La tapa de diario que obligó a la CIA a rendir cuentas sobre el golpe de Estado en Chile
Cincuenta años después del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, archivistas activistas siguen descubriendo detalles sobre el involucramiento de Estados Unidos en esa operación, que incluyó la violación de derechos humanos.
Hace 50 años, a comienzos de septiembre, altos funcionarios estadounidenses intentaban entender cómo un periodista había obtenido información detallada sobre sus esfuerzos para desestabilizar al Gobierno democrático de Chile, encabezado por Salvador Allende. “Dice que tuvimos USD 1,5 millones reservados para derrocar a Allende”, comentó en una llamada telefónica el secretario de Estado, Henry Kissinger, al director de la CIA, William Colby.
En realidad, la cifra era mucho mayor: en testimonio reservado ante una comisión legislativa, Colby admitió que Estados Unidos había destinado USD 8 millones para financiar actividades encubiertas dirigidas a desestabilizar al gobierno de Allende. El periodista Seymour Hersh publicó la información en la portada del New York Times del domingo, el 8 de septiembre de 1974.
“Vi la nota de Chile… ¿Hay repercusiones?”, le preguntó a Kissinger el entonces presidente estadounidense, Gerald Ford, el día después. “En realidad, no”, respondió el jefe de la diplomacia.
Resultó ser otra de las muchas mentiras que marcaron la nefasta carrera de Kissinger, quien, tras el golpe, le había asegurado por teléfono a Richard Nixon, el antecesor de Ford, que Estados Unidos había creado las mejores condiciones posibles para la caída de Allende.
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Sumate“No veo por qué tenemos que quedarnos de brazos cruzados viendo cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propia gente”, habría dicho Kissinger en una reunión reservada sobre el escenario chileno en 1970.
“Nuestro Gobierno, al igual que otros gobiernos, toma ciertas medidas en el campo de la inteligencia para ayudar a implementar la política exterior y proteger la seguridad nacional. Me han informado fehacientemente que las naciones comunistas gastan mucho más dinero que nosotros para el mismo tipo de fines”, admitió Ford, orgulloso, en una conferencia de prensa unos días después de que Hersh publicara su nota.
Quizás eras muy joven hace 50 años, cuando la nota puso la lupa sobre las intervenciones antidemocráticas de Estados Unidos en Chile, Guatemala, Cuba y otros países del mundo –siempre con la justificación de proteger sus intereses y los del mundo anticomunista en el contexto de la Guerra Fría — .
Hoy en día es sabido que la CIA metió mano por todos lados, pero la nota del New York Times cayó como una bomba . Desató un inédito proceso en el Congreso de Estados Unidos, liderado por el entonces senador Frank Church, para exigir la rendición de cuentas por parte de las agencias que actuaban al margen de la ley, tanto dentro como fuera del país.
En algunos casos, ni siquiera los presidentes de Estados Unidos conocían los detalles: “Ahora bien, en este caso concreto, según tengo entendido -y no me cabe la menor duda-, nuestro Gobierno no tuvo participación alguna en el golpe de Allende. Que yo sepa, nadie lo ha acusado. Los hechos son que no tuvimos participación alguna en el golpe en sí”, continuó Ford en la misma conferencia de prensa, defendiendo que EEUU había apoyado medios y partidos de oposición chilenos que el gobierno de Allende buscaba “destruir” y que estos esfuerzos tuvieron que ver con “el mejor interés de la gente de Chile y, ciertamente, nuestro mejor interés”.
Ford lo dijo convencido, aparentemente sin saber que era una vil mentira: “La respuesta no es totalmente coherente con los hechos, porque no se le habían dado a conocer todos los hechos”, le advirtió su abogado en 1975, pidiéndole máxima precaución con el tema.
Una cantidad importante de informes oficiales que evidencian la participación de EEUU en el golpe en Chile aún siguen siendo secretos. El año pasado, el gobierno de Gabriel Boric le solicitó a la administración de Joe Biden la desclasificación de los documentos, pero la CIA no quiso cooperar. El interés no es solo académico: esta semana, el presidente chileno prometió impulsar la derogación de la amnistía que protege a los funcionarios del gobierno de facto del general Augusto Pinochet de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
Los documentos históricos acá citados forman parte de un nuevo informe del National Security Archive, una organización no gubernamental estadounidense dedicada a rastrear información que demuestra la existencia de actividades secretas por parte de los poderes fácticos. Los documentos revelados han aportado detalles para comprender la historia diplomática, documentar violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras en Chile y en Argentina, y evidenciar ilegalidades más recientes, como los pagos de la compañía bananera Chiquita Brands a grupos paramilitares en Colombia. En este último caso, la evidencia contribuyó a un fallo histórico que estableció la responsabilidad empresarial por violaciones de derechos humanos. (En Cenital te contamos del caso en junio.)
El autor del nuevo informe sobre Chile es Peter Kornbluh, periodista y autor de Pinochet Desclasificado. Le habló a Cenital desde Santiago de Chile el miércoles 11 de septiembre, después de participar en la conmemoración del aniversario del golpe contra Allende en La Moneda.
“Como les dije a mis estudiantes aquí en Chile, no soy un historiador o un archivista común y corriente. Soy un archivero activista, y me gustaría que ellos fueran historiadores forenses. No tiene sentido desenterrar esta historia y no asegurarse realmente de que tiene un impacto”, cuenta el investigador especializado en rastrear estos documentos clasificados. Esto es de particular relevancia en un contexto de “negacionismo sobre el pasado y acerca de quién fue Pinochet y lo que hizo la CIA y todas esas cosas. Es increíblemente importante encontrar un gancho, si se quiere, para reintroducir esta historia”.
Las revelaciones tuvieron enorme impacto, señala Kornbluh. Una comisión del Senado descubrió un sinfín de operaciones encubiertas, incluidos asesinatos (como el del jefe de las fuerzas armadas chilenas en 1970, René Schneider) e intentos de matar a líderes extranjeros (como fue el caso del líder cubano Fidel Castro). Esto llevó a implementar políticas para limitar este tipo de operaciones secretas por parte de agencias estadounidenses.
“Las repercusiones fueron asombrosas. Su importancia se extendió realmente desde 1975 hasta 1981, coincidiendo con el inicio de la guerra de la Contra, cuando la CIA resurgió bajo la administración de Ronald Reagan y se transformó prácticamente en una operación paramilitar. Ni siquiera había nada encubierto al respecto”, afirma Kornbluh. “Y luego, lo curioso, la ironía de la historia y de las fechas, el 11 de septiembre de 2001 borró por completo toda esa estructura moral y las implicaciones legales sobre las operaciones encubiertas. Ahora, las operaciones encubiertas y el asesinato de terroristas están totalmente aceptados, y ya no hay un debate moral sobre la conducta de la política exterior estadounidense en el extranjero”.
Un importante detalle del trabajo de Kornbluh y el National Security Archive es el uso hábil de la ley de acceso a la información pública en EEUU, similar a la que el presidente Javier Milei restringió acá en Argentina hace una semana. Aunque la ley en EEUU obliga a las autoridades a proporcionar información ante pedidos de los ciudadanos, el truco está en saber qué pedir.
“Ya sabes que ciertas reuniones crean documentos. Ya sabes que cuando Kissinger viajó a Chile en junio de 1976, habrá todo un libro de instrucciones para él. Ya sabes que cuando se reúna con Pinochet, habrá un memorando de la conversación”, explica Kornbluh. La foto de esta nota ilustra el encuentro entre Pinochet y Kissinger en el país trasandino.
Un dato clave en la historia del involucramiento estadounidense en el golpe contra Allende fue verificar que Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio en Chile, se había reunido con Nixon. Kornbluh pasó una semana en la biblioteca que archiva los documentos de la presidencia de Nixon, rastreando la agenda diaria del gobierno. “Uno de los bibliotecarios me mostró un archivo de estas agendas diarias que la Casa Blanca mantenía para todos, para Kissinger, para Nixon. Simplemente busqué el día en que Edwards se suponía que se reuniría con Nixon. Y ahí estaba la primera reunión del día, a las 9.15 a.m. en la Oficina Oval, Agustín Edwards y Henry Kissinger”, detalla. “Tenemos una cronología. Tenemos todos los demás documentos que hemos obtenido. Sabemos dónde están los vacíos en la historia”.
No buscan cualquier dato: “No somos historiadores generalistas. Nos enfocamos en los países de América Latina, sus problemas actuales y la búsqueda de la verdad y la justicia y, en última instancia, la dignidad de estos países”, cuenta Kornbluh. El punto de partida es la cronología de lo ocurrido y un propósito relevante, como resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México, potenciar el debate en Chile sobre el legado de la dictadura o lograr que una empresa estadounidense rinda cuentas por financiar grupos paramilitares en Colombia.
Kornbluh concluye con una observación: “A menudo estos documentos tienen más impacto en los países sobre los que tratan que en los Estados Unidos, donde a la gente no le importa mucho la historia”.