De España a Francia: la calle y la derecha se movilizan

A poco más de una semana de las elecciones presidenciales de 2018, decenas de miles de mujeres abarrotaron las calles de las principales ciudades de Brasil con una consigna corta y sencilla. “Ele Não”. Las marchas contra Jair Bolsonaro reunieron a movimientos feministas, artistas y organizaciones sociales. Sobraban los motivos, frente a un candidato con un discurso violento y misógino, que reivindicaba abiertamente la dictadura militar y su torturador más emblemático. Pocos días después, Bolsonaro superó todas las previsiones de las encuestas, y obtuvo el 46,03% de los votos de primera vuelta, casi diecisiete puntos más que su rival progresista, Fernando Haddad. Tres semanas después era presidente electo para horror de los sectores movilizados de la sociedad brasileña. Las relaciones entre las movilizaciones y las urnas, bastante menos lineales de lo que uno imagina.

Algo de aquellas tensiones aparece en la actual coyuntura política en España y Francia, que se acercan a sus elecciones en un estado de fuerte movilización social que muy difícilmente se pueda reflejar directamente en las urnas. En España, Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, con la esperanza de capitalizar las protestas contra los desalojos, luego de que el Congreso rechazara sus decretos de vivienda. En Francia, una movilización estudiantil iniciada a fines de septiembre, que cuenta con el apoyo activo de la izquierda, puso en primer plano las condiciones de las escuelas y la violencia policial, a ese reclamo se sumaron este fin de semana manifestaciones masivas por el costo de vida. 

Pero la derecha española conserva una ventaja amplia en las encuestas y Marine Le Pen encabeza las preferencias para 2027. La dinámica de la agenda no parece replicarse en el voto.

Causas populares y mayorías silenciosas

Es obvio que quienes se movilizan no son, necesariamente, una muestra representativa de la sociedad. Pero incluso cuando los reclamos son populares, las relaciones de la ciudadanía en general con los movimientos y conflictos sociales son muchas veces ambiguas. Si miramos las encuestas, el 72% de los franceses considera legítimos los reclamos estudiantiles y el 55% aprueba las movilizaciones.  En España, la construcción de vivienda pública y las regulaciones en el mercado de alquileres son abrumadoramente populares.

Si fuera por esos datos aislados, deberíamos creer que es sólo cuestión de canalizar políticamente esos reclamos, de popularidad evidente. Pero los votantes son, en general, contradictorios. Es tan erróneo creer que las manifestaciones suman automáticamente a los movimientos sociales en mejores condiciones para embanderarse con ellas como que son necesariamente contraproducentes. 

En la misma encuesta que destaca el apoyo de los franceses a la movilización estudiantil y sus reclamos, el  55% afirma que las movilizaciones deben terminar. Entre los votantes de Marine Le Pen, el 58% reconoce la legitimidad de las demandas estudiantiles, aunque priorizan el restablecimiento del orden. Las prioridades no suelen ser lineales. Las mayorías en España, cuando piensan en alquileres pueden estar a favor tanto de controlar precios y construir vivienda pública como de restringir la inmigración, el turismo o una mezcla de todo. Las protestas son un síntoma insatisfacción, pero muy difícilmente sus consignas sean las únicas portadoras de sentido.

La política de precarios y desalojados.

El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda en Madrid el 23 de septiembre, funcionó como un símbolo potente de la crisis de vivienda española. Su fallecimiento dos semanas después profundizó la conmoción. Las marchas, los acampes y la convocatoria sindical a una huelga general para el 11 de noviembre transformaron la vivienda en el terreno central sobre el que Pedro Sánchez quiere discutir la continuidad de su gobierno. 

Intentó una respuesta ambiciosa. Dos decretos que incluían protección frente a desalojos para personas vulnerables, prórrogas de dos años para contratos de alquiler vigentes, límites a las actualizaciones de las rentas y restricciones a determinadas compras de inmuebles por parte de fondos de inversión. El segundo decreto extendía la continuidad indefinida de los contratos. Ambos decretos fueron rechazados en el Congreso. El Partido Popular, Vox y Junts, la formación independentista catalana de centroderecha, confluyeron para bloquear las normas. Junts rompió –una vez más– la precaria coalición que había permitido la investidura de Sánchez, que tras la enésima muestra de debilidad parlamentaria, optó por convocar a elecciones y dictar dos nuevos decretos. 

Sánchez tiene un argumento político y uno social. Puede decir que la composición del actual Congreso le impide gobernar, y que sus rivales son programáticamente hostiles a la justicia social. Para proteger a los inquilinos –o a las mujeres, o a los trabajadores– necesita mayorías más contundentes. Pero Sánchez lleva ocho años de gobierno. El presidente que promete resolver una crisis que creció durante sus mandatos. En una de sus últimas entrevistas, la propia Maricarmen responsabilizó tanto a Sánchez como a las autoridades madrileñas del PP. 

No es la economía, estúpido 

Con todo, sería injusto describir estos ocho años como un fracaso. España creció un 2,6% en 2025 y mantuvo ese ritmo interanual en el segundo trimestre de 2026. En todo momento, con excepción de la pandemia, mantuvo un desempeño destacado entre las grandes economías europeas. Según el INE, el desempleo bajó al 9,87% y el empleo asalariado indefinido aumentó en casi 572.000 personas en un año. El salario mínimo pasó de unos 735 euros mensuales en 2018 a 1.221, un incremento nominal del 66%. Sánchez tiene resultados claros para mostrar.

El crecimiento y las mejoras en los ingresos, sin embargo, no se distribuyen armónicamente. La mejora de los ingresos en el poder adquisitivo cotidiano aparece vulnerable ante, por ejemplo, la renovación de un contrato de alquiler. El caso de Maricarmen, que fue víctima de un aumento leonino al vencer su contrato, es ilustrativo. En lo sustancial, España construye demasiado poco. El déficit de viviendas podría superar el millón en 2028, según el Banco de España. La demanda urbana de nativos y migrantes, los alquileres turísticos y las dificultades para construir se combinan en un problema que combina competencias nacionales, regionales y locales. La oposición promete aumentar la oferta y flexibilizar la planificación.

La legislatura de la impotencia

A pesar de los logros económicos y la buena administración, el gobierno fue, durante la última legislatura, inaugurada en 2023, un canto a la impotencia. La alianza de investidura reunió a fuerzas que compartían el rechazo a un gobierno del Partido Popular con Vox, pero que tenían proyectos distintos sobre la organización territorial y la política económica. La coincidencia defensiva permitió formar gobierno, pero no hizo obvia una agenda común. Cuestiones como la amnistía para los independentistas catalanes o las agendas autonómicas tomaron precedencia sobre las cuestiones de gobernabilidad ligadas a la vida cotidiana de las personas. Sánchez termina el mandato gobernando sin haber presentado un presupuesto. 

La conversación pública quedó marcada, además, por las causas de corrupción y las investigaciones contra el entorno del presidente. Es relevante, sin embargo, distinguir cuestiones. Entre los altos cargos partidarios, José Luis Ábalos, exministro de Transporte, fue condenado por la justicia en una causa en la que las pruebas eran contundentes. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido, es investigado en tramas que comprometen a figuras centrales del poder socialista; y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está imputado en la causa Plus Ultra, por sus lazos con el gobierno bolivariano de Venezuela, aunque no está claro que haya delito. 

Las causas contra sus familiares aparecen mucho más débiles. La Fiscalía pidió absoluciones tanto contra su esposa, Begoña Gómez, como de su hermano David Sánchez, condenado por prevaricato, por falta de pruebas. La politización de la justicia debe tomarse en serio, pero algunas responsabilidades son evidentes, y contribuyen a un clima social hostil al gobierno.

La crisis migratoria de Ceuta también llevó la agenda hacia un terreno favorable a la derecha. La vivienda ofrece una oportunidad de cambiar la conversación, pero el desgaste acumulado es grande y no es obvio que no haya relatos alternativos. Y Sánchez encuentra una dificultad adicional. A su izquierda aparece un espacio fragmentado, con dificultades para reconstruir la potencia que tuvieron, en su momento, Podemos y Sumar. Del otro lado, Vox crece como socio y competidor del PP: condiciona tanto las posibilidades de gobernar de Feijóo como el contenido del debate. La primera encuesta de 40dB posterior a la convocatoria encontró unos quince puntos de ventaja para PP y Vox sobre la suma de los socialistas y las dos fuerzas a su izquierda. 

La escuela y el orden

En Francia, las protestas surgieron en las periferias empobrecidas de París y se extendieron a otras ciudades, universidades y sectores sociales. La falta de profesores suplentes, las aulas sobrecargadas y los edificios deteriorados son problemas concretos, a los que se agrega una sensación más amplia de abandono. El 6 de octubre participaron más de 250 mil personas en todo el país, según el Ministerio del Interior y casi medio millón según los organizadores. En las manifestaciones por el costo de vida, fueron entre medio millón y ochocientos mil manifestantes.

La violencia y la respuesta policial terminaron de politizar la crisis. Dos días después de la primera gran protesta estudiantil ya se habían registrado más de 6.600 detenciones, con casi 90% de los detenidos, menores. Un adolescente de quince años perdió una mano al estallar una granada de aturdimiento de uso policial. Junto a las protestas hubo también incendios, destrucción de escuelas y agresiones a policías y personal educativo. Las escenas de saqueos y destrucción tras las manifestaciones del sábado dejaron más de dos mil detenidos. 

El Ejecutivo respondió con cierta incoherencia a las protestas estudiantiles. Combinó represión, intentos de negociación y concesiones. Suspendió el uso de las granadas de aturdimiento y anunció la asignación de 3.000 profesores suplentes que estaban disponibles pero no habían sido destinados a aulas y autorizó contrataciones adicionales. El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó su respaldo a las fuerzas de seguridad y prometió medidas. Tras los graves incidentes del sábado, Macron habló de un intento de terminar con la República, y prometió todo el rigor de la ley.

Los partidos del (des)orden

Las protestas tienen un protagonista excluyente en el espectro político partidario francés. Aún cuando socialistas y ecologistas cuestionaron la respuesta oficial, la izquierda dura de La Francia Insumisa aparece en un rol central. Jean-Luc Mélenchon, candidato presidencial, anunció la retomada de la Bastilla tras la protesta de los estudiantes en el emblemático sitio, y alentó a protestar el 17, mientras Bally Bagayoko, el alcalde de Saint Denis –uno de los principales suburbios de París– aparece en la primera línea de los que resisten la represión policial. Si bien los insumisos llamaron a protestar “sin violencia”, los espacios del centro a la derecha, incluyendo el oficialismo, los acusan de haber alimentado los disturbios. 

Esta centralidad permite a Mélenchon levantar su perfil. Las últimas encuestas disponibles colocan a Mélenchon en el ballotage, superando a rivales de centroderecha y centroizquierda. En un cruce de segunda vuelta, sin embargo, perdería contra Marine Le Pen –amplia favorita en la primera vuelta– por la diferencia más amplia entre todos los candidatos. La polarización en torno a las protestas, que puede ayudar a Mélenchon a pasar a segunda vuelta, puede facilitarle a Le Pen reunir una mayoría abrumadora.

La crisis de un Estado grande

Francia enfrenta una restricción que dificulta responder con aumentos del gasto público. El país ya tiene un Estado grande, el mayor entre las primeras economías del mundo, con un gasto que supera el 57% del producto. En la comparación europea de Eurostat, sólo gasta apenas unas décimas menos que Finlandia. 

El Estado francés es relativamente eficiente y tiene una burocracia competente. Su tamaño no es una cuestión de despilfarro. El país aparece entre los que más gastan en jubilaciones. La protección social absorbió el 41% del gasto público en 2024, mientras salud y educación sumaron 410.000 millones de euros, cerca de 14 puntos del producto. Las carencias, con todo, superan la lógica de la asignación presupuestaria, pero las restricciones en este campo limitan la capacidad de respuesta. 

Las protestas de los chalecos amarillos hace algunos años dieron cuenta del malestar extendido, mientras las dificultades para aprobar una reforma jubilatoria evidenciaron los problemas para aliviar las finanzas públicas.

El déficit fiscal francés fue del 5,1% del PIB en 2025, una baja desde el 5,8% del año anterior. La deuda aumentó del 112,6% al 115,7% del producto y llegó al 119% al cierre del segundo trimestre de 2026. Francia  necesita financiamiento abundante y no tiene maneras obvias de estabilizar sus cuentas mientras las demandas ciudadanas aumentan y el envejecimiento de la población tiende a encarecer el gasto. La venta de bonos de las últimas semanas evidenció esas dificultades. La tasa de interés del bono a diez años se acercó al 5% y la diferencia respecto de Alemania rondó los 150 puntos básicos. La presión de mercado se alimenta de la fragilidad fiscal y política. Más dinero destinado a intereses, que compite con las respuestas que reclama la sociedad. 

Un cordón que se rompe

Durante años, la política francesa pidió a los ciudadanos votar para impedir la llegada de la extrema derecha. El sistema de doble vuelta, incluso para cargos legislativos, facilitó esa estrategia. Macron derrotó a Marine Le Pen con facilidad en 2017 y 2022. Las retiradas de candidatos y la coordinación entre adversarios volvieron a frenar al RN en las legislativas de 2024. En las municipales de marzo, la extrema derecha siguió sin conquistar las grandes ciudades que ambicionaba. El cordón sanitario funciona, pero cada elección exige reconstruir un electorado al que también se le prometen respuestas que nunca llegan.

El voto de defensa del sistema democrático se vuelve problemático cuando la democracia no da respuestas que mejoran la vida de las personas y la insatisfacción se multiplica. Le Pen hizo un esfuerzo consciente de desdiabolización, incluyendo una ruptura pública con su padre y una denuncia del antisemitismo. Moderó su discurso, pero mucho menos su programa, que conserva como punto central la jerarquización de derechos según el origen nacional. 

Los reclamos de orden y las dificultades en la integración de los inmigrantes hacen más atractivo su discurso, mientras los fracasos de la dirigencia política tradicional relativizan el peso de sus niveles de rechazo, ya que los dirigentes del statu quo son al menos tan rechazados como ella y tienen, a su vez, sus propios desacuerdos bastante centrales. Le Pen hoy es favorita en los escenarios de ballotage contra cualquier candidato, desde la centroderecha hasta la extrema izquierda. 

La paradoja de De Gaulle

Las protestas pueden suscitar adhesión a los reclamos, rechazo a los métodos y demandas ciudadanas de lo más contradictorias. El equilibrio para la izquierda entre vehiculizar reclamos sociales sin ser vistos como agentes del caos es siempre complejo. En 1968, apenas terminado después del Mayo Francés, Charles de Gaulle convocó a elecciones. El campo gaullista obtuvo 354 de los 487 escaños de la Asamblea Nacional. 

La conmoción que anunciaba un cambio en el mundo –que a su manera, incluso se produjo–, terminó con una victoria tan contundente como carente de brillo de una derecha que al derecho de soñar y pedir lo imposible opuso la garantía de llegar al trabajo sin encontrar un bloqueo callejero.