Entre la paz y la deforestación: el desafío ambientalista de Colombia en la COP16

El foco internacional ambientalista está puesto estos días en Colombia, gracias a la COP16, una conferencia de la ONU dedicada a la preservación de la biodiversidad que se desarrolla actualmente en Cali. Delegados de casi 200 países, expertos y activistas buscan proteger la vida en el planeta de la devastación que provoca la expansión desaforada de la actividad humana en el Antropoceno.

La ubicación de la conferencia, en la Amazonía colombiana, permite entender la extrema complejidad que enfrentan los esfuerzos ambientalistas en estos tiempos de policrisis –escenarios en los que los riesgos económicos, sociales y ambientales se intercalan, potencian y empeoran–. La preservación ambiental de la selva amazónica, crucial en los esfuerzos internacionales por frenar la catástrofe climática, depende no solo de políticas de protección, sino también de estrategias que incluyan programas sociales y garanticen la seguridad pública. Porque la deforestación colombiana está íntimamente ligada al poder de grupos armados.

La situación

Uno de los grandes logros del Gobierno colombiano de Gustavo Petro, presidente que representa una nueva izquierda regional con tintes ambientalistas, fue la reducción de la deforestación en un 36% en 2023 comparado con el año anterior. Se trata de la menor cantidad de árboles talados anualmente en los últimos 23 años. En la zona donde se realiza la COP16 en este momento, la mejoría es aún más marcada y debería ser ejemplo de éxito para el gobierno.

Pero resulta que esta reducción en la deforestación no se debe tanto a políticas públicas ambientales, como a las ambiciones de poder de un grupo armado, el Estado Mayor Central (EMC) y su líder, Iván Mordisco.

Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández —el que usa es su nombre de guerra—, no es un Robin Hood ambiental. El EMC comenzó a detener la deforestación en las zonas bajo su control hace dos años para congraciarse con el entonces flamante gobierno de Petro y obtener lugar en las negociaciones de su política de Paz Total, por la cual se busca acabar con los grupos violentos en un país marcado por décadas de violencia armada. El EMC impuso límites estrictos para la tala y amenazó a residentes con multas y trabajos comunitarios. La deforestación se redujo 51% en la zona bajo su control entre 2022 y 2023, según un nuevo informe de International Crisis Group.

El problema es que las negociaciones para desarmar los diversos grupos armados se empantanaron, y mucho. Ante las dificultades, una facción del EMC, un frente de varias disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desmovilizadas en el 2016, abandonó las conversaciones. Liderada por Mordisco, esta facción ha comenzado a lucrar de vuelta con la tala ilegal, lo que ha causado un repunte repentino en la deforestación este año. No se sabe exactamente qué está pasando en la zona, porque el grupo armado prohibió el ingreso de funcionarios ambientales, según explica el informe de Internacional Crisis Group.

Un poco de historia

Al igual que el conflicto civil en Colombia, el impacto de los grupos armados en la preservación de la selva no es algo nuevo. Históricamente, las FARC protegieron los árboles en las áreas donde operaban. Esto respondía a necesidades tácticas de conflicto, porque usaban las copas para mantenerse escondidos de la vigilancia aérea, pero también por su visión ideológica contra el latifundio, según cuentan líderes históricos.

El Gobierno colombiano firmó un histórico acuerdo de paz con la FARC en 2016, y una gran parte de la fuerza guerrillera se desmovilizó bajo la promesa de reintegración social y programas económicos. Sin embargo, las FARC dejaron un vacío de poder en las zonas donde operaban que el Estado colombiano no logró llenar. Este espacio fue ocupado por diversas fuerzas armadas: grupos paramilitares, organizaciones criminales, guerrillas y disidencias que rompieron con el liderazgo histórico de las FARC. La paz trajo consigo un aumento en la violencia en estas regiones.

Además, la desmovilización de las FARC también generó un aumento súbito en la deforestación, ya que su retirada eliminó las restricciones que habían impuesto a la tala. Los costos también son humanos: más de 350 activistas ambientales han sido asesinados desde el 2018 en Colombia, según un nuevo informe de la Fundación Pares. Colombia es el país más letal para los defensores ambientales: el año pasado asesinaron a 79 activistas.

Los árboles en la mesa de negociación

El EMC no utiliza la selva como táctica de lucha, sino como herramienta política, le cuenta a Cenital Bram Ebus, uno de los autores del informe de International Crisis Group. El objetivo es obtener un lugar en la mesa de negociación, pero también demostrar su poder ante el gobierno de Petro y conseguir concesiones.

Pero, de vuelta, no es tan simple. La EMC de Mordisco comenzó a levantar las restricciones a la tala, no solo por las complicaciones en las negociaciones, sino también por necesidad. El precio de la coca, ingrediente principal de la cocaína, cayó en los últimos años, lo cual ha aumentado la importancia de las rentas que el grupo obtiene de otras actividades ilícitas, como la extorsión a comunidades locales, que cortan árboles para expandir la ganadería o la agricultura. La prohibición de la tala afectó a las economías locales, lo que generó descontento con el EMC, que, como todos estos grupos -cuenta Ebus-, utiliza zanahorias y palos en su gestión territorial.

La conferencia internacional en Cali forma parte también de esta pulseada de poder con Mordisco, y resalta la relevancia de las políticas de seguridad sobre las ambientales. El líder del EMC amenazó a la conferencia por redes sociales: “Invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional a abstenerse de asistir a este evento. No se presten para este evento mercantil. La COP16 es un fiasco!”. Un ataque a una estación de policía en una localidad a 30 kilómetros de Cali la semana pasada aumentó las tensiones. Y hace un mes se interceptó un coche bomba en esa misma ciudad. La conferencia se celebra bajo un masivo operativo de seguridad: se estima que serán 12 mil los asistentes y hay unos 10 mil uniformados desplegados en la ciudad ante la posibilidad de ataques de grupos armados.

“Nerviosos estamos todos para que no pase nada malo, porque es el evento más grande que ha hecho Colombia ante el mundo y hay quienes quisieran que esa fuese una vitrina de la violencia y la muerte”, dijo Petro la semana pasada.

“Lo que está pasando básicamente es que vemos que se producen muchos movimientos, amenazas y coacciones antes de la COP16”, explica Ebus y agrega: “Entonces pensamos que no se va a acordar nada entre estas facciones antes de que termine el evento”. Después del cierre de la conferencia, se verá “si el gobierno de Petro opta por una demostración de fuerza y usa a los militares para recuperar partes del Amazonas, o si Mordisco, después de la COP16, con un conjunto diferente de términos, volverá a la mesa de negociaciones”. Ebus señala que muchos expertos sospechan, aunque sin evidencia concreta, que el jefe del EMC podría estar utilizando el contexto para aumentar sus demandas ante el gobierno: podrían estar pidiendo beneficios monetarios, legalización de tierras que tomaron, u otros beneficios.

La pulseada está activa: hace dos semanas el Gobierno de Petro lanzó un operativo militar en El Plateado para disputarle una zona de Cauca a Mordisco.

El futuro de las negociaciones de paz es incierto. Algunos analistas consideran que la política de Paz Total de Petro funcionó para fortalecer a los grupos armados, que utilizaron los cese al fuego para expandir sus operaciones. Pero esto es equivocado, según un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación, que señala que los grupos armados proliferaron bajo el anterior gobierno, de Iván Duque, acompañados por un aumento en los desplazamientos y asesinatos de líderes sociales.

La inseguridad amenaza toda la Amazonia

Los avances hacia la seguridad y la protección ambiental tienen que ser conjuntos en Colombia. El Estado se tiene que imponer en las zonas donde su ausencia permite que dominen los grupos armados, que se financian de economías ilícitas y se imponen con violencia sobre las comunidades que comandan.

El conflicto civil en Colombia tiene características propias que reflejan su historia nacional, pero la relevancia que tiene la ausencia del Estado, los grupos criminales que llenan el vacío, las economías ilegales que las financian y el impacto negativo ambiental que generan son un patrón que se repite en los otros países amazónicos: Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Una investigación periodística internacional, Amazon Underworld, detectó la presencia de grupos criminales y armados en un 70% de los municipios fronterizos de la Amazonía. En la mayoría de estos hay conflictos entre los grupos, lo que aumenta la violencia que soportan las comunidades locales. En Brasil se sospecha que grupos criminales utilizaron el cambio climático, en forma de bosques afectados por sequía, para su propio beneficio, y provocaron incendios masivos en todo el país.

Es un momento crítico para Colombia, pero también para el mundo. La COP16 forma parte de una serie de conferencias internacionales –el G20 en Río de Janeiro en noviembre y la COP30 en Belém en un año– donde Petro y el presidente de Brasil, Lula da Silva, buscan demostrar liderazgo en materia ambiental desde la perspectiva del Sur Global. Su objetivo es obtener el apoyo de los países desarrollados para financiar esfuerzos hacia una visión ambiental centrada en la justicia social. Como demuestra la realidad, es una agenda donde no puede faltar la seguridad.

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