Brasil, medianoche en el jardín del bien y del mal

La inédita, histórica, condena –confirmada– contra Jair Bolsonaro y los altos mandos militares que acompañaron su intento de desconocer la voluntad democrática de los brasileños y de mantener el poder por la fuerza tras la derrota en las urnas parecía cerrar el año político en Brasil con el bolsonarismo derrotado. El sistema democrático quedaba reafirmado y Lula, encaminado a la reelección. Al final de diciembre la escena merece, al menos, matizarse. 

La aprobación por parte del Congreso, en el Senado y la Cámara de Diputados, de la llamada “Ley de Dosimetría”, que rebaja las penas de los ataques contra el Estado Democrático de Derecho hasta volverlas casi irrelevantes –Bolsonaro pasaría de una condena de 27 años a cumplir poco más de dos años de régimen cerrado– vuelve a poner en cuestión incluso aquellas certezas, con sus virtudes relucientes y sus defectos, ocultos, pero intensos.

Desde que perdió las elecciones presidenciales de 2022, por un margen sumamente estrecho, Bolsonaro acumuló una larga serie de derrotas propinadas no por los votantes, ni por el sistema político sujeto al voto popular, sino por los tribunales, cuya acción estuvo a la altura del desafío más serio que enfrentó la democracia brasileña desde el final de la dictadura en 1985, pero deja un mar de dudas sobre el alcance del poder de los jueces. 

La primera inhabilitación de Jair Bolsonaro, mucho antes de la condena por intento de golpe de Estado, fue por cuestionar, ante un grupo de diplomáticos extranjeros, la fiabilidad del voto electrónico. Las máquinas de votación en Brasil tienen un historial de décadas de entregar resultados rápidos y confiables. Sin embargo, su proceso es muchísimo más opaco que el que tiene el muy buen sistema de la Ciudad de Buenos Aires, donde cotidianamente escuchamos sospechas por parte de dirigentes opositores sin consecuencias de ninguna clase. 

Conviene hacer algunas aclaraciones: Brasil tiene una interpretación menos extensiva de los alcances de la libertad de expresión. Allí son normales las demandas –y las condenas– por expresiones injuriosas o contrarias al sistema constitucional que en Argentina –o los Estados Unidos– serían difícilmente concebibles. Aún así, ante lo que fue percibido como un ataque sistemático a la democracia, la tolerancia de los jueces disminuyó enormemente, y expresiones tanto de Bolsonaro como de dirigentes y legisladores bolsonaristas fueron objeto de reprimendas judiciales severas. 

Censura o protección

La pelea del estado brasileño contra X y su dueño, Elon Musk, fue una muestra tanto de las fortalezas como de los problemas del enfoque. La censura contra diversas cuentas del bolsonarismo por expresiones juzgadas contrarias a la democracia, con órdenes pretorianas de cierre de cuentas por parte del juez del tribunal supremo Alexandre de Moraes y un intento de desobediencia articulado desde los Estados Unidos por el propio Musk dio pie a uno de los duelos más relevantes a nivel global entre la soberanía nacional y la influencia de las multinacionales tecnológicas, y se resolvió, al contrario de lo que muchos pensaban, en favor de la soberanía nacional. 

El resultado, tranquilizador en términos de la vigencia de la democracia y las instituciones frente a poderes que no son electivos pero sí efectivos –por su capacidad de influir en la agenda pública–, tuvo como contracara la validación de altos niveles de arbitrariedad judicial. Discursos que eran apenas críticos pero que cuestionaban la validez o confiabilidad del sistema, aceptables en tiempos normales, fueron considerados como parte de un esfuerzo mayor de deslegitimación del proceso electoral. La actuación judicial abrió el debate sobre si las normas que rigen al Estado de Derecho en tiempos de normalidad puede mantenerse o no inalteradas en tiempos de emergencia.

El debate, con todo, versó sobre una emergencia real, con peligros que llegaron más allá de lo que imaginaban los analistas más alarmistas. Las revelaciones de la investigación judicial posterior a los campamentos en la sede de los cuarteles militares pidiendo un golpe y la toma violenta de las sedes de los tres poderes en Brasilia, en movilizaciones que intentaron evitar que Lula se hiciera del mando del Estado, el 8 de enero de 2023, revelaron una trama que incluía no sólo a Jair Bolsonaro y algunos miles de sus partidarios más extremistas, sino a generales retirados y activos, en el máximo nivel de mando. 

La intentona incluía planes –cuya autenticidad fue confirmada incluso por los propios acusados– para matar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez De Moraes, actos violentos y un esquema de caos y deslegitimación de las instituciones que evitaría la entrega o consolidación del poder de las autoridades electas legítimamente. El intento sólo naufragó por la negativa de poco más de la mitad del generalato a sumarse a los planes, incluyendo a los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea, una actitud que contrasta con el ex jefe de la Marina, Almir Garnier, que fue condenado a 24 años de cárcel por su participación en el complot. 

Si diéramos crédito a la muy documentada investigación del Financial Times, cabe preguntarse si la suerte de los golpistas hubiera sido otra con Trump en la Casa Blanca. De acuerdo al diario londinense, el gobierno de Joseph Biden envió por los canales diplomáticos y de Defensa que una interrupción democrática en Brasil hubiera significado un golpe mortal a la relación con Washington. 

Si aún en esas condiciones, Bolsonaro pudo sumar a casi la mitad del alto rango, y quienes no participaron tampoco denunciaron a sus colegas, los números probablemente hubieran sido distintos ante una configuración diferente en el norte.

Valía y necesidad

En un país en que la élite instauró la República justo después de que el Emperador aboliera la esclavitud, en el que los analfabetos sólo tuvieron derecho al voto en 1985, dónde la dictadura de más de 20 años no sólo no fue juzgada, sino que pudo resistir durante décadas hasta las revisiones más tímidas, como la creación de una Comisión de la Verdad que probablemente le haya costado el puesto a Dilma Rousseff. Donde, durante los años de Bolsonaro, se reinstauró la conmemoración institucional de aquel golpe de hace seis décadas como un momento heroico de la historia. Y en un Brasil en el que las Fuerzas Armadas todavía interpretan que tienen un rol de decisión sobre las instituciones como poder constitucional “moderador”, la persecución de un intento peligroso y organizado de interrupción democrática es un acto cuya valía y necesidad son evidentes. 

El juez del supremo De Moraes merece reconocimiento por haber liderado la investigación –y la primera condena en la historia de Brasil– contra militares de alto rango, así como contra el expresidente y dirigentes políticos cercanos a él, de primera línea, todavía poderosos y con capacidad de movilización, reafirmando la primacía de la Democracia. Y sin embargo, son incontables los episodios de arbitrariedad, las decisiones en el fleje de la legalidad que tomó en ese camino. 

La caratulación de actos muchas veces cuestionables como parte de grandes conspiraciones, como la condena de una participante de los disturbios en Brasilia que dañó una escultura en uno de los palacios a más de once años de prisión, la inmovilización de las propiedades de empresarios por el contenido de sus mensajes en un grupo –golpista– de Whatsapp, o la prohibición de Bolsonaro de manifestarse públicamente o utilizar su teléfono móvil, incluso antes de su condena, son muestras del alcance de las medidas que acompañaron la investigación. De nuevo, la discusión entre tiempos de excepción y tiempos normales, aún cuando todos los acusados tuvieron derecho de defensa y las condenas no fueron dictadas por una sola persona sino por cuatro de los cinco jueces que integran la sala del alto tribunal.

Lula y su relación con Trump

En ese contexto, el gobierno de Lula se limitó a dar apoyo a las investigaciones, evitando ser visto como una parte o como excesivamente influyente en la conducta de un juez. Su rol fue importante a nivel diplomático, enfrentando y superando con éxito una red de sanciones estadounidenses decididas arbitrariamente por Trump, que incluyó aranceles prohibitivos y hasta medidas personales contra el juez De Moraes, que la legislación estadounidense reserva para funcionarios de regímenes autoritarios. 

El ejercicio paciente de contención por parte de Lula, su vicepresidente Alckmin, y un equipo ministerial que incluyó, además de Itamaraty, a Fernando Haddad y el ministro responsable de la comunicación oficial, Sidonio Palmeira, dio como resultado un aminoramiento significativo de los aranceles y levantamiento de las sanciones que no tuvo como contrapartida concesiones significativas hacia Bolsonaro o Musk.

Si en los papeles el avance judicial contra los movimientos antidemocráticos del bolsonarismo enfrentaba como límites más serios la fortaleza persistente del poder militar, las amenazas externas tras el cambio de gobierno en los Estados Unidos y la influencia decisiva y sesgada de las big tech en un país donde las redes sociales tienen una influencia incluso mayor que la que nos hemos acostumbrado en todo occidente, la superación de cada uno de esos obstáculos no significó una consolidación de las condenas que haga del ejemplo cosa juzgada y establecida. Los avances en la superestructura, sin embargo, no tuvieron un correlato en la política. 

El poder de Bolsonaro

Bolsonaro sigue siendo una figura popular en un segmento expresivo de la sociedad brasileña y el máximo referente opositor al gobierno de Lula. Nadie que aspire a la presidencia desde la derecha, por más moderado que se presente, puede prescindir del apoyo de Bolsonaro. El rápido encolumnamiento de Tarcisio de Freitas, gobernador de San Pablo y favorito del establishment brasileño, con la agenda de amnistía es indicativo de la vulnerabilidad política de la avanzada judicial.

Pero más allá de la voluntad popular que Bolsonaro aún cosecha, las mayores debilidades aparecen en las relaciones con el Congreso, donde confluyen factores ideológicos, disfuncionalidad política y disputas de poder materiales. Si bien Lula pudo evitar la reelección de Bolsonaro, con una ventaja de menos de dos puntos, las elecciones que el expresidente condenado cuestiona dieron por resultado el Congreso más a la derecha de la historia. 

El PL de Bolsonaro se hizo de la bancada más numerosa tanto en Diputados como en el Senado. En el fragmentado Congreso brasileño, los partidos de izquierda y centroizquierda suman menos de 150 bancas de las 513 en juego, contra cerca de 300 para espacios de derecha nítidos. Es decir que, para gobernar, Lula necesitó sumar espacios, incluso sectores de la derecha como parte de su coalición de gobierno para viabilizar leyes, otorgando ministerios a partidos cuyo apoyo depende de la conveniencia material más desenfadada. 

Hasta allí, se trataría de una imposición del sistema brasileño cuya disfuncionalidad fue revisada muchísimas veces en tiempos recientes, sin embargo, los gobiernos de Michel Temer y –mucho más aún– Bolsonaro, añadieron complejidad a este panorama ya que aumentaron enormemente la capacidad del Congreso –y de los congresistas– para definir el destino de gran parte del presupuesto.

De acuerdo a un estudio del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) las enmiendas parlamentarias representaron en 2024 el 27% del gasto discrecional (el que no tiene asignación automática, como las jubilaciones) total del Estado Federal. Es decir que, de cada cuatro reales que asigna la política, los Congresistas asignaron más de uno, por fuera de su rol en la ley de Presupuesto, en forma de enmiendas. O lo que es lo mismo, el Congreso contó con un presupuesto propio expresivo, que vuelve menos relevante el comando de ministerios para el disciplinamiento de los congresistas. 

En ese contexto, Lula debió recurrir al veto legislativo en 87 ocasiones desde 2023. Sin embargo, en un sistema donde basta la mayoría absoluta de los diputados y senadores para rechazar un veto presidencial, más de la mitad de los vetos fueron confrontados exitosamente por el Congreso.

El poder de Lula

En esa configuración hay que entender la alianza entre Lula y una parte expresiva de los jueces del Tribunal Supremo. La operación Lava Jato, a pesar de su fracaso último, dejó en evidencia el enorme poder de la magistratura y su capacidad de interferir sobre la política, moldear la coyuntura e influir incluso en lo que no controla, como son las elecciones. 

Es difícil analizar la elección de 2018, que consagró a Bolsonaro y la venidera, de 2026, donde se encuentra legítimamente proscripto, sin dar cuenta de la enorme influencia del Poder Judicial. 

Este protagonismo, sin embargo, choca con el poder ampliado y las inclinaciones del Congreso. Los avances del juez De Moraes sobre distintos diputados bolsonaristas por acciones o discursos antidemocráticos, con suspensiones y condenas, son un ejemplo de límites que miran con resquemor muchísimos legisladores acusados de distintos tipos de prácticas poco edificantes. El juez Flavio Dino, que avanzó en un intento de imposición de estándares de transparencia y límite a las enmiendas parlamentarias generó otro punto de contención. 

Ambos movimientos fueron abrazados por Lula, cuya agenda está obviamente atravesada por la puja de poder con un Congreso que no le responde y la necesidad de derrotar definitivamente lo que fue un intento directo de desconocer su victoria electoral y que puso en riesgo su vida. En ese abrazo, Lula dejó de lado cualquier preocupación por el excesivo poder y protagonismo de la magistratura, un riesgo democrático también concreto, que en todo caso, sólo palidece ante amenazas mayores.

Más que una confrontación de poderes

La amnistía parcial otorgada a Bolsonaro y los restantes condenados por actos, con mayorías que, al menos en los papeles, permitirían superar un veto presidencial, debe entenderse como una consecuencia de la configuración ideológica del Congreso, pero también como un capítulo más en la confrontación con los poderes Ejecutivo y Judicial. No es casual que Alexandre de Moraes haya cuestionado en público la constitucionalidad de la medida. 

El veto de Lula llegaría el 8 de enero, en el aniversario de los actos vandálicos sobre la sede de los tres poderes, y obligaría al Congreso a insistir, tras el receso, en pleno año electoral. 

Mientras Moraes afila la pluma de su lapicera, y junta voluntades en el Tribunal Supremo, Lula apuesta a la valoración creciente de su gobierno, el enorme desprestigio social del Congreso y un apoyo a las condenas que, sin ser abrumador, es mayoritario. Ya sea para frenar la amnistía o facilitar su reelección, Lula ve en la polarización con el bolsonarismo y la movilización de fuerzas sociales ante el riesgo de su retorno un activo casi tan importante como los resultados económicos de su mandato. Probablemente tenga razón. Ningún avance judicial de esta etapa, por más importante que haya sido, sobreviviría a una victoria opositora. 

La percepción de un ambiente otra vez volcado a la derecha sería probablemente irresistible a nivel legislativo, donde el Congreso podría incluso avanzar en juicios políticos contra los jueces de más alto perfil, como a nivel judicial, donde a la minoría de magistrados alineados con los recelos  del bolsonarismo se sumarían los más numerosos, que ajustan su conducta a la dirección de los vientos. 

El péndulo

Brasil evitó el golpe, investigó, expuso y juzgó a los responsables de intentarlo. Para hacerlo, caminó por el filo de la democracia. El futuro, sin embargo, es brumoso. Los avances logrados, condicionados por una política que los arrincona, y la narrativa de un propio Nunca más, que podría acompañar una reelección de Lula, amenazan con abrir un nuevo capítulo del péndulo. En él, a las arbitrariedades contenidas del pasado reciente no las seguirían enmiendas ni correcciones, sino arbitrariedades mucho mayores, capaces de echar por tierra el progreso alcanzado y de habilitar retrocesos incluso más profundos que los del primer bolsonarismo.

Entre una y otra, aparece una opción incluso más inquietante, que la indefinición sobre el rumbo estratégico vuelva a poner a Brasil a merced de una clase política sin escrúpulos ni ideología, que termine por orientar al país en el rumbo de sus propios intereses materiales. Sería un final paradójico para la crisis democrática más importante desde su recuperación, que no se cerraría con un estallido, sino con un sollozo.

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