Sobre héroes y Super IVA: entre evasores y médicos

La narrativa fiscal y tributaria del Gobierno es muy peligrosa: mientras trata de héroes a los evasores y de cobardes a los cumplidores, maltrata a los verdaderos héroes como los médicos del Garrahan. El vínculo es directo: a mayor cantidad de héroes-evasores, menor cantidad de héroes-médicos. ¿Cuál de estos héroes es tu favorito?

En el caso del Gobierno, está claro. Porque no es mera narrativa, sino también hechos concretos. Los incentivos a que los argentinos saquen los dólares del colchón, complementado luego con el Proyecto del Principio de Inocencia Fiscal, tiene muy poco de incentivo para el uso del dólar. Tampoco es una estrategia para fomentar la formalidad. Todo lo contrario, dado que puede generar problemas a la hora de una correcta fiscalización por parte de las agencias tributarias, es probable que termine incrementando la informalidad.

En el mismo sentido, el Gobierno anunció que impulsará un Super IVA para reemplazar el impuesto provincial a los ingresos brutos y otras tasas municipales como forma de simplificar el sistema tributario. Se reduce la cantidad de impuestos y se centraliza la recaudación. Además, las provincias deberían competir por las inversiones reduciendo la alícuota y disminuyendo la presión tributaria. Pero no tan rápido: ¿las provincias están de acuerdo en ceder la recaudación de más del 85% de sus ingresos propios? El IVA es más de la mitad de la masa coparticipable: ¿qué alícuotas deberían establecer las provincias para compensar la pérdida de ingresos? ¿Todas están en igualdad de condiciones para hacerlo? En caso de que no, ¿contribuye el Super IVA a la igualdad de oportunidades a lo largo y ancho del país?

Los héroes-evasores

Luego de la salida parcial del cepo, ni lerdo ni perezoso, el Gobierno planteó el siguiente paso del plan económico: incentivar el uso de los USD 240.000 millones que los argentinos tenemos “en el colchón”.

Una economía que se recupera necesita aumentar la cantidad de dinero circulante para aceitar esa recuperación. En una economía no bimonetaria, ese dinero sería provisto por el banco central vía emisión de moneda nacional. Más aún en un contexto de inflación a la baja, cuando el dinero no “quema” tanto en los bolsillos. No obstante, en una economía bimonetaria como la nuestra, hacerlo con moneda nacional genera el riesgo de que esos pesos se vuelquen repentinamente al dólar si las expectativas de devaluación aumentan.

En sentido inverso a su propia ideología, el Gobierno amplió la cantidad de pesos al distribuir utilidades del Banco Central al Tesoro, en lo que nosotros denominamos el plan caquita. Ahora quiere terminar de aceitar la recuperación por la vía de los dólares, para disminuir el riesgo de corrida cambiaria. Pero, claro, sacar los canutos del colchón no es una decisión directa de la política, como sí lo es la emisión. A lo sumo, el Gobierno puede incentivar a que la gente lo haga.

El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los argentinos y el Proyecto del Principio de Inocencia Fiscal fueron anunciados como ese incentivo. Sin embargo, al mirar las medidas en detalle, se hace evidente que no hace referencia en ningún momento a dólares o moneda extranjera en general. En su lugar, es realmente un aumento en todos los umbrales a partir de los cuales es necesario informar transacciones a la ARCA y una reducción de los plazos de prescripción de delitos tributarios. Si bien estos umbrales habían quedado muy desactualizados por la inflación, los nuevos se ubican muy por encima de los estándares internacionales. Esto no implica que ahora ARCA no va a ser capaz de fiscalizar operaciones ilegales como el narcotráfico. De hecho, es probable que algunos incentivos que el Gobierno quiso dar para fomentar el uso de los dólares, no hayan pasado el filtro del del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización internacional que fija estándares para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Lo que sí parece preocupante es el nuevo régimen simplificado de ganancias, que elimina la obligación de informar consumos personales y variaciones patrimoniales. Eso sí puede dificultar la fiscalización de ARCA. En la propuesta de reforma tributaria de Fundar, resaltamos la importancia de cobrar bien IVA a pesar de que no sea un impuesto progresivo, porque eso permite cobrar bien el impuesto a las ganancias, y cobrar bien ganancias nos permite cobrar bien los impuestos al patrimonio. Resulta que los impuestos a las ganancias y patrimonio son poco distorsivos y progresivos, y en ellos se basa todo sistema tributario moderno. El nuevo régimen de ganancias, al no tener que informar consumos personales y variaciones patrimoniales, impide el cruce que hace toda agencia tributaria para fiscalizar que las ganancias sean iguales a los ingresos menos los gastos, y que el aumento patrimonial sea igual a las ganancias del período.

En resumen, el Gobierno plantea que estas medidas van a incentivar el uso de los dólares del colchón y la formalidad en general. Sin embargo, me pregunto qué de todo esto incentivaría el uso del dólar y temo que al debilitar la capacidad de fiscalización de ARCA la informalidad termine aumentando.

El Super IVA

Hablando de IVA, el otro cambio tributario importante del que viene hablando el Gobierno es el Super IVA. Se trata de una vieja idea de la Fundación FIEL en donde el impuesto provincial a los ingresos brutos (IIBB) es reemplazado por un IVA provincial cuya alícuota se sumaría al IVA nacional. La propuesta del Gobierno implica cobrar una alícuota nacional del 9%, a la que se debería sumar la alícuota provincial. Se reduce así la cantidad de impuestos y, según el Gobierno, bajaría la presión tributaria porque las provincias competirían por las inversiones reduciendo la alícuota.

La primera pregunta a realizar es si IVA es un mejor impuesto que IIBB. La respuesta es que sí. En primer lugar porque IIBB es más distorsivo porque es un “impuesto cascada”. Como su base imponible son los ingresos (y no el valor agregado o los beneficios), el impuesto se va acumulando a lo largo de los eslabones de la cadena productiva y su impacto final aumenta cuanto más eslabones tenga la cadena. En segundo lugar porque IIBB es un impuesto provincial recaudado por cada provincia. Si bien hay un esfuerzo enorme de la Comisión Arbitral por armonizar alícuotas y regímenes de retención y percepción, cada provincia puede establecer su propio régimen de recaudación y en muchos casos se terminan generando saldos a favor de los contribuyentes cuya devolución demora mucho o nunca sucede.

Ahora bien, dado que IIBB representa el 85% de la recaudación provincial, la incógnita es si las provincias están dispuestas a ceder a Nación la recaudación de su principal fuente de recursos propios. La segunda incógnita tiene que ver con el carácter coparticipable del IVA y el efecto redistributivo que tiene la coparticipación federal de impuestos.

El IVA representa más de la mitad de la masa coparticipable, la cual luego se distribuye entre las provincias siguiendo varios criterios, entre ellos, el diferente grado de desarrollo económico. Así, las provincias relativamente menos desarrolladas reciben más, y las más desarrolladas, menos. Crear el Super IVA implicaría extraer los recursos del IVA de la masa coparticipable, eliminando así su carácter redistributivo.

En ese sentido, se abren dos caminos. El primero es que se coordine federalmente una única alícuota provincial de IVA, que se sumaría a la de Nación, y así se pagaría la misma en todo el país sin importar donde es realizada la agregación de valor. Según datos de FIEL de 2015, para mantener constante la recaudación, la alícuota total (nacional + provincial) debería ser de 32%. Pero si todas las provincias se llevan el IVA por el valor agregado generado en su provincia, entonces las jurisdicciones que hoy aportan más de los que reciben de la coparticipación obtendrían más recursos, mientras que lo contrario sucedería con las que aportan menos de los que reciben. Entre las primeras se encuentran, por ejemplo, CABA y Buenos Aires; entre las otras las provincias más pobres del noreste argentino. Para paliar esa situación se podría crear un programa de transferencias intergubernamentales, es decir, una coparticipación paralela a la ya existente. No parece ser la mejor de las alternativas.

El segundo camino sería que cada provincia aplique su propia alícuota, de forma de compensar la pérdida de recaudación de IVA + IIBB. En ese caso, vuelve el problema de la redistribución geográfica de recursos de la coparticipación, porque las provincias que hoy aportan más de lo que reciben podrían establecer alícuotas de IVA más bajas, mientras que las que aportan menos de lo que reciben (según datos del IARAF) deberían llevar el IVA hasta niveles estratosféricos del 80%. En caso de que estas últimas provincias más pobres tengan que competir por las inversiones con las más ricas, tendrían todas las de perder, generando aún más desigualdades territoriales.

Algo similar ocurre con las provincias que tienen la suerte de tener hidrocarburos o minerales. Dado que la Constitución Nacional de 1994 cedió los recursos del suelo a las provincias, cobran regalías por su extracción. Resulta entonces que las seis provincias que concentran el 95% de las regalías van a estar en mejores condiciones de aplicar alícuotas de IVA menores, atrayendo inversiones e incrementando las desigualdades territoriales, ya que no solo contarían con las actividades relacionadas con los recursos naturales sino también con otras atraídas por la menor presión impositiva.

En la propuesta de reforma tributaria de Fundar planteamos una alternativa superadora: limitar el cobro de IIBB a las actividades terciarias, eximiendo a las primarias y secundarias. Así, se reduce fuertemente el efecto cascada del impuesto sin tanto impacto sobre la recaudación. De hecho, algunas provincias ya aplican esas exenciones y fue uno de los acuerdos del Consenso fiscal de 2017 que luego no se cumplieron.

Los héroes verdaderos

Nuestro sistema tributario está todo emparchado, es distorsivo, regresivo, de complejo cumplimiento y, así, atenta contra la competitividad y fomenta la informalidad. Es necesario una reforma profunda e integral. Pero no cualquier reforma, sino una que respete el carácter federal del país y que lo aproveche para institucionalizar los cambios. Porque otro de los puntos débiles de nuestro sistema tributario es su volatilidad, que contribuye a la inestabilidad general de la economía.

Elogiar al evasor y desmerecer al cumplidor no parece ser el camino adecuado. Ni siquiera en los propios términos del Gobierno, que aboga correctamente por el equilibrio presupuestario. Menos aún maltratar a nuestros héroes verdaderos: los médicos, enfermeras, científicos, profesores, maestros y tantos otros profesionales que sostienen una sociedad herida.

Foto: Depositphotos

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