La sangre llegó al río

“Vamos a seguir trabajando para la unidad, porque el objetivo es ganarle a Milei”, responde lacónico Axel Kicillof, por WhatsApp, ante la consulta de #OffTheRecord. El gobernador tomó la decisión el domingo por la noche. Así se lo transmitió, a través de Sergio Massa, a Cristina Fernández de Kirchner el lunes por la mañana. “Esto no es ni romper ni traicionar”, fue la frase repetida durante la extensa reunión en las oficinas de una fundación vinculada a Julio Alak y las conversaciones del día siguiente. El debate entre el encuadre obligado al que debería someterse una figura creada por CFK y un modelo de tercerización política agotado después de la experiencia de Alberto Fernández sobrevuelan las discusiones por estas horas en el peronismo bonaerense.

La fractura política está consumada, pero no necesariamente la electoral. Según pudo reconstruir este medio, todos los actores — a pesar de sus crecientes niveles de irritabilidad — entienden que una competencia en listas separadas le facilitaría el trabajo al gobierno nacional y complicaría el propio frente a un electorado que no logra decodificar del todo qué se discute en esta etapa del peronismo.

Donde antes había dos espacios, hoy hay tres. Si Kicillof existe gracias a Cristina, también es cierto que el gobernador se ganó a fuerza de kilometraje una candidatura original en la provincia de Buenos Aires que no estaba en los papeles de nadie. Si Kicillof le debe su pasado y presente a la expresidenta, Cristina –o el kirchnerismo– no pudo construir otro producto electoral de su propio linaje como el economista. Sea por tareas ingratas o dinámicas de construcción, CFK tuvo que salir siempre a buscar fuera de su redil a figuras competitivas con suertes diversas: Martín Insaurralde, Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa.

“Cada militante tiene el bastón de mariscal en la mochila: sáquenlo y no le pidan permiso a nadie para hacerlo”. La recordada frase fue dicha por primera vez el 27 de diciembre de 2022, en el marco del avance de las causas en su contra y la posibilidad de proscripción durante el año electoral. Dos años y medio después, el riesgo continúa. A su lado, ese día en Avellaneda, estaban el anfitrión, Jorge Ferraresi, y un Kicillof que parece haberla escuchado. ¿Cuál es el crimen, entonces, del gobernador?

En una declaración que pasó desapercibida, el presidente del Colegio de Abogados, Alberto Garay, dijo en el programa de Carlos Pagni que “el caso de Cristina no debe tomarse con una celeridad extrema como si la hubiera”. “Esto no quiere decir que tenga que esperar cinco años, pero no tiene por qué tomarla en medio del proceso electoral”, concluyó Garay, que fue un persistente detractor de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema. La palabra de Garay hay que encuadrarla, también, en el marco de las posteriores declaraciones atribuidas a Ricardo Lorenzetti en un artículo publicado en el diario Clarín, donde advierte, previo a la votación de Lijo, la velocidad que podría cobrar el expediente de Cristina en la Corte. La senadora Anabel Fernández Sagasti impugnó y denunció esa nota en su exposición en el Senado. Al margen de la mirada del kirchnerismo, es interesante la dinámica de convivencia en el máximo tribunal. Casi como si fuera un ejercicio en espejo, es improbable que una cruzada personal –y profesional– de Lorenzetti tenga eco, hoy, en Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En la Corte descartan que el 280 “a lo Boudou” se le aplique a CFK y, llegado el caso, el rechazo debería llevar una explicación. En caso de no haber unanimidad, el máximo tribunal debería llamar a un conjuez. Todos aspectos que demorarían los plazos si, además, se le suma la inminente recusación de Cristina a Lorenzetti.

Es, también, en ese marco, que se da la discusión en el peronismo. Una anomalía en la que el Poder Judicial podría lograr lo que la política no: un motivo para la unidad de acción del peronismo. Si la mayoría de la Corte no tomó, aún, una decisión, el gobierno sí cree saber lo que le conviene, aunque por motivos distintos. Cerca de Santiago Caputo — que celebró el desdoblamiento anunciado por Kicillof — hay dos miradas. Algunos creen que sería positivo para el oficialismo que Cristina compita en la tercera sección electoral. Al oficialismo nacional le importan poco los candidatos provinciales y, en cambio, la sacaría de la cancha para la nacional. “Es lo más fuerte que tienen”, resumen. En la lógica del propio Caputo la mirada es, aparentemente, otra. La presencia de CFK en octubre podría ordenar la discusión y transformarla en un plebiscito al pasado y no al presente.

La reunión de ocho horas, zurcida originalmente para suturar las fricciones crecientes en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, fue, según todos los asistentes, “amable”. Del encuentro ocurrido el domingo participaron Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, Federico Otermin, Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Luis Andreotti y Alak. De todos ellos, el único sin una única nacionalidad era el intendente de Lomas de Zamora que ofició, en el encuentro, como una especie de Cardenal Samoré bonaerense.

Las versiones varían, pero en los márgenes. Kicillof sostuvo sus argumentos durante una hora sobre dos verticales. Uno, formal: la dificultad para organizar una logística electoral el mismo día con dos sistemas de votación. Otro, político: el desdoblamiento es una demanda de los intendentes y, además, es la mejor herramienta para dividir el voto opositor. Massa, cuando llegó su turno, insistió con la importancia de la unidad. Una musicalidad parecida a un Kirchner que fue afectuoso con el gobernador y, según varios de los presentes, hasta le hizo un guiño al desdoblamiento. “Entiendo que estás convencido y si considerás que eso es lo mejor, hacelo y veamos cómo se puede acomodar el dispositivo político en un marco de unidad”, dijo el titular del PJ bonaerense.

Al finalizar, Kicillof vuelve a pedir la palabra. “Pensá muy bien lo que vas a decir”, bromeó Otermin, que había visto una luz de acuerdo luego de la palabra de Kirchner. Cuando se disiparon las risas generalizadas, el gobernador quiso aprovechar el oasis e intentó abordar, también, la situación de los heridos: “Fijate si podés hablar con ellos, sería importante”. La referencia era, fundamentalmente, sobre Ferraresi y Mario Secco. “No sé si vamos a poder solucionar todos los temas en esta reunión, lo que podemos hacer es que ellos hablen directamente con Cristina, así yo me corro por si llego a ser un factor de discordia”, respondió Kirchner. La evocación escondía la posibilidad cierta que la propia CFK había adelantado en La Matanza sobre ser candidata en la tercera sección electoral en caso que se avanzara con el desdoblamiento. “Si Cristina me dice que no arme en Avellaneda no voy a armar, pero si ella llega a ser candidata también tiene derecho a apoyar en los distritos a quienes mejor considere”, redondeó Kirchner.

Ante la consulta de #OffTheRecord, Tignanelli respondió: “Ella dijo que si había desdoblamiento quería encabezar la lista en la tercera sección, producto de que creía que era una buena candidata y que había que explicar todos los problemas que tiene la provincia a partir del gobierno de Milei”. “¿No la achica?”, fue la consulta de este medio. “Hace lo que tiene que hacer un militante político: ponerse en el lugar que más puede apoyar al proyecto. Esto también se planteó cuando fue vice de Alberto, candidata a senadora, al PJ, siempre está la idea de que ‘se achica’ y el problema me parece que son los que se agrandan”, concluyó.

El desgaste al que fue sometido Kicillof por su espacio, con el antecedente tóxico del gobierno de Fernández, le pone un límite a la fricción como gestión política del kirchnerismo. El desdoblamiento, por su parte, aleja al gobernador de su rol de asedio y lo pone en pie de igualdad en materia de deberes con una Cristina que se recostó, aparentemente de manera definitiva, en la conducción de su propia fuerza.

A nivel global, la crisis bursátil desatada tras el anuncio del último miércoles amenaza tener derrames en la economía real que podrían resultar excepcionalmente dañinos para la Argentina. Quienes — con razón– indicaban los problemas que el cepo cambiario significaba para cualquier esquema de ingreso de capitales e inversiones, estarán hoy seguramente agradeciendo que no se haya intentado un experimento de apreciación brutal como la que sucedió sin las restricciones al movimiento de capitales que se mantienen vigentes. Si al gobierno de Mauricio Macri lo quebraron los vaivenes de la lira turca, sólo queda especular sobre cuáles hubieran sido las consecuencias de una crisis como esta generada por Donald Trump.

Sin embargo, la fragilidad de la posición macroeconómica de Argentina — particularmente en materia cambiaria, repetida hasta el cansancio — , no alcanza para explicar la dimensión de los riesgos que enfrenta el país y la economía mundial, a partir de la materialización de las amenazas de campaña del presidente norteamericano. El Gobierno estadounidense anunció aranceles universales del 10%, que alcanzarán a todos los países y territorios — a excepción de Canadá y México, que sufren por otras decisiones. La tasa mínima del 10%, sin embargo, aplicará sólo a algunos, entre los que se encuentran la Argentina y la mayoría de los de América del Sur. Se trata de los estados cuyo comercio en bienes con Estados Unidos es equilibrado o deficitario. Economías de mayor tamaño, cuyo intercambio con Washington es superavitario — como la Unión Europea, Japón, Vietnam o Corea del Sur — , pagarán aranceles mayores, de entre el 20 y 40 por ciento. Para China, la gran bestia negra de la administración Trump, el arancel sería del 34%, que se suma a los ya aplicados por otras medidas.

Los festejos del oficialismo por la tasa reducida, aún si obviamos que es igual a la que recibieron países como el Brasil de Lula da Silva o la Colombia de Gustavo Petro — líderes a los que Marco Rubio sitúa del lado comunista de la vida — , aparecen desubicados. La idea de que se estaría obteniendo alguna clase de ventaja competitiva para comerciar con Estados Unidos, incluso si se la da por cierta, omite un impacto global y sistémico que nos afectará, incluso, si por milagro o pericia diplomática, Argentina obtuviera aranceles del 0%.

De los diez principales destinos exportadores argentinos, cinco son países asiáticos a los que aplicarán altos aranceles y que tienen al mercado estadounidense entre sus principales clientes. En un año sin sequía, el continente asiático explica alrededor de uno de cada tres dólares exportados por nuestro país. Para nuestro principal socio comercial, Brasil, la situación es aún más dramática. China explica por sí sola un tercio de sus exportaciones. Menos acceso de los socios comerciales al mercado estadounidense significa también menor crecimiento o, incluso, caídas de actividad en los países afectados, que podrían consecuentemente reducir sus compras al nuestro, aumentando al mismo tiempo la presión para colocar su producción manufacturera en otros países. Pésima noticia para los locales, asediados por el tipo de cambio.

Una eventual recesión también generaría interrogantes sobre las condiciones que enfrentarán los sectores más prometedores para la economía local. La soja estadounidense, sujeta a los aranceles de represalia chinos, debería bajar su precio y redirigirse a mercados relevantes para la producción argentina, como India y Vietnam, mientras nuestro país tendría mayores posibilidades de acceso al mercado chino que hoy dominan estadounidenses y brasileños. Un movimiento que aparece cargado de incertidumbre.

La caída en los precios de los minerales también podría golpear la viabilidad de los proyectos mineros que Argentina esperaba atraer con el RIGI, particularmente en cobre, el mineral de mayor potencial en volumen y relevancia económica. Pero las peores consecuencias potenciales podrían afectar al desarrollo de Vaca Muerta. Una recesión significaría una caída en la demanda y el precio del petróleo que, por una cuestión de costos, necesita un umbral de precios mucho más alto que los yacimientos convencionales para ser viable. En un contexto recesivo, es habitual que los países productores cartelizados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios acuerden recortes en la producción para forzar la suba de precios. En cambio, acordaron para abril una suba de 411 mil barriles diarios. Las especulaciones sobre las motivaciones difieren. Por un lado, en la propia organización aseguran que los fundamentos del mercado son sólidos y señalan que esperan algún tipo de acuerdo en semanas o meses que recupere la demanda. Por otro lado, aparece el deseo de Trump de bajar los precios de la energía como estrategia para combatir la inflación. Hay una tercera hipótesis, acaso la más inquietante. Una baja de precios podría generar daños permanentes a la industria del shale, cuyo principal centro, después de los Estados Unidos, son los yacimientos neuquinos.

“Es difícil hacer predicciones, sobre todo respecto al futuro”. La frase se atribuye a Niels Bohr. El ilustre físico danés no debía lidiar con el carácter de Trump, ya libre de las guardas que en su primer mandato representaban su yerno, Jared Kushner, o su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Si los aranceles fueran a aplicarse, el nivel se ubicaría por encima incluso del que estableció la legislación Smoot-Hawley en el contexto de la crisis del 30, hace casi cien años. La fecha límite para una suspensión es el miércoles. El jueves, entramos en terreno desconocido. La caída de los mercados es mucho más reducida de la que sería adecuada ante un derrumbe del comercio internacional con un aumento de la incertidumbre global como el que sugieren los aranceles estadounidenses y las represalias que ya anunciaron China y, con algo menos de claridad, la Unión Europea. Si las medidas fueran a materializarse, el piso quedaría lejos.

Trump aseguró que no habrá suspensión y amenazó con un 50% adicional para China si no se revierten las represalias. Ante una propuesta de Vietnam de reducir a cero los aranceles que cobra a los Estados Unidos, el consejero de Comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, se ocupó de desechar la propuesta, señaló que el objetivo es equilibrar el saldo bilateral y que cualquier acuerdo debería contemplar ese objetivo. Es la misma lógica de los aranceles que, lejos de ser una cuidadosa política de reciprocidad, son un fruto de incomprensión o cinismo respecto del funcionamiento del sistema internacional de comercio. El déficit comercial del país que gobierna Trump es el correlato del superávit del país en el flujo de capitales. La primera potencia global invierte por encima de su ahorro nacional. Ese exceso de inversión lo financian los extranjeros, con los dólares que los Estados Unidos destinan a importaciones. Una balanza comercial equilibrada supone que el dólar es más débil y menos demandado. Si Trump estuviera en lo cierto y las empresas fueran a invertir y radicarse masivamente en su país para esquivar los aranceles, el saldo comercial debería empeorar, al menos temporalmente.

Pero hay un problema más grave. Los flujos de comercio se deben medir en términos agregados. Por ejemplo, si China compra cobre chileno y le vende cables a Japón, ¿qué utilidad tendría para el gigante asiático equilibrar su comercio con Chile, si lo compensa en otro mercado? Volviendo al caso vietnamita, se trata de un país muchísimo más pobre que los Estados Unidos, con una economía básicamente exportadora de productos de consumo, orientada a los consumidores de mercados con mayor poder adquisitivo. En 2023, Vietnam exportó a los Estados Unidos por 120 mil millones de dólares e importó por 10 mil millones. En todas las hipótesis, el desequilibrio es irremontable para cualquier concesión vietnamita. Son muchos los países en situaciones similares, presionados por soluciones de equilibrio parcial, incapaces de resolver los problemas.

En este escenario, una crisis financiera causada por medidas que, aún en la mejor hipótesis, no podrían lograr su cometido, es posible que los mercados estén cerca de su piso y que los rumores persistentes sobre algún tipo de marcha atrás, que mitigaron las caídas matutinas, terminen por estar en lo cierto. No habría que descartar que, con la misma facilidad con la que causó una crisis, Trump decida ponerle fin. Diversos bloques de su base de apoyo presionan por una solución en este sentido. Legisladores republicanos, actores del sistema financiero como el capitalista de riesgo Bill Ackman o Jamie Dimon, de JP Morgan, y hasta el propio Elon Musk aparecen del lado de los que presionan por una solución que preserve el sistema de comercio. El 62% de los estadounidenses tiene participaciones en activos financieros como acciones. La inmensa mayoría de ellos lo hace a través de sus fondos de pensión. Una caída abrupta de los mercados es una destrucción de los ahorros de la mayoría de los estadounidenses y, por lo tanto, un golpe directo a la popularidad del presidente. Trump tiene instintos arancelarios enraizados y un equipo económico comprometido con su aplicación, pero un límite en los votos. Sea la bolsa o la inflación por los aumentos de costos para los productos que consumen los estadounidenses, las consecuencias de los actos propios podrían poner un límite muy cercano a las intenciones maximalistas del presidente. Suceda o no, la incertidumbre causada no será reversible.

En medio de las turbulencias financieras, el cepo aparece como una moneda de cambio en las negociaciones con el Fondo Monetario que, de acuerdo a muchos involucrados con la negociación -tanto en Argentina como en Washington- podrían terminar más cerca de las primeras insinuaciones de Luis “Toto” Caputo que de los montos y condiciones de pago que deslizó la titular del organismo, Kristalina Georgieva. La aprobación del acuerdo podría acelerarse incluso al final de esta misma semana. El Gobierno presentó hace 15 días un grey paper dirigido a destrabar un primer desembolso de 15 mil millones de dólares, muy superior a los 8 mil validados por Georgieva y a los montos que resultarían aceptables para los parámetros del staff y los directores del Fondo, que se mostraron sumamente incómodos al respecto. En la reunión, el venezolano Luis Cubeddu, encargado del caso argentino desde el reemplazo del chileno Rodrigo Valdés, calificó el préstamo como un outlier.

El miércoles pasado, en una reunión informal, el directorio del Fondo volvió a tratar el caso argentino convocado por Georgieva. El monto ya parecía estirarse en ese momento a doce mil millones, que en el gobierno esperaban llevar a quince a partir del aval del principal accionista del organismo, el gobierno de Donald Trump. El viaje relámpago a Palm Beach, la aparición en Mar-a-Lago -donde fue premiado junto a la prestigiosa empresaria Natalia Denegri- buscaban un encuentro con el presidente norteamericano que nunca sucedió. Trump, a pesar de lo que dijeron los organizadores, nunca llegó al evento y jamás tuvo la reunión con Milei en agenda. Gerardo Werthein prometió una foto que no se produjo. Para Milei quedó una escena incómoda, disertando en soledad, rodeado de banderas estadounidenses y recibiendo un premio irrelevante en un evento de socialités de nuevos ricos de la derecha latina en el exilio.

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