Fotogalería | Derecho y restitución

Durante décadas, ciertos objetos funcionaron como símbolos. La percha, el perejil, las agujas fueron señales de peligro: indicios de aborto cuando la práctica era ilegal y las mujeres eran empujadas a la clandestinidad. El Estado se desentendía de las consecuencias de decisiones muchas veces desesperadas, solitarias e inseguras.

La lucha por la legalización del aborto implicó, en primer lugar, nombrarlo. “Nosotras abortamos” fue una consigna repetida en marchas y movilizaciones que hizo visible la existencia de una comunidad organizada, capaz de empujar el debate público para que una realidad extendida pudiera convertirse en ley.

La legalización del aborto en 2020 permitió algo más que el acceso a una práctica de salud. Permitió que esos objetos dejaran de ser instrumento, prueba, denuncia o riesgo. Que volvieran —al menos en parte— a su sentido original: colgar, cocinar, tejer. 

Las fotografías de Cristina Sille para este número especial no borran el pasado ni lo estetizan: lo desplazan. Proponen una escena en la que los objetos ya no denuncian clandestinidad, sino que recuperan su lugar en la vida cotidiana.

La elección de las personas retratadas también es intencionada. Son nombres propios de una trama colectiva que hizo posible la ley y que hoy la sostiene. En todos los casos se trata de militantes feministas que impulsaron la legalización desde distintos ámbitos y organizaciones. Con mayor o menor reconocimiento público, cada una trabajó activamente para modificar la realidad de las personas gestantes en todo el país. Y siguen haciéndolo.

Porque el derecho existe, pero su ejercicio depende de condiciones concretas: insumos, información, acompañamiento, decisión política. Hay una comunidad que permanece alerta y defiende la ley frente a retrocesos que no son solo discursivos: el desfinanciamiento y la quita de recursos tienen un impacto directo en su alcance efectivo.

Incluso frente a esos embates, la marea verde dejó un lenguaje común y un camino de desestigmatización sin retorno. Ahí se detiene la cámara: en objetos que ya no denuncian clandestinidad y en mujeres que sostienen, todos los días, que el derecho siga siendo derecho.

Derecho y restitución

Juliana Montoya, activista de Socorristas en Red (feministas y transfeministas que abortamos). Desde hace décadas trabajan brindando información y acompañando a quienes han decidido interrumpir embarazos para que lo hagan de manera segura y cuidada.

Julieta Bazán, médica generalista e integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Es una de las especialistas en garantizar la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en el municipio de Lanús.

Martha Rosenberg, psicoanalista y pionera por el derecho al aborto en Argentina. “El éxito no fue solo conseguir la ley, fue convocar un movimiento popular que fue un ejemplo polìtico y feminista de forma de actuar. El quinto aniversario de la ley del aborto es una fecha celebrable y marca el éxito de nuestro movimiento, que cumple 20 años”.

Durante décadas el aborto clandestino fue la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Según las organizaciones feministas hasta el 30 por ciento de las camas de los servicios de obstetricia eran ocupadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros. 

Elsa Schvartzman, socióloga y pionera por el derecho al Aborto. “Tras la obtención de la Ley nos dimos cuenta de que la Campaña tenía que seguir trabajando para asegurar su accesibilidad y la plena aplicación universal y democrática”. 

Jenny Durán, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto. Coordinó la comisión de comunicación durante el 2018 y 2020 y formó parte del cabildeo parlamentario, clave para explicar las razones por las que la práctica debía estar amparada por la ley.

La falta de insumos que se registra desde el cambio de gestión atenta directamente en la implementación de la IVE, principalmente en los sectores más vulnerables. Según un informe elaborado por Amnistía Internacional en lo que va del año se triplicaron las denuncias por obstáculos en el acceso al aborto en relación al 2024.

“La ley se cumple en distintos efectores, porque hay profesionales comprometidas a seguir garantizando la práctica”, asegura la médica Julieta Bazán. Las redes comunitarias suplen la información y sortean las barreras del nuevo contexto político y social. 

Esta nota pertenece a Punto de Encuentro – un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.