Vuela un interventor por la ventana de Cipolletti

El 12 de septiembre de 1969 una pueblada ocupó las calles de Cipolletti, Río Negro, exigiendo la restitución de su intendente, Julio Salto.

El comisionado municipal había sido destituido el día anterior. Advertía el gobierno provincial que había generado “una situación contraria a los postulados de la acción de gobierno, utilizando indiscriminadamente los medios públicos de difusión, agravados por la negativa de presentar su renuncia”. Era cierto, al menos esto último. Julio Salto se había negado a renunciar cuando Juan Antonio Figueroa Bunge asumió como gobernador de la provincia de Río Negro en agosto de ese año, nombrado por decreto de Juan Carlos Onganía, presidente de facto. 

La intervención de la provincia tenía a Salto entre ceja y ceja, por razones varias. La disputa entre Cipolletti y General Roca lucía como telón de fondo. Estamos en 1969 y la Revolución Argentina ya lleva tres años en el gobierno. Se asomaba un posible panorama de apertura democrática en el horizonte y Salto aparecía como un posible candidato a la gobernación en esas elecciones. 

Un candidato demasiado peligroso para una transición que buscaba ser, digamos, acompañada por la dictadura militar. Salto no solo destacaba por su gestión de la ciudad. Había organizado a sus vecinos. Los proyectos de vivienda, de obra pública, se discutían en la ciudad a través de juntas vecinales por barrio. Cada una de esas juntas tenía un presidente que participaba de la toma de decisiones en el gobierno municipal. Con la llegada del golpe de Onganía, en 1966, Salto se mantuvo en su cargo “a solicitud de la autoridad militar de la época, con plena aceptación de los vecinos”. Se convirtió de intendente electo por mandato institucional a un comisionado de facto.

Pero la llegada de Figueroa Bunge, ligada al poder de General Roca, cambió todo. Y el origen del Cipoletazo –así le diremos, basados en el texto Cipolletti, una comunidad en acción, de Liliana Graciela Fedeli, del que extraemos varios testimonios y esta definición: el cipoletazo refiere a los cipoleños, no a la ciudad, por eso se escribe con una sola ele– fue el impulso que el interventor provincial anunció para la construcción de un camino que llevaría directo desde General Roca hasta El Chocón y, desde allí, la pavimentación de la ruta 237 hasta Bariloche. El proyecto incluía la construcción de un puente sobre el río Negro a la altura de Paso Córdova. 

El proyecto tenía una importancia estratégica tanto como una consecuencia asegurada. Convertía a General Roca en el centro de las comunicaciones del Alto Valle, en detrimento del resto de las localidades. Reemplazaba a la ruta nacional 22 en el transporte de cargas y, por lo tanto, dejaba fuera del circuito de las comunicaciones a ciudades como Allen, Neuquén y Cipolletti, entre otras. 

El comisionado Salto fue el primero en oponerse. Denunció que se gastaría una suma importante –cerca de mil millones de pesos– en la construcción de un camino que no era necesario frente a otras urgencias que tenía la provincia, como la de construir viviendas. Esta oposición le costaría al comisionado su cargo. Pero a otros actores, les costaría aún más. 

A fines de agosto, un decreto del Poder Ejecutivo nacional puso en disponibilidad a todos los comisionados municipales de la provincia. El ministro del Interior, el general Francisco Imaz, iba “a estudiar la gestión de cada jefe comunal” y con ello decidiría sobre su continuidad. El rumor de que las autoridades provinciales comenzaban a tener contactos con posibles reemplazos de Salto llegó pronto. Rolando Bonacchi, ministro de Gobierno de Figueroa Bunge, y quien oficiaba como representante de la burguesía roquense en el gobierno, fue el encargado de ofrecerle al farmacéutico José Sánchez el cargo de comisionado de Cipolletti. El objetivo de Bonacchi era político y personal. “A Salto lo voy a hacer saltar”, dijeron que dijo, y que hasta apostó un asado. Sánchez prometió pensarlo y quizás lo comentó con alguien. Al día siguiente, su farmacia amaneció apedreada, pintada con alquitrán y algunas frases con reflexiones sobre las consecuencias de aceptar el cargo. Fue suficiente para declinar la oferta.

Pero la tensión iba creciendo, toda vez que en Cipolletti se daba por sentado que venían por su intendente. La Cámara de Industria y Comercio convocó a una suspensión total de actividades para el 5 de septiembre. Los comercios de la ciudad pusieron un cartel en la puerta: “Cerrado en homenaje a la gran gestión comunal del Dr. Julio Dante Salto”. La población se dirigió entonces al aeropuerto de Neuquén a buscar a su intendente, que regresaba de Buenos Aires. Salto se sorprendió al bajar, creyó que viajaba en el mismo vuelo un artista famoso. Hasta que descubrió que sus vecinos lo venían a buscar a él. Tenían en sus manos un petitorio dirigido a Ongania, al ministro del Interior, al gobernador y a la prensa, para que el intendente permaneciera en el cargo “por el momento de euforia progresista que caracteriza a Cipolletti”.  

Para la semana siguiente había convocada una segunda reunión de comisionados municipales. No asistió nadie en representación de Cipolletti y el gobierno provincial decidió acelerar un conflicto que había entrado en un impasse. Nombró al escribano Domingo Daruiz al frente de la ciudad. Pero no salió todo de acuerdo a lo previsto. 

El sábado 12 de septiembre, a través de LU19, la radio local, los vecinos de Cipolletti se enteraron de la novedad. Cerca de 3.000 personas se acercaron espontáneamente hacia el edificio municipal. Adentro estaba el jefe de la Policía provincial, Antonio Aller, y el flamante comisionado municipal, Domingo Daruiz, junto a otros colaboradores del gobierno provincial, dispuestos a tomar posesión de la ciudad. Pero la tensión afuera comenzó a escalar. Las primeras pintadas. Algunos cantos en defensa de Salto. Un grupo de vecinos ideó un plan tal vez más efectivo que sofisticado. Ingresaron por sorpresa a la municipalidad, tomaron al interventor Daruiz y lo arrojaron por la ventana del despacho. Luego hicieron lo propio con Aller, el jefe de la Policía, terminando de hecho con la intervención. La ciudad se declaró en rebeldía. 

Lo más llamativo –junto al vuelo de dos funcionarios por la ventana– era la composición de la movilización. Estaban las clases medias del centro de Cipolletti. Los estudiantes del colegio Manuel Belgrano, una escuela del centro levantada por la gente de la comunidad. Estaban los trabajadores de los barrios de la periferia (cuenta un militante peronista de por entonces que “en los vestuarios del club San Martín le cantábamos a Salto con la música de la marcha peronista diciéndole: a usted le falta ser peronista por ser tan bueno”). La burguesía comercial junto a la agropecuaria, los trabajadores independientes, los obreros rurales de la fruta, los dirigentes de las juntas vecinales, los intendentes de otros pueblos, sindicatos, el Rotary Club, los clubes.

La pueblada emitió una proclama denunciando “el incalificable atentado perpetrado contra la voluntad del pueblo, avasallados con el uso de la fuerza, los legítimos derechos de la comunidad, que sostiene en su cargo a su comisionado municipal”. Solicitaron la inmediata intervención de las autoridades nacionales ante el gobierno provincial, “con el fin de evitar sucesos que enluten a la gran familia argentina”.  

El que no estaba en la ciudad era Salto, que se encontraba en Neuquén en el desfile por el aniversario de esa ciudad con su familia. Enterados de las novedades, volvieron para Cipolletti a la noche. Salto tenía en su contra una orden de captura por subversión. Un retén policial lo detuvo al entrar a Cipolletti. Salto bajó del auto y preguntó quién estaba a cargo del operativo. 

–Desde ahora en adelante usted es el responsable de la seguridad de los cipoleños.

Dio media vuelta en el auto y se volvió para Neuquén. Los días siguientes transformaron la apacible vida de Cipolletti en una ciudad sitiada. El gobierno provincial dictó la intervención de la ciudad y fueron enviados desde Viedma aproximadamente 350 policías antidisturbios, con armas automáticas, para sumar a los 150 policías que ya había. Antonio Aller fue designado interventor y ocupó el edificio municipal. Los colegios, fábricas y comercios permanecieron cerrados. La calle estaba controlada por la policía pero los vecinos se organizaron. Desde sabotajes para producir cortes de energía y apagones hasta el acuerdo mutuo, entre todos los comerciantes, para no venderles alimentos a las fuerzas de seguridad provinciales. 

La policía reprimió violentamente una movilización que los vecinos organizaron en defensa de su intendente y detuvo a cerca de 300 manifestantes. Había alrededor de quince heridos de bala. No alcanzaban los lugares en la comisaría de Cipolletti y los vecinos detenidos, entre los que se encontraban los dos hijos de Salto, fueron repartidos por ciudades cercanas. “Para un cipoleño caer preso en esos días era como tener una medalla”, cuenta uno de los vecinos en el libro que conoció la comisaría por dentro durante la revuelta. “Era increíble ver cómo familias enteras se hacían detener”.

La represión a la marcha desbordó los límites de Río Negro y la revuelta alcanzó los medios nacionales e internacionales. “Una breve pero violenta batalla ha ocurrido en Cipolletti, pequeña localidad distante 1.500 km de Buenos Aires: millares de manifestantes se han enfrentado con la policía y los choques se han producido en varias partes”, publicó Il Corriera de la Sera de Milán por esos días. “Cipolletti: hay total paralización por el relevo del intendente”, tituló Clarín en su tapa. El Buenos Aires Herald publicó un número entero sobre el Cipoletazo. Varios comisionados de otras ciudades del Valle presentaron sus renuncias en solidaridad con los vecinos de Cipolletti. 

El episodio apuró el desenlace de la pueblada que ya llevaba cinco días. El comandante Aller renunció y la policía provincial, completamente desbordada, abandonó la ciudad. En su lugar llegó la VI Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Neuquén, que se hizo cargo del control de la comuna, logró desconcentrar a los policías acuartelados y restauró por unas horas el orden. Se impuso toque de queda en la ciudad mientras proseguían las negociaciones. El gobernador Figueroa Bunge viajó a Neuquén para reunirse con su par neuquino y autoridades del Ejército pero no llega a ningún acuerdo para volver a tomar el control de la ciudad en la que, mientras tanto, una asamblea de vecinos está pidiendo la restitución de su intendente para terminar el conflicto. Pero ya es demasiado tarde. 

El golpe a la autoridad provincial ha sido demasiado expuesto como para ceder. Onganía decide desactivar el conflicto con el menor daño posible. El 22 de septiembre interviene la provincia y pide la renuncia de Figueroa Bunge, junto a todo su gabinete. Para Cipolletti significa una victoria y un alivio. El tono del gobierno nacional respecto al Cipoletazo cambia. 

Es que el evento debe entenderse en su contexto. Es el año 1969: acababa de suceder (o estaban sucediendo) el mayo francés, el Cordobazo y el Rosariazo. Levantamientos enteros de pueblos contra sus gobiernos y algunos específicamente contra el de Onganía. Pero el Cipoletazo tenía un carácter distinto y así lo evaluó el ministro del Interior, que primero lo puso en aquella serie histórica y luego lo retiró. La diferencia radica en que, a diferencia de los antes mencionados, el Cipoletazo es “una lucha por la participación en los beneficios dentro de un proyecto de expansión capitalista”, una lucha intra capitalista, como la define Lidia Aufgang en Las puebladas: dos casos de protesta social. 

Con la salida del interventor rionegrino, Salto puso su renuncia a disposición bajo una condición. Ser reemplazado por un vecino de Cipolletti. El elegido por el gobierno nacional fue el médico Alfredo Chertudi, a propuesta de Salto. Algunos vecinos lo vivieron como una derrota. La provincia había perdido, era cierto, pero a cambio habían debido sacrificar nada menos que a su intendente. Quizás habían demostrado también una cosa mayor. No habían solo defendido un hombre y una gestión sino una forma de organización de la comunidad. No era solo un gobierno, era su gobierno, era la posibilidad de intervenir directamente en las decisiones públicas. 

El día del aniversario de Cipolletti, el 3 de octubre, se hizo efectiva la remoción de Salto, después de 21 días de movilización. Fue cuando llegó el nuevo interventor para Río Negro, Roberto Requeijo. Recibió a diversos actores de la comunidad de Cipolletti y luego aceptó la renuncia de Salto, designando en su lugar a Chertudi. 

El proyecto de la ruta hacia El Chocón se demoró y recién pudo construirse el puente en Paso Córdova diez años más tarde, cuando ya no representaba una amenaza para la economía del Valle, que había conseguido la suficiente autonomía para desarrollarse por sí misma.

A veces las luchas son para eso. Para ganarle tiempo a la época.