Milei seduce a gobernadores con fondos y facilidades electorales: ¿Congreso blindado?

El peronismo y algunos aliados circunstanciales pondrán en marcha la maquinaria del Congreso en los próximos siete días. Este miércoles, en el Senado, lo harán para intentar llevar al recinto los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enviados por el Poder Ejecutivo cuando los postuló para la Corte Suprema. Y dentro de una semana, en Diputados, para insistir con una comisión investigadora que indague sobre la criptoestafa que promocionó el presidente Javier Milei. Sin embargo, el escenario es incierto. A pesar del empuje de algunos sectores (principalmente Unión por la Patria y Democracia para Siempre, el bloque de Facundo Manes), nadie tiene el resultado asegurado. Y todos miran a los grandes actores de peso de los últimos meses en el Congreso: los gobernadores, a los que la Casa Rosada está seduciendo con fondos y facilidades electorales.

En el Senado, la oposición explora alternativas para voltear a uno o a los dos jueces de la Corte Suprema designados por decreto. El pliego de Lijo tiene un camino sencillo: como ya tiene dictamen de comisión, solamente resta pedir una sesión para tratarlo en el recinto y establecer si el Senado le da o no su acuerdo para que llegue a la Corte. Es el de García-Mansilla el que estirará los tiempos: primero debe lograr apoyo en la comisión para luego llegar finalmente al recinto. Una vez ante el pleno de los senadores y senadoras, ambos jueces se jugarán sus cargos en la Corte a suerte o verdad. Hoy no está definido su destino. Todo dependerá del paso a paso que inicie este miércoles el Senado.

Si bien 33 senadores de Unión por la Patria firmaron un compromiso público de rechazar los pliegos de los jueces que aceptasen ser designados por decreto –y hoy podría sumar a ese número a la reemplazante de Edgardo Kueider, la camporista Stefanía Cora–, no está claro ni siquiera para el propio bloque que la unidad de todos los senadores peronistas sea conseguible para bajar a los jueces. Las mayores dudas rodean al pliego de Lijo, que recibió en comisión el respaldo de tres cristinistas y cuya llegada a la Corte los gobernadores peronistas ven con buenos ojos.

Los movimientos de los mandatarios provinciales son tan relevantes para el tablero de la política nacional que en su postura frente al tema estará la respuesta que buscan Lijo y García-Mansilla, y la definición sobre si finalmente la Cámara de Diputados podrá (tras la capitulación del Senado) abrir una comisión investigadora para desentrañar qué pasó y qué responsabilidades hubo en la criptoestafa de $Libra. ¿Jugarán para proteger al Gobierno nacional o se plegarán a la estrategia opositora? Hay dos datos muy relevantes para analizar qué podría pasar con esas decisiones de los mandatarios provinciales. Por un lado, la recuperación sostenida de los recursos que la Nación envía a las provincias. Por el otro, las promesas del Gobierno nacional, en algunos distritos, de “levantar el pie del acelerador” en las elecciones provinciales para permitir que algunos gobernadores puedan asegurarse el control de sus legislaturas sin que los libertarios les roben (muchos) votos.

Según el último informe sobre recursos coparticipables del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a febrero de 2025 las estadísticas muestran un crecimiento interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 20,1% en términos reales (previendo una inflación en febrero de 2,4%). “La Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) exhibió una mejora de 17,5% i.a. Así, se observa una recuperación parcial de lo perdido en febrero de 2024”, destaca el documento. Para provincias desfinanciadas y hasta hostigadas en términos de ingresos y recaudación por el Gobierno nacional, esto implica un cambio para nada despreciable. Es cierto que en parte el cambio de tendencia se explica, como indica el CEPA, por “la ventaja estadística de la comparación interanual” porque “la variación es contra meses magros en términos de recaudación”. Pero el mismo informe establece que la recaudación por IVA aumentó 5,5% en términos reales y fue acompañada de una recuperación de Ganancias de 43%.

Al considerar la situación provincia por provincia, detalla el informe, “se advierte una performance homogénea en febrero: todas las jurisdicciones exhibieron crecimiento en sus Recursos de Origen Nacional en términos reales”. El promedio fue de un nada desdeñable 20,1%. Santa Cruz mostró el menor aumento, con un 15%, mientras que Misiones fue la provincia con mayor recuperación en términos reales: 24,2%. Mientras que, al mirar las transferencias por coparticipación (CFI), también todas las provincias exhibieron aumentos reales en el mes de febrero de entre 14,5% y 21,4%. El promedio fue de 17,5%.

El caso Misiones exhibe la estrategia a dos bandas del Gobierno nacional: más fondos (lideró la recuperación de Recursos de Origen Nacional en términos reales) y también la promesa de un armado electoral liviano para la elección de legisladores locales que no le complique al gobernador Hugo Passalacqua la convivencia con la Legislatura. A cambio, el oficialismo viene consiguiendo favores invaluables de los misioneros en el Congreso. La semana última, los senadores del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut –que responden a Passalacqua– se ausentaron de la sesión en la que se puso a consideración la creación de la comisión investigadora por $Libra. Con un solo voto a favor de cualquiera de los dos misioneros se hubiese creado la comisión, pero estratégicamente fueron los únicos dos ausentes. La alianza no es nueva. En 2024, ayudaron con sus abstenciones a sostener los vetos presidenciales a los proyectos que aumentaban las jubilaciones y el financiamiento universitario.
El Gobierno tendrá en Misiones un candidato propio para las elecciones nacionales. Javier Lanari, integrante del equipo de Manuel Adorni, nacido en la provincia, representará a La Libertad Avanza (LLA) en el distrito. Por eso, en diciembre, acompañó a Karina Milei y a Martín Menem a una recorrida por Posadas. La elección de legisladores locales, en cambio, seguirá otra lógica. LLA tendrá representantes acordados entre el Gobierno nacional y el provincial, o no tendrá nada. Un gesto de buena voluntad para un gobernador que, como otros en su posición, le han ayudado al presidente a evitar cualquier incomodidad que pueda causarle el Congreso.