Brasil contra su caudillo: crónica de un voto de rebeldía

Acaso sea sintomático que la única consultora que puso a Flávio Bolsonaro adelante en la primera vuelta electoral fue Palver, una empresa de monitoreo de medios y redes sociales que no se dedica a realizar encuestas tradicionales como los grandes institutos brasileños, sino que las hace 100% digitales, con entrevistados reclutados por publicidad en internet que después pondera por género, edad, religión y otras variables. Mientras los institutos tradicionales –incluso los de mejor historial, como Atlas Intel, acusada a veces de sesgos derechistas– volvieron a subestimar a un Bolsonaro, la derecha dominó con claridad la conversación en redes sociales. Mientras Lula tuvo un resultado en línea con los sondeos, Flávio Bolsonaro superó todas las previsiones y obtuvo el 47,03% de los votos. Casi dos puntos más que el presidente Lula, que se llevó el 45,16%, arrojando una diferencia de poco más de dos millones de votos.

La diferencia, pequeña, aparece sin embargo muy difícilmente remontable. Si bien Lula habló de convencer a más de 28 millones de votantes que se abstuvieron de ir a votar, y que un cálculo aritmético sencillo diría que pondrían potencialmente la elección en disputa, en todas las elecciones de Brasil desde hace más de una década que la abstención creció en la segunda vuelta respecto de la primera, sin que esta elección registrara un padrón de abstenciones excepcionalmente alto, aún cuando superó a 2022. Entre las terceras opciones, que sumadas arañan los ocho puntos, prevalecen candidaturas de derecha y ultraderecha, cuyas trayectorias políticas se ordenaron en torno del antipetismo. Incluso incorporando estos datos, limitar el resultado a la aritmética electoral sería subestimar el terremoto político que significa el primer lugar del hijo de Jair Bolsonaro en la primera vuelta celebrada ayer.

Una sociedad a la derecha de su presidente

Lula enfrentaba un electorado que, en muchos sentidos, estaba fuertemente a su derecha, más conservador que hace cuatro años. Datafolha había detectado en julio un desplazamiento ideológico en la autopercepción de la población. El 44% de los brasileños se ubicaba a sí mismo en la derecha o centro-derecha y al 39% en la izquierda o centro-izquierda, pero si se miraban cuestiones de valores –religión, criminalidad, tenencia de armas, postura frente a la familia tradicional, y pobreza– el 52% queda ubicado a la derecha y apenas el 29% a la izquierda. En economía, si bien aparecía lo contrario, con un 45% que adopta posiciones clasificadas en principio más intervencionistas, y un sólo 28% de posturas alineadas al liberalismo económico, la última década aparece caracterizada por una hostilidad creciente a la intervención directa del Estado en la vida de las personas como algo que vaya a mejorarlas. Si es cierto que incluso entre muchos electores conservadores persiste el apoyo al Estado como inversor, a la legislación laboral y a las políticas de protección social, la mayoría prefiere menos impuestos y pagar servicios de salud y educación privadas. Además, considera que cuanto menos dependan del Gobierno mejor estará su vida. Y una franja minoritaria pero expresiva y creciente de la población atribuye la pobreza a “la pereza de quienes no quieren trabajar”.

Brasil se volvió más conservador en sus valores culturales: el crecimiento del evangelismo, actualmente la religión de casi un tercio de la población, acompañó un proceso de ideologización y partidización de las iglesias, que a su vez recibieron fuertes beneficios en materia fiscal del gobierno de Bolsonaro. También les dio nombramientos en ministerios, como el encargado de la política para la mujer y las familias, y el en Supremo Tribunal Federal nombró a André Mendonça, un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios que, antes de integrar el Tribunal, fue ministro de Justicia. Los evangélicos son el grupo religioso más movilizado por los valores sociales, y el que se ubicaba a sí mismo más a la derecha en la encuesta de Datafolha. Esto no significa que los católicos sean de izquierda –en ese segmento hay un empate en las autopercepciones–, sino que el mayor movimiento social que hoy tiene Brasil eligió con claridad un bando, acaso un espejo del rol del catolicismo progresista en la fundación del Partido de los Trabajadores.

La inseguridad y la violencia ocupan el primer lugar en las preocupaciones ciudadanas. Se trata de un tema incómodo para un progresismo siempre desconfiado de la coerción estatal directa. No importa demasiado que los homicidios hayan incluso bajado durante los gobiernos de Lula, la población percibe el crecimiento del poder de las facciones del crimen organizado –un proceso sostenido en el tiempo y que excede al Gobierno, que lanzó alguna de las operaciones más relevantes de la historia para desarticular la estructura del lavado de dinero– y favorece aproximaciones represivas y violentas, sin importar demasiado si tienen o no resultados.

A los valores tradicionales hay que sumarles el crecimiento del emprendedurismo y la lógica de autonomía individual. En un artículo que fue anticipatorio, Brian Winter señalaba hace meses el cambio en el aspiracional de la mayoría de la población brasileña: del empleo registrado formal al emprendimiento propio. Esta mirada está respaldada tanto en las encuestas sobre las preferencias de la población y las iniciativas de los jóvenes como de la economía y el mundo laboral. Cerca de un tercio de los menores de 30 años buscaban abrir su propio negocio, mientras el empleo asalariado pierde espacio frente al trabajo en aplicaciones. Uno de cada cuatro ocupados trabaja por cuenta propia.

Brasil, además, se primarizó mientras crecía. Pasó de exportar 55 mil millones de dólares en bienes en 2000 a cerca de 350 mil, las principales exportaciones son la soja, el petróleo, y el mineral de hierro. Hoy, Brasil exporta más oro que autos. Esos cambios también tienen consecuencias políticas. Mientras el poder económico se desplaza hacia el interior del país y las regiones mineras y petroleras, pierden peso la industria paulista, el empleo industrial y el trabajador sindicalizado que estuvieron en la base histórica del lulismo. Una muestra: Lula ganó ayer la ciudad de San Pablo y su cinturón industrial metropolitano, pero perdió el Estado de San Pablo por más de trece puntos.

Los de abajo

En 2014, 2018 y 2022 se repitió el titular sobre la elección legislativa: “El Congreso más conservador desde la redemocratización”. La aparente repetición no obedece a un pánico moral, sino a una tendencia que se acentuó en cada elección sin importar las oscilaciones existentes a nivel presidencial. Hace más de una década que cada elección arroja una composición del Congreso más a la derecha que la anterior, particularmente en pautas sociales y morales. Y el 2026 sostiene la tendencia con una particularidad: el Congreso no será solamente más conservador, sino que será también más bolsonarista.

El sistema brasileño para elegir diputados es sumamente complejo. Combina representación proporcional –quedan electos varios diputados por distrito en proporción a los votos obtenidos por cada partido o alianza inscrita oficialmente– con elección uninominal y lista abierta –se vota por un sólo diputado y el orden de la lista no lo determinan los partidos, sino los votantes. Los votos de cada diputado se suman para obtener el total partidario y la boleta queda armada en el orden del más al menos votado– lo que favorece la dispersión partidaria y las referencias individuales. Es habitual que los políticos cambien de afiliación partidaria varias veces a lo largo de su trayectoria y se lleven sus votos con ellos. En ese esquema, las mayorías parlamentarias para un sólo partido son prácticamente imposibles, lo que hace que todos deban negociar con partidos llamados fisiológicos que, más allá de la orientación ideológica de la bancada –en general corrida a la derecha en la última década– aparecen dispuestos a auxiliar la gobernabilidad a cambio de recursos materiales.

El famoso centrão, llamado así no por su ideología –de vuelta, volcada mayormente a la derecha en temas sociales y económicos–, sino por su disposición a aportar a las mayorías legislativas de gobiernos tanto progresistas como de izquierdas. El bolsonarismo, en esta elección, por decisión, incapacidad o desconfianza de los demás actores, privilegió boletas “puras”. El resultado fue abrumador. De ser electo, Flávio Bolsonaro contará con la mayor bancada oficialista desde el regreso de la democracia. En el Senado, el Partido Liberal eligió 19 de los 54 legisladores en juego y llegará a 2027 con 28 bancas, la mayor bancada partidaria con la que haya empezado una legislatura desde la Constitución de 1988. El PT tendrá nueve. En Diputados, el PL proyectaba obtener 121 representantes de los 513.

Para comparar, en su mejor elección, en 2002 el PT de Lula obtuvo 91 bancas. En un sistema donde los diputados de los grandes estados se eligen individualmente con menos de un punto, el influencer de ultraderecha Nikolas Ferreira, obtuvo el 27% de los votos en Minas Gerais, más que el candidato bolsonarista al Senado, que se ubicó primero. Con más de 22 millones de seguidores en Instagram, su elección da cuenta de la potencia electoral de los influencers y del peso de las redes en las nuevas derechas. Otro influencer bolsonarista, Lucas Pavanato, encabezó, con mucha diferencia, la elección en São Paulo. Ambos superaron los tres millones de votos. Además del crecimiento del bolsonarismo, proliferaron las candidaturas de derecha dura con otros sellos, como Deltan Dallagnol, fiscal de Lava Jato que lideró la cuestionadísima acusación contra Lula, electo senador por el partido Novo, un espacio liberal libertario. Las bancadas del PT crecieron discretamente, pero la construcción de mayorías para Lula en el caso improbable que diera vuelta el resultado sería incluso más compleja que en su tercer mandato por la reducción del número de no alineados.

La tendencia se reprodujo en los gobiernos estaduales. Los candidatos alineados con Flávio Bolsonaro ganaron diez gobernaciones en primera vuelta, contra cinco de los aliados de Lula. Ganaron, además, en los principales colegios electorales por número de votantes. Tarcísio de Freitas fue reelecto en São Paulo con 62,65% y el bastante impresentable Ceitinho conquistó Minas Gerais con 55,4%. A ellos se sumaron victorias de la derecha en primera vuelta en el sur, en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, que estará a cargo del juez de Lava Jato, Sergio Moro, así como en el corazón de la ruralidad, en estados como Roraima. El PT conservó fortalezas importantes en el Nordeste, donde retuvo tres gobernaciones, y Lula tuvo elecciones plebiscitarias, pero incluso allí los aliados del presidente sufrieron duras derrotas en Alagoas, Pernambuco, y Río Grande del Norte. El nordeste es la única región en elegir gobernadores progresistas en la primera vuelta. Mientras las figuras de derecha proliferan por todas partes, los aspirantes a un alto perfil nacional, y acaso a tomar la posta de Lula en el liderazgo progresista como Fernando Haddad y João Campos quedaron afuera de la segunda vuelta. Tanto las gobernaciones como las legislaturas cuentan la misma historia de un electorado que, más allá de la potencia del antilulismo, mira a la derecha. Son los 45 puntos de Lula los que no riman con lo que votó Brasil masivamente en todos los espacios institucionales en disputa. El fuerte liderazgo de Lula acorta distancias y disimula la magnitud de la debacle.

A nossa bandeira

La gran apuesta de Lula en esta elección fue la recuperación de la bandera de la soberanía nacional frente a una derecha que incluso desde 2018 había convertido la camiseta de la selección, los colores verde y amarillo y la bandera nacional en muestra de antipetismo. Las sanciones comerciales de Donald Trump y la respuesta del presidente brasileño, firme y sin estridencias, colocaron a Lula en el lugar de estadista que defiende la soberanía del país frente a un ataque percibido de manera casi unánime como injustificado. En un marco de sospechas fundadas de la ABIN sobre injerencia electoral estadounidense en el proceso electoral, Lula denunció una intervención que aparecía inseparable del alineamiento entre Trump y los Bolsonaro. La bandera de la soberanía parece obvia frente a una derecha que en sus actos, y hasta en la manifestación por el día de la independencia, moviliza con las banderas de Estados Unidos y de Israel y la foto de Trump al lado de las banderas brasileñas.

La apuesta de Lula era casi de manual. Para la derecha, sin embargo, hay una alternativa evidente al nacionalismo inclusivo que reivindicó Lula y que supone la construcción de un colectivo nacional excluyente, donde la identidad brasileña está asociada a valores religiosos y sociales, en el que el cristianismo y el anticomunismo son la piedra angular de una comunidad en la que no hay lugar para opositores políticos. En esa comunidad, los Estados Unidos representan al capitalismo, mientras la defensa radical de Israel no tiene que ver con una fascinación mística por el judaísmo similar a la del presidente argentino, sino con una mirada fundamentalista evangélica sobre el texto bíblico. Los dos estados extranjeros representarían entonces valores sobre los que se construye la identidad nacional y una pista sobre a quiénes excluir. A nossa bandeira, jamais será vermelha (nuestra bandera jamás será roja) es el grito de guerra que anima los actos bolsonaristas.

Lula intentó disputar también al final de la campaña montándose en la controversia por Nossa Senhora Aparecida –originada en informaciones antiguas que vinculaban a aliados evangélicos de Flávio con un proyecto de quitarle a la Virgen su condición de patrona nacional– para movilizar el voto católico. La controversia explotó en redes, con 124 millones de interacciones en apenas cinco días, pero no tuvo efectos electorales. O al menos no fueron favorables al presidente.

La paradoja de la economía

Lula no pudo rentabilizar los buenos números de la macroeconomía. Aunque la actividad creció durante su mandato por encima del 2% anual, el desempleo se ubicó en mínimos y la inflación se mantuvo bajo control, las mejoras de ingresos fueron relativamente modestas. El aumento del poder adquisitivo del salario fue real –especialmente para quienes ganan el mínimo o perciben ingresos que se ajustan a su evolución– en la comparación contra la inflación, pero el panorama cambia si se considera el costo del endeudamiento.

En julio, el 82% de las familias brasileñas tenía algún tipo de deuda, el mayor registro de la serie de la Confederación Nacional del Comercio. Cerca de un cuarto de los ingresos familiares, en promedio, se destina a pagar deudas. Al mismo tiempo, incluso después de cinco recortes consecutivos, la tasa Selic llegaba a las elecciones en 13,75%. Es decir que el empleo abundante y los salarios reales mejores frente a la inflación se licúan cuando se considera el costo de bienes durables que se pagan a crédito, que incluyen desde autos y viviendas hasta electrodomésticos u otros artículos que se compran con financiamiento y cuyas cuotas se vuelven más difíciles de pagar. El salario puede rendir más para comer y rendir menos cuando se agregan la cuota del auto, la tarjeta o el préstamo. Allí puede estar una de las claves sobre el humor electoral.

El aumento en el Bolsa Familia de un 15%, de 600 a 691 reales en octubre, la medida provisoria de prohibición de las apuestas deportivas y los casinos digitales fueron intentos de operar sobre la pérdida de poder adquisitivo y la vulnerabilidad financiera de las familias, con una proximidad al comicio que les dio un tinte inconfundiblemente electoralista.

La corrupción y las instituciones

El último tramo de la campaña estuvo marcado por la causa del fraude del Banco Master y sus ligaciones con el sistema político, que fue la excusa para el estallido de una guerra abierta en el seno de las instituciones. En mayo se supo por filtraciones a la prensa que Flávio le pidió al banquero Daniel Vorcaro más de 130 millones de reales para la financiación de Dark Horse, una película sobre su padre. Un presupuesto que excede por sí solo el de las películas nominadas para el Oscar, y era administrado desde los Estados Unidos, donde está prófugo de la Justicia su hermano Eduardo, intermediario con el trumpismo estadounidense.

El escándalo, sin embargo, parece haber afectado en mayor medida a Lula, que fue cuestionado por la relación de su hijo, Lulinha, y su ex jefe de asesores, Marcola, con una lobbista que intentaba garantizar contratos millonarios con el Estado. Si bien los contratos examinados no llegaron a concretarse, las filtraciones se dieron al final de la campaña. Del mismo modo, fue en esas mismas semanas que se filtraron conversaciones entre Vorcaro y Alexandre de Moraes, el juez que condenó a Bolsonaro por actos golpistas comprobados. El contrato del banco con el estudio jurídico de su esposa, valuado en más de 100 millones de reales, alimentó las sospechas. Aunque Moraes fue designado por Michel Temer, el proceso contra Bolsonaro lo acercó políticamente a Lula, no sólo en la actuación, sino en el imaginario colectivo. Para Flávio, esa asociación sirvió para manchar a sus rivales y presentar a su padre como una víctima.

La investigación evidenció una guerra interna en el seno del Supremo Tribunal. Moraes, Gilmar Mendes y los jueces designados por Lula en este mandato, por un lado, y André Mendonça, Luiz Fux, y Kassio Nunes Marques por otro. El próximo presidente designará al menos cuatro jueces por vacantes existentes o previstas por motivos de edad, pero de ganar Bolsonaro, los juicios políticos contra De Moraes y al menos uno más de sus jueces aliados aparecen inevitables con la composición del Senado que dejan las elecciones. Las guerras internas se reproducen en el seno de la Policía Federal y la Procuración.

La segunda vuelta

Tras intentar dar un golpe de estado en 2022, Jair Bolsonaro pudo imponer a su hijo menos carismático como candidato indiscutido en una derecha que hoy es estructuralmente el principal espacio político brasileño. Subido a tendencias que lo exceden, consiguió también la mayoría legislativa más significativa desde la vuelta de la democracia, y de imponerse Flávio en la segunda vuelta, tendría la capacidad de dar vuelta al Poder Judicial que le puso límites a su accionar en su primer mandato. Un Bolsonaro con tanto poder sería un riesgo inédito para la institucionalidad construida por la Constitución del 88.

Muchos de los actores lo saben y se juegan el pellejo. No sólo sus cargos, sino su libertad ambulatoria. No extrañaría que la campaña durante estas tres semanas se vea ensuciada por nuevas filtraciones judiciales o policiales, tanto contra Lula como contra Bolsonaro, originadas en el seno de las instituciones en guerra. Lula es el mayor líder popular de la historia brasileña, y cuenta con el poder de la conducción del Estado, que le permite tomar iniciativas potentes, incluso en plazos acotados. El antecedente de Colombia, donde el candidato de Petro terminó competitivo contra De la Espriella a pesar de una aritmética electoral muy desfavorable, invita a no dar por descontado el resultado. Con todo, es casi imposible que Flávio Bolsonaro no sea electo, y que después de intentar romper las instituciones para evitar una derrota, el bolsonarismo no vuelva, como el trumpismo estadounidense, con más poder que nunca.

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