Build to rent: cómo aprovechar incentivos urbanísticos para ampliar la oferta

El desarrollo inmobiliario y los derechos constructivos pueden abrir nuevas oportunidades para mejorar el acceso a la vivienda.

Uno de los principales desafíos habitacionales de Buenos Aires es aumentar la oferta de viviendas en alquiler a precios accesibles para los sectores medios y medios bajos. Es un problema que difícilmente pueda resolverse exclusivamente mediante la construcción de viviendas públicas o la expansión del crédito hipotecario. Por eso resulta interesante explorar mecanismos que permitan movilizar la inversión privada hacia la producción de viviendas destinadas a esos segmentos de la población.

En muchos países desarrollados, una parte de esa demanda es atendida por el denominado multifamily o build-to-rent: edificios completos construidos para permanecer en alquiler, administrados profesionalmente y propiedad de fondos de inversión, compañías de seguros u otros inversores institucionales. El modelo permite desarrollar proyectos de gran escala, profesionalizar la administración y generar una oferta estable de viviendas en alquiler. Su expansión, especialmente en Estados Unidos, estuvo favorecida por tasas de interés extraordinariamente bajas, que permitían financiar proyectos cuya rentabilidad corriente suele ser relativamente reducida.

Cuando las tasas subieron, el financiamiento se encareció y muchos desarrollos perdieron atractivo económico. Paradójicamente, esas mismas tasas más altas dificultaron el acceso a la vivienda propia, contribuyendo a sostener la demanda de alquileres. Es decir, una mayor demanda de viviendas para alquilar no necesariamente implica mejores condiciones para construirlas.

En Argentina, las dificultades son todavía mayores. El costo del financiamiento de largo plazo es elevado y la rentabilidad del alquiler residencial difícilmente permita absorberlo. Podrían imaginarse mecanismos de financiamiento subsidiado mediante recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero su viabilidad económica y política resulta incierta.

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A esto se agrega la iliquidez de la inversión. No es sencillo encontrar inversores dispuestos a mantener inmovilizado su capital durante décadas en vehículos colectivos. Podrían estructurarse fideicomisos financieros o instrumentos semejantes a los REIT internacionales, pero la posibilidad de negociar participaciones no garantiza un mercado secundario suficientemente líquido.

Por eso, aunque el multifamily institucional pueda desarrollarse gradualmente en nuestro país, no parece razonable convertirlo en una condición necesaria para promover la vivienda asequible en alquiler.

Aprovechar lo que el mercado argentino ya sabe hacer

La industria inmobiliaria argentina tiene una particularidad: buena parte de los nuevos edificios residenciales se financia mediante la venta anticipada de departamentos, muchas veces desde el pozo, a compradores individuales. Entre ellos existe una proporción importante de inversores que adquieren departamentos para destinarlos al alquiler.

Este mecanismo permite financiar la construcción y ofrecer a cada comprador un activo individual que puede vender cuando lo necesite. No es una inversión perfectamente líquida, pero sí un producto conocido, con un mercado de compraventa establecido. ¿Por qué no aprovechar esta estructura de financiamiento, que ya existe y funciona, para promover también viviendas destinadas al alquiler asequible?

Una posibilidad que merece explorarse consiste en generar condiciones para construir y comercializar departamentos a precios suficientemente atractivos como para que los inversores obtengan rentabilidades razonables aun alquilándolos a hogares de ingresos medios y medios bajos.

La clave estaría en reducir el costo de producción y adquisición de esas viviendas, en lugar de depender de subsidios permanentes a los alquileres.

Uruguay: el mismo objetivo, con otros instrumentos

Uruguay ofrece un antecedente interesante mediante su régimen de vivienda promovida, establecido por la Ley 18.795. A través de exoneraciones impositivas, promueve la construcción de viviendas destinadas tanto a la venta como al alquiler, contemplando localizaciones, características de los proyectos y condiciones vinculadas a los valores locativos.

La experiencia demuestra que los incentivos públicos pueden orientar la inversión inmobiliaria privada hacia segmentos habitacionales que, sin esos estímulos, no necesariamente serían prioritarios para los desarrolladores.

Buenos Aires podría explorar objetivos semejantes utilizando instrumentos diferentes, adaptados a su mercado y normativa urbanística. Uno de ellos es el valor económico de los derechos adicionales de edificación. El principio resulta atractivo: parte del valor generado por la posibilidad de construir más superficie en determinadas localizaciones podría contribuir a financiar intervenciones de interés urbano en otros sectores de la ciudad. Entre esas intervenciones podría ocupar un lugar relevante la producción de viviendas más accesibles.

No necesariamente se trataría de incorporar viviendas de distintos segmentos económicos en un mismo edificio, sino de vincular económicamente operaciones inmobiliarias diferentes, cada una en localizaciones adecuadas para sus respectivos mercados.

La combinación de terrenos menos costosos, productos eficientes, de buena calidad pero sin equipamientos que encarezcan innecesariamente su precio y expensas, e incentivos urbanísticos podría facilitar la aparición de departamentos atractivos para inversores individuales, capaces de obtener rentabilidades razonables con alquileres moderados.

Una herramienta que Buenos Aires ya tiene

Lo interesante es que Buenos Aires no necesita comenzar desde cero. La última modificación importante del Código Urbanístico incorporó un instrumento denominado Capacidad Constructiva Adicional (CCA), que permite generar derechos constructivos vinculados a determinadas intervenciones de interés urbano y utilizarlos en parcelas receptoras previamente definidas.

El mecanismo contempla, entre otras finalidades, la producción de vivienda promocional, la generación de espacios verdes y la puesta en valor de inmuebles patrimoniales. Se trata de una innovación urbanística valiosa, porque reconoce que la capacidad constructiva adicional tiene un valor económico que puede vincularse con objetivos de interés público.

Una característica especialmente interesante es que el desarrollador que genera esos derechos no necesita ser el mismo que finalmente los utilice. La normativa permite transferirlos a otro desarrollador mediante un convenio privado.

Así, quien construye en una zona emisora puede recibir una contraprestación económica de quien necesita mayor capacidad constructiva en una zona receptora. Esta flexibilidad abre incluso la posibilidad de desarrollar gradualmente un mercado de derechos constructivos, con desarrolladores especializados en generar esos derechos y otros en utilizarlos.

Como sucede con muchos instrumentos novedosos, su aplicación práctica seguramente permitirá identificar oportunidades para ampliar su alcance y potenciar sus resultados. Actualmente, las zonas receptoras están delimitadas por la normativa e incluyen determinados sectores de Puerto Madero y corredores como las avenidas Cabildo y Córdoba. Sería interesante estudiar en qué medida una eventual ampliación de esas localizaciones podría incrementar las posibilidades de utilización del instrumento, dentro de los objetivos de planificación urbana de la Ciudad.

Otra cuestión que merece atención es la previsibilidad de los derechos constructivos. En el caso de la vivienda promocional, la posibilidad de utilizar los derechos generados está vinculada al avance de la obra emisora hasta la instancia de verificación AVO3. Esta condición permite asegurar que los beneficios urbanísticos estén respaldados por intervenciones efectivamente realizadas. Al mismo tiempo, implica que el desarrollador debe avanzar significativamente con su inversión antes de aprovechar esos derechos en otro emprendimiento.

En una actividad caracterizada por ciclos prolongados, especialmente en un país con la volatilidad económica de Argentina, la previsibilidad tiene una importancia considerable. Por eso, podría resultar interesante explorar mecanismos que otorguen mayores certezas desde etapas más tempranas, preservando las garantías necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones que originan los beneficios.

No se trata de desconocer las razones de las condiciones actuales, sino de considerar cómo la experiencia podría contribuir a perfeccionar gradualmente una herramienta que ya ofrece posibilidades interesantes.

Un antecedente internacional que vale la pena estudiar es el programa Reviver Centro, implementado en Río de Janeiro desde 2021. Allí se utilizan incentivos urbanísticos y derechos de construcción adicionales para estimular la producción de viviendas y la reconversión de edificios en el centro histórico, vinculando esas intervenciones con oportunidades de desarrollo en otras localizaciones.

El régimen contempla mecanismos de transferencia de derechos entre desarrolladores y ha dado lugar a numerosas iniciativas inmobiliarias. Aunque las condiciones de Río son diferentes de las de Buenos Aires, la experiencia muestra cómo el valor de la capacidad constructiva puede convertirse en una herramienta para orientar inversiones privadas hacia objetivos urbanos específicos. 

Ampliar la oferta en lugar de regular el mercado

La experiencia argentina reciente también invita a reflexionar sobre los instrumentos utilizados para mejorar el acceso a la vivienda. La Ley de Alquileres sancionada en 2020 buscó proteger a los inquilinos mediante una mayor regulación de los contratos. Sin embargo, durante su vigencia se produjo una importante contracción de la oferta de viviendas disponibles para alquiler tradicional.

Muchos propietarios optaron por retirar sus inmuebles de ese mercado. Tras la derogación de la ley, a fines de 2023, la oferta publicada comenzó a recuperarse rápidamente y los precios de los nuevos alquileres mostraron una disminución en términos reales. Naturalmente, también intervinieron otros factores económicos. Pero la experiencia permite advertir las dificultades que aparecen cuando las regulaciones alteran los incentivos de quienes ofrecen viviendas en alquiler.

Existe otro campo de acción que merece profundizarse: incentivar la construcción de nuevas viviendas para ampliar estructuralmente la oferta. Desde esta perspectiva, la accesibilidad no dependería principalmente de regular los precios o las condiciones de los contratos, sino de generar condiciones económicas que permitan producir más viviendas a costos compatibles con la capacidad de pago de una mayor cantidad de hogares. 

Los incentivos urbanísticos podrían desempeñar un papel interesante en ese objetivo. Si parte del valor económico generado por la mayor capacidad constructiva en zonas de alta demanda contribuyera a reducir el costo de producción de viviendas en otros sectores, podrían beneficiarse tanto las familias que las adquieran para habitarlas como los pequeños inversores que las compren para alquilar.

En este último caso, un precio de adquisición menor permitiría obtener una rentabilidad razonable aun con alquileres moderados. Todo ello aprovechando los mecanismos habituales de financiamiento y comercialización desde el pozo, sin depender necesariamente de grandes fondos institucionales o instrumentos financieros de liquidez incierta.

Naturalmente, cualquier evolución de estas herramientas debería contemplar mecanismos para verificar que los incentivos se traduzcan efectivamente en beneficios habitacionales y no solamente en mayores rentabilidades para los propietarios del suelo o los desarrolladores.

No se trataría de una política sin costo económico, porque la capacidad constructiva adicional tiene valor. Pero sí podría ofrecer oportunidades para promover objetivos habitacionales sin recurrir necesariamente a subsidios presupuestarios o exoneraciones fiscales. 

Una oportunidad para explorar


Durante décadas, buena parte de las políticas habitacionales argentinas estuvieron concentradas en facilitar el acceso a la propiedad o en promover la construcción directa de viviendas por parte del Estado. Sin embargo, el alquiler constituye una solución habitacional permanente para una proporción significativa de la población y merece instrumentos específicos para ampliar su oferta.

La experiencia internacional del multifamily demuestra la importancia de producir viviendas destinadas a la renta. Pero no necesariamente tenemos que reproducir su estructura de propiedad y financiamiento para alcanzar ese objetivo.

Argentina cuenta con una industria inmobiliaria habituada a financiar proyectos mediante la venta desde el pozo y con una base de inversores individuales acostumbrados a adquirir departamentos para alquilar. Resulta interesante preguntarse cómo orientar parte de esa capacidad hacia la producción de viviendas más accesibles.

Buenos Aires, por su parte, ya comenzó a explorar mecanismos que vinculan el valor de los derechos constructivos con objetivos de interés público. La incorporación de la CCA a su Código Urbanístico representa un paso importante en esa dirección.

Quizás valga la pena profundizar el estudio de cómo estos instrumentos podrían contribuir también a incrementar la oferta de viviendas accesibles, aprovechando las capacidades de financiamiento, desarrollo y comercialización que ya existen en nuestro mercado.

El mismo principio podría resultar de interés para otras ciudades argentinas con mercados inmobiliarios dinámicos y diferencias significativas de valor entre sus localizaciones. No se trata de contraponer el desarrollo inmobiliario de alta gama con la vivienda asequible, sino de explorar mecanismos para que ambos segmentos puedan complementarse.

En definitiva, una de las oportunidades más interesantes de los instrumentos urbanísticos contemporáneos es vincular el crecimiento de las zonas de mayor valor inmobiliario con la producción de viviendas más accesibles en otros sectores de la ciudad. Y hacerlo aprovechando las capacidades, los inversores y los mecanismos de financiamiento que el mercado inmobiliario argentino ya tiene.

Arquitecto, máster en finanzas, presidente de CEDU+AEV. Director de los programas de posgrado sobre desarrollos inmobiliarios en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Autor de siete libros sobre bienes raíces.

Arquitecta por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con posgrado en Dirección de Proyectos Inmobiliarios. Es directora ejecutiva de CEDU+AEV y fundadora y primera presidenta de Mujeres en Real Estate (MRE). Lideró el Pabellón Argentino en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025.