Sombra terrible de Santiago: espías, dinero oscuro y videos
Milei insistirá con tener fondos reservados para la SIDE. El link entre esos recursos y la bicameral que debe controlarlos. El factor Lijo y la pulseada para abrir (o no) el teléfono de Alberto Fernández.

Santiago Caputo sigue, en detalle, el conteo de votos que acumula la oposición para tratar de voltear el miércoles próximo el DNU que otorgó 100 millones de dólares de fondos reservados a la SIDE. El asesor todoterreno del presidente Javier Milei defiende, mano a mano, la necesidad y urgencia de esas partidas. Caputo invoca la existencia de una advertencia de servicios de inteligencia de Israel respecto de que Hamás incluyó a la Argentina como objetivo de potenciales ataques.
El 12 de julio pasado, el gobierno incluyó a Hamás en el RePET, la lista de entidades y personas vinculadas al terrorismo y a su financiamiento. Era una promesa de campaña de Milei, quizá la única en la que coincidieron en el debate de 2023 el ahora presidente y los entonces candidatos Sergio Massa y Patricia Bullrich. Días después de la decisión de incluir a Hamás en el registro antiterrorista, llegó la advertencia de la inteligencia israelí. Y el 23 de julio Milei firmó el decreto 656/24 que destinó $100 mil millones de pesos a la SIDE.

En el Gobierno invocan esa línea de tiempo como un abracadabra. Caputo pone en juego, con este DNU, su destreza como armador y juntador de voluntades. Milei, que le delegó el manejo de la inteligencia como antes lo hizo con Nicolás Posse, podrá medir la eficacia de su protegido de acuerdo a cómo termine el episodio SIDE. Cristian Ritondo, el jefe de los diputados del PRO, es uno de los interlocutores frecuentes de Caputo. El exministro de Seguridad le preguntó por qué el Gobierno no usó un decreto secreto, instrumento que existe para situaciones de esa naturaleza. La respuesta precisa puede darla Javier Herrera Bravo, el secretario de Legal y Técnica.
El súper asesor se enfocó en los movimientos de Nicolás Massot, que se dedicó a ordenar el operativo de rechazo que reúne a Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el socialismo, la izquierda y una parte de la UCR. Massot hizo el poroteo de votos y comprobó que, aun con justeza, el número era suficiente para frenar el decreto. Pero Martín Menem, en tándem con Ritondo, apostó a dilatar la sesión del miércoles hasta el infinito para que naufrague la “especial” para rechazar el DNU, convocada para el jueves a las 11. Hubo consultas cruzadas y se pasó para este miércoles, tiempo que Caputo podría usar para quebrar voluntades.
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“Me llamó Santi”
El gurú libertario se sobreexpone, aunque es una cuestión de tiempo: tarde o temprano, por DNU o incluido en el Presupuesto 2025, la SIDE tendrá fondos reservados. No solo parte de los legisladores que rechazan el decreto estarían dispuestos a aprobar fondos mediante el Presupuesto sino que, conceptualmente, casi no hay objeciones en todo el arco político respecto a que se debe invertir en ciberdefensa y ciberseguridad.
En 2015, cuando Cristina Kirchner, post caso Nisman, desarmó la SIDE y creó la AFI, puso a Oscar Parrilli al frente. En ese período se creó una oficina específica que tuvo vaivenes y ahora se refuerza con el modelo Caputo. Aparece, además, un reproche político sobre el manejo de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández, en la que se priorizaron las medidas para transparentar y eso derivó, se coincide, en la desintegración del sistema. “No debió desvincular a la AFI de la Justicia como hizo Alberto, sino permitirla con muchos controles”, apunta un portavoz K. “Estamos dispuestos a discutir una Ley integral de Inteligencia”, dicen a Cenital en el entorno de Cristina y asumen que, con controles, es lógica la existencia de fondos reservados para tareas de inteligencia. El problema es la sospecha de que ese instrumento se utilizará para espionaje político interno.
Lo dijo, la semana pasada, Germán Martínez, jefe del bloque de UxP. “Hay un funcionario que tiene 100 palitos verdes para hacer travesuras, al que ustedes llaman Santi”, inició la parrafada. “Me llamó Santi”, contó que dicen algunos legisladores. “Lo nombro porque aparentemente nadie lo nombra, porque si lo nombrás después te manda a hacer operaciones por algún lado. Eso se corre acá, ¿no? Que no se lo puede nombrar a Santiago Caputo”, dijo Martínez y redondeó: “Es un ángel guardián de las fuerzas del cielo al que todo el mundo le rinde pleitesía por la capacidad de carpetazos apalancados en gastos reservados”.
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SumateMartínez es uno de los 14 integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia, creada para seguir el desempeño de los organismos y que está inactiva desde la asunción de Milei. En medio del debate por el DNU de fondos reservados, se apuró el trámite y se convocó para elegir autoridades este martes a las 11. Hay tres sectores en puja que se ordenan detrás de tres postulantes para presidir la comisión.
El senador Enrique Goerling, de Misiones, es del PRO y tiene la bendición de Patricia Bullrich y un guiño de Victoria Villarruel, mientras que “Santi” empuja a Edgardo “Turco” Kueider, peronista de Entre Ríos, que ya se había distanciado del bloque de UxP con su apoyo a la Ley Bases pero ahora coronó su migración hacía lo que Daniel Scioli bautizó peronismo libertario. Kueider tiene buena relación con Villarruel pero su promotor para presidir la bicameral es Caputo, que parece confiar más en el entrerriano que en el senador macrista.
La vice explica su respaldo a Goerling como un proceso lógico: si LLA no puede poner al presidente, porque no tiene ni un senador en la comisión, que le dé ese lugar al bloque aliado, es decir el PRO. Resiste, con ese argumento, la intromisión de Caputo en el Senado. Hay vuelto: Villarruel no fue invitada a la ceremonia de ascensos en las fuerzas armadas.
Kueider avanza en el armado de un bloque provincial en acuerdo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que cuando era senador integró esa comisión y que tiene una delegada en la bicameral: la senadora Edith Terenzi. El armado del bloque “federal” estuvo en una charla que Torres mantuvo con Caputo. Chubut es una provincia sobrerrepresentada, porque otro miembro es César Treffinger, diputado libertario electo por esa provincia patagónica. Ritondo, que está por el PRO, apoya al Gobierno pero esa unidad está atada a otras alianzas: si los legisladores de UxP se juntan con los de la UCR tienen número para imponer al presidente.
La bicameral de control
Ese lugar lo podría ocupar Martín Lousteau. El radicalismo, con dos representantes, puede volcar la balanza. Por eso, durante varias semanas, Villarruel no terminó de notificar la integración de la UCR. Se especula con la expectativa de que haya un golpe interno en el bloque radical y desplacen a Lousteau de ese lugar. No ocurrió y el martes el PRO, LLA y sus aliados –Kueider y Terenzi– suman seis votos, mientras que un eventual entendimiento entre UxP y la UCR tendría ocho, suficientes para elegir presidente.
“Es importante tener una bicameral fuerte para controlar”, dicen en el mundo Cristina, que tiene posición predominante hacia adentro del peronismo: tiene dos de los tres senadores –Parrilli y “Wado” De Pedro– y dos de los tres diputados –Paula Penacca y Leolpoldo Moreau–. La conformación de un acuerdo –que algunos fantasean con proyectar incluso en términos electorales– entre peronistas y radicales puede no solo imponer al presidente sino también sostener una mayoría interna para hacer funcionar la comisión.
“Para el trolleo no necesitan estos fondos reservados, lo pueden hacer de cualquier forma y lo están haciendo”, coinciden en dos búnkeres opositores que miran con más preocupación la cuestión de la persecución interna de opositores. Los modos brutales de Milei son vistos como una demostración de lo que puede estar dispuesto a hacer. Las filtraciones, judiciales y no judiciales, en torno al caso Fernández-Yáñez refuerzan esos indicios. “Muchos están asustados”, relata un diputado a Cenital. Otro legislador afirma haber escuchado que se usó información privada para disciplinar a dirigentes de LLA.
Aunque queden bajo la hojarasca del caso Fernández, hay otros ruidos en la galaxia libertaria. Lourdes Arrieta, la diputada “arrepentida” que fue a Ezeiza a ver genocidas y luego contó los pormenores, se volvió un elemento inquietante porque formaba parte, hasta hace algunas semanas, de la red de terminales políticas de Karina Milei y Martín Menem en las provincias. No solo apuntó contra diputados de LLA sino que en su metralla asoma, además, Sharif Menem, mano derecha del presidente de la Cámara de Diputados.
La difusión del video en el que aparece Tamara Petinatto, actual pareja del diputado José Glinski (UxP), se leyó en la misma clave. Glinski fue director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el gobierno del Frente de Todos, cuando se produjo el viaje de empresarios, jueces y funcionarios a Lago Escondido (Río Negro). Los llamados “Huemules” le atribuyeron a Glinski haber filtrado la lista de viajeros. En la causa judicial está incorporada una investigación interna de la PSA que detalla cómo circuló esa información. Uno de los viajeros al sur fue el juez federal Julián Ercolini, que lleva las dos causas que se abrieron a partir de los chats de María Cantero, la secretaria privada de Fernández: la de los seguros y la denuncia por violencia de género.
El link entre ambos episodios parece extremadamente mundano. A Fernández se lo desvincula del “hallazgo” sobre aquel viaje al sur, pero le reprochan haberle dado visibilidad con una cadena nacional que derivó, en algún caso, en conflictos de naturaleza personal. La trazabilidad del video en Casa Rosada remite a Fabiola Yáñez que, en Madrid, se mueve con una colaboradora tan reservada que algunos dudan que sea real el nombre que da cuando se presenta.
La ruta de los fondos
La polémica por el uso de los fondos es, quizá, accesoria. En el e-SIDIF, el sistema del Gobierno de información financiera, figura como devengado el 80% de los 100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE. Si bien en teoría no fueron ejecutados, son recursos que están comprometidos y destinados. La versión oficial es que se destinarán a programas y equipamiento de inteligencia. La velocidad con que se activó, que el diputado Maximiliano Ferraro calculó en U$S 3 millones cada 24 horas, supone otra sorpresa porque es una gestión sobre la que hay coincidencia respecto de la lentitud y poca eficacia, salvo para cortar partidas y licuar salarios y jubilaciones.
La sesión por el DNU de fondos reservados está en el medio de una semana que puede ser, en términos legislativos, áspera para el Gobierno: en el Senado quedó pendiente la ley para actualizar las jubilaciones, además de la audiencia del 21 de agosto por la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte. El jueves, la Legislatura de Santa Fe aprobó, por unanimidad, un proyecto para declarar la preocupación por la designación de Lijo. Es inédito y simbólico: de Santa Fe son los supremos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, este último señalado como el hombre que le llevó a Milei y Caputo el nombre de Lijo con la propuesta de “construir una mayoría propia” en el máximo tribunal.

La tensión entre los Milei y Villarruel se expresa también en ese expediente: la vice objetó la postulación y dos senadores, Francisco Paoltroni y Juan Carlos Pagotto, anticiparon que votarán en contra. “Espero ni se llegue a votar”, dijo Paoltroni en el programa QR por A24 y aseguró que Milei estuvo mal asesorado en esa postulación. Con esos dos votos de rechazo, la suerte de Lijo necesita de los 33 votos del peronismo, donde es determinante la decisión de Cristina Kirchner. El dilema es el mismo desde el primer momento: allanar la llegada de Lijo que, alineado con Milei, trate de desplazar a Rosatti o bloquearla y, de manera indirecta, preservar el poder del actual presidente de la Corte, a quien atribuye gran parte de sus males.
Los teléfonos de Alberto Fernández, que están lacrados y en una caja fuerte bajo custodia de la Policía Federal, son otro escenario de disputa: un fiscal, Carlos Rívolo, que pidió el secuestro, lo quiere abrir por la causa seguros, y otro, Ramiro González, quiere mantenerlo cerrado con el argumento de que en la causa de violencia de género no aportaría demasiado ese teléfono, ya que hay elementos suficientes en los teléfonos de Cantero y de Yáñez, que en algún momento aportará información. ¿Pedirá Fernández que se aporten las charlas que, afirma, tuvo con la madre de Fabiola respecto de la salud de la exprimera dama? “¿El teléfono? Se lo van a devolver porque Alberto lo entregó bien limpito”, dijo a Cenital una fuente involucrada con la causa. Puede, esto, ser una buena noticia para muchos.