Gaza: ¿por qué la ONU dice que hay genocidio?
Desglose de las 72 páginas que la Comisión Internacional Independiente de investigación sobre Palestina y las razones para calificar de esa manera a la acción de Israel.
El informe de 72 páginas de la Comisión Internacional Independiente de investigación de la ONU sobre Palestina, publicado la semana pasada, resulta estremecedor. Concluye que la campaña de Israel en Gaza, que ya lleva 23 meses, se desarrolla “con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Según la comisión, esto constituye un acto de genocidio bajo las Convenciones de Ginebra.
El informe identifica cuatro actos de genocidio. Primero, la matanza: más de 60.000 palestinos muertos, entre ellos 18.500 niños y 10.000 mujeres, con barrios enteros arrasados. Segundo, el daño físico y mental: decenas de miles de heridos, amputaciones masivas, niños mutilados, desplazamientos y violencia sexual. Tercero, las condiciones de vida impuestas: bloqueo de alimentos, agua y medicinas, ataques a hospitales y escuelas, y el uso del hambre como arma. Cuarto, las medidas para impedir nacimientos: violencia sexual, falta de atención médica y deterioro de la salud de mujeres y niños.
Lo que da a estas constataciones su peso jurídico es la conclusión de la Comisión de que hay intención específica (dolus specialis) de destruir, en todo o en parte, al pueblo palestino de Gaza. Esa intención se refleja tanto en declaraciones de funcionarios (como cuando Yoav Gallant, ministro de Defensa, se refirió a los gazatíes como “animales humanos”) como en un patrón consistente de ataques contra civiles, infraestructura vital, personal médico y humanitario.
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Los antecedentes
Este no es el primer informe que alerta sobre la naturaleza del conflicto. Desde 2023, organismos de la ONU y ONG internacionales venían acumulando pruebas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia, en enero de 2024, ya había reconocido un “riesgo plausible” de un daño irreparable en su respuesta a la demanda presentada por Sudáfrica. Meses después, más de 600 jueces británicos le enviaron una carta al primer ministro solicitando la interrupción de la venta de armas a Israel frente a un “riesgo plausible de genocidio”.
Cada reporte posterior fue desplazando el lenguaje: de la prudencia de hablar de “posibles violaciones” al reconocimiento de un “riesgo grave”, hasta llegar ahora a la constatación de que el genocidio está en curso. El camino se parece a una escalera descendente, donde cada peldaño debería haber servido de advertencia suficiente, pero en la práctica sólo llevó a nuevas constataciones de impotencia. En Israel, el Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, se alineó con Naciones Unidas: “Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.”
El genocidio no fue inmediato: llegó tras la ruptura sucesiva de los diques del derecho internacional. Primero se borró la distinción entre civiles y combatientes; luego cayó la proporcionalidad, y la devastación se volvió un fin en sí mismo. En Gaza, las normas que debían contener el desborde se quebraron en cadena, hasta que “genocidio” dejó de ser hipérbole y pasó a ser conclusión jurídica.
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SumateMás que un genocidio
Pero en Gaza pasan más cosas. Algunos hablan de ecocidio para describir la devastación de suelos, agua y aire que vuelve inhabitable un territorio. Otros denuncian un domicidio, la demolición sistemática de hogares, hospitales, escuelas, drenajes y centros culturales: la infraestructura mínima que sostiene una vida colectiva. No es un ejercicio de juristas creativos. Es la constatación de que aquí no se mata solo a las personas, sino al entramado material y natural que hace posible su futuro. Se liquida tanto la comunidad como el lugar que la alberga. En la jerga militar se le llama “nivelar”. La violencia se disfraza de racionalidad administrativa.
La ilusión de la transparencia digital
Se creyó, no hace tanto, que los teléfonos inteligentes y las redes sociales pondrían un límite a las atrocidades. Que un genocidio transmitido en vivo sería inconcebible porque la visibilidad forzaría a la comunidad internacional a actuar. La tecnología sería el guardián que la política no quiso ser. Pero la realidad resultó menos optimista. Lo que llamamos “comunidad internacional” sigue siendo, como diría Hans Morgenthau, un club de soberanos, no un tribunal moral. La transparencia no acabó con la barbarie. La convirtió en contenido de plataformas.
Genocidio y desmantelamiento del Estado palestino
El genocidio forma parte de una estrategia más amplia que, en Cisjordania, busca desmantelar la posibilidad de un Estado palestino. Los números lo muestran con crudeza. Más de 115.000 permisos de trabajo fueron revocados después del 7 de octubre de 2023. El desempleo en el West Bank superó el 30%, más del doble que antes de la guerra. Israel retiene desde hace años miles de millones de dólares en impuestos que debía transferir a la Autoridad Palestina. El resultado es un Estado dependiente que no puede pagar salarios completos, con una deuda que ya supera el 130% del PBI.
En el terreno, la operación es igual de clara. El campamento de Jenin, que albergaba a 25.000 personas, fue vaciado y reducido a escombros. Centenares de nuevos checkpoints fragmentan el territorio. Tropas israelíes entran a zonas que los Acuerdos de Oslo habían reservado para autogobierno palestino. La autonomía se diluye a golpe de incursiones y ocupación. Y la narrativa oficial, en boca de figuras como Bezalel Smotrich, no deja dudas: destruir la Autoridad Palestina y avanzar hacia la anexión de gran parte de Cisjordania.
El contraste es llamativo. En Gaza, la ONU habla de genocidio: la destrucción física de un pueblo. En Cisjordania, el método es menos visible pero no menos decisivo: sofocar la economía, quebrar las instituciones, borrar las bases de un futuro Estado. El efecto combinado es el mismo. Palestina se reduce, no sólo en su territorio, sino en su posibilidad de existir.
La reacción internacional
La guerra en Gaza colocó a Israel frente a un aislamiento que recuerda al de Sudáfrica: una presión dispersa pero persistente en la política, la economía, la cultura y el deporte.
Varios países del norte global, incluyendo el Reino Unido, Francia, Australia, Bélgica y Canadá, anunciaron el reconocimiento de Palestina, mientras la UE suspendió partes de su acuerdo de asociación con Israel y Alemania congeló exportaciones de armas. Noruega comenzó a desinvertir en empresas israelíes, y en Bruselas se discuten sanciones más duras. El viernes pasado, Brasil se sumó formalmente al caso iniciado por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de estar cometiendo “genocidio” en la Franja de Gaza. Así, Brasil se agrega a una lista creciente de países que apoyan el caso de Sudáfrica, incluyendo Colombia, México, España, Turquía, Chile, Bolivia e Irlanda, entre otros.
El plano simbólico también pesa: amenazas de boicot a Eurovisión, llamados de artistas en Hollywood a cortar lazos, y protestas que interrumpieron la Vuelta de España. Son gestos pequeños por separado, pero juntos erosionan el prestigio de Israel. Netanyahu, por su parte, responde con acusaciones de antisemitismo, aunque la orden de arresto de la Corte Penal Internacional lo deja cada vez más limitado. ¿Un “momento Sudáfrica”? Aún no, porque Washington sigue firme en su apoyo. Pero la dirección es clara: Occidente ensaya una coreografía de desaprobación sin precedentes.
¿Y hacia adelante?
Mientras tanto, en medio de acusaciones, Israel comenzó una nueva invasión terrestre de la Ciudad de Gaza, el corazón del enclave. Dos divisiones ya operan allí y otras se sumarán en los próximos días. La simultaneidad de ambos hechos es elocuente. Mientras las tropas avanzan hacia el centro de Ciudad de Gaza, la ONU habla de genocidio y reclama acción urgente. Israel responde con un desmentido tajante. Entre esas dos narrativas se juega hoy la política internacional más sensible: si lo que ocurre en Gaza es otra guerra más en Oriente Medio, o el momento en que la comunidad internacional decide llamar por su nombre al crimen de crímenes.