CFK condenada: Argentina ante un escenario impredecible

Mientras el plan económico muestra los síntomas de la falta de sostenibilidad que se desarrolló en entregas anteriores, lo que Jaime Durán Barba llamó el círculo rojo espera la decisión de la Corte sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner que se tomará antes del 20 de junio. Es un hecho que el máximo tribunal ratificará el fallo del Tribunal Oral con una serie de argumentos que la expresidenta espera para poder recurrir a tribunales internacionales con el apoyo político de Lula Da Silva. 

No podrá decirse del fallo de la Corte que contradice su tendencia jurisprudencial actual ni precedente. Las cuestiones de hecho y prueba, como las debatidas en el caso de la expresidenta, son –en principio– ajenas a la actuación de esta instancia, destinada a dirimir cuestiones federales, ligadas mayormente al alcance de la Constitución y las leyes o a la relación entre la nación y las unidades federadas. El caso cumplió con el estándar de doble conforme, ya que la condena del Tribunal fue revisada –y confirmada– por la Cámara de Casación, por lo que de ordinario, es difícil que un fallo de esta índole sea objeto de revisión.

Quedarse con esa verdad, parcial, supondría sin embargo omitir otros cursos de interpretación posibles. La Corte tiene un amplio desarrollo de la doctrina de la arbitrariedad, que le permitió revisar sentencias que “no constituyan una derivación concreta y razonada del derecho vigente”, aunque no haya una cuestión federal en los términos clásicos. Se trata de una vía excepcional, sí, pero una con cientos de antecedentes en su jurisprudencia. Una mera cuestión de competencia, como la que se discutió profundamente en este proceso en relación a los juzgados con sede en  Santa Cruz que podría haber saldado los debates. 

Es lo que sucedió en Brasil, con la causa de Lula, condenado por Sergio Moro en Curitiba y con fallo confirmado por el Tribunal Federal de la Cuarta Región: el Supremo Tribunal Federal determinó que los jueces no eran competentes en razón del territorio y devolvió todo a fojas cero. La revisión de la larga lista de irregularidades, aunque no sea lo habitual en fallos penales confirmados, sería adecuada para tratar el caso de quien ocupó por voto popular dos veces la primera magistratura, una vez la vicepresidencia y aún hoy mantiene su lugar como principal referente opositora. Evitar suspicacias en el funcionamiento de la democracia vale más que adecuarse a antecedentes que, por lo demás, están lejos de constituir criterios absolutos.

La Corte también hubiera podido, en espejo con el máximo tribunal brasileño, usar la causa de CFK para tratar cuestiones constitucionales más generales. El principio de inocencia, el non bis in ídem, o la imparcialidad de los jueces y las causales de apartamiento, son todos ejemplos de normas federales que podrían haberse invocado. En Brasil, el supremo utilizó la causa de Lula para fijar un criterio doctrinario sobre la prisión preventiva. Hay allí diferencias de ánimos que convendría resaltar. Mientras Lula, incluso en su peor momento público y judicial –traicionado hasta por José Antonio Dias Toffoli, que pasó de abogado del PT a juez supremo– nunca dejó de manifestarse esperanzado en que la Corte hiciera justicia, Cristina promovió, durante el gobierno de Alberto Fernández, propuestas descabelladas de reforma del tribunal, así como un juicio político contra todos los integrantes del cuerpo que, a la vez, cumplía en enemistarse con todos los jueces sin tener la más mínima posibilidad de, al menos, lograr una acusación de la Cámara de Diputados. 

Sin embargo, ninguna torpeza debería moldear una decisión que correspondería que tenga más argumentos jurídicos que políticos. Si comenzamos por los segundos, es fácil recordar que sobre Cristina se permitieron –gracias a una persistente campaña de validación– actitudes que serían intolerables ya no contra un expresidente sino un ciudadano común. Un recuerdo rápido evoca el invento de las cuentas de su hijo Máximo en el exterior, la proto destrucción de su casa en búsqueda de dinero jamás encontrado, la invasión a su hija en Cuba cuando atravesaba una internación por un problema de salud, los piedrazos contra su despacho en el momento que era vicepresidenta, la acusación sin fundamentos de su responsabilidad en la muerte de Alberto Nisman y, como corolario, el intento de asesinato en su contra que le valió la solidaridad de todo el sistema político excepto de Patricia Bullrich, la funcionaria a cargo del operativo que derivará en la detención luego de la sentencia anunciada. 

La causa Vialidad no solamente tiene casi diez años de proceso sino que atravesó todas las instancias y se cumplieron los tiempos a los que acostumbra el Poder Judicial. Sin embargo, cuando uno hace zoom in sobre quiénes intervinieron en el expediente hay sobrados motivos para interpretar que ningún dirigente –sea del partido que sea– merece este caso de cancha inclinada. El primer juez de la causa fue Julián Ercolini. Viejo rival de Cristina, fue parte del vuelo a Lago Escondido junto a otros magistrados, funcionarios, fiscales y empresarios que empujaban las causas contra el kirchnerismo en un episodio que, de no ser Cristina la dirigente involucrada, se hubiera convertido en un escándalo. En la instancia siguiente intervino Leopoldo Bruglia que integraba un Tribunal Federal y –durante el gobierno de Mauricio Macri– lo trasladaron a la Cámara Federal, situación que la misma Corte definió como irregular, pero aún no se resolvió. Los casos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos son más sencillos de entender para el lector distraído: se reunieron más de una veintena de veces con Macri entre la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Una de ellas para comer con Chris Martin, el líder de Coldplay. Un caso parecido es el del juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani que practicaban el noble deporte del balompié en Los Abrojos, la mítica quinta de Macri. No hay siquiera que utilizar el contrafáctico de “‘¿y si fuera al revés?”: a Sebastián Casanello le pidieron el juicio político por una visita imaginaria a la Quinta de Olivos durante el mandato de CFK.

No es casualidad que el proceso haya estado a la altura de las irregularidades que caracterizaron las designaciones. El esquema probatorio, dada la importancia de la condenada, es llamativo por su debilidad material y también lógica. En derecho penal rigen la presunción de inocencia –que supone el deber de la acusación de probar la comisión de un delito, ya que la culpabilidad no se presume– y el principio in dubio pro reo que establece que si existen dudas razonables sobre la culpabilidad de una persona acusada de un delito, esa duda debe resolverse en favor de quien es acusado y no de la acusación. Si los jueces hubieran seguido estos principios –que la doctrina y la jurisprudencia juzgan de origen constitucional– sería muy difícil sostener la condena. 

Como en otras causas en que se juzgan decisiones políticas, es muy difícil vincular directamente a la expresidenta con un delito en la decisión sobre obras que fueron aprobadas en la Ley de Presupuesto –por acuerdo del Congreso en un acto complejo– sin sostener que cualquier decisión política es pasible de ser criminalizada en los tribunales, con el agravante de que sólo algunos de quienes participan de esa decisión son objeto de reproche. El principio, sin embargo, empeora a la hora de juzgar la licitación y ejecución de la obra. En ausencia de elementos directos que la vinculen con el pedido de sobornos o el pago de sobreprecios, los jueces apelan a su dominio como responsable de la gestión del Estado. Se construye una suerte de poder omnisciente que, sin embargo, no tiene un correlato en la estructura administrativa. Si el presidente “no podía no saber”, ¿cómo puede ser que ningún jefe de Gabinete, al que la Constitución atribuye la responsabilidad sobre la ejecución presupuestaria, haya sido condenado? ¿Qué hacer con la absolución del ministro del área, Julio De Vido, que fue absuelto a pesar de que tanto sus subordinados, el secretario de Obras Públicas y el director de Vialidad, como su superior jerárquica, la entonces presidenta, fueron condenados? Una acrobacia olímpica que desafía toda lógica. 

No hace falta negar que haya habido hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas para que la persecución sea obvia. Particularmente, si se analiza el comportamiento del Poder Judicial ante otros casos similares. ¿Qué estará pensando Javier Milei, que –junto a su gobierno– vio toda esta película de costado? La Libertad Avanza debería ver, en esto, una luz de alarma: lejos de ser parte del selecto grupo de dueños donde Cristina sitúa al Grupo Clarín, Techint, La Nación y Mauricio Macri, de cara al Poder Judicial, Milei y su armado son más parecidos al kirchnerismo que a los Rocca, Saguier o Blanco Villegas. En relación a esto se impone una pregunta: si la Corte no tiene plazos, ¿por qué ahora? ¿De quién es el apuro? “Los muchachos de la Corte son muy sensibles; laburen, muchachos, activen”, se dijo ayer en horario central en Todo Noticias en alusión directa a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. La elucubración parte de una certeza: fue absuelto en el comentario Ricardo Lorenzetti, que volvió a tirar paredes con el Grupo luego de hacerle creer lo mismo, durante los últimos años, a los estrategas judiciales de CFK.

El peronismo tiene, ahora, un desafío político de una enorme magnitud. Probablemente en eso pensara Cristina cuando utilizó la mitad del acto en las presuntas vísperas de su condena para rigorear a un Axel Kicillof que estaba sentado en primera fila. Lo semantizó Facundo Tignanelli, hombre de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, cuando Pedro Rosemblat le preguntó qué debería hacer el peronismo. “Lo que Cristina diga”, fue la respuesta con su posterior argumentación.  Si bien es sensato pensar que esa será la primera reacción de la superestructura –producto del impacto que la noticia generará en el electorado justicialista–, probablemente en muchos dirigentes conviva, a la vez, la sensación de injusticia con el deseo de protagonizar la nueva etapa de la oposición.

Sería importante, también, para la Argentina. No está claro cómo se canalizará la orfandad de una buena parte de la sociedad ante lo que interpretarán como un impedimento amañado para que compita su líder. ¿Se midió eso a la hora de tomar esta decisión? ¿O es esa, justamente, la búsqueda? Martín Gurri dice que no se puede condenar a los políticos durante demasiado tiempo sin que se haga necesario rechazar la legitimidad del sistema que los produce. Carlos Menem quedó detenido como presunto jefe de una asociación ilícita el 7 de junio de 2001. 

Se espera, a la vez, que hoy haya algún gesto de Sergio Massa en solidaridad con CFK. Si el conflicto con Kicillof persiste, ¿quién podría ser el hijo político de Cristina? Es difícil no imaginar que la expresidenta esté pensando en Máximo para intentar proteger y reconstruir su legado. Todo esto implicaría, por su propia inercia, una fragmentación mayor antes de una reconstrucción. No necesariamente este año, pero para el peronismo –con este Congreso y, por lo tanto, esta conformación de la Corte– la situación va a empeorar antes de mejorar.

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