El ajedrez judicial de Milei se aleja de un acuerdo con el peronismo: la condena a CFK y el naufragio de Lijo

– Acá, para nosotros, el ministro es Amerio. Pero por ahí se va…

Amerio es Sebastián, el viceministro de Justicia, amigo íntimo de Santiago Caputo y, en lo formal, el número dos del ministerio donde el rango mayor lo ocupa, en las formas, Mariano Cúneo Libarona. El comentario resuena en un despacho judicial top y no es azaroso: se produce bajo el influjo de la versión que dice que, en los próximos días, Javier Milei enviará al Senado más de cien pliegos para la designación de jueces.

En el Poder Ejecutivo hay 150 ternas, más 12 aprobadas esta semana, de jueces y camaristas. Son concursos que realizó el Consejo de la Magistratura que preside Horacio Rosatti, 74 de ellos en lo que va de 2024. No hay, desde una mirada del ecosistema político, expedientes ultrasensibles, porque en estas ternas no están incluidas las vacantes de Comodoro Py ni del Contencioso Administrativo.

Un dato anexo pone en el centro a Amerio y tiene que ver con que Milei también enviaría el pliego para designar al procurador general. El candidato propuesto sería el propio número dos de Justicia por su cercanía con Caputo Jr, asesor fanático de los sillones con botonera potente (como la AFI y la AFIP). ¿También se expande ahora a la jefatura de los fiscales?

El movimiento, que en el Gobierno relativizan, cambió con las horas: de arranque se dijo que enviarían 150 postulantes, pero el miércoles la versión indicó que sería por etapas. Abre, en términos políticos, muchas ventanas. La hipótesis Amerio saca de la cancha a otras figuras, como Juan Mahiques o Mariano Borinsky, pero además desplaza a Eduardo Casal, cuya continuidad en el cargo figura entre los pedidos que Mauricio Macri le hace a Milei.

Es conocido el interés del expresidente por los asuntos del Poder Judicial como si, más que ingeniero, fuese abogado. Su cruzada contra la designación de Ariel Lijo, hasta acá exitosa –aunque el mérito, si lo hubiese, no es suyo–, es el capítulo más claro. La bolilla negra a Casal sería casi un detalle ante la posibilidad, que contó Alejandro Bercovich en elDiarioAr, de que Milei nombre por decreto, en comisión, a Lijo y a Manuel García-Mansilla.

Esa avanzada, vía el decreto 222 que en su momento Macri invocó para designar a Rosatti y Carlos Rosenkrantz, sería visto como un desplante al jefe del PRO y, en paralelo, la admisión de una debilidad política: la Casa Rosada no logró, siquiera, juntar 9 firmas para que los pliegos de Lijo y García-Mansilla tengan dictamen de comisión, a pesar de que en esa aventura estuvieron involucrados operadores del PJ y de la UCR. La culpa no es de Ricardo Lorezetti (el promotor de avanzada) sino del Gobierno que no pudo, hasta acá, juntar votos ni firmas.

Lijo, desacople y especulación

Hay un aparente desacople entre los dos movimientos. La designación de jueces requiere una mayoría de votos en el Senado, una cifra que La Libertad Avanza (LLA) solo podría alcanzar si logra alinear al PRO, a los representantes provinciales y a una gran parte de la UCR. Es decir, evitaría negociar con el peronismo. ¿Ayudará Macri si es la antesala de un decretazo para meter a Lijo? En Casa Rosada la aceleración de las designaciones se atribuyó a un pedido del GAFI. Es lo que contó Amerio y, aunque fuera real, le viene bien para desvincularlo de la lectura de que es parte de una mega acuerdo con el peronismo que involucra a Lijo.

Cierto o no el planteo del GAFI, por distintas vías –entre ellas Caputo (S) y Guillermo Francos– el Ejecutivo sondeó a varios gobernadores sobre las ternas de postulantes, habida cuenta de que gran parte de las designaciones son para juzgados, tribunales y cámaras en el interior del país. Es una forma de juntar votos para sacar tandas de jueces sin necesidad de acordar nada con el peronismo, que tiene ¿33, 32, 31? votos blindados en el Senado.

El casting judicial contó con otro aporte esencial: los vínculos de Caputo con el estudio Marval O’Farrell y Mairal, por donde pasó María ‘Mery’ Ibarzábal, el cerebro legal del caputismo. Ibarzábal, que trabajó con Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro durante la gestión Macri, se convirtió en la enviada del asesor en las redacciones legislativas. Conforma, de hecho, un dúo con José Rolandi, que a veces se convierte en trío cuando aparece el secretario de Interior, Lisandro Catalán, hombre de Francos.

Así y todo, el apuro por nombrar jueces es insumo para los que teorizan sobre un acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner para allanar la designación de Lijo. Punto acá: en todo el trámite juega el calendario, porque el Senado tiene, por delante, menos de un mes de actividad antes de que termine el período de sesiones ordinarias. ¿Incluirá el presidente más de 100 ternas, la designación del procurador y de dos cortesanos en sesiones extraordinarias?

La negociación invisible

Enumerado así, aporta elementos para especular que está en proceso una negociación entre la Casa Rosada y el peronismo que, como corresponde, ambos niegan. El factor distorsivo es que esa discusión podría darse en medio de la –anunciadísima– condena a Cristina Kirchner por la causa denominada Vialidad, prevista para el 13 de noviembre. Esta semana, los tres camaristas tuvieron una charla en la que se habló sobre tratar de quitarle espectacularidad al fallo.

Una versión que Cenital recogió en el deep cristinismo instaló un fantasma: “¿Y si la condenan y piden la detención?”. En el mundo judicial, esa teoría generó sorpresa y remitió a la existencia de una conversación entre Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Si existiese la intención de bajarle el tono al fallo, un pedido de detención de una expresidenta no sería la mejor manera. En Tribunales circula otra tesis: que Cristina evalúa no apelar la sentencia.

Del entorno de CFK consideran “imposible” que no se apele. En el equipo que trabaja en la causa tampoco se ve factible la posibilidad –que surgió de un búnker político K– de un pedido de detención. Una lógica cruzada tiene que ver con el impulso que, sobre todo el PRO, le da al proyecto de Ficha Limpia que contempla el “doble conforme” para aplicar la prohibición de ejercer cargos públicos. Es decir: con el fallo de Casación, si se aprueba Ficha Limpia, CFK queda inhibida de competir en 2025, salvo que haya un fallo contrario de la Corte Suprema.

En el ecosistema peronista parece haberse consolidado un mini bloque que rechaza a Lijo que, junto a otras negativas, como la que le costó la expulsión del bloque de senadores a Francisco Paoltroni, pone en una zona más que gris el pliego del juez federal. En la Cámara Alta se afirma que la objeción central del formoseño era, además de bloquear a Lijo, impedir que se armara un esquema que le permitiera a Lorenzetti volver a presidir la Corte.

La expresidenta recibió hoy un fallo de María Romilda Servini que despeja su camino a la jefatura del PJ, al considerar que, por irregularidades, la lista de Ricardo Quintela no tiene las condiciones para competir en la presidencia del Partido Justicialista.

Servini ratificó la Resolución N°6 emitida por la Junta Electoral Nacional del Partido Justicialista el 27 de octubre. Esta resolución cuestionaba la validez de los avales presentados por la agrupación «Federales, un grito de corazón», argumentando que presentaban inconsistencias. Por este motivo, se solicitó al gobernador de La Rioja que revisara los datos de dichos avales. Sin embargo, los representantes de la lista de Quintela se opusieron a esta revisión y, tal cual había avisado Jorge Yoma, apoderado de la lista de Quintela, llevarán el tema a la Cámara Nacional Electoral (CNE).

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