Cinco años de aborto legal: un derecho en la mira de la batalla cultural
La provisión de medicamentos ha sido mínima desde la asunción de Milei y la aplicación es dispar entre las provincias mientras el Estado habilita la injerencia de grupos religiosos y endurece el discurso contra las mujeres que deciden no gestar.
A cinco años de su sanción, lograda sobre el fin del primer año de pandemia, la ley argentina de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sobrevive. Lo hace con dificultades, según el relevamiento de organizaciones feministas de la sociedad civil, que registran modos de sabotear una norma sin necesidad de derogarla o modificar su letra. Desde el comienzo de la nueva administración, a fines de 2023, el Estado nacional dejó de comprar los insumos necesarios para cumplir con la Ley 27.610, y también de publicar información oficial sobre cómo la implementa, al tiempo que desde la cabeza del gobierno baja una narrativa que criminaliza el derecho a decidir.
En todo el país, los monitoreos dan cuenta del retorno de prácticas que aplican violencia a los cuerpos gestantes, como el legrado, dificultades para acceder a la información y a la atención en los servicios de salud especializados, y obstaculizaciones del funcionamiento de espacios de consejerías.
Al mismo tiempo, y de manera paralela, el gobierno nacional fortalece políticas públicas tradicionalmente consideradas pro-natalistas por sectores conservadores opuestos a la IVE, como es el caso del Plan Mil Días. El programa creado por Ley 27.611 (al mismo tiempo que la Ley 27.610) es, de acuerdo con la definición oficial, un “conjunto de políticas públicas destinadas a fortalecer los derechos de las personas gestantes durante el embarazo, y que acompañan el crecimiento de sus hijos hasta los primeros 3 años de vida”. Entre otras prestaciones, actualmente asegura una asignación económica por embarazo (entre 90 y 100 mil pesos), un pago único por nacimiento (algo menos de 72 mil pesos) y otro mensual en concepto de complemento para leche (algo menos de 50 mil pesos).
El ruido de la ausencia
Desde diciembre de 2023, es decir, desde el inicio del gobierno del libertario Javier Milei, el Estado nacional dejó de enviar a las provincias los insumos necesarios para realizar abortos medicamentosos (misoprostol, mifepristona y el combi pack, que incluye ambas) y cánulas para aspiración manual endouterina. En 2024, un pedido de acceso a información pública realizado por Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) obtuvo como respuesta la confirmación de que el último despacho de insumos había ocurrido antes del comienzo de la nueva administración.
En un informe que sistematizó la información disponible hasta febrero de 2025, las organizaciones tradujeron en números la situación: “Durante 2023, se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack, mientras que en 2024 no se ha distribuido insumo alguno a las provincias para garantizar el acceso al aborto. (…) Esta situación pone en riesgo el acceso al derecho al aborto en condiciones seguras y de calidad en las distintas jurisdicciones del país”.
El año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, informó que antes de fin de 2024 convocaría a un proceso licitatorio para remediar la situación de cara a 2025. Eso, sin embargo, nunca ocurrió. La provisión de insumos para IVE pasó, de facto, a depender de las provincias.
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Esa inacción del gobierno nacional no fue el único gesto institucional con incidencia sobre el panorama de derechos. En marzo de 2025, gracias a la denuncia de una organización estudiantil universitaria, trascendió que los contenidos referidos a la IVE y la aplicación de la Ley 27.610 habían sido eliminados de la bibliografía obligatoria para el examen de residencias médicas, una instancia de evaluación nacional por la cual el Ministerio de Salud asigna vacantes en el sistema público para que graduadas y graduados adquieran habilidades en la práctica bajo la supervisión de profesionales.
Sin aviso previo, el ministerio había eliminado del listado los protocolos de IVE y de ILE, ademas de las recomendaciones para la atención integral de niñeces y adolescencias trans, la Guía Práctica de Abordaje Integral de Abuso Sexual Infantil, la Ley de Parto Humanizado, y un texto sobre abusos sexuales y embarazo formado en la infancia dentro del Plan Enia (el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, desmantelado en 2024, al despedir al 80% del personal y reducir en un 85% su presupuesto en los últimos dos años, a lo que se sumó la interrupción de la provisión de anticonceptivos y preservativos a las provincias).
En abril, el ministerio revirtió la medida y el examen incluyó contenidos sobre aborto, pero no sobre abordaje de situaciones de violencia sexual contra niñeces ni de atención a niñeces y adolescencias trans. Sin embargo, en agosto, luego de que se llevara adelante la evaluación correspondiente a 2025, en reunión con los ministros de Salud provinciales, Lugones anunció un cambio radical. Desde 2026, informó, “cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente. Cada provincia tiene que saber y decidir qué profesionales necesita formar” para dar lugar a procesos “adaptados a cada sistema de salud, respondiendo a sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias”, anunció en un posteo desde su cuenta de X.
Esa medida deja a cada distrito en libertad de decidir qué incluye y qué excluye, sin necesidad de mayores explicaciones ni de rendir cuentas a una autoridad nacional que garantice el cumplimiento de leyes. También implica que el financiamiento de las políticas de salud pública dependerá de los fondos y criterios de las autoridades de cada provincia.
(Des)equilibrios y fragmentación
El panorama en Argentina es complejo y heterogéneo. Por ejemplo, en agosto de 2025 el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró en la Maternidad Sardá una reunión de la que participaron su vicejefa, dos ministros del gabinete porteño, el director del hospital y referentes de organizaciones de la sociedad civil. Los asistentes se sentaron en ronda, en la sala que precede a la Subdirección médica, y escoltados por un banner que anunciaba la presentación del “Protocolo de acompañamiento al embarazo vulnerable” (aunque luego las redes sociales gubernamentales y de funcionarios lo rebautizaron como de acompañamiento “a la embarazada en situación de vulnerabilidad”).
Macri aseguró que se trataba de “una herramienta más para garantizar el bienestar de la familia y que ninguna mujer se sienta sola (…) cuidar la vida con una mirada integral que fortalezca el vínculo madre-hijo”. El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, explicó: “Trabajamos junto a organizaciones, iglesias, la sociedad civil y profesionales de la salud”. “No se trata solo de evitar abortos”, evaluó por su parte el director de la Sardá, Rubén Almada.
En la reunión estaban, entre otros, Evelyn Rodríguez, de la “Red de Acompañamiento a la Mujer”, la misma activista que en 2019, como referente de la “Fundación Vida en Familia”, gestionó un convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, entonces a cargo de Carolina Stanley, para que el Estado nacional apoyara económicamente un 0800 de “acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”. (Esa iniciativa fue de vida efímera por el escándalo que desató la noticia de la intromisión de activismos confesionales en cuestiones de salud pública). También participaron del encuentro en la Sardá Guadalupe Videla, de “Cuidando Vidas”, Rodrigo Fernández Madero (que en 2018 animó gran parte de la campaña anti IVE de Unidad Provida, en cuyo marco fue co-autor de la caricatura, de breve vida, “Tipito”) y la presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, Victoria Morales Gorleri.
El Protocolo, que de acuerdo con la información oficial busca fortalecer en la Ciudad la implementación de la Ley 27.611, en los hechos significó el ingreso en los hospitales y centros de salud públicos de organizaciones religiosas cuyo objetivo es disuadir a las personas gestantes de solicitar una IVE.
En otros casos, la aplicación de la Ley 27.610 es difusa y a duras penas ajustada a la letra.
Por ejemplo, en la Maternidad Provincial “Teresita Baigorria”, de San Luis, la organización ADEM detectó que el pedido de la práctica de IVE activa el funcionamiento de un “circuito de tortura que termina con un legrado cuando la gestación pasa de las 12 semanas. Les dicen que no se puede hacer con misoprostol y las derivan a un legrado que muchas veces es sin analgesia ni anestesia”. Ese circuito “comienza cuando la consultante va a pedir información sobre aborto y directamente no le hablan: le muestran un papel donde está el número de teléfono del área de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia”; entre una cosa y otra, los profesionales de la salud exigen distintos estudios, que incluyen análisis pre quirúrgicos, algo que la ley no contempla y la práctica no requiere.
Hasta 2024, quienes acudían en busca de acceso a información y servicios de salud relacionados con aborto llegaban a la mesa de entradas; en 2025, luego de un primer monitoreo de la organización, “se implementó una barricada en la puerta del hospital, donde te piden nombre, direccion, DNI, te hacen llenar una planilla y firmar, porque si no tenés turno, no podés ingresar”, relata Majo Corvalán, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y coordinadora de Incidencia Política en Adem.
El último informe de la línea sobre aborto seguro de la misma organización recabó datos notables: el 56% de las consultantes desconocen que en Argentina es legal interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de justificar la causa; el 68% sintió vergüenza o miedo en la consulta ginecológica; el 19% fue maltratada por querer abortar; el 41% no recibió información sobre anticonceptivos luego de interrumpir su embarazo. En tanto, el 60% de los profesionales de la salud considera que no tiene suficiente información sobre la ley de IVE, el 72% señala que faltan insumos y recursos básicos, y que por eso hay problemas para acceder a la ley; el 35% fue testigo de maltratos a pacientes por parte de colegas; el 48% nota que la objeción de conciencia se usa como barrera sistemática para obstaculizar la IVE.
Narrativas y activismos
El papel de los activismos es clave. Aunque esté legislado, escrito, promulgado, aunque el Estado nacional y los Estados provinciales se hayan comprometido a velar por su integridad, las leyes parecen depender del trabajo territorial de las organizaciones para volverse reales, tener impacto, en las vidas cotidianas. Sea a favor o en contra de la norma.
Por ejemplo, a fines de noviembre de este año, en una serie de posteos en X, el vocero oficioso del gobierno de Javier Milei, Agustín Laje, enumeró en dos niveles (“vida y familia” y “organismos internacionales y globalismo”) los “logros y avances” con que el mandatario libertario “ha dado la batalla cultural”. En el primer grupo incluyó cuatro puntos referidos a aborto: “No hay poder legislativo para derogar el aborto, pero el Estado ha dejado de comprar fármacos abortivos”, “aumento del 500% del Plan Primeros Mil Días de Vida”, y los hechos de que “Milei insiste en sus discursos en definir al aborto como un ‘aborto asesinado por el vínculo’” y que “la Casa Rosada empieza a celebrar anualmente el Día del Niño por Nacer”.
Las militancias juegan un papel clave. A favor o en contra.
Esta nota pertenece a Punto de Encuentro – un especial de Amnistía Internacional Argentina junto a CENITAL. Podés leer todos los artículos acá.