En 2025 faltarán dólares y el Gobierno abre la puerta para endeudarse más caro
Con un horizonte de altos vencimientos y pocas reservas, el Gobierno podría optar por financiarse a tasas más altas. Los cambios en la Ley de Administración Financiera apuntan a flexibilizar las condiciones de deuda en medio de fuertes especulaciones. El fantasma del megacanje.
El proyecto de ley de Presupuesto 2025 dice que al Gobierno le faltan casi USD 9000 millones para cerrar el año electoral sin sobresaltos. La consultora Equilibra cree que esos números son demasiado optimistas, porque la estimación oficial infló la proyección de superávit comercial en USD 15.000 millones. Para la firma que dirigen Diego Bossio y Martín Rapetti, a Javier Milei y Luis Caputo les harían falta USD 24.500 millones. De una u otra manera, el Ejecutivo debería conseguir financiamiento en 2025. En ese contexto, un cambio por DNU en la Ley de Administración Financiera permite la emisión de deuda en condiciones menos beneficiosas para el Estado y abrió un polvorín de especulaciones, ante el silenzio stampa del Ministerio de Economía.
Cenital pasó el peine fino por los números del Presupuesto. Conviene recuperar un dato: el Gobierno estimó que, a pesar de que la Economía crecería 5% y que el dólar permanecería estable, mayores exportaciones permitirían cubrir el boom importador. Así, el superávit comercial de 2025 sería de USD 20.748 millones, apenas inferior al previsto para este año (casi USD 22.000 millones). Para Equilibra, el combo de tipo de cambio apreciado, crecimiento económico (y mayor demanda de importaciones) y eliminación del impuesto PAIS (dólar más barato) redundará en una balanza comercial superavitaria de apenas USD 5000 millones.
El comercio de bienes y servicios, entonces, dejará menos dólares disponibles para atender vencimientos de deuda y otros requerimientos. El Gobierno deberá atender vencimientos de capital por USD 19.500 millones e intereses por otros USD 10.000 millones. Caputo y compañía repiten desde hace meses que los pagos de 2025 están garantizados y que compraron, la semana pasada, los USD 1500 millones para atender el pago de intereses de enero próximo. Ese mes habrá que saldar casi USD 3000 millones de capital. Economía sostiene que negocia un repo con bancos (un préstamo de corto plazo con algún activo como garantía, como títulos u oro) para cubrir esos desembolsos.
Este lunes, mediante un DNU, hizo un cambio sensible en la ley de Administración Financiera. El decreto 846 tenía por objeto renovar un cupo extraordinario de deuda pública que puede absorber el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Pero incorporó, sin mención en considerandos ni explicación oficial, la derogación del artículo 65 de esa ley, que dispone que el Ejecutivo podrá reestructurar deuda sin pasar por el Congreso siempre que la negociación mejore dos de tres condiciones: montos, plazos e intereses.
El exministro de Economía Martín Guzmán había modificado esa norma para manejar la deuda nominada en pesos y el decreto del lunes modificó esa letra para que los canjes se puedan hacer “en cualquier moneda” y “a valor de mercado”.
Cenital preguntó a distintos funcionarios sobre el motivo de estos cambios y no obtuvo respuesta. Tampoco formó parte de la exposición de Caputo ante inversores en Wall Street, este martes.
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Economistas del sector privado asumen que el Gobierno buscará estirar plazos de la deuda que vence el año próximo y que, para eso, necesita flexibilizar condiciones para pagar un interés más alto. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, explicó: “Pueden estar pensando en un canje sobre las amortizaciones (de capital) del año que viene, luego del pago de intereses, o eventualmente en cambiarle al Banco Central una letra intransferible por bonos que puedan usarse como garantía en un repo”.
Guzmán le dijo a Cenital que este tipo de operaciones pueden significar convalidar intereses mucho más altos de los que pagan los bonos en dólares emitidos durante el canje de 2021. Explicó que la tasa del bono AL30, que vence en 2030, paga 0,75% anual y salta a 1,75% en julio próximo. Pero, a tasas de mercado, Argentina pagaría hoy 17% anual para endeudarse a 5 años. “Cualquier interés contractual por debajo de ese valor cumpliría con la nueva ley”, aseveró. El titular de Suramericana Visión consideró que serían “operaciones de deuda profundamente lesivas para el patrimonio público y para la economía” y que tendrían “consecuencias desestabilizantes, porque la carga de deuda sería cada vez mayor y el superávit primario necesario para pagarla sería cada vez más alto”.
En limpio, la nueva norma abre la puerta para emitir nueva deuda a tasas más altas que los rendimientos nominales del AL30 (hasta 1,75%). Y el Gobierno podría presentar una tasa de 9,99% como un éxito.
Su exsecretario de Política Económica, Fernando Morra, pone el foco en el contexto en el que se habilitan estas operaciones, que es la falta de dólares. “A mitad de año cambiaron el plan” dijo. “El programa con el FMI suponía eliminar el dólar blend (por el cual el exportador liquida el 80% de sus ventas al tipo de cambio oficial y el resto puede venderlo al dólar paralelo) y sacar el impuesto PAIS a partir de julio. Ahora no acumulan reservas y salir del cepo es más difícil”, continuó. “Entonces, acceder al mercado es muy complicado y los vencimientos son muy grandes, por lo que la alternativa sería un canje”, añadió el ahora socio de la consultora Lambda.
¿Usarán la nueva norma para conseguir financiamiento a tasas más alta que las permitidas, pero inferiores a las de mercado, y así abrir el cepo? Para la consultora MAP, el escenario base para 2025 implica desarmar las restricciones cambiarias y unificar las cotizaciones antes del 31 de marzo, cuando acelera la carrera electoral. “Una condición indispensable para avanzar en esa dirección es que el BCRA disponga de un colchón de reservas”, añadió la firma que dirige Juan Pablo Ronderos. Caputo sugirió que el FMI pondrá una parte y que el resto saldrá de bancos y ¿acreedores privados?
No son pocos los que recuerdan el antecedente del megacanje de 2001, cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía y Federico Sturzenegger, secretario de Política Económica. “El megacanje de Sturzenegger fue el caso paradigmático de una reestructuración de deuda ruinosa para nuestro país, que empeoró el perfil de deuda”, indicó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En aquella ocasión, el gobierno de Fernando de la Rúa reestructuró deuda por USD 30.000 millones y pagó intereses de hasta 15% anual.
Según dos gestores de fondos radicados en Nueva York, Caputo no habló de esto ante los inversores de Wall Street, este martes. “Todos trataron de sacarle algo sobre el cepo y las emisiones de deuda, pero respondió generalidades”, dijo uno de los consultados. En esas firmas, la buena sintonía con el Gobierno perdura, aunque nadie hace una gran apuesta. “Está complicado, ojalá que bajen la inflación antes de que la gente se canse”, se sinceró otro.