Mercosur-Unión Europea, ¿habrá acuerdo esta vez?

La Comisión Europea ha decidido, por fin, arriesgarse con el acuerdo con el Mercosur. Tras un cuarto de siglo de idas y venidas, la semana pasada el texto se puso a la firma de los Estados miembros y del Parlamento Europeo. No es un gesto menor: hablamos del mayor acuerdo comercial jamás sellado por Bruselas, con la promesa de integrar un mercado de 780 millones de personas. Y, como corresponde al estilo comunitario, la jugada vino acompañada de ingeniería institucional: dividir el pacto en dos, aprobar por mayoría cualificada la parte comercial (la sustancia) y dejar para más tarde el pilar político y de cooperación, más engorroso. Es el tipo de maniobra que recuerda que en la UE, para sobrevivir, no basta con convicciones: hace falta astucia procesal. Harían falta al menos cuatro Estados que representen el 35% de la población de la UE para bloquear el acuerdo.

Lo interesante no es sólo el acuerdo en sí, sino la metamorfosis que lo hizo posible. Hace apenas unos años, Francia parecía cómoda bloqueando un tratado que sonaba a “cows for cars”, un intercambio de carne sudamericana por automóviles alemanes. Pero la guerra en Ucrania obligó a diversificar proveedores; la competencia con China instaló la urgencia de asegurar minerales y alimentos; y el regreso de Trump recordó a Bruselas que necesita autonomía estratégica, no sermones sobre libre comercio. Hasta la transición verde jugó su parte: el tratado incorpora el Acuerdo de París como cláusula esencial, compromisos verificables contra la deforestación y la promesa de €1.800 millones en inversiones del Global Gateway.

Con todo, la oposición persiste. Francia y Polonia siguen en pie de guerra, invocando el futuro de sus agricultores. Italia oscila entre el cálculo y la ambivalencia. Los verdes anuncian que llevarán el texto a los tribunales europeos por supuestas violaciones ambientales. Bruselas respondió con un kit de supervivencia: cláusulas de salvaguarda automáticas si las importaciones de carne, pollo o azúcar se disparan, un fondo de casi €1.000 millones para compensar a agricultores y la posibilidad de suspender liberalizaciones si hay pruebas de daño. 

Los beneficios para Europa, sin embargo, son importantes como para ignorarlos. Europa abrirá mercados para sus automotrices, vinos, quesos y maquinaria, al tiempo que asegura acceso a materias primas estratégicas en un continente que quiere volver a ser relevante. El Mercosur, tras años de irrelevancia internacional, obtiene un salvavidas: acceso privilegiado al mayor mercado premium del mundo y un sello de confianza para atraer inversión. El precio existe: para Europa, la movilización rural y las tensiones políticas internas; para Sudamérica, la amenaza de quedar atrapada en su viejo patrón agroexportador, esta vez bajo los estrictos estándares ambientales europeos.

Y es aquí donde aparece la verdadera novedad. La UE y el Mercosur no están a punto de firmar el mismo acuerdo que comenzaron a negociar en 1999. El texto puede parecer similar, pero la gramática que lo rodea ha cambiado radicalmente. A fines de los noventa, se hablaba de eficiencia y mercados: bajar aranceles, eliminar barreras, lubricar cadenas de valor. Era la época en que Bruselas todavía se veía a sí misma como campeona confiada de la globalización y Sudamérica aspiraba a insertarse sin demasiadas condiciones.

Hoy, en cambio, el acuerdo se justifica en otro registro: resiliencia, autonomía estratégica, diversificación de riesgos. La guerra en Ucrania expuso la fragilidad energética europea; la rivalidad con China volvió estratégico a cada kilo de litio y cada grano de soja; el trumpismo reinstaló el proteccionismo como amenaza permanente. Lo que antes era un tratado de eficiencia se configura como un instrumento de supervivencia. Bruselas lo vende como un escudo frente a la volatilidad global; el Mercosur lo recibe como tabla de salvación para recuperar relevancia. “No veo posibilidades de que la UE pueda rechazar el acuerdo con Mercosur en este contexto geopolítico”, señaló el presidente de la Comisión de Comercio en la Eurocámara, Bernd Lange.

Esta mutación discursiva no es anecdótica: redefine cómo se leerán los beneficios y riesgos del pacto. La apertura de mercados ya no se defiende en nombre del consumidor, sino de la seguridad de suministro, la protección de sectores estratégicos y la aceleración de la transición verde. Que la UE haya introducido cláusulas de salvaguarda y fondos de compensación millonarios es la mejor prueba de que la eficiencia quedó en segundo plano. Lo que importa es la resiliencia política de un acuerdo que, si llega a firmarse (hoy con una probabilidad de moderada a alta) será recordado menos como un gesto liberalizador y más como una maniobra geopolítica.

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