Los incendios crecen como el enojo: Bullrich busca culpables en la Patagonia

Catorce días después del primer foco de incendio en El Bolsón y cuando el malestar de los rionegrinos, neuquinos y chubutenses frente al abandono del Gobierno nacional se encuentra en un pico máximo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, finalmente se mostró este martes en la localidad junto a su par de Defensa, Luis Petri. Anunciaron allí algunas medidas e iniciativas que ya existían y reforzaron el relato sobre los presuntos actos terroristas que habrían dado inicio al fuego.

Lo que organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país definieron como la detención de perejiles para enmascarar la pobre gestión del tema tiene hoy a dos personas presas en Río Negro. Uno es Juan Hermosilla, cuya detención fue ampliamente festejada por el gobernador Alberto Weretilneck, fue filmado tirándose sobre las brasas en un video en el que no parece ser una persona en completo uso de sus facultades mentales. El otro detenido, Nicolás Heredia, cuya prisión preventiva fue ratificada este martes, es defendido por vecinos y brigadistas de la zona que aseguran que cuando fue apresado estaba trabajando como voluntario junto a otras personas intentando apagar el fuego. Según el fiscal Francisco Arrien, Heredia tenía consigo una botella de un líquido que se está investigando pero sería combustible o acelerante para el fuego y algunos testigos lo vieron en una actitud sospechosa. Según el abogado defensor Nelson Vigueras, los testigos dieron versiones contradictorias sobre la botella, de la que no hay pruebas de que sea de Heredia. El juez de Control de Garantías, Sergio Pichetto, se pronunció a favor de la fiscalía y Heredia está cumpliendo una semana detenido. 

“Yo andaba de mochilero. Fui a llevar comida a los pibes de los pozones. Llevaba sándwiches en mi mochila, nada más”, dijo en la audiencia de este martes. Su detención y la de Hermosilla fueron las últimas de más de una decena de procedimientos judiciales. En el resto de los casos, fue decidida la liberación sin imputación cuando el juez de Garantías, Ricardo Calcagno, advirtió que habían sido falsamente acusados y que eran personas que cuidaban el ambiente y combatían los incendios.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la “criminalización de brigadistas y hostigamiento a comunidades indígenas” busca disimular “la gestión ineficaz de los incendios en la Patagonia”. “Estas decisiones no son inocuas. La persecución policial y judicial a brigadistas voluntarios atenta contra el compromiso social, desalienta la participación, genera miedo y desconfianza en las instituciones y, finalmente, deja avanzar los incendios. ¿Quién va a ayudar si puede terminar con un pedido de detención?”, se pregunta el organismo en su último comunicado en el que observa una tendencia creciente a la “criminalización de comunidades indígenas y defensores ambientales en la Patagonia”.

También la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) habló de la criminalización de brigadistas y comunidades con un agregado: días antes de que se inicien los primeros focos de este episodio ya había advertido por el profundo desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei a las políticas ambientales. Reducción del 65,4% en el presupuesto real para la Subsecretaría de Ambiente; también una disminución del 63,4% real para la Administración de Parques Nacionales; y congelamiento de las partidas para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, entre otros puntos.

La discusión sobre si los detenidos son brigadistas voluntarios o piromaníacos estalló en la puerta de la comisaría de El Bolsón el último viernes, con muchos vecinos y vecinas defendiendo a los detenidos y siendo atacados a rebencazos por una persona identificada por ellos mismos como Víctor Araneda, quien actuaría al servicio no oficial del Municipio y del magnate terrateniente Joe Lewis.

La estigmatización de las comunidades mapuche es parte del relato que lleva adelante tanto el Gobierno nacional como, particularmente, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apalancándose en la reivindicación que hizo Facundo Jones Huala hace diez días de “los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes, con un objetivo político». La declaración es impactante y reivindica el uso de la violencia, pero no fue una admisión de responsabilidad en los incendios forestales. En ese discurso, en un acto público, el lonko de Lof en Resistencia de Cushamen, repudió “aquello que destruya a esos árboles, esos pajaritos, esas flores; eso que atenta contra la naturaleza, contra la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y contra nuestra vida como pueblo mapuche” y prometió “quemar pólvora, largar plomo y prender fuego” en contra de quienes afecten al ecosistema patagónico. Jones Huala fue denunciado por incitación a la violencia colectiva y apología del crimen por el Ministerio de Seguridad y está en boca del gobernador Torres desde hace diez días, quien reclama insistentemente ante los medios su captura.

Es inusitádamente grave lo que pasó hoy en Chubut, con el allanamiento de comunidades mapuches, una radio y domicilios particulares. No hay información oficial. Colegas de esa Prov me dicen q es en el marco de investigación por incendios. El estado de derecho pende de un hilo pic.twitter.com/Id4w3l2mye

— Santiago Rey (@SantiagoRey71) February 11, 2025

En este contexto, este martes hubo al menos doce allanamientos en Chubut a medios de comunicación, domicilios y comunidades del pueblo mapuche Tehuelche. Una mujer quedó detenida en una comisaría de Esquel. “No tenemos muy claro aún qué es lo que se investiga aunque mediáticamente se hable de los incendios”, informaron a Cenital en la comunidad. Uno de los operativos fue particularmente impactante, con el ingreso de la Policía por la fuerza en la radio mapuche comunitaria Petu Mogelein, en El Maitén. Según denunció la comunidad, los agentes avanzaron sobre el local donde se encuentra el transmisor, la sala de operación y locución, el archivo y un salón donde hay ropa y alimentos no perecederos. “Rompieron, tiraron materiales diversos, entre ellos la comida y aparatos costosos que nos permiten salir al aire, asimismo se llevaron dos CPU con los cuales salimos al aire y retransmitimos en streaming”, señalaron.

En la construcción de amenazas o enemigos, la ministra Bullrich tiene, sólo en los últimos meses, algunos hitos que ponen en cuestionamiento sus formas de investigación y acusación. Hace poco más de un año apresó a un peluquero de Avellaneda, un jugador de ping pong y un señor con relatos muy fantasiosos, acusándolos de ser una célula que preparaba un atentado similar al de la AMIA. Dos semanas después, la jueza María Eugenia Capuchetti los liberaba sin ninguna imputación. Unos meses antes, un vendedor ambulante mendocino estuvo preso 21 días después de que la Gendarmería confundiera talco por cocaína y lo detuviera. Bullrich había festejado la detención. Incluso, la última vez que había estado en la Patagonia antes de este martes fue a principios de enero, cuando participó un desalojo a una comunidad mapuche en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que finalmente no fue, porque los pobladores se habían ido antes.

Este martes no hubo vecinos ni vecinas que se acerquen a escucharla, cuando Bullrich anunció como novedad una instancia de coordinación entre distintos organismos del Estado, llamada “Agencia Nacional de Emergencias”. Emulará el funcionamiento de varios otros organismos coordinadores, aunque el Gobierno no dio precisiones de qué será exactamente lo que coordinará. El comunicado oficial habla de “doce estructuras distintas” que en el Estado Nacional “tratan sobre emergencias, gestión del riesgo, lucha contra incendios y desastres” y que ahora estarán coordinadas. De lo que se infiere que hasta ahora no lo estaban.

En los últimos trece días, en Río Negro, Chubut y Neuquén el fuego consumió unas 36.300 hectáreas. En las últimas horas se sumaron focos voraces en Corrientes y hay riesgo por un enorme incendio forestal en Chile a la altura de la frontera con Neuquén.