga subsidios a familias de bajos ingresos para alquilar viviendas registradas en un banco de inmuebles, cuyos alquileres deben ajustarse a precios máximos. Los propietarios reciben parte del pago directamente de la municipalidad, gozan de cobertura frente a la mora y de acompañamiento técnico para formalizar los contratos.

Otro ejemplo podría ser la Bolsa de Alquiler de Navarra, gestionada por Nasuvinsa, empresa pública del Gobierno regional. Este programa incentiva a los propietarios a incorporar sus viviendas al alquiler a precios regulados mediante garantías de cobro, la devolución del inmueble en buen estado, beneficios fiscales y la gestión del alquiler. Además, ofrece subvenciones a los hogares inquilinos, cuyo importe depende de sus ingresos y composición familiar.

Superar el alcance limitado

Buenos Aires todavía no tiene una tradición consolidada en políticas de alquiler, aunque tiene algunas capacidades iniciales. En los últimos años sólo alcanzó a desarrollar experiencias de alcance limitado. La crisis habitacional de fines de 2023 dejó al descubierto la extrema volatilidad del sector, al tiempo que el esquema de flexibilización actual incrementa la exposición de muchos de quienes alquilan frente a eventuales escenarios futuros de inestabilidad. Adicionalmente, crece la proporción de hogares sobrecargados que destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler y que terminan por recurrir al pluriempleo, a recortar gastos o a endeudarse para sostener la vivienda. A esto se suman los sectores que ni siquiera pueden alquilar o lo hacen en condiciones de mucha precariedad, con jóvenes y adultos mayores entre los más comprometidos.

Una ciudad que se inquiliniza en estos términos no solo supone un acceso a la vivienda más frágil y condiciones de vida más complejas, sino que, como parte de esa transformación, también genera condiciones para un creciente malestar y mayores tensiones sociales y políticas.

Frente a este escenario, desarrollar una nueva generación de políticas de alquiler para nuestra ciudad supone reconocer los tiempos de las intervenciones, de corto o largo plazo, que suelen coincidir con políticas de demanda y de oferta. En ese sentido, las políticas de demanda, frente a sus limitaciones estructurales y a medida que se sostienen en el tiempo, convergen hacia articulaciones con políticas de oferta, que a la larga son el principal instrumento para asegurar efectos duraderos y acumulativos. Ahora bien, ninguna política podrá replicarse ni transferirse linealmente: deberá apoyarse en las condiciones locales.

Y la ciudad tiene con qué empezar. Cobran relevancia programas preexistentes como Garantía más fácil, Alquilar más fácil o Refacción más fácil, antecedentes de gestión, evaluación de perfiles y asignación de beneficios que podrían servir para proyectar políticas más ambiciosas. Asimismo, las políticas de vivienda de la ciudad, aunque orientadas a la entrega en propiedad —como el caso emblemático del Barrio Olímpico—, supusieron no solo edificación, sino sistemas de selección y asignación, capacidades estatales valiosas que podrían aprovecharse en un futuro para proyectos de alquiler. A su vez, se evidencia la complejidad de crear y escalar capacidades nuevas que la ciudad aún no posee, además de los ordenamientos y regulaciones necesarios. Sin embargo, el mayor desafío es construir consensos y sostenerlos para convertir estas iniciativas en políticas duraderas, que puedan crecer y ganar escala.

Es arquitecto con formación en economía urbana. Fue asesor legislativo. Participa en estudios sobre ciudad y vivienda, y se desempeña como docente universitario y divulgador de temas urbanos.

Agustín Wilner es sociólogo (UBA) y doctor en Estudios Urbanos (Università di Milano-Bicocca) y en Geografía (KU Leuven). Investiga la financiarización de la vivienda, el desarrollo inmobiliario y la desigualdad urbana en Argentina. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.