La centralidad de la desinflación y la vulnerabilidad socioeconómica

La reciente publicación del dato de pobreza reabrió el debate respecto de los costos sociales del programa de estabilización en curso. Bajo una mirada superficial, la baja al 31% en el primer trimestre de 2025 podría sugerir que dichos costos fueron transitorios y ya han sido superados. Sin embargo, el dato por sí solo no permite captar el cuadro completo de una estrategia macroeconómica centrada en el ajuste del Estado. 

La estrategia de estabilización actual no es neutral en términos socioeconómicos. De hecho, la mejora en la pobreza, medida como la proporción de personas con ingresos por encima de la canasta básica, es una consecuencia directa del aspecto más exitoso del programa de Milei: la desinflación. Mientras tanto, los principales costos de la estrategia operan sobre efectos más estructurales.

Cuatro efectos

En primer lugar, es importante desarmar una de las falacias centrales del programa: para bajar la inflación era necesario desmantelar el Estado. En un país que en los últimos años erosionó la credibilidad de su moneda (y de su mercado de deuda pública), evitar que el resultado de las cuentas públicas se vuelva un factor disruptivo para la economía es una condición necesaria del proceso de estabilización. Esta premisa, nada nos dice respecto ni del tamaño que debe tener el Estado, ni del perfil de la estrategia elegida para equilibrar las cuentas. Priorizar el ajuste de partidas sociales y de inversión pública no es una condición necesaria de la estabilización, sino una decisión política.

En segundo lugar, aunque el discurso oficial insiste en el superávit fiscal como eje del programa, en los hechos son fundamentales el ancla cambiaria —que exige mantener un tipo de cambio apreciado— y el ancla salarial —que consolida niveles bajos de inflación a costa de limitar la recuperación del poder adquisitivo—. Las intervenciones del Gobierno sobre el tipo de cambio y las pautas salariales son elementos clave de su estrategia antiinflacionaria, y revelan un enfoque fuertemente intervencionista. En este marco, la política fiscal tiene no solo un rol subordinado, sino también un sesgo sumamente recesivo debido al patrón de ajuste elegido para el equilibrio de las cuentas públicas.

En tercer lugar, el patrón de ajuste del Estado elegido tiene consecuencias muy concretas y significativas que no se reflejan en las estadísticas tradicionales de bienestar. El ejemplo más difundido es la caída del ingreso disponible de los hogares por el alza de tarifas de servicios públicos. Sin embargo, también destacan los retrocesos en la protección a sectores vulnerables (congelamiento del bono a jubilados de cobran la mínima, caída real de pensiones no contributivas y programas como Progresar), en la política alimentaria (reducción del 35% en los programas del Ministerio de Capital Humano) y de infraestructura (el gasto de capital del Estado nacional cayó en términos reales un 83%)^*.

En cuarto lugar, por detrás de lo que dicen los indicadores generales, el programa económico generó grandes diferencias en las trayectorias de recuperación de los ingresos. La heterogeneidad productiva y social es muy grande y fue amplificada por el programa económico. La baja de la inflación, en lugar de reducirla, tendió a consolidarla. Aunque en el segundo semestre de 2024 los ingresos mejoraron en promedio, la magnitud del impacto inicial de la crisis y la intensidad de la recuperación varían según el grupo social. Generalizar oculta una realidad crítica: la minimización del Estado amplificó las desigualdades. 

Menos Estado, mayor heterogeneidad

Mientras que los asalariados privados registrados resistieron gracias a las paritarias, los empleados públicos nacionales perdieron más del 15% de su poder adquisitivo. Los informales y cuentapropistas, con ingresos mucho menores, sufrieron caídas históricas, luego repuntaron, pero desde niveles muy bajos. Entre los jubilados, solo los que cobran haberes medios y altos recuperaron terreno, mientras tanto, los de la mínima, sin bono actualizado, están aún 5% abajo de noviembre. El gasto social fue recortado con fuerza. Salvo la AUH, todas las transferencias perdieron peso real. Frente a un deterioro generalizado en los ingresos, la realidad de los diferentes segmentos sociales fue muy diferente. El saldo es claro: menos Estado trae mayor heterogeneidad.

En quinto lugar, el patrón del empleo también cambió. A pesar de que la economía mostró signos de recuperación hasta febrero de 2025, el mercado laboral no tradujo este crecimiento en una mejora sostenida de ingresos y condiciones de vida. La generación de empleo registrado —que es el que permite mejores salarios y acceso a más derechos— fue escasa. Un trabajador registrado gana, en promedio, más del doble que uno no registrado. Esta baja creación de empleo formal contribuye a que los frutos de ese crecimiento no se distribuyan más progresivamente, y también afecta la calidad de vida (por ejemplo, acceso a cobertura médica, licencias o vacaciones). A esto se suma el aumento del pluriempleo —necesidad de complementar ingresos— y una mayor búsqueda de trabajo, lo que explica el incremento de la desocupación al 7,9% en el primer trimestre de 2025.

Tendencia al estancamiento

Este panorama, que incluye los efectos de la desinflación sobre los ingresos, el ajuste del Estado, el aumento de las heterogeneidades y la transformación del patrón del empleo se completa con una preocupante tendencia al estancamiento. La política económica no solo mantiene un objetivo fiscal restrictivo, sino también anclas que frenan la expansión de salarios y enfrentan dificultades para sostenerse, especialmente en el plano cambiario. Esto anticipa nuevos obstáculos para continuar bajando la inflación.

En este contexto, los logros del esquema económico actual comienzan a mostrar señales de agotamiento. Las heterogeneidades ampliadas por el modelo afloran con claridad cuando se analizan la evolución de ingresos, el empleo y el impacto del ajuste del Estado en áreas sensibles. 

La alta inflación y la falta de un debate profundo sobre cómo encarar una estrategia de estabilización fueron los principales déficits de la política económica en los últimos años. Hoy, la desaceleración inflacionaria convive con los costos sociales y económicos de un enfoque de estabilización fuertemente ideologizado. Evaluar estos resultados no es tarea sencilla: los efectos más complejos de la estabilización suelen evidenciarse con el pasar del tiempo. La ausencia, hacia fines de 2023, de una discusión seria sobre las alternativas disponibles para estabilizar la economía contribuye a las confusiones actuales, lo cual se evidencia tanto en los análisis de sus costos como en la falta de una posición clara por parte de la oposición. Estos déficits son importantes porque, aunque por momentos aparecen ocultos, al igual que lo que sucede en la política económica, no existe neutralidad en los caminos hacia la estabilidad.

^*Las variaciones son calculadas entre enero-mayo de 2025 y el mismo período de 2023.