Del modo CFK al modo Macri: Milei abre otra crisis política, ahora por los jueces a la Corte

Decidido a salir del criptoescándalo a como dé lugar, el presidente Javier Milei aceleró a fondo este martes con la designación por decreto de sus dos candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La movida tiene el potencial de abrir otra crisis política de dimensiones para la Casa Rosada, que no se muestra preocupada por posibles resultados negativos y sólo ve el rendimiento que le ha dado hasta aquí (y que espera que le siga dando) la política de los hechos consumados. Para Milei, Lijo y García-Mansilla ya son jueces supremos y así serán ubicados este sábado, cuando participen junto a los integrantes de la Corte en la apertura de sesiones ordinarias.

Es un partido en el que juegan varios actores y que se disputa en distintos escenarios. El resultado dependerá de las decisiones que tomen Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, los gobernadores, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y de las articulaciones que puedan lograr entre sí. 

La primera pregunta, sobre si ambos candidatos aceptarán asumir en la Corte Suprema tras una designación que terminará política y judicialmente discutida, fue despejada rápidamente horas después del anuncio del decreto. Aunque García-Mansilla dijo en el Senado que no convalidaría un nombramiento por decreto, tanto él como Lijo dejaron trascender que aceptarán esa vía exprés que les tendió el presidente. Una incógnita conexa pasa por ver cómo resolverá Lijo su situación de juez federal y a la vez juez supremo. En la Corte reclaman sotto voce que renuncie a Comodoro Py. Él responde, también por lo bajo, que apenas se tomará licencia. Otro tema a resolver en un escenario cruzado por intereses variopintos, en el que además otros jueces y juezas del país –sobre todo juezas, dada la inexistente paridad de género con la que quedaría conformado el tribunal– tendrán mucho para opinar.

La segunda pregunta es si habrá una judicialización de las designaciones. Y en los pasillos del Palacio de Tribunales este martes no había ninguna duda al respecto: sí, habrá planteos judiciales. Por qué no pensar, como ocurrió cuando Macri intentó lo mismo, que algún ciudadano preocupado por la salud de la república pedirá una medida cautelar. En el verano de 2016, por esa vía, fue bloqueado el juramento del propio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz. El juez Alejo Ramos Padilla invalidó las designaciones y le pidió a la Corte que se abstenga de tomarles juramento. “Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la República”, sostuvo el juez en la resolución.

De todas formas, y más allá de la vía judicial –que todos los actores pronostican–, el consenso en el oficialismo, en la oposición y en Tribunales es que será la correlación de fuerzas la que defina la suerte de Lijo y García-Mansilla. Se abren, entonces, una serie de interrogantes, respecto de las distintas fuerzas políticas con peso en el Senado. El peronismo advirtió en noviembre del año pasado que no está dispuesto a convalidar designaciones por decreto y que voltearía a los jueces que aceptaran esa vía. En aquel momento, el interbloque de Unión por la Patria tenía 33 senadores. Hoy tiene 34. Está a tres del quórum propio y de rechazar los pliego en el recinto. Son tres fácilmente conseguibles entre la multiplicidad de senadores y senadoras que rechazan, por ejemplo, a Lijo. Sin embargo, cabe preguntarse si el peronismo actuará y votará unido ante esta discusión. La catamarqueña Lucía Corpacci, el sanjuanino Sergio Uñac y la santiagueña Claudia Ledesma Abdala estamparon sus firmas para permitir que el pliego de Lijo obtuviera dictamen de comisión. ¿Por qué no lo acompañarían ahora? Por lo pronto, el primer comunicado del bloque tras la decisión presidencial del decretazo, habla de un rechazo categórico pero no anticipa una convocatoria a sesionar.

En todos lados se cuecen habas. Tampoco en el radicalismo hay un panorama tan claro. El bloque de diputados que preside Rodrigo De Loredo publicó un comunicado manifestando su respetuoso desacuerdo y el senador y presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, se esforzó por cuestionar sin anticipar nada concreto. El jefe del bloque que integra, Eduardo Vischi, célebre la semana pasada por votar en contra de su propio proyecto de comisión investigadora por el criptoescándalo, también firmó el dictamen a favor de Lijo.

El juez federal es, de los dos postulantes, el que más resistencias cosechó. Pero, a pesar de su bajísimo perfil, García-Mansilla no se quedó atrás. Como contó Cenital, un grupo de juristas y de referentes de ONG advirtieron sobre el “alto riesgo de parcialidad” que implicaría su nombramiento. García-Mansilla “dedicó sus últimos 20 años a la defensa jurídica de empresas hidrocarburíferas y desde hace 10 años es director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), donde se nuclean las principales petroleras de Argentina (como Total Austral, Chevron, Pluspetrol, Equinor, Shell o Exxon)”, recopilaron esos expertos y expertas en un informe que hicieron circular por los despachos del Senado. “Esta sería la primera vez que ingresa un profesional que tiene a su cargo no ya la defensa legal, sino directamente la representación institucional de un sector exclusivo como este”, agregaron.

Además, detectaron que en textos publicados en medios de circulación nacional, García-Mansilla no tuvo pudor en despreciar “en general las reformas introducidas en 1994 a la Constitución Nacional en materia de nuevos derechos y garantías (entre los que figuran la preservación del medio ambiente y la protección de usuarios y consumidores)”, además de que “se manifestó en reiteradas ocasiones para negar la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y el valor de los pronunciamientos de los organismos internacionales de protección de derechos humanos”. Incluso se pronunció en contra de la presunción de constitucionalidad que rige sobre cada ley aprobada por el Congreso, la cual establece que quien cuestiona la validez de una norma debe acreditar su incompatibilidad con el texto constitucional y no al revés. En un artículo de 2014 titulado “¿Presunción de Constitucionalidad o Presunción de Libertad?”, sin dar vueltas, escribió: “Resulta imperioso abandonar la presunción de constitucionalidad”. Es decir, más poder para los jueces y menos aún para el Congreso. Un archivo coherente con aceptar ser designado sin acuerdo del Senado.