La crisis del Mercosur y el acuerdo con la UE: un desacuerdo sobre el desarrollo

El 6 de diciembre de 2024, la Comisión Europea y los estados parte del Mercosur anunciaron la conclusión del Acuerdo de Asociación entre ambos bloques. El 3 de septiembre de 2025, la citada Comisión envió el texto al Parlamento Europeo y a sus estados miembros. Si la noticia parece un déjà vu es porque hubo anuncios previos, el más notorio de ellos tuvo lugar en junio de 2019 y emocionó hasta las lágrimas al gobierno de Mauricio Macri. 

Sin embargo, la vuelta a 2019 es un espejismo. Las condiciones internacionales han cambiado mucho desde aquel momento. La pandemia, la guerra en Ucrania, la exacerbación de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China y la revolución tecnológica en curso, entre otros factores, han dado forma a una realidad global totalmente diferente. Un contexto de imprevisibilidad y riesgo que la llegada de Donald Trump ha incrementado notoriamente.

A riesgo de caer en un lugar común, esta reconfiguración internacional y el acuerdo entre el Mercosur y la UE suponen oportunidades para relanzar agendas de desarrollo económico y social en los países del Mercosur, pero entrañan riesgos importantes. Visto desde Sudamérica, es imprescindible una redefinición estratégica y una planificación consistente del bloque, que le permita profundizar vínculos políticos y económicos. Esta redefinición debe ser, en primera instancia, entre sus propios socios, y a partir de ella, para luego poder proyectar objetivos estratégicos más allá de sus fronteras. Un inmenso territorio (11.8 millones de kilómetros cuadrados), donde residen más de 270 millones de personas y que cuenta con recursos estratégicos como son la energía, la minería, el agua dulce, los bosques nativos, el acceso a la Antártida, entre otros. 

La falta de esta mirada conjunta y estratégica, tan postergada que parece hoy ciencia ficción, y el aumento de su valor, dados los  cambios en la geopolítica internacional y las tensiones en alza por la competencia hegemónica entre las grandes potencias, inoculan dudas respecto de la capacidad del acuerdo entre el Mercosur y la UE. El principal interrogante es si este acuerdo puede convertirse en una herramienta para reducir la brecha entre bloques, plantear una alianza política en favor de la democracia y los derechos humanos y que permita, también, operar como catalizador para aumentar el bienestar y las condiciones de vida. Veamos qué ha venido pasando con este acuerdo y por qué. 

Fuerzas centrífugas en el Mercosur

Analizar el acuerdo comercial con la UE requiere reconocer previamente que su conclusión era una demanda persistente de los socios del Mercosur, particularmente de Brasil. Uruguay, por su parte, llegó a anunciar negociaciones bilaterales a contrapelo de la normativa interna del bloque, incluidas conversaciones sobre un tratado de libre comercio bilateral con China. En la inmediata postpandemia y con Bolsonaro a cargo de la presidencia, Brasil anunció una reducción unilateral del arancel externo común que incrementó notablemente el riesgo de fractura del bloque. Por último, las agresiones directas entre presidentes, primero de Bolsonaro respecto de Alberto Fernández, y luego de Milei en relación con Lula, dificultaron el diálogo al más alto nivel. Las declaraciones de Milei, ni bien llegado al sillón presidencial, respecto del lanzamiento de conversaciones unilaterales con los EE. UU. articuló un mojón adicional en esta dinámica centrífuga para el proceso de integración. 

La burocracia a cargo de las Cancillerías y ministerios relacionados con la producción y el comercio en los cuatro países ha venido desarrollando un trabajo hormiga para atemperar el impacto de estos conflictos, logrando evitar el quiebre del bloque, al costo de disminuir prácticamente a cero las discusiones estratégicas. En este contexto, el análisis conjunto de riesgos y oportunidades para las empresas y las y los trabajadores del bloque ha quedado significativamente debilitado, mientras que las demandas de “modernización” maquillan un alicaído affectio societatis, donde el diálogo y las obligaciones con terceros son vistos como la fuerza que podría desarmar el Mercosur… sin que se note.  

En términos más generales, lo que parece agotado es el primer diseño del Mercosur que sin duda debe ser ponderado por la visión política que le dio origen, aún cuando hoy tenga gusto a poco. En efecto, el Mercosur original puso en valor la interacción que tienen las empresas y las personas más allá de las definiciones estatales, constituyó un mercado ampliado e impulsó una rutina en torno al diálogo constante y al desarrollo de una institucionalidad especializada que abarca todos los temas relevantes en la relación de los cuatro países miembros. Su funcionalidad como plataforma de desarrollo, sin embargo, hace rato que requiere una actualización. Esta crisis se combina y potencia con el accionar de los principales actores sociales, en particular de una dirigencia empresarial que no termina de comprometerse con una tasa de inversión acorde con los desafíos de la época, ni con el bienestar laboral y el impulso exportador duradero, como llaves para disminuir la brecha de productividad y así colaborar con la tan demandada estabilidad económica. La lógica de la financiarización ha calado hondo en Sudamérica. 

Es así como las estrategias de integración han quedado supeditadas únicamente a la voluntad oscilante de los gobiernos de turno, lo que dificulta aprovechar las oportunidades de la reconfiguración global y alejarse, alternativamente y de la mano de los ciclos políticos en cada uno de los países, de un vaivén entre microproteccionismos nacionales inconducentes —aunque muy funcionales a la tasa de ganancia de corto plazo en mercados protegidos— y las aperturas indiscriminadas contrarias al interés nacional y regional. 

Este proceso de integración a medias, en detrimento de políticas comunes —o al menos articuladas— de desarrollo industrial y científico-tecnológico, ha dificultado avances concretos hacia dentro del bloque, restándole legitimidad y dinamismo. En paralelo, el esquema de defensa comercial —puramente arancelario— que caracteriza al Mercosur ha quedado obsoleto —dado que no refleja un sentido o proyecto estratégico y tampoco incorpora las novedades respecto de las nuevas cadenas de valor— y está muy alejado de las prácticas internacionales de fomento de la transformación y diversificación productivas. 

En resumen, mucho antes del anuncio sobre el acuerdo con la UE, el Mercosur viene estando “en peligro”, con resultados modestos (y decrecientes) en su rol como plataforma ampliada desde la cual se pueda discutir una estrategia de integración con el resto del mundo que no se base exclusivamente en la especialización en recursos naturales. En este marco, por acción u omisión, han primado las respuestas individuales que han profundizado el sesgo hacia la exportación de commodities, desaprovechando la oportunidad que implica el mercado regional y la interacción tanto económica como social entre los países.

El antecedente: el preacuerdo de Macri y Bolsonaro

El acuerdo anunciado en junio de 2019 se alcanzó como producto del relajamiento de algunas de las posiciones históricas del Mercosur, relacionadas con el objetivo de defender la industria regional y con la aspiración a aumentar las cuotas establecidas por la UE para proteger a su sector agropecuario. Mientras una porción minoritaria de los bienes del Mercosur (en torno al 10%) quedó excluida del acuerdo y las canastas de desgravación tienen plazos más largos (por cierto el único mecanismo del acuerdo que toma en cuenta las brechas de productividad entre las empresas de ambos bloques), Europa logró dejar a salvo a los sectores en los que el Mercosur es más dinámico y competitivo a través de un sistema de cuotas fijas y permanentes, reducidas en su cantidad que, de hecho a la fecha, en muchos casos ya están por debajo de los montos que se exportan, tal cual lo refleja la propia UE en los documentos que resumen el acuerdo y han sido publicados recientemente.  

En el resto de los capítulos del preacuerdo, que determinan el espacio de política, los países del Mercosur también fueron a menos. Mientras que la UE no incorporó ningún compromiso de disminución del paquete de subsidios al sector agropecuario —que alcanza los 380.000 millones de euros para el periodo 2021-2027— el Mercosur accedió a incorporar una gran cantidad de “disciplinas”. En la práctica estos ítems suponen menos grados de libertad para utilizar algunas herramientas como son las compras públicas, los derechos de exportación, la utilización de empresas del Estado para el desarrollo de objetivos estratégicos y las denominaciones de origen, en el capítulo de propiedad intelectual, entre las más importantes.

En cuanto a los derechos de exportación, el preacuerdo preveía limitaciones a su uso, reflejando la cristalización respecto de los países del Mercosur como proveedores de materias primas y descartando esta opción como herramienta para estimular el agregado de valor en este bloque. No puede descartarse que el apoyo del sector agropecuario argentino al acuerdo, aun conociendo las magras cuotas establecidas para sus exportaciones, se explique en parte por los techos a las alícuotas de los derechos de exportación que quedarían fijados a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Un ariete externo a un problema interno de larga data y alta conflictividad política. 

El texto de junio de 2019 resultaba particularmente disfuncional para la Argentina, dada su estructura productiva y oferta exportable. La Argentina sufrirá el doble impacto explicado por la competencia que supone para las PyMES argentinas el ingreso de productos europeos y la potencial pérdida del mercado brasileño y del resto del bloque a manos de la producción europea (desvío de comercio), ya que aproximadamente el 40% de las manufacturas de origen industrial que el país exporta se destinan al Mercosur. Ninguno de los estudios de impacto realizados en aquel momento espera una mejora neta en el saldo comercial del país como producto del acuerdo y, de hecho, estos modelos arrojan aumentos en el PIB explicados en el incremento de las importaciones.

Aún con condiciones favorables a los intereses europeos, los trámites para la aprobación del acuerdo entraron en un prolongado letargo. La UE lanzó durante 2019 el Pacto Verde Europeo (PVE) con el objetivo de acelerar la transición hacia energías renovables a través de inversiones en eficiencia energética y movilidad sostenible, proteger los ecosistemas y fomentar la investigación en tecnologías limpias. El PVE¹ no se limita a ser una respuesta a la emergencia climática; contiene una estrategia de desarrollo del bloque europeo, circunstancia que tiene un doble impacto sobre el relacionamiento con sus socios comerciales, a través de las estrictas regulaciones sobre las exportaciones hacia la UE y como estímulo a la localización de inversiones y generación de empleo en territorio europeo. 

Mientras tanto, en territorio sudamericano, el presidente Bolsonaro y su equipo adoptaron una política negacionista respecto del cambio climático, que rápidamente se puso de manifiesto en un aumento de la deforestación de la Amazonía. En segundo plano, también aparecían las posiciones del gobierno brasileño respecto de los derechos humanos y las políticas de género y diversidad que conformaban parte de los “valores compartidos” que la UE promovía en su relacionamiento con otros países y regiones y que son parte del acuerdo. 

En conjunto, estas circunstancias supusieron un escollo importante para que la Comisión Europea pudiese avanzar con las tareas finales necesarias para impulsar el tratado y las conversaciones quedaron congeladas. 

Reapertura de las renegociaciones: una “toma de judo” y el regreso al diálogo intra-Mercosur 

A inicios de 2023, la UE volvió a la mesa de negociaciones. El renovado interés por el acuerdo se explica por los cambios globales que tensionaron las cadenas de producción y distribución, y las dificultades de acceso y aumento del costo de la energía que, en conjunto, incrementaron el valor estratégico de la relación con el Mercosur. En paralelo, se produjo la llegada del presidente Lula al poder y su cambio de perspectiva respecto a las cuestiones ambientales, lo que habilitó la posibilidad de una discusión seria en torno a esta temática. En estas nuevas circunstancias, la UE planteó como condición para retomar las conversaciones la necesidad de incorporar un documento adicional (side letter) con una serie de exigencias ambientales que se sumarían al capítulo sobre la materia. Una especie de reaseguro, adicional al enorme paquete de subsidios y a las cuotas específicas por producto, sobre el potencial incremento de las exportaciones tradicionales del Mercosur a Europa, en particular de aquellas provenientes del sector agropecuario, centro de las preocupaciones políticas en la UE. 

La principal premisa de los europeos al retomar las negociaciones, lamentablemente refrendada por la mayoría de los socios del Mercosur, sostenía que no se podían realizar cambios sustantivos a lo acordado en 2019, aun cuando presentaron como condición sine qua non nuevas exigencias en materia ambiental. Las estimaciones preliminares indicaban que las distintas normativas que suponía el Pacto Verde Europeo afectarían, en el caso argentino, en torno al 40/50% de las exportaciones, y en algunos casos suponían directamente su prohibición. El biodiesel argentino es un ejemplo elocuente del efecto de estos cambios normativos. El texto sobre “uso indirecto de la tierra” impulsado en 2023 implicaba una pérdida de más de US$ 1.500 millones para nuestro país, en torno al 15% de las exportaciones argentinas a ese bloque.

Los europeos también planteaban un cierre de negociación muy duro en materia de denominaciones de origen, en el capítulo de propiedad intelectual. Las exigencias para considerar a empresas del Mercosur como preexistentes al acuerdo, exentas de la prohibición de utilizar los nombres de los productos con denominaciones europeas (los ejemplos típicos son los quesos: Roquefort vs. queso azul) parecían endurecerse en lugar de relajarse, como correspondería a un final de negociación. En conjunto, mientras la UE sostenía que el texto de 2019 no podía modificarse, en la práctica alteraba a través de acciones paralelas los pobres equilibrios alcanzados entonces. 

En este contexto, la Argentina decidió aprovechar el regreso europeo a la mesa de negociaciones y la introducción de un texto adicional para poder trabajar sobre cuestiones puntuales, como estrategia para disminuir el efecto negativo de lo negociado por la gestión Macri y, de ser posible, estimular en conjunto con los socios las inversiones europeas en el Mercosur en torno a las transformaciones que se observan en las cadenas globales de valor.

La oportunidad —o “toma de judo”— era importante por lo menos por tres motivos: Brasil y el resto de los socios querían ratificar el acuerdo, el impacto del Pacto Verde sobre las exportaciones se produciría con o sin acuerdo y, por último, en el marco de la reconfiguración de las cadenas de valor a nivel global, el acuerdo con la UE podía implicar una oportunidad para la discusión en torno la participación del Mercosur en los nuevos encadenamientos productivos. 

La firma del acuerdo en diciembre de 2024, esta vez con foto de Lula, Peña, Lacalle Pou y Milei con la presidenta de la Unión Europea, Von der Leyen, deja claro el apoyo de los socios, en particular el de Brasil, al proyecto de integración de ambos bloques. Al mismo tiempo,  vistas las transformaciones de las cadenas de valor, el objetivo de las negociaciones fue introducir modificaciones al acuerdo para estimular una corriente de inversión extranjera directa en el Mercosur, en torno a los vectores de transformación de la producción global, haciendo un esfuerzo especial respecto de la transición energética y la electromovilidad, dada la relevancia de la industria automotriz en Brasil y en la Argentina y su impacto en las exportaciones y el empleo.  

Una agenda concreta para transformar el texto de 2019

El restablecimiento de los equilibrios se convirtió en la prioridad de la negociación ante la oportunidad abierta en 2023 por la introducción de la UE del documento adicional y el avance de la normativa del Pacto Verde. La llegada de Lula acarreó niveles de buena voluntad del lado europeo que a Bolsonaro le fueron esquivos y también hizo posible una mirada más receptiva a las inquietudes planteadas por la Argentina respecto del texto de 2019. 

Los gobiernos argentino y brasileño plantearon modificaciones para favorecer el comercio e inversiones entre bloques, con sensibilidad hacia la problemática ambiental y centradas en la integración y la agregación de valor en ambas regiones y la industrialización basada en los sectores estratégicos vinculados a la transición energética, la salud y la economía del conocimiento. Explícitamente y en una estrategia “espejo” al documento adicional en materia ambiental, la Argentina impulsó la incorporación de un texto referido a nuevas cadenas con foco en generar empleo de calidad, incluyendo la referencia explícita al empleo para mujeres y diversidades en el marco de las nuevas inversiones. 

Se impulsaron modificaciones al texto del acuerdo a través de la incorporación de un tratamiento diferencial para los autos híbridos y eléctricos, con un cronograma de desgravaciones diferenciado, apostando a garantizar el futuro de la industria automotriz y de autopartes en el Mercosur y aprovechar las ventajas del litio y otros minerales estratégicos en estas nuevas cadenas. En el caso argentino, este impulso se vio reflejado no solo en la mesa de negociaciones del acuerdo, sino en otros instrumentos impulsados por nuestro país como el Memorando de Entendimiento suscrito con la Unión Europea sobre Cadenas de Valor Sostenibles en Materias Primas y Energía, que se rubricó en junio de 2023. 

Un segundo elemento de importancia fue el mecanismo de rebalanceo de las concesiones, trabajado en forma conjunta por la Argentina y Brasil, cuyo objetivo era prevenir la anulación o menoscabo de lo negociado y establecer un sistema de solución de controversias muy relevante en el contexto del Pacto Verde. En resumidas cuentas, este mecanismo implica volver a poner a los bloques en pie de igualdad y reconocer la necesidad de medir el impacto del tratado de libre comercio y sus consecuencias sobre las exportaciones del Mercosur. Esto se suma a la cláusula incorporada que supone una revisión cada tres años para negociar temas de interés para ambos bloques. 

En tercer lugar, se impulsaron modificaciones que tendían a ampliar el “espacio de política”, es decir, las facultades para poder utilizar algunas herramientas como los derechos de exportación, las compras públicas y las empresas del Estado en favor del desarrollo nacional. En el caso de la prohibición de aplicar derechos de exportación o el establecimiento de límites a los mismos, Brasil y la Argentina hicieron propuestas diferentes en cuanto a su alcance, pero ambas en el sentido de recuperar la potestad de su utilización ante el interés europeo  en impedir la imposición de derechos de exportación sobre los minerales críticos. En el caso argentino, esta limitante sobre los derechos de exportación y sus alícuotas puede ser una de las razones del cerrado apoyo del sector agropecuario al acuerdo, aun cuando Europa se negó sistemáticamente a la ampliación de las cuotas de productos provenientes del MERCOSUR, que se suman al impacto potencial del Pacto Verde. En el caso de las compras públicas, una vez más, la Argentina y Brasil modificaron las ofertas bilaterales, excluyendo algunas entidades públicas de la apertura o igualación de condiciones respecto a las empresas europeas y la reducción de las limitaciones para el uso de preferencias en favor de empresas nacionales (offsets). En todos los casos, las acciones llevadas adelante por Brasil y la Argentina fueron en la línea de recuperar margen de acción para estimular la producción nacional, en específico actividades que son consideradas estratégicas como pueden ser salud, defensa, transporte y energía. 

En cuarto lugar, se abordó el capítulo de Cooperación, en particular en relación con la disponibilidad de fondos por parte de la UE, solicitando una ampliación notable de su monto y alcance, con el objetivo de asociarlos con el proceso de desgravaciones arancelarias para mitigar el impacto negativo sobre las PyMES del Mercosur. Dado que el acuerdo suponía mayores compromisos en materia ambiental, los países del Mercosur también reclamaron ser considerados como una “región de bajo riesgo ambiental” y que sus certificaciones ambientales fueran reconocidas en el comercio entre bloques, para escapar de la obligación de comprar las emitidas por empresas europeas. 

Por último, se logró aprobar un amplio listado de “usuarios previos” para que las empresas del Mercosur pudieran seguir utilizando las denominaciones de origen. El tema era de primera importancia para la Argentina dada su tradición en la producción de alimentos y bebidas con origen en las corrientes migratorias, que conformaron una base de empresas que replicaban los productos y formas de producción europea. En este caso también, el texto promovido por los gobiernos de Macri y Bolsonaro había otorgado amplias concesiones a la contraparte (más de 340 alimentos y bebidas), mucho más que las que fueron reconocidas en otros acuerdos suscritos por la UE (Chile y Canadá). 

A pesar del esfuerzo realizado, la respuesta europea a los cambios solicitados por el Mercosur resultó insuficiente, motivo por el cual en la cumbre de presidentes realizada en Río de Janeiro en diciembre de 2023, el bloque sudamericano planteó que sería necesario continuar las conversaciones para arribar a un texto beneficioso para ambas partes. 

El acuerdo de 2024: la firma y bifurcación de la Argentina y Brasil 

El acuerdo suscrito en diciembre de 2024 desanda una parte de los logros parciales alcanzados en las negociaciones de 2023, especialmente en el caso argentino. Una vez más, el bloque sudamericano enfrenta sus propias limitaciones por la falta de una estrategia común para disputar con la contraparte un texto que resulte beneficioso para ambas partes. El caso argentino es particularmente preocupante por la importancia de Brasil y el Mercosur en las exportaciones de manufacturas de origen industrial y su correlato en materia de empleo, y se agrava con la irrupción de la gestión de Milei y su desprecio explícito por la defensa de los intereses nacionales.  

Las exigencias que la UE logró incorporar convierten al Acuerdo de París en un elemento esencial de la relación entre la UE y el Mercosur, incluyendo su suspensión en caso de que una de las partes lo incumpla gravemente o decida abandonarlo. Se incorporan además compromisos concretos para detener la deforestación y, al mismo tiempo, para medir y certificar la producción agropecuaria, en un contexto de mayores exigencias respecto del uso de la tierra, todos estos objetivos que requerirán recursos y adaptaciones importantes para el Mercosur. 

Producto del esfuerzo negociador realizado en 2023, el nuevo acuerdo contiene mejoras y ampliaciones de plazo para la adaptación del sector automotriz, así como en materia de compra pública y derechos de exportación. Lamentablemente, estos dos últimos capítulos son individuales, es decir que se aplican a los socios en particular, y mientras Brasil insistió en mejorar sus márgenes de acción en ambos casos, el gobierno de Milei disminuyó la presión negociadora y apuró la firma en el convencimiento, anticuado por decir lo menos, de que la injerencia del Estado debe ser reducida. 

En materia de fondos de cooperación, el compromiso de la UE se reduce a una financiación de 1.800 millones de euros para la transición ecológica y digital en los países del Mercosur, una fracción mínima de los 300.000 millones que la Unión espera movilizar como parte de la iniciativa Global Gateway, y muy alejado de los montos que reclamaba el Mercosur (y vocalmente la Argentina), fundamentales para trabajar sobre las brechas de desarrollo. 

En resumen, las concesiones más relevantes son las negociadas en 2023, en particular el mecanismo de revisión y rebalanceo, destinado a evaluar el funcionamiento del tratado de forma periódica, detectando no sólo incumplimientos, sino sus resultados o la falta de ellos, conjuntamente con el tratamiento específico para la “nueva movilidad”, crucial en la defensa de la industria automotriz del Mercosur y sus trabajadoras y trabajadores. A esto se suma el reconocimiento de una gran cantidad de empresas argentinas que podrán seguir utilizando los nombres tradicionales de sus productos por ser consideradas “usuarios previos”, en una negociación que demandó una gran cantidad de trabajo para la Cancillería. 

Una mirada de futuro para el Mercosur

El Mercosur y la UE comparten objetivos y desafíos muy relevantes frente a las modificaciones del sistema global, incluyendo la preservación del multilateralismo y la legalidad internacional frente a las tendencias derivadas de la competencia hegemónica y la erosión de principios centrales del sistema internacional como la integridad territorial, la defensa de los derechos humanos, la agenda de género y diversidades y el combate al cambio climático. 

Para ambos bloques, los desafíos a estos principios no son solo externos, sino también internos, fuerzas cada vez más relevantes que cuestionan todos o algunos de estos. Una respuesta verdaderamente conjunta a estos problemas, a partir del mayor acuerdo de asociación suscrito por ambos bloques, hubiera requerido favorecer las posibilidades del Mercosur más allá de su condición de proveedor de materias primas, y una mirada más flexible respecto de la construcción conjunta de normativas y regulaciones ambientales y tecnológicas, frente a una agenda de exportación de normas que se ha convertido en un objetivo en sí mismo de la política exterior europea. 

Para el Mercosur, un mejor acuerdo hubiese dado una muestra de vocación transformadora puertas adentro, con una mirada actualizada y conducente en materia de relacionamiento externo. Tanto en la negociación con la UE como en otras, la falta de un proyecto común con una mirada de largo plazo del bloque constituye un obstáculo de difícil superación. Resultan imprescindibles la interacción y el apoyo de actores sociales clave como son el empresariado y los sindicatos en los cuatro países miembros, tanto en las negociaciones como en términos más generales en la mirada de este bloque como una plataforma política y productiva conjunta que le da escala, sentido y proyección al Mercosur.

Por último, la ratificación del Acuerdo sigue enfrentando algunos desafíos. En Europa, Francia y otros estados siguen resistiendo su vigencia, aunque recientemente se ha visto cierto dinamismo. En el mundo, tanto la suscripción de nuevos tratados de libre comercio como las seguridades asociadas a su vigencia siguen en retirada. Grandes cuestiones se negocian en forma bilateral y muy lejos de objetivos de libre comercio. La entrada en vigor del acuerdo en el Mercosur se producirá no en conjunto, es decir, para los cuatro países al mismo tiempo una vez que sus respectivos Parlamentos así lo hayan decidido, sino en forma sucesiva a medida que cada país complete el proceso legislativo. Habrá que ver cómo se instrumenta ese proceso y si no termina por constituir un caballo de Troya para el bloque, lo que, de una manera u otra, viene pasando como producto de la falta de compromiso político de los cuatro países miembros en la supraestructura que representa el bloque. 

En el caso argentino, los consuelos son pobres. Frente a un gobierno que reniega de la integración y del Estado, la defensa de la existencia del Mercosur, y de ciertos mínimos en materia ambiental, de defensa de derechos humanos y potestades regulatorias, supone consagrar las asimetrías existentes y, posiblemente, haber reducido o dejado caer parte de aquello que fue posible reintroducir en el texto del Acuerdo. Para la Argentina, una eventual ratificación del acuerdo traerá riesgos renovados para su sector industrial, ya muy expuesto a las políticas simultáneas de apertura y apreciación cambiaria, y una reducción de las herramientas de política industrial para enfrentarlos. 

También disminuyen las oportunidades que un buen acuerdo hubiese implicado en materia de inversión productiva, transferencia tecnológica y aumento del empleo y las exportaciones con mayor valor agregado. En la línea con la premisa del famoso Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI)² se entrega más de lo necesario y se desaprovecha una oportunidad en una coyuntura internacional específica donde el Mercosur detenta diversos recursos estratégicos, lo que aumenta considerablemente su poder de negociación. Un resultado que rima con la visión del gobierno argentino sobre estos temas. Con las definiciones del presidente de la Nación puede que ni siquiera una ratificación del acuerdo en los términos actuales alcance para preservar el Mercosur como bloque comercial, dada su preferencia por una negociación con los Estados Unidos, justo cuando Trump reniega de todos los entendimientos existentes.  

El Mercosur parece atrapado. Los ciclos políticos y sus vaivenes en cada uno de los países miembros dificultan un diálogo profundo en torno a las estrategias de desarrollo que disminuyen las oportunidades del mercado ampliado que supone la suma de los cuatro países. Si alguna vez fue posible pensar en el Mercosur y ponerlo en marcha, esta nueva y difícil coyuntura, que incluye un reto explícito a la paz y a los derechos más básicos, hace que sea aún más necesario recrear un nuevo Mercosur. Es cuestión de animarse.

1.  Entre las conocidas hasta el momento se incluyen el “mecanismo de ajuste en frontera por carbono”, las restricciones a los productos que hayan incluido en su proceso el uso de agroquímicos, la introducción de pautas de la economía circular, entre otras iniciativas.
   ↩︎
2.  El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un programa incluido en la Ley Bases de Argentina, diseñado para atraer inversiones de gran escala (superiores a los 200 millones de dólares) al país mediante beneficios como estabilidad fiscal por 30 años, devoluciones aceleradas de IVA, y la posibilidad de importar insumos sin aranceles.  ↩︎

Foto de portada: Depositphotos