¿Qué reforma laboral tiene que discutir Argentina?

El gobierno de Milei retomó la iniciativa en el debate por una nueva reforma laboral. Si bien aún no hay ningún texto oficial, las iniciativas previas y las comunicaciones del gobierno pueden enmarcarse en un abordaje regresivo de reforma. Los antecedentes se encuentran en el DNU 70/23 –finalmente declarado inconstitucional por la Justicia–; en el capítulo laboral de la Ley Bases a partir del cual se aprobó la ampliación del período de prueba, la creación de la figura del colaborador independiente y la eliminación de multas para sancionar la no registración del trabajo; y en el proyecto de ley de la diputada nacional de la Libertad Avanza Romina Diez, que incluyó elementos como la ampliación de la jornada legal a 12 horas, el fraccionamiento de las vacaciones, la opción de pagar el salario a través de prestaciones no dinerarias y el pago de indemnizaciones en cuotas. 

Es verdad que el anuncio de una reforma se hace carne en una mayoría heterogénea de trabajadores y trabajadoras para quienes el statu quo del mundo laboral resulta profundamente insatisfactorio. Los salarios de aquellos trabajos erigidos como el horizonte prometido de la política laboral –los empleos privados registrados– están en uno de los peores niveles de los últimos quince años. El 13% necesita más de un trabajo para subsistir y el 26% realiza jornadas de más de 45 horas semanales. Mientras tanto, la porción de trabajadores que no goza de ningún derecho ni protección laboral se ha ampliado significativamente. Desde 2015, el trabajo asalariado no registrado aumentó un 14% y los monotributistas crecieron un 50%.

Cobra sentido, entonces, que la voz de la calle responda afirmativamente ante una pregunta: ¿creés que se necesita una reforma laboral? Mejor dicho, ¿quién no quiere una reforma laboral? Existe una demanda porque la realidad de la mayoría de los trabajadores es pésima. Pero mientras la demanda es genuina, las soluciones mágicas tienden a ser cínicas. Un abordaje serio de los problemas actuales del mundo del trabajo tiene como premisa que la creación de empleo y la mejora de los salarios dependen principalmente de la política económica, no de la política laboral. La reforma laboral sólo puede acompañar los ciclos económicos para mejorar o empeorar la calidad del trabajo, no para crearlo. Para entender qué puede hacer una reforma laboral y qué no, es importante traer elementos sobre dos ejes de discusión: costos laborales, creación de empleo e informalidad, por un lado, y el modelo sindical y de negociación colectiva, por el otro.

La primera discusión: costos laborales, creación de empleo e informalidad

La primera condición para crear y garantizar trabajos de calidad es que exista crecimiento económico y, además, un determinado tipo de política económica que lo acompañe. El gobierno intenta rebatir este argumento afirmando que el crecimiento de la economía en lo que va del 2025 no se tradujo en una decisión de las empresas de contratar más. En otras palabras, que el crecimiento económico no es una variable fundamental para crear empleo. Esto es porque el crecimiento es una condición necesaria, mas no suficiente, para que el mercado laboral tenga una capacidad integradora: para esto el crecimiento debe ser sostenido y su composición debe incluir a sectores intensivos en mano de obra. En este sentido, 1) el crecimiento no fue sostenido, más bien se trata de una recuperación tras una fuerte caída iniciada incluso antes del cambio de gobierno y acelerada con la devaluación inicial y 2) las características de esa recuperación, es decir, los sectores que la traccionaron, fueron poco intensivos en mano de obra, como petróleo y minería o agro y pesca, mientras que aquellos que traccionan más empleo cayeron, como industria y construcción.

Si vamos a datos recientes del mercado de trabajo, podemos observar que a la salida de la pandemia, en el marco de un proceso de recuperación económica, el empleo registrado en el sector privado se recuperó e incluso rompió el umbral histórico, motorizado por sectores con altos efectos multiplicadores como la industria y la construcción. 

Por otra parte, el 43% de quienes trabajan –tanto asalariados como cuentapropistas– lo hacen de manera no registrada. Estamos en el mismo nivel de informalidad que hace 30 años, sí. Pero para responder a esta pregunta y atacar también hay que mirar la historia económica reciente. Entre 1980 y 2003 la tasa de no registro en asalariados sube del 20% al 40%. Entre 2003 y 2015 baja nuevamente al 30%. Hoy se encuentra en el 37,7%. En la última década, la informalidad subió y bajó de manera intermitente. La palabra para describir el mercado laboral de la última década no es estancamiento: es volatilidad. Y, nuevamente, está vinculada a la actividad económica. Ni la rebaja de contribuciones de los noventa bajó la informalidad, ni la doble indemnización entre 2002 y 2007 la subió. De hecho, sucedió lo contrario.

El Ministerio de Capital Humano informó que el trabajo en el sector privado creció solo un 0,3% y que esto se explica íntegramente por el crecimiento del monotributo. Esto es, un año después de entrada en vigencia las principales dos medidas para la registración de empleo, incluidas en la Ley Bases –la eliminación de las multas por no registración del trabajo y el blanqueo laboral–, el trabajo no registrado aumentó en lugar de bajar. Ambas medidas son ejemplos de regulaciones que no están basadas en datos ni en la realidad. En primer lugar, la eliminación de un incentivo para la registración –un incentivo negativo también es un incentivo– naturalmente no genera mayor registración: es como quitar las multas por conducir alcoholizado y sorprenderse por la cantidad de accidentes automovilísticos. Esta medida, además, produce mayor incertidumbre sobre la contratación: actualmente la justicia laboral no tiene un parámetro legal sobre qué multa cobrar, por lo que pueden aplicar cualquier criterio que considere pertinente. Por otro lado, el blanqueo laboral fue utilizado únicamente para el 0,3% del total de trabajadores privados registrados. Aunque el argumento no es tan problemático como el de las multas, sí lo es su impacto: ¿qué motivaría a una PyME a blanquear a un trabajador en un contexto de caída del consumo, apreciación cambiaria, inestabilidad política y apertura económica?

No se puede esperar para reducir la informalidad, pero no se puede hacerlo de cualquier manera. Bajo el supuesto de que una reforma laboral podría solucionar la informalidad, el mantra que se repite es que hay que bajar los costos laborales de manera horizontal, es decir, a todos por igual. El principal efecto que tendría esta medida no es la eliminación de la informalidad, sino un desfinanciamiento brutal de un sistema de seguridad social que ya se encuentra desfinanciado. Para incentivar una baja de la informalidad, las medidas tienen que estar focalizadas por tamaño de empresa, sector y región. El 63% de los asalariados informales se encuentran en microempresas que tienen entre uno y cinco empleados. El 53% de los ocupados informales trabajan en los sectores de casas particulares, comercio y construcción. En las regiones del NOA y del NEA, la informalidad laboral es del 56%. Cualquier reducción de las contribuciones patronales que no considere estas dimensiones tiene fines distintos o excede al problema de la informalidad. 

Las PyMES necesitan justicia fiscal e incentivos para formalizar

En Fundar propusimos una reducción del 95% de las contribuciones patronales y topes a las alícuotas de ART para las microempresas. Hoy, un kiosco de Tartagal paga igual o más contribuciones patronales que muchas grandes empresas. Existen regímenes como el de Economía del Conocimiento que reducen en un 70% y 80% las contribuciones patronales de grandes empresas (Fundar tiene una serie de propuestas para modificar esta ley, también en dirección a favorecer a las empresas más pequeñas del sector). Mientras tanto, las PyMES tienen las mismas contribuciones, alícuotas del riesgo de trabajo más altas y gastos fijos relativos más altos en un contexto de contracción de la actividad y apertura económica. Reducir contribuciones a las micro y pequeñas empresas tiene un sentido intrínseco de justicia fiscal y un sentido instrumental de reducción de la informalidad. 

La segunda discusión: el modelo sindical y de negociación colectiva argentino

El segundo eje de la discusión planteada por el gobierno es sobre el modelo sindical y de negociación colectiva en Argentina. Se plantea la reforma de un régimen que es, según el ministro de Economía, Luis Caputo, “arcaico y rígido” y que pretende, según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la “desarticulación de la estructura de los gremios”. 

En primer lugar, la mayoría de las leyes y los convenios colectivos de trabajo son de los últimos treinta años. La Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales es de 1988. El régimen actual de la negociación colectiva fue restablecido en la Ley 25.877 de Régimen Laboral de 2004. La mitad de los convenios colectivos por rama se firmaron de 1998 en adelante. En la última década se firmaron más de cien convenios colectivos de rama. Esto no quiere decir que no existan convenios colectivos antiguos, de la década de los setenta u ochenta, cuyos contenidos y categorías no describan con precisión el proceso de trabajo de una empresa del 2025. Su modernización, sin embargo, debe realizarse en el marco de la negociación tripartita, con la voluntad y la negociación de sindicatos y cámaras empresariales porque, como explicó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinmann, “estamos en democracia”. 

En segundo lugar, es falso que el sistema de negociación colectiva sea rígido. La negociación por rama admite negociaciones por empresa desde los albores del sistema. En 2024, por ejemplo, hubo 814 acuerdos por empresa y 629 por rama. Ejemplos de convenios por empresa son los firmados entre Telefónica y FOETRA en 2003, Toyota y SMATA en 2005, Mercado Libre y el Sindicato de Trabajadores de Carga y Descarga en 2019: todos firmados en este siglo. En la última década, se firmaron más de 200 convenios por empresa.

El empecinamiento o el desconocimiento sobre cómo funciona el sistema de relaciones laborales en Argentina deriva en propuestas que ya existen o no se necesitan. Un claro ejemplo de ello fue la voluntad del gobierno de reemplazar el sistema de indemnización por un fondo de cese, algo que ya es utilizado en ciertos sectores, como el de la construcción, en donde existe una alta tasa de rotación. No es necesario desmantelar el régimen de negociación colectiva para que esto ocurra porque ya sucede. 

En tercer lugar, es falso que el desmantelamiento de la negociación colectiva traerá mejores trabajos y salarios. La negociación colectiva no fija techos de condiciones laborales ni de salarios. Fija pisos. Cualquier empresa puede mejorar el convenio colectivo si así lo quisiera. Su desmantelamiento no volaría techos: permitiría la perforación de los pisos laborales y salariales. Está comprobado que aquellos países con negociación a nivel sectorial, en lugar de por empresa, tienen menores niveles de desigualdad salarial (Francia, por ejemplo, tiene amplia cobertura y baja desigualdad, mientras que Estados Unidos tiene baja cobertura y alta desigualdad). Al contrario, no existe evidencia concluyente, a nivel nacional ni internacional, de que los regímenes de negociación por actividad generen un menor nivel de productividad.

Otra reforma laboral es posible

Las reformas laborales que pretenden ser soluciones mágicas a problemas enormes no tienen más remedio que fallar en sus objetivos. El statu quo es pésimo. Los ingresos están en pisos históricos y 4 de cada 10 trabajadores no acceden plenamente a sus derechos. Es necesario mejorar la actualidad del trabajo. Pero ni el debilitamiento del actor sindical y ni el desmantelamiento de la negociación colectiva van a lograr tal fin. Desde Fundar, en 2024 propusimos una reforma laboral para la inclusión y el crecimiento: aunque no solucione en su totalidad los grandes problemas de fondo, sí puede mejorar la calidad del trabajo actual y del que vendrá. 

Para las empresas, proponemos políticas concretas: la reducción de las contribuciones y alícuotas de riesgo del trabajo para microempresas de entre uno y cinco trabajadores; un sistema de estabilización de la producción y del trabajo a nivel de empresa, sectorial y regional en momentos de crisis; la simplificación –no eliminación– de las multas por no registro y de los costos de despido, y una plataforma para la simplificación y digitalización de trámites laborales. Para trabajadores, proponemos políticas como la reducción de la jornada legal a 42 horas –hoy está en 48 y es de las más altas del mundo–; la ampliación de las licencias por nacimiento –hoy son dos días corridos para varones–; políticas de flexibilidad horaria en beneficio del trabajador; mayor regulación de la tercerización laboral; aumento y fortalecimiento institucional del salario mínimo; y derechos para trabajadores de plataformas. 

Es una reforma pensada para mejorar la calidad del trabajo en un período de crecimiento de manera dialogada y negociada. Está pensada con y para los actores sociales, y ofrece respuestas para demandas tanto de empresas como de trabajadores, y no en contra o a pesar de ellos. Es una reforma laboral deseable y posible, cuyo objetivo no es ni más ni menos que el de mejorar la calidad del trabajo presente y futuro en Argentina.