El (des)acuerdo del Gobierno y el FMI: la apuesta por sostener lo insostenible
El nuevo endeudamiento surgió como una herramienta para recuperar cierta estabilidad cambiaria en medio de una crisis por desequilibrios acumulados en el mercado de cambios.
El acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), lejos de representar una hoja de ruta consensuada, expone profundas divergencias entre ambos. Mientras el organismo internacional presiona por un ajuste externo y una acumulación sostenida de reservas que asegure el pago de la deuda y baje la incertidumbre, el Gobierno apunta a contener el tipo de cambio y minimizar el impacto político de una posible devaluación que acelere la inflación en el actual año electoral.
La firma del acuerdo con el FMI fue precedida de una intensa corrida cambiaria, que derivó en una caída abrupta de las reservas internacionales. El régimen cambiario anterior, con un crawling-peg que fue apreciando sensiblemente el tipo de cambio, logró temporariamente bajar la inflación, pero resultó insostenible antes de lo previsto por el Ejecutivo. El giro de estrategia no fue producto de un plan gradual estipulado con anticipación, como se anunció, sino de una urgencia: frenar la sangría de reservas. Así, el nuevo acuerdo con el FMI surgió como una herramienta para recuperar cierta estabilidad cambiaria en medio de una crisis por desequilibrios acumulados en el mercado de cambios.
El (des)acuerdo
Las características técnicas del acuerdo dejan en evidencia los desacuerdos de fondo entre las intenciones del Gobierno y las del FMI.
Por un lado, el establecimiento de bandas cambiarias muy amplias, que deberían brindar flexibilidad limitada y previsibilidad al sector privado, genera más incertidumbre que certezas. Contemplan tanto la posibilidad de apreciar (como quiere el Gobierno) como de una devaluación de 30% (más cerca de las intenciones del FMI para realizar el ajuste externo).
Lejos de ser un ancla para el sistema de precios, su amplitud siembra dudas sobre la cotización de la moneda en el futuro cercano, impulsando la inflación ante cada salto del dólar. La aceleración de los precios de los alimentos en las últimas semanas es una evidencia contundente de los problemas del esquema.
Por otro lado, la salida del cepo cambiario se entiende como una medida promovida por el Poder Ejecutivo como parte de su relato económico y como contrapeso de la devaluación hacia la opinión pública. Esta medida, más política que económica, busca amortiguar el malestar por la devaluación, aunque su implementación incrementa las presiones sobre el mercado y complica la estabilización del tipo de cambio oficial hacia adelante.
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SumateLas tensiones
Las contradicciones entre el texto del acuerdo y los mensajes públicos del oficialismo alimentan el desconcierto. Un ejemplo es la meta de reservas. Si bien se pactó un cronograma ambicioso bajo el cual el Banco Central iba a ir acumulando dólares, el propio ministro de Economía lo descartó públicamente al afirmar que no es una prioridad de la gestión. Lo mismo sucede con el compromiso sobre la administración de las bandas. Mientras el acuerdo permite e incluso sugiere que el Banco Central compre dólares dentro del rango establecido, el presidente ha afirmado que solo intervendrán si el tipo de cambio llega al piso de la banda. En otras palabras, el Gobierno intenta evitar un salto brusco del dólar, aunque las herramientas disponibles hoy son mucho más limitadas que en el pasado.
El contexto inmediato juega a favor del oficialismo. La tregua cambiaria posterior a la corrida de marzo generó un exceso temporal de oferta de divisas: los exportadores comenzaron a liquidar y los importadores frenaron circunstancialmente su demanda. La calma podría extenderse hasta agosto, cuando el mercado de cambios empieza a sufrir el fin de las liquidaciones del sector agropecuario.
En el plano monetario, el compromiso asumido de no financiar al Tesoro fue quebrado recientemente. El Banco Central realizó una transferencia de utilidades para garantizar que el Gobierno cumpla con vencimientos de deuda, una medida que choca con los compromisos del acuerdo. El Ejecutivo instrumenta así una vía alternativa para inyectar pesos a la economía, sabiendo que la compra de dólares para acumular reservas no cumplirá este rol.
Problemas desde agosto
Históricamente, a partir de agosto se registra una baja estacional en el ingreso de dólares por exportaciones, que bajo el nuevo esquema tensionará el tipo de cambio. Las intenciones oficiales de dejar que el tipo de cambio baje hasta niveles entre 1000 y 1100 pesos contrastan con la estacionalidad que podría hacer que el dólar se acerque a 1400 en el marco de la mayor incertidumbre política de cara a las elecciones.
El Gobierno apuesta a que el ingreso de capitales de corto plazo permita compensar estos faltantes. De ahí se entiende el cambio de normativa sobre los fondos off-shore. Esto también tensiona la relación con el FMI, que desaconseja enfáticamente este tipo de desregulaciones por el daño de largo plazo que causan. Aún así, creemos que, para atraer esas inversiones se requiere algún tipo de garantía de tipo de cambio —un «seguro» para el carry trade— que hoy el esquema oficial no ofrece. Seguramente habrá novedades más adelante.
Como conclusión, la estrategia de la administración Milei-Caputo es riesgosa y opera en un terreno aún incierto. El Gobierno parece haber optado por aprovechar los meses de mayor calma cambiaria no para acumular reservas, como sugiere el FMI, sino para contener el valor del dólar y evitar una aceleración inflacionaria. A cambio, apuesta a que ingresen capitales suficientes para sobrellevar el bache estacional del segundo semestre y llegar con algo de aire a las elecciones.
Es una jugada riesgosa: sin un marco macroeconómico sólido, la entrada de capitales financieros será volátil y de corto alcance. La combinación de metas incumplidas, señales contradictorias y tensiones políticas deja al Gobierno en una posición delicada. Mientras el Ejecutivo insiste en sostener lo insostenible, el acuerdo con el tiempo promete desdibujarse progresivamente.
La contención del dólar como estrategia para controlar la inflación se mantiene como el principal objetivo político y económico del oficialismo. En el marco de las tensiones crecientes, en los próximos meses, las señales de apoyo externo podrían no ser suficientes. El Gobierno necesitará algo más que declaraciones para sostener la estabilidad.