Milei, ¿el Kirchner de esta era?

En esta Argentina, en la que es difícil encontrar acuerdos transversales, el año político cierra con una certeza compartida por todos los sectores: el Gobierno pretende rentabilizar exponencialmente el triunfo en las legislativas. Aprovechar las divisiones del peronismo y su propia posición de predominio en el antiperonismo para hacer modificaciones estructurales al orden político jurídico vigente, en muchos casos, desde hace varias décadas, y consolidar un espacio propio y carente de rivales entre el centro y la derecha.

El ejercicio es muchas veces contradictorio, ya que supone horadar a posibles interlocutores legislativos –como el radicalismo y el PRO– en función de ganar cantidad y densidad política en un armado propio. Las incorporaciones prometen también compensar, en parte, las severas limitaciones o las trayectorias demostradas hasta aquí por elegidos del presidente, como muestran los casos de José Luis Espert y Lorena Villaverde –cuya asunción sigue en un limbo que se resolvería pronto por una renuncia “voluntaria” impulsada desde la Rosada–. En el Gobierno, sin embargo, confían en que la propia debilidad de estos espacios respecto de la marca oficial limite sus capacidades de resistir la cooptación o condicionar la cooperación. El nulo impacto de las recientes y duras críticas de Mauricio Macri al gabinete y el caos en que se encuentra sumida la estructura radical parecería darles la razón, al menos, sobre la plausibilidad del escenario.

Del lado de la oposición peronista, la hipótesis oficial supone una oportunidad basada en su desmembramiento y atomización, con dirigentes que se cierran sobre sus territorios y se desentienden de –o contradicen a– la conducción a nivel nacional. Negociaciones puntuales y trajes a medida en cada conversación legislativa que podrían alcanzar para consolidar una gobernabilidad cómoda para las ambiciones gubernamentales tras lo que, entienden, es un colapso de las certezas asociadas al modelo intervencionista. La hipótesis precede incluso a la victoria electoral de medio término, pero se corporiza en ella. Fue el análisis, transparente, del propio Javier Milei: “Sin la administración desastrosa de los últimos 20 años habría sido imposible que un liberal libertario llegara a presidente”, y supone la existencia de un estallido silencioso, pero no menos consecuente que el de diciembre de 2001.

Bajo esta hipótesis, el presidente podría replicar la impronta de radicalidad reformista de Néstor Kirchner aunque, naturalmente, con signo opuesto. La dificultad opositora para articular discursos antagónicos en los primeros años del kirchnerismo, el desprestigio de su núcleo de ideas propias, los problemas de preservación de los espacios y estructuras existentes podrían dar una pátina de razonabilidad a la comparación. Sin embargo, tras una primera mirada, los problemas aparecen también evidentes.

El modelo económico del primer kirchnerismo no estaba sometido a un gran escrutinio en términos de su viabilidad, ni su capacidad de generar crecimiento económico y distribuirlo transversalmente en la sociedad. Por méritos propios, por los heredados y por dosis importantes de suerte en cuanto a la coyuntura internacional, los años de Kirchner fueron de crecimiento a tasas chinas. Redujo sensiblemente las fricciones asociadas a la reconfiguración de un modelo en el que todos –en distintas proporciones– eran ganadores y que contrastaba con una crisis casi terminal, aún fresca en la memoria colectiva. Con algunos matices, el modelo de exportación de commodities, dólar en valores competitivos y programas sociales no era cuestionado tampoco por los rivales electorales de Kirchner que, en 2007, fueron Roberto Lavagna –su ex ministro– y Elisa Carrió, una demostración de la profundidad de los cambios que se habían producido en el país.

La coyuntura es hoy bien diferente. Los datos dados a conocer por el INDEC en la última semana muestran una primera diferencia relevante. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) –si retiramos el componente de intermediación financiera que no tiene demasiado correlato en la economía real–, la actividad se encontraba, en noviembre de 2025, en un nivel similar a noviembre de 2023. No hay tasas chinas, ni crecimiento de base ancha. Incluso en los lugares económicos donde el Gobierno tiene logros para mostrar, como lo es la baja de la inflación, se encuentra estancado. El apoyo electoral, en este escenario, parece más motivado por el deseo de la sociedad de no retroceder, que por un horizonte de bienestar que permita pensar en una nueva hegemonía.

El escenario, con todo, está abierto. El decidido apoyo estadounidense podría proveer una llave para regresar a los mercados voluntarios de deuda en el próximo año, algo que reduciría enormemente las necesidades de dólares y acumulación de reservas que fueron el talón de aquiles de la estrategia oficial. Ese regreso podría complementarse con mejoras en la cuenta de capital por inversiones en sectores extractivos –petróleo y minería– que, además, aparecen como un punto de especial interés en el marco del acuerdo anunciado recientemente con los gringos. Hay allí una hipótesis optimista para el Gobierno.

La agenda legislativa inmediata transita entre las ambiciones refundacionales y la necesidad de construir un puente entre un presente sumamente complejo y un futuro que, en el Gobierno, imaginan de holgura. Las prioridades legislativas se centran en el presupuesto, el proyecto de “presunción de inocencia fiscal” y una muy ambiciosa reforma laboral.

Es casi un hecho que el próximo será el primer año en el que el Ejecutivo contará con presupuesto aprobado en el Congreso, con ayuda no sólo de la fortalecida bancada libertaria, sino de los gobernadores de la avenida del medio y varios de los al menos nominalmente opositores. Todos ellos tienen pretensiones de negociar algunos recursos y obras que el Gobierno parece reticente a otorgar. Dada la distancia temporal con los comicios y la evaluación del ánimo social, muy probablemente el consentimiento de los mandatarios provinciales termine otorgándose a cambio de concesiones menores, puntuales y relacionadas con cuestiones propias de cada provincia, más que con obras o asignaciones de recursos más fácilmente generalizables.

En el frente fiscal, la prioridad del Gobierno es que los ciudadanos utilicen los dólares que tienen ahorrados para transacciones que muevan la economía. El proyecto –bautizado como “presunción de inocencia fiscal”– supone una elevación muy fuerte de los montos de delitos fiscales, así como de los regímenes de información y de justificación de ingresos. Más allá de las preocupaciones sobre el efecto que el cambio pudiera generar en operatorias delictivas de pequeña escala –especialmente, operaciones de narcomenudeo–, así como sobre la economía formal, el Gobierno apuesta a otro puente de dólares para tirar antes de obtener acceso a los mercados voluntarios de crédito. Como el blanqueo, el préstamo del Fondo Monetario y el anuncio del swap con el Tesoro estadounidense, sería otro mecanismo de ingreso de dólares en el circuito económico que permitiría disimular las inconsistencias otro tiempo más, con la esperanza de que la tierra prometida esté al alcance del mandato.

La reforma laboral se inscribe en las pretensiones de reconfiguración estatal. El proyecto que el Gobierno planea enviar al Congreso supone cambios de gran alcance en la estructura del derecho laboral argentino, muchos de ellos incluidos en el Decreto 70/2023 y suspendidos por la Justicia laboral. La reforma apunta a horadar muy severamente el poder sindical en la negociación colectiva que, sin embargo, no sería obliterado por completo, sino severamente mermado. El diagnóstico compartido transversalmente por el oficialismo es que el empleo privado formal se convirtió en un componente cada vez menos relevante del mundo del trabajo y que en esas condiciones, las estructuras sindicales son cada vez menos representativas y se encuentran a la defensiva, lo que abriría espacio para la aprobación del proyecto, incluso necesitado de algunos votos peronistas en el Senado.

La hipótesis, más que discutible, es que si el empleo formal se parece más al informal en términos de las protecciones y garantías de los trabajadores, podría alcanzarse una mayor formalidad en la estructura de empleo. Las principales modificaciones se darían en el terreno de la negociación colectiva, donde los convenios de empresa prevalecerían sobre los convenios por actividad. Se habilitarían, además, acuerdos individuales por fuera de convenios, se ampliaría el máximo de la jornada laboral diaria –manteniendo topes semanales– y se expandirían las actividades esenciales. También facilitaría a las empresas los pagos de indemnizaciones por despido, y reintroduciría la posibilidad de pagar con tickets canasta u otros beneficios “en especie”.

La agresividad de la reforma, junto a la euforia por el triunfo electoral, tienen alguna reminiscencia de 2017, cuando el macrismo planeaba sus propios mil años tras derrotar a CFK en la Provincia de Buenos Aires. Es cierto que el peronismo era entonces más fuerte. Pero también lo eran los números de la economía. El sueño de aquel entonces duró lo que la remisión de un proyecto de reforma previsional al que la resistencia evidenció la debilidad de los fundamentos del orden económico macrista. De una reelección segura, meses después, las especulaciones eran sobre una salida anticipada que, afortunadamente para el país, no se produjo. ¿Estarán tan débiles como el Gobierno supone los resortes del poder que constituyeron durante años a la Argentina? ¿O el peronismo y los sindicatos tienen, todavía, algo que decir?

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