La libertad es al espíritu faccioso lo que el aire al fuego

El 27 de octubre de 1787 se publicó el primero de los 85 artículos que tuvo El Federalista. Redactados y publicados entre octubre y agosto del año siguiente, los textos compilados bajo ese título tenían un solo objetivo: contribuir a aprobar la Constitución estadounidense que se había redactado en Filadelfia.

Concretarlo significaba que los trece estados miembros de la Unión la ratificaran, aunque con la simple aprobación de nueve ya entraba en vigencia. Pero que eso sucediera no iba a ser un proceso sencillo. Iba a exigir grandes debates, movilizaciones y argumentos. A esa tarea — la de promover la ratificación en su estado, Nueva York — se abocaron Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, quienes comenzaron a publicar esa serie de artículos defendiendo los principales aspectos de la naciente Constitución. Tenían sus motivos para hacerlo, pero diremos aquí uno que aporta al contexto: tanto Hamilton como Madison habían sido miembros de la Convención Constituyente que la redactó. Entonces decidieron hacer lo que cualquier persona que defiende una causa: escribir sus razones.

Los 85 artículos se publicaron principalmente en dos diarios: The New York Packet y The Independent Journal. Aunque otros periódicos los reimprimirían también fuera de Nueva York. Un año después, Hamilton los editó en formato libro. En 1818 saldría una versión final, ahora revisada por Madison, en la que cada ensayo se identificó con el nombre de su autor. Porque, sí, habían sido firmados con seudónimo: Publio. En la actualidad se puede encontrar qué autor escribió cada texto. La gran mayoría fue escrito por Madison. Pero el que hoy nos interesa, el primero en salir, viene de la pluma de Alexander Hamilton.

El Federalista 1 nos pone en situación. Hamilton asegura que el país viene de experimentar — “de modo inequívoco”, dice con justicia — la ineficacia del gobierno federal. Ahora, el pueblo del estado de Nueva York es llamado a deliberar sobre una nueva Constitución. Pero lo que se está discutiendo es mucho más grande que el propio país, afirma. En esta empresa — ratificar la Constitución — se juega una pregunta central de la historia de la humanidad: si las sociedades humanas son capaces o no de establecer un buen gobierno valiéndose de la reflexión, optando voluntariamente por él, o si están destinadas a fundar un gobierno por accidente o por razones de fuerza. La crisis del gobierno federal, que terminó en una de las guerras civiles más sangrientas de la historia humana — John Keegan en Secesión, un libro precioso, cuenta más de un millón de bajas, superando el total de víctimas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial — abre la oportunidad para decidir sobre esa cuestión.

Cualquier error que se cometa, dice entonces, será un problema ya no para esos trece estados sino para el humano. El resultado solo será feliz si “una juiciosa estimación de nuestros verdaderos intereses dirige nuestra elección, sin que la tuerzan o la confundan consideraciones ajenas al bien público”. 

La intención es noble pero tiene un problema. Semejante actitud puede desearse, pero no esperarse seriamente, se responde a sí mismo. La nueva Constitución ataca intereses particulares e instituciones creadas. Modifica el statu quo y cambia las reglas de juego del reparto de poder previo. Distribuye nuevos ganadores y nuevos perdedores. Esperar que ese proceso se desarrolle sin la injerencia de “consideraciones ajenas al bien público” es simplemente una ilusión. Habrá hombres, describe, que resistirán los cambios. Otros que preferirán el caos de la Nación para engrandecer su cuota de poder. Unos terceros se ven más beneficiados en una suma de confederaciones que en la unión. Pero no importa, dice Publio, si el origen de esa oposición es la ambición o un sentimiento mejor. Lo importante es que, por el motivo que fuera, el resultado será el mismo: la gran discusión nacional “dará suelta a un torrente de iracundas y malignas pasiones”.

Y aquí llegamos al punto importante de este texto (y de todos los siguientes). Hamilton — o Publio, pues habrá sido una decisión que tomaron los tres — no buscará el punto medio entre las posiciones existentes, sino que asumirá y presentará los argumentos de la facción que representa. “Sí, paisanos míos, debo confesaros que después de estudiarla atentamente, soy claramente de opinión que os conviene adoptarla”, enfatiza — y esconde, tal vez, que además de estudiarla la ha redactado o ha sido parte de — . Promete que, en los próximos artículos, no fingirá reservas ni pretenderá una deliberación sobre un tema del que ya ha decidido. Manifestará, en cambio, sus convicciones y expondrá las razones sobre las que se fundan.

Estas vendrán en los 84 artículos siguientes aunque los mencionará resumidamente en este primero. Se hablará de la utilidad de la unión para la prosperidad política del país, de que la presente Confederación no será capaz de conservarla y de que la única garantía para mantenerla será la Constitución. Serán unos textos a favor de algo y contra otra cosa. Quizás parezca superfluo, dirá Hamilton, presentar argumentos para demostrar su utilidad. Después de la guerra civil, la necesidad de la unión podría aparecer profundamente grabada “en los corazones del gran cuerpo del pueblo en cada uno de los Estados” y casi no tiene enemigos. Puede que como idea fuera cierto, pero el formato propuesto por la Constitución sí tenía argumentos en contra. En esos círculos “se susurra” que los trece Estados son demasiado grandes para regirse por un único sistema general y que lo mejor sería un grupo de confederaciones distintas. “Esta doctrina — dice Hamilton — será propagada gradualmente hasta que cuente con suficientes partidarios para profesarla abiertamente”.

En las siguientes ediciones, Publio describirá tanto las ventajas de crear una Unión entre los trece Estados como el peligro de no hacerlo. Qué ocurriría ante un ataque extranjero, preguntará alguno de los tres, cuál sería el tipo de solidaridad entre las confederaciones y por qué será menos efectiva que la respuesta de la Unión. Por qué las confederaciones no entrarían en guerra entre sí, se preguntará otro. Se responderá al argumento de que las confederaciones no lo harán porque serán repúblicas comerciales, como si el comercio hubiera sido garantía de que no sucedieran hechos similares tan poco tiempo atrás.

Y, gradualmente, los artículos se convertirán en clásicos que van a funcionar para leer la Constitución. La necesidad jurídica de “interpretar el espíritu del legislador” tendrá en EEUU, gracias a estos textos, un recurso único. La voz de los propios redactores explicando por qué escribieron lo que escribieron. Llegaremos al artículo 10, el famoso artículo 10 de El Federalista en el que Madison sostiene que una ventaja fundamental de la Unión es “suavizar y dominar la violencia del espíritu del partido”. Los ciudadanos, dicen, se quejan de que el bien público se descuida en el conflicto de los partidos rivales. El faccionalismo — entendido allí como un “cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerada en conjunto” — existe. Y solo hay dos maneras de evitarlo, sugiere: suprimir sus causas o reprimir sus efectos.

Pero suprimir las causas del faccionalismo solo es posible destruyendo la libertad o dando a cada ciudadano las mismas opiniones, pasiones e intereses. El primer remedio es peor que lo que busca evitar: “la libertad es al espíritu faccioso lo que el aire al fuego, un alimento sin el cual se extingue”, escribe. El faccionalismo es vida, sugiere. El segundo remedio es tan absurdo como el primero mientras la razón humana no sea infalible.

Es que la causa latente es, dice Publio, la naturaleza del hombre. Reprimir el faccionalismo es reprimir lo que el ser humano es. Es ilusorio decir que “un estadista ilustrado” podrá coordinar tantos opuestos intereses para hacerlos plegarse “al bien público”. Porque no siempre llevarán el timón este tipo de estadistas, pero también porque no puede producirse semejante coordinación sin tomar en cuenta todas las consecuencias indirectas.

Entonces ya llegamos a la noción de que el espíritu de facción no puede suprimirse y que solo pueden mantenerse a raya sus efectos. Y aquí Madison contará las bondades del sistema republicano, de frenos y contrapesos a las mayorías, respecto de un sistema “puramente democrático”. No será el único ni el último artículo dedicado al tema (debe leerse este acompañado por el 51°) pero sí el que resume y describe la cuestión general. Evitar el gobierno puro de las mayorías “que permita sacrificar a su pasión dominante y a su interés tanto el bien público como los derechos de los demás ciudadanos”.

Y esto es apenas el artículo 10. En el resto se debatirá sobre cuestiones tan centrales como la doctrina de la revisión judicial, el poder ejecutivo unipersonal, el federalismo o la necesidad de incluir en la Carta Magna un listado de derechos a proteger.

Pero, más allá de su contenido — que se volvió canon incluso para textos constitucionales de otros países, para tratados de filosofía, derecho y ciencia política — es bueno recordar cómo nacieron esos textos: de la convicción de un grupo de tres personas en favor de algo; de la creencia de que la naturaleza humana tiende al faccionalismo, a la división; y de que de lo que se trata es de administrar esa división con las mejores herramientas posibles para evitar la tragedia.

Fundamentalmente, son textos que nacen de que las razones propias también importan, tienen el derecho a ser expresadas, escritas y publicadas. Si uno tiene la suerte y el talento — como tenían Hamilton, Madison y Jay — incluso esos pequeños panfletos, esos argumentos propios dichos a viva voz pueden convertirse un día en instrumentos de inspiración para la actividad política de otros.

Acaso no hay honor más grande que ese.

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