Trump y Argentina: ¿libertario o peronista?

“El Departamento de Eficiencia Gubernamental es el único camino para extender la vida más allá de la tierra”. En uno de los miles de tuits de la campaña que encaró como donante, vocero y protagonista, Elon Musk explicaba el rol de una agencia indefinida de la que, de algún modo, sería responsable en el caso -hoy confirmado- de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La idea detrás del cargo supone entregar a Musk la responsabilidad de diseñar y supervisar una agenda de recorte del Estado y eliminación de regulaciones. La cuestión regulatoria explica el razonamiento del dueño de X, que se encuentra actualmente embarcado en una disputa con el ente regulatorio de la aviación y la industria aeroespacial por multas vinculadas a cuestiones de seguridad y licenciamiento en dos lanzamientos, así como el regulador de relaciones laborales, que inició acciones contra la compañía aeroespacial por despidos discriminatorios.

En la mirada de Musk, que lo ha dicho expresamente, los sindicatos son un actor que intoxica las relaciones laborales, mientras que las regulaciones (por ejemplo) de seguridad constituyen, casi siempre, una barrera contra el progreso de las ideas y la tecnología. Musk llegó a escribir que los accidentes, incluyendo aquellos que causan fallecimientos, son el precio a pagar por un bien mayor: el desarrollo de la creatividad humana que beneficia a un mayor número de personas. Sin necesidad de señalar que es él mismo quien más se beneficia, es fácil entender cómo esta mirada chocaría con cualquier intento estatal de conciliar intereses en juego. Musk, que comparte con otros empresarios tecnológicos un profundo escepticismo sobre las capacidades burocráticas, estaría a cargo de tomar decisiones sobre su permanencia.

Junto con aquello, Musk tendría cierta capacidad de sugerir decisiones presupuestarias. Prometió que, con base en la mayor eficiencia gubernamental, podría recortar 2 billones de dólares en gastos, o lo que es lo mismo, casi el 30% del gasto total del Gobierno estadounidense. Siguiendo a Paul Krugman, es útil pensar en la administración federal como una compañía de seguros con fuerzas armadas. El 75% del presupuesto federal se destina a defensa, seguridad social y salud. Un recorte presupuestario que no afecte aquellas partidas aparece entonces tan inconcebible como cualquier promesa de recortar apenas a la casta, sin importar lo que sea que aquello signifique.

La mera posibilidad de incorporar al Gobierno a Elon Musk, el porrista internacional de mayor perfil que tiene Javier Milei, ya es un indicador significativo de la relevancia que adquirirán sus ideas. Y esto sin mencionar la influencia adicional que aporta su inversión de más de 130 millones de dólares en la campaña. Sin embargo, Musk no es el único indicio del peso que estas ideas tendrán en el futuro. Son varios los milmillonarios tecnológicos de alto perfil que rodearon y buscan influenciar la política trumpista. Peter Thiel, Marc Andreessen, David Sacks y Bill Ackman son abogados de los mercados desatados. Incluso viejos críticos como Jamie Dimon, de JP Morgan, y Jeff Bezos, dueño de Amazon, se abrieron y elogiaron las posturas económicas de Donald Trump. Desde la política del partido republicano aparecen, con alto perfil, figuras como Vivek Ramaswamy, el senador Rand Paul e incluso su padre Ron, acaso el libertario más prominente en la política republicana de las últimas décadas. Se espera que todos ellos tengan lugares relevantes en la próxima administración.

Junto a las figuras aparecen fuertes indicios, a nivel programático, sobre preferencias alineadas a la agenda libertaria. El Proyecto 2025 fue elaborado por la Heritage Foundation y supervisado por muchos colaboradores cercanos a Trump que, se especula, poblarán la próxima administración. Entre sus propuestas incluye eliminar o restringir severamente agencias gubernamentales, (la más importante es el Departamento de Educación)- y llega a proponer, a más largo plazo, la abolición de la Reserva Federal, y un regreso al patrón oro. La versión estadounidense del cierre del Banco Central.

A nivel impositivo, propone recortar los impuestos a la renta y la propiedad, y recortar protecciones ambientales. El proyecto contiene además previsiones de reformulación radical del Estado. En línea con lo sugerido por el vicepresidente electo, JD Vance, contiene un programa detallado para despedir masivamente empleados estatales y poblar la recortada planta con agentes políticamente leales, una idea que podría resonar también en la Cancillería argentina, y que, en Estados Unidos, parece dirigido al Departamento de Justicia.

Más allá de proyectos y figuras, Donald Trump también impulsó durante toda la campaña miradas alineadas con la derecha económica más escéptica del Estado. Prometió reducir aún más el impuesto a las rentas corporativas, que durante su primer mandato bajó en un monto récord, de 35 a 21%, y eliminar barreras regulatorias para las empresas. A lo largo de su campaña, presentó diversas propuestas enfocadas en debilitar la base impositiva: desde exenciones para préstamos automotores y propinas, hasta la eliminación total de los impuestos sobre los ingresos personales. Todo esto sin mencionar su activo cotejo de las empresas y usuarios de criptomonedas, una actividad que prometió promover e impulsar desde el gobierno, para convertir a los Estados Unidos en el principal centro de minado del mundo. La noche de su victoria, Bitcoin alcanzó un récord de 75 mil dólares.

Incluso su predilección por los aranceles, una heterodoxia que rompió con el consenso (moribundo entonces, pero consenso al fin) del libre comercio, en plena vigencia al momento de su asunción, hoy tiene un significado diferente que en aquel entonces. El arancel transversal entre el 10% y el 20% que propuso aplicar a las importaciones de todos los países estaría llamado, de acuerdo al propio Trump, a compensar los ingresos por eliminación impositiva. Además, los aranceles buscan reemplazar y eliminar las múltiples y costosas iniciativas de política industrial aprobadas durante el gobierno demócrata de Joe Biden. Un arancel transversal, a diferencia de un programa de subsidios e incentivos, no supone ninguna intervención pública adicional en el mercado. En un país donde también los demócratas han abjurado expresamente de la creencia religiosa en el libre comercio transfronterizo, las posiciones de Trump suponen una mirada muchísimo más escéptica sobre la necesidad del Estado de influir sobre las decisiones de producción de las empresas, siempre que lo hagan dentro de las fronteras estadounidenses. Una postura que, por lo demás, es el espejo exacto de la que tiene respecto del libre movimiento transfronterizo de las personas.

El proteccionismo de Donald Trump, junto con su agenda migratoria, han sido un potente aglutinador de apoyos en el seno de las clases trabajadoras. Negarle su gravitación y relevancia sería tonto, y merece su propio apartado el modo en que la penetración del trumpismo en la clase trabajadora está impulsando cambios profundos en la cosmovisión económica republicana. Pero detrás de aquello, se corre el riesgo de no advertir una cosmovisión cuya cercanía con Javier Milei no se limita a las coincidencias sobre la negación del cambio climático, el rechazo de la agenda de género o las políticas de mano dura. El espaldarazo político que recibió Milei este martes y que seguramente se prolongue hasta, al menos, el final del mandato, incluirá también un recorrido arancelado por el camino del libertario.

Esta nota es parte de un especial de Cenital que se llama Knock Out. Podés leer todos los artículos acá.