Los desafíos del sector del cannabis en la era Milei

La última edición de Expocannabis Argentina fue un reflejo claro del sentimiento predominante en la industria del cannabis: una inquietud generalizada y profunda. Si bien es una comunidad marcada por su diversidad, con intereses y perspectivas a menudo dispares, esta vez prevaleció el tono de preocupación compartida de la gran mayoría de los actores presentes.

El evento tuvo lugar poco después de las recientes decisiones de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que optó por postergar, sin establecer fechas ni ofrecer garantías, el otorgamiento de licencias para cannabis medicinal bajo el marco de la Ley 27.669 y la homologación de los más de 56 proyectos previamente autorizados por el Estado bajo la Ley 27.350 y ya reconocidos en un informe oficial emitido en julio por el Ministerio de Economía. Para muchos de los que han soportado una espera extenuante — dos años en total, diez meses de los cuales la ARICCAME permaneció sin autoridades designadas — , la situación actual resulta ya insostenible y comprometerá inversiones realizadas por un total estimado de 500 millones de dólares y más de 1.000 puestos de trabajo.

Desde el gobierno se sugiere que los responsables de los proyectos y sus inversores deben asumir su “riesgo empresarial” y esperar con paciencia, como si la demora fuese una consecuencia natural de malas decisiones. En este caso, este argumento choca frontalmente contra la desidia del Estado y la violación del principio de continuidad de sus actos, que le impone la obligación de actuar de manera congruente y sostenida, asegurando los derechos adquiridos por los ciudadanos y el respeto a los compromisos asumidos por la administración pública; fundamental en toda democracia, no solo para la estabilidad de los actores económicos, sino también para proteger la confianza en las instituciones y en el estado de derecho.

En este sentido, la última propuesta de ARICCAME, dirigida a las empresas que durante años han invertido y desarrollado capacidades de producción de inflorescencias y derivados de cannabis medicinal, para que se reconviertan hacia la producción de grano de cáñamo hortícola o fibra con fines industriales en acuerdo con la resolución 1/2024, no sólo ignora la escasa compatibilidad de las infraestructuras, el equipamiento y las inversiones realizadas con los nuevos fines que pretende imponer, sino que pareciera estar orientada a forzar la inviabilidad de estos emprendimientos, generando despidos masivos y la pérdida irreparable del trabajo desarrollado al amparo de derechos adquiridos.

Adicionalmente, tales decisiones no sólo afectan al sector empresarial y a cientos de emprendedores desparramados a lo largo y ancho del país, sino también postergan a pacientes y usuarios que necesariamente verán limitado su acceso a la salud, un derecho consagrado por la misma normativa y garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos a los que el país ha adherido. La inacción y los obstáculos administrativos en el acceso a tratamientos legítimamente aprobados no hacen sino socavar la confianza en las políticas públicas y en los derechos de quienes más necesitan estas alternativas terapéuticas.

Es cierto que en un país con una larga historia de oscilaciones políticas y normativas pedir previsibilidad y estabilidad puede parecer utópico. Sin embargo, si no se revisan con celeridad las decisiones adoptadas, todo indica que esta situación derivará en su judicialización, en interminables litigios contra el Estado y en un perjuicio integral para el propio proceso regulatorio, configurando un escenario muy alejado de la seguridad jurídica y del entorno colaborativo que el sector demanda de sus autoridades, comprometiendo su desarrollo a largo plazo posiblemente de manera definitiva.