Todo sobre el RIGI: apresurado en la entrega de recursos y sin consensos claros

Hola, ¿cómo estás? Seguro ya te cruzaste con este tema en algún otro lado, se estuvo hablando bastante en casi todos los medios de comunicación porque es una de las controversias de la nueva Ley Bases. Me refiero al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Un régimen para atraerlos a todos y atarlos

Probablemente no haya medida que coincida tanto con el nombre de este espacio que nos reúne. ¿Por qué? Justamente lo que se busca atraer al país es una lluvia de inversiones que rompa con la dinámica de estancamiento productivo en la que nos encontramos desde 2012. En los últimos 15 años, la economía argentina estuvo caracterizada por una tendencia creciente de la inflación, un zig-zag de aumento y caída del PBI y cambios abruptos en las políticas económicas. Pasamos de momentos de cierre de la economía y las importaciones, a otros de mayor apertura, y viceversa. De períodos en los que el mercado de divisas estuvo más abierto –con lo cual las empresas podían remitir los dividendos hacia sus casas matrices– a otros momentos de cepo más fuerte.

Más allá de los gustos de cada uno, este tipo de volatilidad en el mercado y en sus reglas genera que reine la incertidumbre. Ahora bien, si nos ponemos en los pies de una empresa que desea realizar una inversión, una parte clave es poder entender cómo calcular el riesgo de sus inversiones. Para ello requieren poder estimar los costos, la demanda, la competencia, el acceso a insumos y a préstamos, etc. Entonces, cuando la incertidumbre es muy grande, esos cálculos a realizar tienen un mayor margen de error y un riesgo de no poder llevar adelante el proyecto si es que cambian drásticamente las condiciones. Entonces, lo que sucede es que las inversiones realizadas terminan siendo de una menor escala e impacto de las que podrían ser.

Esta situación afecta tanto a los pequeños empresarios que no pueden saber si mañana se va a destruir la demanda por una recesión o aumentar muchísimo los costos por un cambio en los precios de la energía, como también afectan a las grandes empresas que deben invertir miles de millones de dólares para llevar adelante un proyecto que invierta mucho capital (por ejemplo, la minería metalífera) y requieren girar dividendos al exterior.

Este último tipo de proyectos es el que se busca incentivar con el RIGI de la Ley Bases. Pero, te preguntarás cómo lo busca hacer. Bueno, hace unos días una funcionaria de la secretaría de Minería lo resumió muy bien: el RIGI es una burbuja para aparentar ser un país normal y así llegar a serlo. Es decir, se le quiere dar previsibilidad a las inversiones de gran tamaño –las que requieran más de 200 millones de dólares–. La pregunta es con qué instrumentos se prevé lograrlo. Aquí, la respuesta:

• Se le van a aplicar impuestos más bajos que al resto de la economía por un período de 30 años –no se pueden tocar esos impuestos sin consecuencias legales–. Fundamentalmente, la diferencia en este punto radica en que se cobrará un impuesto a las ganancias de 25% frente al 35% de la ley general;
• Se le permite importar y exportar bienes de forma irrestricta y a un arancel menor que el resto de los sectores –para bienes de capital y sus repuestos, partes y componentes–, ya sean nuevos o usados;
• Inicialmente, la baja de aranceles incluía insumos, pero el proyecto aprobado en diputados excluyó esa posibilidad –por lo que es un poco menos nocivo para la industria nacional–. Sin embargo, en ningún punto se plantea un programa de compre local;
• A partir del tercer año después de la inscripción en el Régimen las empresas sujetas a los proyectos podrán decidir si vender los dólares resultado de las exportaciones en el Mercado de divisas (MULC) o no hacerlo;
• No van a pagar derechos a la importación ni a la exportación (retenciones) durante los 30 años que te comentaba;
• En caso de tener un conflicto se le otorga a las empresas la posibilidad de acudir directamente al CIADI (tribunal internacional que no suele dirimir a favor del país).

Para no ser reiterativo con otras notas vamos a resumirlo: le dieron todo. Tanto lo que las empresas suelen pedir –estabilidad en las reglas y acceso al mercado cambiario– como todo lo demás imaginable. Te dejo estas notas que lo profundizan de forma muy clara: Martín Reydó dice que es un proyecto anti-Argentina, Esteban Rafele cuenta que las mineras y las petroleras están muy contentas, aunque los empresarios de las PyMes más bien están preocupados y Carlos Freytes con Ernesto Tenembaum entran bien a fondo de algunos de los puntos claves del proyecto.

¿Cómo vamos a salir? Pues cavando

Me dirás si es tan burdo el articulado de la ley debería salir en contra, pero no se sabe muy bien. Al menos tres gobernadores (Raúl Jalil de Catamarca, Rolando Figueroa de Neuquén e Ignacio Torres de Chubut) se expresaron a favor del RIGI. ¿Qué tienen en común? Son provincias con un perfil productivo vinculado a la explotación de recursos naturales que requieren grandes inversiones para ponerse en producción.

Efectivamente, mirando el tema desde el lado de las provincias con capacidad de aumentar su producción vinculada a los recursos naturales el RIGI sería una buena noticia. En primer lugar, las inversiones para poner en marcha los proyectos resultan dinamizadoras de la economía local, generan movimiento por el propio hecho de realizarse en la construcción, la generación de puestos de trabajo, los servicios que requieren, etc.

En segundo lugar, una vez puestos en marcha las provincias petroleras y mineras van a cobrar regalías por la actividad. Pueden no ser muy altas esas regalías, pero van a ser más que las actuales. Incluso en aquellos lugares donde las actividades actualmente están siendo desarrolladas. Por ejemplo, para Neuquén gracias a Vaca Muerta, en caso de aprobarse el RIGI y avanzar con mayor celeridad el proyecto de GNL entre YPF y Petronas, se habilitaría un aumento sustantivo de la producción por la capacidad de arribar a nuevos mercados.

Al mismo tiempo, más allá de que la ley no contemple el compre local ni la integración con proveedores nacionales, una parte considerable de los bienes y servicios que consumen los proyectos son no transables o relativamente de cercanía. Los servicios de catering, el transporte de los trabajadores y de mercancías, la construcción y ampliación de las instalaciones suelen ser demandados localmente por una cuestión de costos, pero la ley no los obligaría a hacerlo. Además, la generación de puestos de trabajo en estos sectores de elevados salarios genera una dinámica de consumo bastante importante en la zona en la que viven los trabajadores con sus familias.

Finalmente, uno desde la zona centro de Argentina puede decirle a los gobernadores que estos proyectos son perjudiciales para las arcas públicas por el exceso de beneficios y porque no se incentiva el compre local de bienes de capital ni el desarrollo de proveedores más sofisticados, pero la realidad es que la mayor parte de estos beneficios suelen estar vinculados a las provincias más industrializadas. Por lo que, mucho no le va a cambiar ese tipo de incentivos a los gobernadores que no tienen mucha industria en su territorio.

Picadito de inquietudes

Dicho todo esto, hay cinco temas que me interesa levantar y quizás no están teniendo la atención que ameritan porque lo anterior es excesivo.

La posibilidad de que se puedan importar bienes usados o nuevos sin ningún tipo de requisito tecnológico ni ambiental nos aleja de lograr una convergencia con las tecnologías utilizadas en los países desarrollados. Más allá de que se produzcan acá los bienes de capital, la incorporación de tecnologías de frontera permite ganar capacidades por parte de la dirigencia empresaria y de los trabajadores. La nula mención del tema en la Ley nos ata a la voluntad de las empresas inversoras por traer estas tecnologías y corremos el riesgo de no subirnos a innovaciones que nos preparen para el mundo por venir. Eli Möhle y Ana Julia Aneise escribieron un poco sobre eso en elDiarioAr.

El articulado propuesto no restringe las inversiones a ningún sector en particular. Las miradas se enfocaron en la minería, los hidrocarburos y otros recursos naturales por el nivel de inversiones que requieren, pero tal como está escrito podrían incorporarse empresas que compitan directamente con producción local de bienes, con la diferencia que tendrían un tratamiento especial a la hora de exportar –no tendrían retenciones–, importar –tampoco tendrían restricciones– y pago de impuestos diferenciado –10% menos en ganancias–. Es decir, si una automotriz pone una planta desde cero y se incorpora al régimen podría generarle problemas de competitividad a las demás. Este es uno de los temores de ADEFA, una asociación empresaria del sector.

Ligado a lo anterior, el foco en recursos naturales no es por miopía. La mayor parte de las inversiones industriales requieren menos capital. Eso lleva a que otro tipo de inversiones, un poco más humildes por el sector en el cual se insertan, no estén alcanzadas por los beneficios. Pongamos un ejemplo. Si una farmacéutica quiere instalar una planta para fabricar una vacuna acá, quizás la inversión sea de un poco menos que 100 millones de dólares –como pasó con Richmond y la Sputnik V–. Sin embargo, sería muy bueno que puedan florecer inversiones de este tipo. ¿Qué sucede entonces? El corte en 200 millones de dólares resulta bastante fácil de alcanzar para las grandes inversiones de recursos naturales, pero difícil para la industria. Pero, a no preocuparse, parece que la UIA atendió a esto y tiene una propuesta para el RIGI…

Para finalizar, me pregunto si a nadie se le ocurrió darle beneficios a quienes provean a los proyectos que se inscriban en el RIGI. Actualmente, las mineras cuentan con una serie de beneficios por las leyes actuales, pero también sus proveedores tienen un tratamiento diferencial por encontrarse inscriptos. Esto que resulta tan básico podría solucionar los problemas de competitividad que se generarían entre las firmas nacionales que hoy en día fabrican bienes de capital y de relativa complejidad con aquellos bienes importados que las firmas inscriptas en el RIGI podrían comprar. Hay que indagar un poco más, pero probablemente las trabas y los aranceles que deben pagar por los insumos las fábricas locales debe generarles un sobrecosto que los bienes finales importados no tienen. Quizás un registro de proveedores nivele un poco la cancha.

Un contrapunto a explorar es la no obligación de liquidar divisas. Si bien esto implica una clara ventaja respecto a quienes no se encuentren en el régimen, no es del todo claro que no vaya a quedar algún dólar en el sistema. Por ejemplo, en el caso minero, se han realizado estimaciones que indican que el 80% de los ingresos cubre los costos locales de operación. Si los ingresos únicamente se explican por exportaciones, sí o sí deberían liquidar parte de las divisas para pagar las erogaciones en pesos. Pero, ojo que ese 80% depende de la forma actual del esquema impositivo y de los incentivos al compre local, así que quizás es menos en el marco de la Ley. Lo que sí va a suceder es que va a haber liquidación local y hay que intentar que sea lo mayor posible.