Informalidad, juicios y empleo: lo que cambia y lo que sigue igual con la reforma laboral

Después de muchas idas y vueltas el Gobierno finalmente dio a conocer su proyecto de reforma laboral, que comenzará a discutirse en el Congreso en los próximos días. Se trata de una iniciativa ambiciosa, que apunta a modificar distintos aspectos del régimen laboral argentino bajo la premisa de que el mercado de trabajo funciona mal y necesita cambios profundos. 

Como analizamos semanas atrás, el mercado laboral argentino tiene dos grandes problemas (vinculados entre sí, pero cuyas causas no son necesariamente las mismas): la falta de creación de puestos de trabajo en el sector privado y una elevada informalidad. 

Como se desprende de las recomendaciones elaboradas por el Consejo de Mayo, la alta informalidad se explica por la excesiva carga tributaria que enfrenta una empresa a la hora de contratar un trabajador. 

Pongamos esto en números sencillos para que se entienda. Por cada 1,33 millón de pesos que paga un empleador, el trabajador recibe aproximadamente $800.000. Esto se explica más que nada por el pago de aportes y contribuciones para las jubilaciones, la obra social y el seguro (que representan el 80% de esos $530.000 que no recibe directamente el trabajador). 

Una buena manera de saber si esto es mucho o poco es comparándolo con otros países. Tanto este trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) como el gráfico que está a continuación, de la consultora Invecq, muestran que efectivamente es elevado (tanto en la comparación regional como en la mundial). 

Pero ojo, esto no significa que la informalidad afecte a todas las empresas por igual. Como analizamos en detalle en la nota anterior, las más afectadas son las microempresas (de 1 a 5 trabajadores) y las pequeñas empresas (de 6 a 25 trabajadores), que son las que, por su tamaño, productividad y facturación, no pueden afrontar estos costos y por eso no registran a la mayoría de sus trabajadores. Este trabajo de Fundar revela que el 90% de la informalidad se produce en las micro y en las pequeñas empresas.

En cambio, la gran mayoría de las medianas y las grandes empresas no tienen este problema y tienen a sus trabajadores en blanco. Lo que sí afecta su decisión a la hora de ver si contratan a un nuevo trabajador o no es el riesgo que eso implica, en particular la posibilidad de tener que afrontar un juicio laboral o una indemnización muy elevada. Como pueden ver en este gráfico, a pesar de que los accidentes laborales se vienen reduciendo año tras año, se observa un crecimiento muy fuerte de los juicios, algo que no resulta lógico (a menor cantidad de accidentes debería observarse una menor cantidad de juicio, y viceversa).

Las propuestas

Vayamos ahora sí a las propuestas del Gobierno que, como dijimos, fueron pensadas bajo la premisa de que el problema es la elevada carga tributaria y la incertidumbre a la hora de contratar. 

Para el problema de la informalidad plantean tres instrumentos. En primer lugar, una reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales y de 1 punto en el aporte a la obra social que pagan las empresas a la hora de contratar a un trabajador. 

Acá lo llamativo es que la reducción sea para todas las empresas. Si realmente el objetivo es atacar la informalidad, lo lógico hubiera sido que la reducción sea solo para las micro y las pequeñas empresas (lo que además hubiera permitido que la rebaja sea mayor). Al hacerlo de esta manera, se está beneficiando con una reducción de impuestos a empresas (sobre todo a las más grandes), que no tienen este problema.

En segundo lugar, la creación de un banco de horas. Esto significa que la empresa se puede poner de acuerdo con los trabajadores para repartir las horas de trabajo en función de las necesidades de producción y evitar el pago de lo que se conoce como “la hora extra”, que es mucho más cara. A cambio, los trabajadores podrían disponer de esas horas para utilizarlas como les convenga (para asistir a un evento escolar de los hijos, ir al médico, hacer un trámite, etcétera). 

Por ejemplo, si por cuestiones de estacionalidad o de mayor demanda la empresa necesita aumentar la producción (y por ende las horas trabajadas), eso llevaría a que aumente el banco de horas disponible para que los trabajadores las usen cuando quieran. Desde ya, para que esto funcione como un beneficio mutuo se debería observar que los trabajadores efectivamente puedan disponer de esas horas como les convenga sin que las empresas influyan en esa decisión, lo cual seguramente sea mucho más probable si existiera un sindicato de por medio que se encargue de velar para que esto suceda.

En tercer lugar, un blanqueo laboral. A todas las empresas que tienen trabajadores en negro se les permite registrarlos, perdonándoles casi la totalidad de las multas y deudas acumuladas por esa infracción. Esto en realidad ya estaba vigente (desde la sanción de la Ley Bases del año pasado), y se mantiene con este proyecto. El tema es que por ahora no funcionó. Como advierte este trabajo del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo sólo se logró blanquear al 0,003% del empleo no registrado (alrededor de 16 mil puestos sobre un total de 5,8 millones de asalariados informales).

Incentivo a la formalidad

Ahí es donde entra lo que denominan el régimen de incentivo a la formalización laboral. Por cada nuevo trabajador que una empresa contrate (o blanquee), en lugar de pagar el 15% de contribuciones, durante 4 años solo van a pagar el 2%. O sea, a una empresa que decide registrar a un trabajador que tenía en negro, no solo le perdonan las deudas y las multas, sino que le rebajan las contribuciones que paga por los próximos 4 años. Acá nuevamente aplica la objeción anterior: dado que la mayor parte de la informalidad se concentra en las micro y pequeñas empresas, el régimen de incentivo debería haberse diseñado sólo para este tipo de establecimientos y no para todos.

Yendo al tema de la litigiosidad y los costos de salida, el proyecto reduce sensiblemente la indemnización (elimina del cálculo el aguinaldo y otros adicionales) y amplía el período de prueba de un trabajador de 3 a 6 meses (si en ese lapso de tiempo decide despedirlo no lo tiene que indemnizar). Esto último también ya estaba incluido en la Ley Bases, pero ahora se extiende al empleo doméstico.

Además crea el fondo de cese laboral, en el que las empresas van a aportar todos los meses el 3% del salario de cada trabajador, de modo de ir acumulando un reservorio que será utilizado precisamente para el pago de las indemnizaciones, con el objetivo de generar más previsibilidad y suavizar en el tiempo ese pago (en lugar de tener que pagarlo todo junto cuando se efectiviza el despido sin causa).

El fondo del cese laboral ya figuraba en la Ley Bases, pero ninguna empresa lo adoptó. Por ese motivo, en este proyecto el gobierno agregó que a las empresas que decidan participar se las va a beneficiar con una reducción del 3% del pago de contribuciones a las jubilaciones. Esto puede traer grandes problemas en las futuras jubilaciones, dado que en los hechos quien va a financiar la indemnización de los trabajadores son precisamente los fondos de la seguridad social y no las empresas (el 3% que pagan se compensa con el 3% que dejar de pagar por los aportes).

Derechos en riesgo

La otra parte controversial es que limita severamente la potestad de los trabajadores de hacer huelga, un derecho constitucional. El proyecto define ciertas actividades como “de importancia trascendental” y establece que, en caso de paro, se debe asegurar como mínimo un 50% de cobertura en la prestación de esa actividad. El tema es que en esta lista están prácticamente todas las actividades: la industria alimenticia, la actividad bancaria, el comercio electrónico, la construcción, hasta la radio y la televisión. 

También es importante destacar lo que no se incluyó en la reforma laboral. Es llamativo que el ministro hable de un régimen arcaico y no haya modificado, por ejemplo, uno de los artículos que se mantiene inalterado desde hace 50 años, las licencias por nacimiento. Para el padre son de solo 2 días y para la madre 13 semanas, siendo de las licencias más bajas de la región.

Por último, también es importante advertir que con este mismo régimen laboral, al que hoy se le achacan todos los problemas, entre 2004 y 2011 la economía argentina generó más de 2 millones de puestos privados registrados y redujo de manera marcada la informalidad. ¿Cuál fue la diferencia? El crecimiento de la economía. Como muestra este gráfico de Macarena Santolaria y Joan Manuel Vezzato de una nota sobre el tema publicada en Cenital, existe una relación muy estrecha entre el nivel de actividad (PBI) y el empleo privado. 

En definitiva, la discusión de fondo no pasa sólo por cómo se distribuyen los costos entre empresas, trabajadores y Estado, sino por si la reforma es capaz de modificar la dinámica del empleo en la Argentina. La experiencia reciente muestra que, aun con el mismo régimen laboral, cuando la economía crece el empleo formal responde y la informalidad retrocede. Por eso, el riesgo de esta reforma es que termine funcionando más como una transferencia regresiva de recursos desde el Estado y los trabajadores hacia las empresas que como un motor de creación de empleo.